Ni una más

Rodolfo Ruiz

El que el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, aprovechara su tercer informe para hacer visible el crecimiento de los feminicidios en Puebla e informar que en los últimos dos años han sido asesinadas cuatro estudiantes de la institución, es sin duda relevante.

Relevante porque atrae la atención de la opinión pública sobre estos crímenes y porque obliga a las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia a tomar acciones concretas para investigarlos y sancionar a los homicidas, en vez de minimizar el tema.

Relevante porque da eco a las voces de diferentes organizaciones no gubernamentales que se han pronunciado por la emisión de una alerta de género en Puebla ante el creciente número de homicidios violentos de mujeres en la entidad.

Relevante porque el fondo del asunto no es polemizar si van 65 crímenes violentos en contra de mujeres o 42 feminicidios en lo que va del año, sino que esas cifras de horror van en aumento.

Relevante porque representa un llamado de atención a las autoridades que parecen más preocupadas por su promoción personal de cara al 2018 o en acomodarse en la siguiente administración que en combatir la violencia de género y otros delitos como el robo de combustible y la venta de gasolina o diésel robado.

Y relevante porque vienen del rector de la BUAP, institución que no puede ni debe mantenerse indiferente ante el preocupante crecimiento de la inseguridad y los delitos de alto impacto como secuestro, homicidio, violaciones y robo con violencia.

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En oficio dirigido a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, el presidente municipal de Tepexco, Antolín Vital Martínez, denunció que funcionarios de la delegación de Puebla no sólo le han condicionado la autorización de recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda, sino que además le han pedido un moche del 30%.

Dicho oficio fue sellado de recibido el 7 de septiembre por la Coordinación de Control de la Gestión de la Sedatu, y en él se hacen señalamientos puntuales en contra de Arturo Rodríguez Ballinas, Jorge Eduardo Vázquez González y Derly Remedios Sánchez Mojica, todos ellos funcionarios de la delegación de la Sedatu.

En el texto de su oficio, el munícipe de Tepexco denuncia que los referidos funcionarios le condicionaron la autorización de las 39 acciones que solicitó a cambio de que las obras las realizaran constructoras recomendadas por ellos y la entrega de una comisión del 30% sobre el monto total de los recursos entregados por Fonhapo.

Román Lazcano Fernández, delegado de Sedatu en Puebla, minimizó la denuncia y expresó que si los recursos para Tepexco no se han liberado y las gestiones del edil siguen en trámite es porque los recursos son escasos y además hay recortes presupuestales.

Las 39 acciones solicitadas por Antolín Vital se comenzaron a tramitar en julio de este año.

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