En el transcurso de las próximas horas la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría emitir un fallo a favor del magistrado Jorge Sánchez Morales, quien demandó —a través de un juicio— el cumplimiento del artículo 331 del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, para que su salario sea igual que el de los magistrados del Poder Judicial del estado.

Antes de entrar en materia, valdría la pena aclarar que el asunto va más allá de unos cuantos miles de pesos y centavos.

En realidad, estamos ante una resolución que podría exhibir la falta de autonomía del Tribunal Electoral del Estado (TEE) y la injerencia del Ejecutivo —por medio de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA)— en los asuntos internos de este órgano jurisdiccional.

Le explico por qué.

Uno de los primeros acuerdos de los nuevos magistrados del TEE fue igualar su salario con el que perciben sus homólogos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para dar cumplimiento al artículo 331 del Código Electoral, que textualmente dice:

“La remuneración que perciban los Magistrados durante el tiempo que duren en el ejercicio de sus funciones, será igual a la prevista para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado”.

Dicho acuerdo fue comunicado al director Administrativo del TEE, Juan Morales Figueroa, y éste hizo el ajuste correspondiente en la primera quincena de enero, de manera que el salario de los magistrados quedó en 75 mil 800 pesos mensuales. Sin embargo, el gusto les duró poco, pues el subsecretario de Egresos de la SFA, Eduardo Homero Tovilla Lara, ordenó que el salario de éstos se redujera a 62 mil pesos mensuales.

De los tres magistrados que integran supuestamente un órgano constitucional autónomo, el único que no aceptó la reducción y promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano fue Jorge Sánchez. Éste argumentó violaciones constitucionales graves, la intervención del ejecutivo estatal en la administración del Tribunal y cuestiones que ponen en entredicho su autonomía.

Y es que el artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice, en su fracción III párrafo sexto: “Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo”.

Pregunto: ¿Qué facultades metaconstitucionales tiene el director Administrativo del TEE o el subsecretario de Egresos de la SFA para pasarse por el arco del triunfo la Carta Magna y el Código Electoral de Puebla?

El mismo artículo constitucional en su fracción IV inciso C) establece: “Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozarán de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones”.

Pregunto: ¿Cuánta autonomía e independencia pueden tener los magistrados del Tribunal Electoral de Puebla, cuando no son incapaces de decidir sobre su propio presupuesto, o aceptan que un funcionario del Ejecutivo les fije su salario, aunque no corresponda a lo que estipula expresamente el Código Electoral?

A mí me parece que muy poca.

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En anteriores entregas le he documentado aquí las transas que se cometen con las subastas y concursos convocados por la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

Hoy le tengo nuevas evidencias de otro amañado concurso realizado en los primeros días de julio del año pasado en el que están involucrados funcionarios de la dependencia y supuestos empresarios ligados a Araceli Leopoldo (a) La Tía.

Se trata de un procedimiento mediante el cual se «remataron» 39 vehículos de maquinaria pesada como tractores sobre carriles, retroexcavadoras y motoniveladoras de las marcas Caterpillar, John Deere y Komatzu, así como unos 17 camiones de volteo, pipas de agua y camionetas de las marcas Chevrolet, Dodge, Mercedes.

La llamada subasta no se hizo mediante convocatoria pública sino a través de invitación cerrada a un grupo de empresarios coludidos entre sí, aunque se presenten con diferentes razones sociales, pero que tienen como punto de contacto a la llamada Tía Araceli Leopoldo.

En esta ocasión el «concurso» fue ganado por Edgar Gabriel Cosme Blanco, quien ofreció por un lote de 39 vehículos de maquinaria pesada poco más de un millón 200 mil pesos.

La cantidad resulta irrisoria, pues a decir de un empresario dedicado a la compra venta de vehículos chatarra, en desuso o descompuestos, el lote valía alrededor de 8 millones de pesos, considerando que entre las unidades rematadas había algunas que apenas habían cumplido 3 mil horas de trabajo.

De acuerdo con el mismo empresario, en la transa están metidos Marco Antonio Martínez Lozada y Jorge Armando Galicia García, analista especializado consultivo B y director de Bienes Muebles e Inmuebles de la SFA, así como los supuestos empresarios Edgar Gabriel Cosme, Porfirio Sánchez Arana, Alejandro Sánchez, Alfredo Soto, Elmer Garduño y Leopoldo Pantoja, cuyos nombres aparecen en otros concursos por invitación cerrada para el remate de unidades de la PGJ y las secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Social e Infraestructura.

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Tómelo con reserva pero una fuente confiable me asegura que para las elecciones federales de 2015, el PVEM podría negociar con el PRI no uno sino dos distritos en el estado de Puebla: uno en la capital del estado y otro en el interior.

Y aquí viene lo interesante, pues esta última demarcación sería la 15 con cabecera en la segunda ciudad en importancia de la entidad: Tehuacán, que actualmente desgobierna el PRI, a través de la esposa de Álvaro Alatriste Hidalgo, Ernestina Fernández Méndez.

Según la misma fuerte, altamente confiable, esta candidatura sería para la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes, quien en los comicios locales de 2013 fue capaz de vencer a la coalición morenovallista en el distrito 25 con cabecera en la ciudad de Tehuacán.

La razón que tendría el PRI para ceder este distrito al PVEM radica en la mala imagen que actualmente tiene el desgobierno de la alcaldesa priísta, en la falta de consenso de los diferentes grupos locales del tricolor para consensuar una candidatura de unidad, y en que la exdiputada federal y actual delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, María del Carme Izaguirre Francos, es hoy por hoy su opción menos mala.

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La versión que este jueves difundió Ricardo Alemán en su columna de El Universal en el sentido de que la remoción de Luis Alberto Villarreal García habría que verla como un triunfo de Gustavo Madero sobre otros políticos panistas con aspiraciones presidenciales como el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, salió del propio CEN del PAN.

A este reportero le fueron proporcionados más o menos los mismos datos, pero tontamente los reservó para escribirlos de domingo para lunes, lo que por supuesto ya no sucederá.

El personaje con el que hablé el lunes por la tarde, después de que Reporte Índigo difundió el primer video de los diputados federales del PAN con bailarinas de table dance, me aseguró que Gustavo Madero ya tenía algunas reservas respecto a Luis Alberto Villarreal, pues sentía que este se había convertido en alfil del gobernador Moreno Valle más que de él.

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De las siete estaciones de radio pirata que en lo que va del año han sido clausuradas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) por operar sin título de concesión o permiso, cuatro se ubicaban en el estado de Puebla: dos en Atlixco, una en Nopalucan de la Granja y otra más en la comunidad San Pedro Benito Juárez, a las faldas del volcán Popocatépetl.

Estas estaciones, que transmitían en la banda de Frecuencia Modulada, fueron cerradas por la Policía Federal los días 22 y 23 de mayo, sus propietarios sancionados con multas de 33 mil 645 pesos, equivalentes a 500 días de salario, y sus bienes asegurados. Entre estos destacan transmisores, líneas de transmisión, computadoras portátiles, antenas, mezcladoras, monitores, audífonos, ventiladores y micrófonos de diferentes tipos.

De las cuatro estaciones piratas de Puebla, las ubicadas en Atlixco, en el 103.1 y 106.3 del cuadrante de FM, operaban sin nombre. Las otras dos se denominaron Mega FM, y transmitían en esa banda en el 91.1 de Nopalucan y en el 102.7 de San Pedro Benito Juárez.

Las sanciones que aplicó el Ifetel a los propietarios de estas radiodifusoras tienen que ser cubiertas a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.

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RMV sí debe cambiar, ofrecer disculpas y mostrar apertura

Morena y no el PRI podría cosechar la crisis de Chalchihuapan

… a Mony con todo mi cariño y admiración. Te adoro

 

¿Tiene solución la crisis que enfrenta el gobernador Rafael Moreno Valle por el caso de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo?

Diría que sí, pero siempre que haya cambios en la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle y una estrategia de control de daños, en la que se pongan sobre la mesa varios puntos, entre ellos la remoción de algunos de sus secretarios que fueron desbordados por el conflicto; la abrogación de la Ley Bala; la liberación de algunos de los detenidos, entre ellos los cuatro pobladores la Chalchihuapan, los de Tehuacán y la Sierra Negra que cerraron la carretera federal y bloquearon los accesos al CIS, y los opositores a la construcción del Gasoducto Morelos y el libramiento carretero denominado Arco Poniente.

Para resolver la crisis el gobernador tiene que salir ya y tomar el toro por los cuernos, ofreciendo una disculpa pública a la madre del menor, sin importar qué finalmente haya causado la muerte de su hijo, si un cohetón o una bala de goma; indemnizarla y garantizarle una investigación apegada a la verdad y derecho, en la que incluso participe gente de su entera confianza; abrirse al diálogo y la negociación con varios de los actores y grupos inconformes; y dejar atrás la  animosidad y hostilidad hacia medios de comunicación, activistas y dirigentes sociales que no comparten su proyecto o lo han censurado de manera pública.

Moreno Valle tiene que retomar el discurso del exgobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de cancelar odios y rencores, y solicitar a la ciudadanía un voto de confianza para la segunda mitad de su sexenio.

Si el mandatario estatal no rectifica su posición respecto a Elia Tamayo Montes, la madre del menor de 13 años que perdió la vida, y hacia los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras comunidades que reclaman mejores condiciones y la restitución de algunos servicios básicos como el del Registro Civil, la crisis no sólo se alargará sino que se mezclará con otros conflictos y coyunturas políticas como las elecciones federales del año entrante y la sucesión gubernamental.

Es muy probable que la crisis de Chalchihuapan y el escándalo por la Ley Bala hayan arruinado el proyecto presidencial de Moreno Valle para el 2018. Pero de eso, a pensar que este conflicto derivará en la caída del gobernador, me parece que hay un mar de distancia.

Por supuesto que la muerte del menor José Luis Tehuatlie es una lápida que el Ejecutivo estatal tendrá que cargar, y que ha dañado su imagen, confianza, credibilidad y legitimidad, pero no al grado de ponerlo al borde de la renuncia o de un juicio político para separarlo del cargo, como algunos dirigentes nacionales del PRD o del PRI lo han declarado.

Lo manifestado el viernes por el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, en el sentido de que el gobernador Moreno Valle tiene responsabilidades políticas, administrativas y hasta posiblemente penales por el fallecimiento José Luis Tehuatlie, y el punto de acuerdo impulsado por los senadores de este mismo partido condenando su “política criminal” hay que leerlo en el contexto de la coyuntura electoral.

Aun con todo el descrédito del gobernador Moreno Valle por la Ley Bala, los priístas difícilmente podrán hacerse  del control político de la entidad en las elecciones federales del año entrante. No veo cómo pudieran beneficiarse de esta crisis, de la que son corresponsables en buena medida, al avalar con los votos de sus diputados en el Congreso local no sólo la llamada Ley Bala, sino las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales las juntas auxiliares perdieron la prestación del servicio de Registro Civil.

Las declaraciones de César Camacho y el posicionamiento de los senadores priístas no buscan el derrocamiento del gobernador de Puebla, sino minar, debilitar y desprestigiar su proyecto presidencial y ganar terreno de cara a las elecciones federales de 2015, y la sucesión gubernamental de 2016.

Lo que la crisis de Chalchihuapan sí provocará más tarde que temprano es la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por la ausencia de un protocolo para aplicar la Ley Bala, las violaciones que se cometieron en su ejecución y la evidente falta de planeación y estrategia que exhibió el cuerpo de granaderos enviado a desalojar a los manifestantes en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y seguramente también la remoción o renuncia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Remoción, considerando que el conflicto salió de los cauces legales e institucionales, por la ausencia de diálogo y un comunicación efectiva con los opositores, y renuncia por el descobijo que tuvo del mismo gobernador Moreno Valle, quien ante columnistas de la ciudad de México le atribuyó la autoría de la Ley Bala.

Otro efecto político-electoral que la crisis de Chalchihuapan  dejará al gobernador será la animadversión de un sector amplio del perredismo para sumarse a su proyecto presidencial, en alianza o candidatura común con el PAN, o ante una eventual coalición con otros partidos para apoyar al candidato a sucederlo en los comicios de 2016.

Animadversión que en Puebla podría ser capitalizada por las huestes de Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que desde siempre ha cuestionado la política y los métodos del gobernador Moreno Valle.

EN CORTO

A propósito de mi anterior post, un magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia me aclaró que desde que la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal asumió el control de la nómina y administración de los recursos del Poder Judicial, les dejaron de pagar sus pensiones.

Más que descuentos, no hay pagos, reveló el magistrado, al reiterar que esta situación podría derivar en un amparo o en una denuncia en contra del presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, por violar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado.

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Para dejar en claro quién manda en Puebla y que la división de poderes en la entidad es un mito genial, la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo asumió desde el comienzo de julio la administración de los recursos del Poder Judicial del estado.

La decisión ni siquiera fue consultada al pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino tomada por su magistrado presidente, Roberto Flores Toledano, en una clara y abierta violación al artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que textualmente dice: “El Poder Judicial del Estado tendrá y administrará su patrimonio para el desempeño de sus funciones”.

La mayoría de los jueces y magistrados se enteraron de la decisión en la última quincena cuando su cheque ya no lo recibieron de la Tesorería del TSJ, sino de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobernador Rafael Moreno Valle.

Y cuándo preguntaron a qué obedecía el cambio supieron entonces lo peor: que el Poder Judicial no sólo había perdido el control y administración de su nómina, sino dos de sus principales fondos: el de recursos económicos propios, y el destinado al mejoramiento de la administración de justicia.

Pero además que las funciones y atribuciones de la Comisión de Administración, que es la encargada —según el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial— de planear, presupuestar, organizar, asignar, aprovechar y vigilar los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal y la beneficiaria de todas las fianzas que se otorguen a favor al Poder Judicial del estado, ahora las asumiría la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal.

Rebelión silenciosa

Paradójicamente los más inconformes con este acuerdo administrativo del sumiso magistrado presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, no son los magistrados en funciones del Poder Judicial del estado, que prácticamente se asumen como empleados del gobernador Moreno Valle, pasándose por el arco del triunfo la Constitución que juraron respetar y cumplir, sino los magistrados jubilados.

Y la razón principal es de orden económico, pues desde que la Secretaría de Finanzas y Administración tomó la administración del Poder Judicial sus pensiones y pagos por concepto de retiro no sólo han sufrido mermas o atrasos, sino que algunas podrían perderse.

El malestar de los magistrados retirados es tal que estos incluso están valorando ampararse y echar abajo este acuerdo administrativo de Flores Toledano, que vulnera el principio de división de poderes  sino demandar a éste por violar la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, al permitir que los recursos de éste sean administrados y controlados por una dependencia de otro poder.

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Encerrona ministerial

Los días jueves y viernes de la semana pasada, todos los agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección Metropolitana Sur, cargo de Jaime Huerta Ramos, tuvieron que hacer guardia permanente y dejar todas las averiguaciones previas que ese momento tenían pendientes para concentrarse en una sola: la del menor de Chalchihuapan, gravemente herido en la cabeza.

La razón: la inminente intervención de la PGR y la CNDH en el caso.

Así, la averiguación previa referente al desalojo y enfrentamiento en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco se transformó de unas cuantas hojas a voluminosos volúmenes de “investigación”, en los que los ministerios públicos fueron instruidos sobre lo que tenían que describir en los videos tomados del enfrentamiento.

Quizás por esas sesudas investigaciones, el procurador Víctor Antonio Carrancá salió a decir esta semana que los pobladores pudieron planear la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie o que la herida mortal que recibió en la cabeza sino fue producto de un cohetón, lo fue de la ola expansiva que éste produjo.

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¿Si el presidente municipal electo de Puebla fuera Rafael Moreno Valle Rosas en lugar de Eduardo Rivera Pérez, a poco la alcaldesa saliente Blanca Alcalá Ruiz se hubiera atrevido a lanzar una campaña de condonación y descuentos de intereses, multas, recargos y hasta de la suerte principal dirigida a los morosos del impuesto predial?

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¿La campaña del ayuntamiento de Puebla de pague hoy el impuesto predial del 2011 con base en las tarifas catastrales del 2010 tiene el aval del presidente municipal electo, el panista Eduardo Rivera Pérez?

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¿Quién en su sano juicio puede creer que el gobernador saliente Mario Marín Torres nada tiene que ver con la iniciativa priísta de desaparecer la Gran Comisión del Congreso del estado, para sustituirla por una Junta de Coordinación Política que quede bajo el control de los próximos diputados emanados del tricolor?

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¿A poco si Mario Marín no estuviera tan seguro de que Rafael Moreno Valle respetará el pacto político que selló con él y Elba Esther Gordillo para dejar en la impunidad sus excesos y abusos, se atrevería a desconocer los acuerdos a que llegó su secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas con el coordinador del equipo de transición del gobernador electo Fernando Manzanilla Prieto para mantener sin cambios el órgano de gobierno del Poder Legislativo?

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¿Si el gobierno del estado ya tiene planchado, como presume, el problema del adeudo fiscal que tiene con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), entonces por qué este martes auditores del Sistema de Administración Tributaria volvieron hacerse presentes en el edificio de la Secretaría de Finanzas y Administración para saber cuándo y cómo las autoridades poblanas se pondrán al corriente?

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¿Si las giras y conferencias del presidente del Senado Manlio Fabio Beltrones Rivera a lo largo y ancho del país tienen como único propósito impulsar una discusión nacional sobre la Reforma de Estado que México necesita, entonces por qué utiliza el internet para promocionar su imagen personal y no las iniciativas que propone?

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Simón dice:

«Cuando se quiere saber una cosa, lo mejor que se puede hacer es preguntarla.»

Georges Duhamel (1884-1966) Escritor francés.

El secretario de Salud del estado, José Alfredo Arango García, en complicidad con funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración, está por consumar un abuso más en detrimento de las finanzas públicas de la entidad, al asignar a empresas de nueva creación y que acaban de incorporarse al padrón de proveedores del gobierno del estado contratos de mantenimiento preventivo y correctivo por 94 millones 621 mil 920 pesos.

Las empresas que este martes se verán favorecidas por Arango —con las requisiciones 59 y 520 destinadas a mantenimiento de equipo médico y electromecánico de hospitales generales— se constituyeron como sociedades anónimas de capital variable a finales del año pasado o mediados de 2010.

Y fueron dadas de alta en el padrón del gobierno del estado apenas en julio y en agosto de este año, lo que revela que fueron creadas ex profeso para quedarse con los millonarios contratos de mantenimiento que sin licitación de por medio está asignando el secretario de Salud del estado en el año de Hidalgo.

No está de más aclarar que la información anterior consta en el Sistema de Requisiciones de la Secretaría de Finanzas y en el padrón de proveedores de la misma dependencia que, por cierto, no están al alcance de cualquier mortal sino sólo de unos cuantos privilegiados allegados a los subsecretarios de Administración, Jorge Mendoza Velarde, y de Egresos, David Villa Issa.

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A propósito.

Una fuente muy digna de crédito me hace saber que en la Secretaría de Finanzas andan retepreocupados desde que el subdelegado de Auditoría Fiscal Federal se apersonó en la dependencia para advertirles de irregularidades en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de 2005 a la fecha, respecto a los salarios y compensaciones de más de 40,000 servidores públicos y más de 70,000 maestros y trabajadores de la educación del estado.

Desde entonces, el subsecretario de Ingresos Juan Alberto Armendariz Martínez ha sido comisionado para negociar con distintos directivos el SAT un convenio que libere al gobierno del estado de multas, recargos y actualizaciones por cerca de 3,000 millones de pesos.

Otro funcionario que también anda muy atareado con el tema y preocupado de que se le vayan a fincar responsabilidades por el delito de evasión fiscal, pues su oficina es la encargada de autorizar y liberar los bonos trimestrales destinados a la alta burocracia estatal es el subsecretario de Egresos.

Por cierto. Esta semana le cuento con quién se peleó hace un año David Villa Issa cuando el gobierno federal quiso firmar con Puebla un convenio de regularización del Impuesto Sobre la Renta, y cuál es la posición que hoy tiene ese funcionario federal que, ofendido por el tono del subsecretario, se retiró de la reunión.

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Del 17 al 19 de noviembre se efectuará en el vecino estado de Tlaxcala el XI Congreso Nacional y el Sexto Internacional de Derecho de la información, que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la participación de connotados especialistas de América y Europa.

Uno de los paneles del Congreso estará dedicado a los medios de comunicación por internet «Los Medios Digitales y la Agenda de la Transparencia: Casos de Éxito«, en el que participarán como ponentes Arturo Sánchez, periodista de El Faro.NET, diario digital del Salvador; Eleael Acevedo, representante de Proacceso- Morelos; Claudia Gray, investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDLAP, y el autor de esta columna como director de e-consulta.

Alberto Borbolla, investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de las Américas Puebla, será el moderador del panel, que tendrá lugar el día 19 de noviembre a las 12:00 horas en la Biblioteca de la Universidad del Altiplano de la ciudad de Tlaxcala.

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El empresario y exsecretario de Desarrollo Económico del municipio de Puebla, Fernando Ariza de la Fuente, se fue este fin de semana a Nueva York a correr el famoso y turístico maratón de la Gran Manzana, en lo que prepara su regreso a la política al lado del todavía gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien se perfila para sustituir el próximo año a Beatriz Paredes Rangel en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

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Trabajadores sindicalizados de El Sol de Puebla solicitaron este lunes en asamblea la renuncia de su secretario general, Joel Árcega Escalante, debido a su nula gestión y trabajo para sus representados.

La petición fue hecha por escrito por la anterior secretaria general, Martha Benítez Quintero, y se sumaron de manera verbal el resto de los empleados presentes en la reunión, quienes además exigieron que a más tardar en 15 días sean cubiertas las carteras de Prensa y Propaganda, Infonavit y secretario del Interior, que están acéfalas.

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Simón dice:

«Quien cambia felicidad por dinero no podrá cambiar dinero por felicidad».

José Narosky (1930-?) Escritor argentino.

¿Quiénes son los hombres y mujeres que se perfilan para integrar el futuro gabinete estatal?

¿Qué posiciones ocuparían?

No está de más advertir que a estas alturas no existe nada definido y que, entre julio de 2010 y febrero de 2011, muchas cosas pueden ocurrir. Una de ellas, que no todos los que acompañaron a Moreno Valle en la campaña llegarían necesariamente al gabinete; y otra, que en el transcurso de los siete meses que faltan para la toma de posesión pueden aparecer nuevas figuras.

 

Sin embargo, hay personajes que por su cercanía con el gobernador electo —desde que era secretario de Finanzas en el sexenio de Melquiades Morales Flores— y por el rol que desempeñaron en la reciente campaña política, es casi seguro que aparezcan en la próxima administración estatal, entre ellos los siguientes:

Marcelo García Almaguer, quien se perfila —sin competidor al frente— como el próximo director de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

Antonio Gali Fayad podría pasar de la Dirección Regional Pacífico-Centro del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la Secretaría de Finanzas y Administración.

Eukid Castañón Herrera, consultor privado en temas de fiscalización de recursos públicos y reingeniería gubernamental, podría ser nombrado contralor, secretario técnico del gabinete o coordinador de asesores.

Irma Patricia Leal Islas podría asumir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia que ya conoce, pues en el sexenio de Melquiades Morales tuvo a su cargo la Subsecretaría de Transporte. Otro proyecto que posiblemente encabezaría es el establecimiento del Metrobús en la zona metropolitana de Puebla.

Luis Banck Serrato, quien actualmente se desempeña como director ejecutivo de Asuntos Corporativos de la aseguradora internacional MetLife, podría convertirse en secretario de Desarrollo Social.

Jorge Aguilar Chedraui podría ser designado secretario de Salud, sector que no le es ajeno pues en la actualidad se desempeña como delegado federal del ISSSTE. Gente cercana al primer círculo morenovallista no lo descarta incluso como secretario de Gobernación o responsable de aterrizar los cinco proyectos claves enunciados por el gobernador electo en su propuesta de gobierno.

Otros personajes que también tendrían una posición relevante en el futuro gabinete son: Carlos Alberto Julián y Nácer, René Meza Cabrera, Víctor Cánovas Moreno, Ludivino Mora Tejeda, José Cabalán Macari Álvaro, Karen Berlanga, Karen Abraham, Mario Rincón González, Gonzalo Lobato Escamilla, Germán Borzani Lemini, Néstor Gordillo Castillo, René Lezama Aradillas, Pablo Rodríguez Regordosa, Eric Lara Martínez, Leticia Jasso Valencia, Carlos Alberto Julián y Ruiz, Héctor Maldonado Villagómez, Mario Riestra Venegas, Gerardo Islas y David Villanueva Lomelí.

Carlos Alberto Julián y Nácer podría reaparecer como secretario de Gobernación; y su hijo, Carlos Alberto Julián y Ruiz, como secretario particular o secretario privado del gobernador.

El notario público René Meza también es mencionado para ocupar la Secretaría de Gobernación o la Procuraduría General de Justicia.

Otros personajes que también podrían llegar a la Secretaría de Gobernación como subsecretarios son Néstor Gordillo, Víctor Cánovas, Mario Rincón y Ludivino Mora, aunque éste último también podría llegar a la Secretaría de Seguridad Pública.

Karen Berlanga podría ser la directora del Sistema Estatal DIF, y Karen Abraham la secretaria particular de Moreno Valle.

Cabalán Macari podría ocupar alguna posición relevante en la Secretaría de Finanzas.

Entre los posibles integrantes del nuevo equipo de la Secretaría de Desarrollo Rural anote a René Lezama, actual delegado federal de la Sedesol; al exlíder cenecista Gonzalo Lobato, y al empresario Germán Borzani.

La Secretaría de Educación Pública es una posición que, sin duda, el gobernador electo negociará con la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales; y entre quienes podrían ocuparla destacan el líder de la sección 23 del SNTE, Eric Lara, la actual senadora Leticia Jasso, y el exlíder magisterial y operador político de la Maestra, Guillermo Aréchiga.

Las cartas están sobre la mesa. Ahora que cada quien haga su apuesta.

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Este miércoles el gobernador electo Rafael Moreno Valle asistirá a la residencia oficial de Los Pinos para entrevistarse con el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

La visita forma parte de las invitaciones que giró el Ejecutivo federal a los mandatarios legalmente reconocidos y que no enfrentan procesos ante tribunales.

César Duarte de Chihuahua y Gabino Cué de Oaxaca fueron los primeros en visitar la casa presidencial este martes.

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Simón dice:

«El futuro es algo que cada cual alcanza a un ritmo de sesenta minutos por hora, haga lo que haga y sea quien sea.»

Clive Staples Lewis (1898-1963). Escritor británico.

Desde que el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, perdió el control de la administración y las finanzas del organismo, varias entradas o negocios se le han venido abajo.

Uno de los últimos se refiere al pago que este año el IEE tenía que hacer al Instituto Federal Electoral (IFE) por la actualización del padrón electoral y la lista nominal de electores de la entidad.

Jorge Sánchez había presupuestado —en el anteproyecto que envió a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, el 14 de agosto de 2009— que dicha actualización tendría un costo de 8 millones 966 mil 470 pesos con 39 centavos.

Tal cantidad fue cuestionada por la Secretaría de Finanzas, y por el nuevo director administrativo del Instituto, Francisco Rivera Morán, por considerar que ésta implicaba un aumento excesivo —de casi el 40%— con relación a lo que se pagó en 2007.

El caso es que el 20 de enero de 2010, fecha en que el IEE celebró un contrato con IFE para la actualización del padrón y la lista nominal, éste no ascendió a los casi 9 millones que Jorge Sánchez había solicitado, sino a 5 millones 479 mil 109 pesos con 93 centavos.

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No es política del autor de este blog dar cabida a denuncias anónimas, o publicarlas como si se tratara de una investigación propia.

Hoy haré una excepción, por la importancia del tema —una posible indemnización a la empresa que tenía la concesión del rastro municipal— y los argumentos que ofrece acerca del daño que esta medida ocasionaría a las finanzas del ayuntamiento de Puebla.

Aquí la denuncia, tal cual:

ESTIMADA LICENCIADA BLANCA ALCALÁ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA HERMOSA CIUDAD DE PUEBLA:

ASUNTO: DAÑO AL ERARIO PUBLICO MUNICIPAL POR 21.00 MILLONES DE PESOS POR INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE ORIENTE, EX CONCESIONARIA DEL RASTRO MUNICIPAL

Soy una persona que trabaja en la administración pública pero me es imposible dar mi nombre por las repercusiones personales y laborales que esto representa para mi persona.

Me dirijo a usted de manera respetuosa y honesta. Considero que usted es una persona recta, destacada y sumamente honesta. Debido a estas cualidades es que recurro a usted con una seria preocupación.

Mucho se ha dicho en torno a su persona en el sentido de que Usted quiere favorecer a su mentor político al Lic. José Luis Flores al través de su hermano el MVZ Ángel Omar Flores, médico veterinario expulsado de ITO por inoperante y flojo, para quitarle la concesión a Ingeniería y Tecnología de Oriente y dársela a los hermanos Flores, situación que resultaría aberrante y creo que seguramente será falsa.

Recientemente escuché en las noticias que finalmente se le había retirado la concesión del servicio de rastro a la empresa Ingeniería y Tecnología de Oriente debido a la infinidad de problemas que acrecentó la empresa durante el periodo de la concesión. Sin embargo me resulta increíble que además de crear problemas y acrecentar los existentes, todavía se le tenga que pagar por el retiro de la concesión.

Me explico:

Todos sabemos que cuando la empresa presentó su oferta, la presentó señalando que existían en ese momento diversos problemas de contaminación, operación y corrupción de inspectores del rastro en la administración DOGERISTA. Entre los problemas más destacados está el hecho de que se estaban depositando en los terrenos residuos de vísceras, sangre, pezuñas y órganos de los animales sacrificados. Estos problemas los debió resolver ITO, no acrecentarlos.

Si bien no es barata la operación de la planta de tratamiento construida con los recursos federales, cuyo costo fue de seis millones de pesos más IVA, también es cierto que la empresa ITO, no solo no la operó, sino que literalmente la desbarato, tirando a la basura tanto el primer tratamiento como siete millones de pesos. Si consultan el acta de entrega de la empresa al ayuntamiento al través de IDAP (anterior administración), podrán constatar lo que comento. La sola reparación representa una salida para el erario de unos 3.2 millones de pesos.

Y que decir de los costos que representara para el Ayuntamiento, es decir para nosotros los contribuyentes, la remediación de los suelos afectados con hígados con CLEMBUTEROL que estuvo tirando la empresa a cielo abierto y sin tratamiento. Se calcula en promedio unos tres millones de pesos para esta obra. Y otros cuatro millones de pesos para el depósito correcto de los residuos retirados. Otros dos para el transporte.

Por otro lado, también la dichosa empresa no solo dañó y se robó varios equipos, sino que dejó en «el taller de reparación» varios equipos substanciales para a operación del rastro, tales como maquinaria corta pechos y la que se usa para lavar los canales de cerdo, misma que garantizaba de alguna forma algo de higiene en la carne que consumimos. Al día de hoy no funcionan estos y varios equipos de refrigeradores. Resultado, otros 2 millones de pesos.

Si seguimos sumando, están también presentes las deudas que ITO dejó en materia laboral al rastro que suman más de 4 millones de pesos.

Sigamos sumando, en materia de aguas: que decir de las multas que puso la Comisión Nacional del Agua por más de un millón de pesos y los adeudos al SOAPAP por 1.5 millones de pesos.

Creo que la liquidación a esta empresa, además de improcedente, es ilegal. Me voy a explicar más.

Si usted lee el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO donde aparece publicado el «Titulo de Concesión» a favor de la empresa, Formas y procedimientos de terminación anticipada.

1. Por renuncia del concesionario;

2. Por conclusión del término de su vigencia;

3. Por caducidad;

4. Por la revocación de la concesión;

5. Por quiebra del concesionario;

6. Por rescate;

7. Por imposibilidad de la realización del objeto de la concesión o bien por extinción del objeto de la misma; y

8. Por mutuo acuerdo.

En caso de que se presente el rescate al que hace referencia el inciso 6 de este punto, el Municipio de Puebla, reconocerá la inversión total del concesionario, la depreciación de activos y su utilidad en un 50%, mismo que será pagado con el flujo del servicio en primer orden y enseguida de derechos preferentes conforme a la ley.

4.- CAUSAS DE REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RASTRO Y SU INMUEBLE

El H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, podrá revocar administrativamente el título de concesión cuando: (algunas son:)

• El concesionario contravenga gravemente los términos del título de concesión;

• No solicite la certificación posteriormente a los doce meses siguientes al inicio de la operación.

• El concesionario no conserve los bienes e instalaciones en buen estado de operación, o cuando éstos sufran deterioro por negligencia imputable a este, con perjuicio para la prestación del servicio;

• El concesionario contravenga las disposiciones legales aplicables.

• Exista prueba de daño a ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o explotación, conforme la legislación vigente.

Es decir, el título estipula prácticamente dos razones para terminar con la concesión: la primera imputable a intereses del Ayuntamiento y la segunda, que es el caso, cuando la empresa incumpliera alguna de las condiciones del propio Titulo.

En el primero de los casos, que insisto no es aplicable, aunque la quieren convencer de que así es, el Ayuntamiento debería pagarle a ITO todas las inversiones realizadas.

En el segundo, cuando es por incumplimiento, ITO debe perder las inversiones realizadas, que realmente no fueron muchas según consta en actas, y pagar los daños y perjuicios a las instalaciones, que si es el caso.

Por lo indicado específicamente en este documento OFICIAL que hace las veces de LEY resulta IMPROCEDENTE E ILEGAL Y DESHONESTO pagarle a ITO un solo centavo. De hecho ellos nos deben, es decir a todos los contribuyentes la módica cantidad de $ 20.70 millones de pesos.

Por favor Licenciada no permita que estos cínicos se salgan con la suya. Uno de los comentarios mas abiertos que ha hecho el Lic. José Yunez Soto, el Gerente Operativo del Rastro y que nunca en su vida había trabajado en servicios de esta naturaleza, es el hecho de que afirme » SI ME PAGA EL AYUNTAMIENTO, PUEDE SER EL MEJOR NEGOCIO DE MI VIDA SIN HABERLO TRABAJADO«

A mayor abundamiento, ¿sabía usted que uno de los mayores introductores de carne clandestina a la ciudad y que surte a la mayoría de las grandes taquerías es precisamente el Lic. José Yunez Soto? ¿Le parece razonable?

ATENTAMENTE

ALGUIEN PREOCUAPADA POR NUESTRA SALUD Y POR LA ECOLOGIA.

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Ahora doy paso a una carta aclaratoria por lo que en mi anterior entrega redacté sobre el coordinador de la Maestría en Ciencias Políticas de la BUAP, Nicéforo Rodríguez Gaytán.

Estimado Rodolfo Ruiz Rodriguez

Director General del Periódico Digital e-consulta

Presente

Al revisar tu columna «La Corte de los Milagros» del jueves 28 de enero del año en curso, en uno de sus apartados mencionas que mantuve reuniones en diferentes momentos con Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle Rosas, para ofrecerles exactamente lo mismo: ser un operador político dentro de la BUAP. Lo que significa una traición a Javier López Zavala.

Me consta en muchos casos la seriedad de tus comentarios por lo confiable de tus fuentes de información, sin embargo en este caso solamente te puedo decir que te «chamaquearon» y fuiste el medio adecuado para fomentar una intriga en contra de mi persona exaltando mi condición de Coordinador de la Maestría en Ciencia Política.

Tres razones son fundamentales para negar las mentiras de tus informadores: no mantengo ni he tenido ningún trato personal, profesional o político con las personalidades que mencionas o con sus hombres de confianza; no tengo ningún interés en involucrarme con algún precandidato, campaña o partido político y; la tercera razón es que buscar ser operador electoral en la BUAP, es algo insensato.

Quien quiera hacerlo o este cumpliendo esta función estará traicionando los principios que dan sentido a la Universidad Publica de ser una institución académica libre, independiente y autónoma del poder político.

Hasta ahora me considero un hombre equilibrado y sano mentalmente. Como universitario no tengo ni busco aspiraciones de este tipo.

Recibe como siempre mis atentos saludos y un fraternal abrazo.

Atentamente

H, Puebla de Z, a 28 de Enero de 2010

Nicéforo Rodríguez Gaytán

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Simón dice:

«El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor».

Confucio (551 AC-478 AC). Filósofo chino.