En 2007, los diputados aprobaron un gasto de 35 mil 266 millones de pesos, y el gobierno finalmente ejerció 44 mil 686 millones de pesos, es decir, 27% más de lo autorizado.

Lo mismo ocurrió en 2008: La LVII Legislatura autorizó para ese año un gasto de 39 mil 446 millones de pesos, pero el gobierno ejerció 47 mil millones 484 millones pesos, es decir, 21% más de lo aprobado.

Sin embargo, eso no es lo peor.

Lo grave es que el gobierno gasta mal los recursos adicionales, pues en lugar de invertir las ampliaciones presupuestales en obra pública e infraestructura, y en programas y acciones de desarrollo regional sustentable, destina ese dinero a gasto corriente, lo que se traduce en una nómina más abultada de la burocracia estatal; a la adquisición de materiales y suministros, a la contratación de asesores, y a la compra de vehículos y camionetas nuevas.

Sus propios números así lo evidencian. Aquí algunos ejemplos.

En 2008, el Congreso le autorizó a la Secretaría de Educación Pública 16 mil 547 millones de pesos, sin embargó se gastó 19 mil 245 millones, de los cuales 910 millones de pesos fueron a parar a nómina, y 1 mil 293 millones a subsidios, transferencias y ayudas poco claras.

Para ese mismo ejercicio fiscal, a la Secretaría de Finanzas y Administración se le aprobaron 5 mil 159 millones, pero se gastó 25% más, es decir 6 mil 474 millones de pesos.

De la diferencia de 1 mil 314 millones, más de 200 millones fueron a servicios personales (nómina), más de 85 millones a la compra de materiales y suministros, más de 69 millones a la contratación de asesorías, viáticos, gastos de representación y de difusión e imagen, y más de 40 millones a la adquisición de vehículos y otros bienes muebles.

Lo paradójico, en el caso de la Secretaría de Finanzas, es que esta dependencia tenía un presupuesto autorizado en servicios personales de 251 millones, y ejerció 452.5 millones; un autorizado de 10.17 millones de pesos en materiales y suministros y se gastó 96.04 millones; un autorizado de 31 millones en bienes muebles e inmuebles y se gastó 71.2 millones de pesos.

De ahí la interrogante inicial: ¿de qué sirve que el Poder Legislativo apruebe un presupuesto, si al final las dependencias del Ejecutivo se gastan lo quieren, sin pedir permiso al Congreso para ejercer recursos adicionales?

De qué sirve que en la Ley de Egresos vigente y en la que este jueves seguramente se aprobará se diga que las dependencias y entidades públicas deben reducir al mínimo indispensable sus erogaciones por concepto de asesorías, servicios de telefonía, compra y arrendamiento de vehículos, y por gastos de representación, promoción, difusión e imagen institucional, si finalmente éstas se gastan lo que quieren y como quieren.

Para muestra un par de botones: la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación, de las que —por cierto— saldrán los candidatos del PRI a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

A la primera dependencia encabezada por Javier López Zavala se le autorizó en 2008, una nómina de 69.7 millones, pero la abultó hasta 86.8 millones de pesos; compras para materiales y suministros por 7.6 millones y se gastó 14.4 millones; una partida de 35.7 millones para viáticos, asesorías, celulares e imagen, y ejerció 57.4 millones; y una partida de 982 millones de pesos para inversión pública, pero de cual sólo ejerció 794 millones de pesos.

Con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Mario Montero, ocurrió algo similar. En 2008 se le autorizaron 154 millones en servicios personales, y ejerció 157 millones; 9.3 millones en materiales y suministros, y ejerció 12.6 millones; 77 millones en servicios generales, y ejerció 313 millones; 5.2 millones en subsidios, transferencias y ayudas, y ejerció 54.1 millones.

¿Tiene, pues, sentido aprobar una ley de egresos para 2010, a sabiendas que nadie la va a respetar y que nadie será sancionado por los excesos y abusos en que incurran las dependencias en su ejercicio presupuestal?

A mi parece que no, que es inútil.

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Simón dice:

«En lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie».

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.

Un mensaje macabro, muy siciliano, fue el que ayer se recibió en la Dirección de Normatividad Vial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Sonia Hidalgo Espinosa.

Envuelta en paquete para regalo, llegó a esa oficina una cabeza de marrano, acompañada de un mensaje que sólo la emisaria y algunos de sus más allegados conocen.

Sobre quién pudo ser el remitente de este siniestro mensaje o recado, hay muchas versiones, aunque la más verosímil apunta a un conflicto interno entre la directora de Normatividad Vial y su jefe de Departamento de Licencias, Ricardo Juárez Acevedo hermano del defenestrado comisionado de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, Antonio Juárez Acevedo.

Ricardo Juárez pretender capitalizar algunos errores de su jefa, para quedarse con su cargo, y Sonia Hidalgo, enterada de la inquina y la perversidad de aquel, le anda buscando los pies.

***

Valdría le pena que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia y la Policía Judicial explicaran por qué hasta ahora no han detenido, ni han hecho nada serio para hacerlo, a un solo directivo de la financiera Coofia.

El fraude de Coofia no es menor que el perpetrado por Sitma e Invergroup a miles de pequeños inversionistas y ahorradores.

La negligencia y apatía que la PGJ ha demostrado para detener al dueño de Coofia, Valente Medina Seoane, contra quien hasta principios de octubre existían más de 2,500 denuncias por un monto superior a los 300 millones de pesos, resulta más que sospechosa.

Y más cuando desde la Secretaría de Finanzas y Administración se siguen aplicando descuentos a los empleados y trabajadores que solicitaron algún préstamo a esta financiera.

Será acaso porque en la Puebla marinista se sigue aquella máxima juarista de «A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas«

Es pregunta, que conste.

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Simón dice:

«Las enemistades ocultas y silenciosas, son peores que las abiertas y declaradas».

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC). Escritor, orador y político romano.

¿Será que la fama de transa del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, es tan grande que ya hasta la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado tomó el control sobre el manejo de los recursos con los que este organismo solventará el inicio del proceso electoral ordinario 2010?

No es broma.

Así consta en el oficio D.P104/6173/2009 enviado por el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, al presidente del IEE, que incluye varias desagradables noticias. Entre ellas, que no recibirá los 17 millones 486 mil pesos solicitados como ampliación presupuestal; que los consejeros tampoco podrán cobrar un bono extraordinario este año ni el siguiente; que no tendrá dinero para invitar a comer a periodistas o columnistas; y ni siquiera para su convivio de fin de año.

Lo más delicado del asunto —y que pone en entredicho la supuesta independencia y autonomía de gestión del máximo órgano electoral del estado— es que ahora Gerardo Pérez Salazar determina cómo y en qué deben gastarse los recursos adicionales del Instituto.

En el oficio de marras le indica a Jorge Sánchez Morales que de los 2 millones 523 mil pesos, que por lo pronto recibirá el IEE, 2 millones 43 mil debe canalizarlos a la contratación de 89 trabajadores eventuales dentro de la partida 4301 (servicios personales y plazas eventuales); 338 mil pesos a la partida 4302 (transferencia para materiales y suministros); y 140 mil pesos a la partida 4303 (transferencias servicios generales).

Pero eso no es todo.

El secretario de Finanzas le advierte que cualquier nueva solicitud de ampliación debe ir acompañada de una relación detallada de los consumibles y bienes muebles necesarios para el IEE; de los servicios y bienes inmuebles que se vayan a contratar o arrendar; del personal que vaya a requerir viáticos, así como justificar el motivo del viaje; y negociar con el Periódico Oficial del estado la publicación de aquellas convocatorias y acuerdos que deban difundirse en ese órgano informativo.

Y eso que apenas la Secretaría de Finanzas autorizó 2.5 de los 17.4 millones de pesos requeridos por el IEE. Imagínese cuando Sánchez Morales pida el resto.

***

Una cuestión que, a decir de los conocedores del tema, subyace en esta posición del secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, es que su relación con el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, está muy deteriorada.

Y es que Jorge Sánchez habría alentado la denuncia presentada por la dirigencia estatal de Convergencia en contra de Pérez Salazar, por desvío de recursos públicos y violación del artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Según esta versión, el presidente del IEE pretendía utilizar esta inconformidad para negociar con el secretario de Finanzas mayores recursos para el Instituto Electoral del Estado, a cambio de parar o congelar cualquier investigación en su contra.

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Simón dice:

«Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico; cuando se necesita, se necesita urgentemente».

Upton Sinclair (1878-1968). Novelista y escritor estadounidense.

A ocho días de la reunión privada que el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, sostuvo con un grupo de consejeros, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado, han comenzado a trascender las versiones no oficiales de ese vespertino encuentro.

El primer dato duro —y plenamente confirmado— acerca de la reunión, es que a ésta no asistieron los nueve consejeros del IEE, sino sólo unos cuantos, entre ellos Jorge Sánchez Morales, Juan Carlos de la Hera Bada, Miguel David Jiménez López, Paul Monterrosas Román y José Víctor Rodríguez Serrano.

Durante la charla a puerta cerrada, los consejeros electorales no se fajaron los pantalones, ni regañaron al dirigente del PRI por la abierta promoción publicitaria de algunos de sus aspirantes a la gubernatura y a la presidencia municipal de Puebla, como se publicó en ciertos medios.

Por el contrario. Los consejeros estuvieron muy condescendientes con Alejandro Armenta, por su visita al IEE, por su decisión de deslindarse de los actos anticipados de campaña de algunos militantes de su partido y por su compromiso de apoyar las gestiones que realiza el máximo órgano electoral del estado para lograr una ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno marinista.

De acuerdo con esta versión, no oficial, de la reunión celebrada el jueves de la semana pasada, el consejero Paul Monterrosas elogió la actitud del presidente del PRI, su compromiso de respetar los tiempos electorales y su disposición para que los actos anticipados de campaña sean sancionados en términos del artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales.

En el mismo tenor, el consejero Juan Carlos de la Hera afirmó que el Instituto Electoral no podía ser rehén de los medios de comunicación que exigen castigar a quienes se publicitan para un cargo de elección popular, y menos cuando el proceso formal aún no comienza.

Y, en el colmo de los colmos, el consejero Miguel Jiménez le pidió a Alejandro Armenta su apoyo para conseguir que la Secretaría de Finanzas autorice al Instituto una ampliación presupuestal.

Ahora entiende por qué esta reunión se efectuó a puerta cerrada, por qué la oficina de Prensa del IEE no difundió una versión oficial del encuentro y por qué el consejero presidente del Instituto, Jorge Sánchez Morales, se apresuró a declarar que él —y nadie más que él— se había fajado los pantalones para advertirle a Alejandro Armenta que el PRI era corresponsable de los actos anticipados de campaña de algunos de sus aspirantes.

Pura simulación.

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Simón dice:

«Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo».

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963). Presidente de los Estados Unidos.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, ha dejado de conducir las mesas del trabajo del Consejo General del organismo; desde la semana anterior estas reuniones son coordinadas y moderadas por el secretario general Noé Julián Corona Cabañas.

De quién fue la decisión, es algo que nadie en el Instituto quiere aclarar.

Lo que sí sabe es que después de que Julián Corona asumió la conducción de las mesas de trabajo del Consejo General del IEE, los tres consejeros que habían decidido abandonarlas —Fidencio Aguilar Víquez, Miguel David Jiménez López y Alicia Olga Lazcano Ponce—, argumentado falta de garantías y condiciones, se reintegraron a las mismas.

Quienes aún no se reincorporan a tales reuniones son los representantes del PAN, Rafael Guzmán Hernández y de Convergencia Jorge Luis Blancarte Morales.

Sin embargo, es probable que este día lo hagan, si es que Julián Corona sigue moderando y coordinando esas mesas de trabajo del Consejo General del IEE.

***
Poco gana la Secretaría de Finanzas y Administración tratando de ridiculizar a los legisladores del PAN que —a través de solicitudes de acceso a información pública—tratan de obtener datos y cifras acerca de obras, fondos y fideicomisos que reciben u obtienen financiamiento público estatal o federal.

De entrada, es absurdo que un funcionario de medio pelo de la Secretaría de Finanzas le diga a un diputado del PAN o de cualquier partido político que la información que requiere la gestione en términos del artículo 54 del Reglamento Interno del Congreso del estado, y no por medio de una solicitud de información pública.

Como si ese reglamento estuviera por encima de la carta magna.

Su argumento es tan baladí que cualquiera diría que el artículo octavo constitucional, que consagra el derecho petición, no sirve para nada.

Pero lo peor de todo es que la Secretaría de Finanzas interpreta la Ley de Acceso a la Información Pública como mejor le conviene.

La petición que hace unos días hicieron los diputados panistas sobre el Fondo Metropolitano fue respondida de manera diferente hace siete meses. En noviembre de 2008 la ingeniera Paola Flores solicitó esa información y le dijeron que ésta estaba reservada, y ahora que los legisladores del PAN requieren los mismos datos, les responden que tal información ya está publicada en la página web de la dependencia.

¿Por fin?

***
A quienes el fin de semana filtraron la especie —publicada en algunos medios, como El Sol de Puebla— de que un subdelegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social había sido detenido luego de provocar un accidente la madrugada del viernes, en el boulevard Vicente Guerrero a la altura del retorno a La Calera, por conducir en estado de ebriedad, les salió el tiro por la culata.

Y es que el susodicho personaje, Humberto Wilfrido Mendiola Medina, resultó no ser funcionario federal de la Sedesol, sino subdelegado sí, pero del DIF estatal, en contra de quien se integró la averiguación previa 678/2009/ECNTE como presunto responsable de daños y lesiones causadas a los pasajeros de un taxi con el cual se fue a impactar.

Los lesionados, según la nota publicada el lunes por Joel Árcega en El Sol de Puebla, responden a los nombres de Olga Mendoza Vázquez, Juan Jesús Guzmán Santos y Abraham Guzmán Santos.

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Simón dice:
“Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa”.
Thomas Jefferson (1743-1826). Tercer presidente en la historia de los Estados Unidos.

Si algo quedó demostrado ayer, durante la presentación del informe financiero del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ante los integrantes del Consejo General del organismo, es su falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

En la mesa de trabajo del martes, Sánchez Morales se había comprometido, ante sus pares en el IEE, a entregar por escrito el informe financiero del 2008 la tarde del miércoles, a fin de que éstos pudieran revisarlo antes de que se presentara al pleno.

El consejero presidente no lo hizo, y trató de justificar su incumplimiento en la negativa del director general del Instituto, José Antonio Bretón Betanzos, de avalar y supervisar las cifras y datos contenidos en éste.

A su vez, Bretón Betanzos le mandó a decir por oficio que no era competencia suya la supervisión del informe financiero, sino de la Contraloría Interna, en términos del artículo 109 fracción IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, y del artículo 7 fracción XI del Manual de los Funcionarios de la Contraloría del Instituto Electoral del Estado.

La sesión en la que Sánchez Morales rindió su informe financiero correspondiente al año 2008 debió iniciar a las 14 horas de este jueves, pero se pospuso hasta las 18 horas porque el documento aún no estaba concluido.

El presidente del IEE se presentó con un informe de nueve hojas, que a esa hora leyó y distribuyó a los miembros del Consejo General.

Éstos para variar le criticaron que en el documento no se incluyeran los reportes de la Contraloría Interna, ni del auditor externo, el despacho Freyssinier Morín, así como las contradicciones entre lo informado por él y la encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, sobre el monto total de las ampliaciones presupuestales hechas por la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado al Instituto.

Sánchez Morales quiso salirse por peteneras. Sobre las auditorías internas dijo que éstas no se incluyeron pues todavía estaban en proceso, y acerca de los reportes del auditor externo apuntó que éstos no podían difundirse por cuestiones de normatividad interna y la Ley de Transparencia.

Sus excusas y argumentos fueron tan malos que en la sesión de este jueves nadie, pero absolutamente nadie, salió a defenderlo. Vaya, ni siquiera el representante del PRI, José Alarcón Hernández, para quien los consejeros electorales sólo están para votar y cobrar.

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Simón dice:

“Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa”.
Baltasar Gracián (1601-1658). Escritor español.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Al presidente municipal de Zacapoaxtla, Justino Guerrero Lillo, la crisis parece hacerle los mandados, y el Órgano Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado también.

A un año de su gestión, el munícipe priísta ha estrenado dos camionetas último modelo: una Ford Lobo de lujo, que adquirió con recursos del ayuntamiento en febrero de 2008 y que ahora es propiedad del constructor Alberto Alvarado, y otra camioneta de la misma marca y tipo, pero modelo 2009.

Además ha incorporado a su parentela a la nómina municipal, comenzando por su sobrino político, Jorge Hernández Tepanhuey ––que de wey no tiene nada––, a quien nombró contralor del ayuntamiento.

Lejos de combatir la corrupción, Hernández Tepanhuey es su principal promotor, pues con el consentimiento de su tío se encarga de cobrar el “diezmo” a los proveedores, constructores y materialistas que prestan o venden sus productos y servicios a la presidencia municipal, así como de cambiar por efectivo los vales de gasolina y diesel adquiridos por el ayuntamiento de Zacapoaxtla, dizque para el parque vehicular de la comuna.

Hay que decir que la fama de pillo del contralor municipal no es reciente: lo acompaña desde que fue despedido, por malos manejos administrativos, de las oficinas regionales de la Secretaría de Salud, dependencia contra la que promovió un juicio por despido injustificado, por el cual logró su reinstalación.

Las arbitrariedades de Justino y familia han llegado a tal extremo que hasta los priístas zacapoaxtecos han integrado un frente para defenderse de los abusos y excesos de su presidente municipal.

Y el Frente Priísta Zacapoaxteco ha sido tan bien recibido que, a escasos cuatro meses de su creación, ya tiene presencia y representantes en 10 de las 28 comunidades del municipio.

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El presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ha comenzado a distanciarse ya no sólo de sus pares (los consejeros electorales), sino de los representantes partidistas acreditados ante al máximo órgano electoral del estado.

Su distanciamiento es consecuencia de la crisis económica, la estrechez presupuestal y la retención de algunas partidas por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.

En concreto: la mayoría de los representantes de los partidos políticos están inconformes porque a estas alturas del año no han recibido los 15 mil pesos de dieta o compensación que venían cobrando mensualmente y porque, además, ya les avisaron que esta prebenda podría cancelarse debido a los ajustes presupuestales del Instituto Electoral del Estado.

Anoche, al cierre de este blog, recibì un correo con información interesante sobre futuros cambios y enroques en la gestión de Blanca Alcalá Ruiz. Le recomiendo revisarlo en la sección de comentarios.

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Simón dice:

“El dinero es como el estiércol: no es bueno, a no ser que se esparza”
Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico.

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Al cumplirse ayer un año de la elección de Blanca Alcalá Ruiz como presidenta municipal de Puebla, valdría la pena preguntarse si lo que está haciendo como gobernadora de la capital del estado le alcanzará para ser considerada por su partido, el PRI, como una eventual aspirante a Casa Puebla en los comicios locales del 2010.

En lo personal, creo que si Blanca Alcalá no aprieta el paso, se hace del control de todas las áreas del ayuntamiento y se pone a negociar con el gobierno del estado mayores recursos para obra pública, sus posibilidades se irán por la borda.

Si la presidenta municipal de Puebla no cumple con las promesas y obras que prometió a quienes viven en la Angelópolis, su carrera política terminará con el trienio. Eso sí: podrá presumir que fue la primera mujer en gobernar la capital poblana, aunque con magros resultados.

¿Qué puede hacer Blanca Alcalá con su presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública?

La verdad es que muy poco. Y menos si mantiene esa actitud pasiva y, hasta cierto punto, timorata de no exigir mayores recursos al gobierno del estado.
¿Por qué la administración de Mario Marín Torres le puede dar al rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, más de 300 millones de pesos para la construcción del Complejo Cultural Universitario y le regatea esa misma cantidad al gobierno de la ciudad?

¿Será acaso que Blanca Alcalá no es su candidata y Enrique Agüera sí?

La verdad es que para una ciudad como Puebla —la cuarta con mayor número de habitantes del país—, un presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública es ridículo.

Dicha cantidad equivale a lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se gastará en una sola obra en la capital poblana. Me refiero a la reconstruccion y remodelación de la Vía Atlixcáyotl.

El costo de dicha vialidad —una de las más caras del país, considerando que cada kilómetro se pagará a razón de 100 millones de pesos— representa la totalidad de los recursos que para este año ejercerá el ayuntamiento de Puebla por concepto de obra pública.

Otra dependencia del gobierno del estado que también cuenta con mucho más dinero para obra que Blanca Alcalá es la Secretaría de Finanzas y Adminitración.

Sólo en un proyecto, el Centro Expositor, el secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, se gastará el doble del presupuesto del ayuntamiento capitalino.

Pero lo más contradictorio, o paradójico, es que Enrique Doger Guerrero ejerció, en su último año de gobierno como presidente municipal de Puebla, un presupuesto de casi mil millones de pesos en obra pública. Y eso que supuestamente no tenía el apoyo del gobernador Mario Marín.

Por eso insisto: ¿No será que Blanca Alcalá está congelada por el actual inquilino de Casa Puebla para dejarle el camino libre a su delfín, Javier López Zavala?

Es pregunta, que conste.

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Ayer, en la radio de Xicotepec de Juárez, se dieron tremendo agarrón el diputado local del distrito, Carlos Barragán Amador, y el dirigente municipal del PAN, Antonio Carballo Ríos. Este último acusó al legislador priísta de utilizar los programas y apoyos del gobierno del estado y de la Secretaría de Desarrollo Social para promoverse y hacer proselitismo a favor de su partido, a lo que aquél le respondió que prefería ir a la cárcel, y que lo denunciaran penalmente con tal de seguir ayundando a la gente pobre de la región.

El debate se dio al mediodía por la Radio Xicotepec Expresión 570.

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Ahora que Roberto Morales Flores se muere de ganas por comparecer ante el Congreso del estado, para explicar que nada tiene ni tuvo que ver con los malos manejos en la Secretaría de Salud, y el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, anuncia que llevará a cabo una investigación exhaustiva en la dependencia para deslindar responsabilidades, sería bueno que uno u otro explicaran el destino de 29 millones 509 mil pesos de la compra GESFAC 158/2007.

Pero como estoy seguro ni Roberto Morales, ni el auditor del Orfise, ni el contralor del estado, ni los diputados locales del PRI o del PAN nos dirán algo acerca de esa adquisición, cubierta con recursos del Seguro Popular dentro de la partida 2701, le contaré parte de esta historia que, por cierto, conocen con detalle algunos funcionarios de la Secretaría de Salud.

La GESFAC 158/2007 es, en resumen, una compra directa de ropa desechable, que la Secretaría de Salud pagó a una persona física con actividad empresarial llamada José Arturo Cedeño Díaz, pero que en realidad es un testaferro de Dionisio Rodríguez Rodríguez, proveedor de la dependencia y amigo cercanísimo de Roberto Morales.

La adquisición de esas prendas desechables –que médicos y enfermeras suelen utilizar en clínicas y hospitales durante las cirugías que practican o en las visitas que hacen a enfermos con alguna infección altamente contagiosa– ascendió a 29 millones 509 mil pesos 34 centavos.

Por increíble que parezca, dicha compra no sólo no se concursó, ni pasó por el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, sino que se asignó en forma directa y se pagó a finales de 2007 con el visto bueno del secretario Roberto Morales, y de Carlos Martínez Valeriano y Eduardo Hernández Martínez, director y subdirector del Seguro Popular, respectivamente.

Pero lo peor no es eso.

Lo grave, lo escandaloso, de esa compra identificada como GESFAC 158/2007 es que la ropa desechable jamás fue surtida, ni en los almacenes centrales de la Secretaría, ni en ninguno de los que existen en las 10 jurisdicciones sanitarias de la dependencia.

¿O sí?

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Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

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Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

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Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

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Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

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