LA CORTE DE LOS MILAGROS

Publicaciones etiquetadas ‘Congreso’

Juárez Acevedo, de patitas a la calle

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Si el Congreso del estado se pone abusado y actúa con prontitud, Antonio Juárez Acevedo podría ser echado de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) entre este miércoles y jueves.

Y es que al todavía comisionado de la CAIP se le olvidó solicitar en el juicio de garantías que promovió ante el Juzgado Séptimo de Distrito la suspensión del acto reclamado, es decir, la remoción que la LVII Legislatura local aprobó en su contra.

Pero si por el contrario, el Congreso se demora y deja correr los días, lo más seguro es que Juárez Acevedo se percate de su error y pida de inmediato que el juez ordene la suspensión de su destitución, en tanto se resuelve de fondo el amparo.

Los anteriores razonamientos, debo aclarar, no son míos sino de un despacho de abogados que brinda asesoría a la LVII Legislatura, y en particular al coordinador de Apoyo Parlamentario e Informática Legislativa, Gilberto Navarro Jiménez.

Dicho bufete se denomina Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C., y tiene entre sus integrantes al polémico Fernando Urbano Castillo Pacheco, quien antes, por petición del notario público José Bustos Jiménez, ofreció su asesoría al hoy defenestrado comisionado de la CAIP.

En un escrito de cuatro páginas, Fernando Castillo enfatiza que el Congreso debe actuar con prontitud, enviándole al presidente de la CAIP un oficio donde además de prohibirle a Juárez Acevedo el acceso a las instalaciones de la Comisión, se le retire el equipo físico, técnico, así como cualquier otro recurso material y humano que esté a su servicio dentro del organismo.

Para consultar con más detalle las recomendaciones de Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C. al coordinador de Apoyo Parlamentario del Congreso haga clic en los siguientes documentos.

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Este lunes y martes corrió como reguero de pólvora la versión de que Guillermo Nares Rodríguez había renunciado o solicitado licencia como director de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, con el propósito de participar en las próximas elecciones para rector en la institución.

En breve entrevista, Nares Rodríguez me dijo que la especie era falsa, pero que está en espera de una reunión de trabajo con el rector Enrique Agüera Ibáñez después de la cual definirá si busca su reelección como director de la facultad de Derecho u opta por pedir licencia para estar de condiciones de contender por la rectoría de la BUAP.

Nares explicó que la versión a él también le llegó y que ésta puede tener su origen en una serie de licencias que el jueves se conocieron en el Consejo de Unidad de la facultad de Derecho por parte de profesores que solicitaron licencia para hacer una estadía en el extranjero o por superación académica.

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Simón dice:

“La ingratitud es hija de la soberbia”.
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) Escritor español.

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Transparencia a la poblana

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Por Eduardo González Soto

He aquí dos visiones de la rendición de cuentas públicas:

A diferencia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado con las cuentas públicas del gobernador Mario Marín Torres, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí reveló el resultado de la revisión que hizo a los recursos ejercidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa durante 2007.

Los resultados no fueron muy halagadores para la administración federal, pues le fueron detectadas irregularidades por 60 mil 723.5 millones de pesos.

Sin embargo en Puebla la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos es una constante, pese a que de acuerdo con el OFS, todas las entidades salen limpias y corrigen las observaciones que en un principio les son hechas.

El 22 de julio de 2008 el Congreso  del estado aprobó la cuenta pública del gobierno del estado respecto al ejercicio fiscal de 2007, en el que se manejaron más de 44 mil millones de pesos.

Pero al informe de la revisión que el OFS publicó en su portal de internet le fueron recortados los capítulos I, II y IV, precisamente aquellos en los que se mencionaban los montos, ya no dígase detallados, sino generales de las observaciones hechas a las diferentes instancias de la administración estatal.

e-consulta solicitó el 22 de octubre de 2008 el informe completo sobre la revisión al Poder Ejecutivo a través de la solicitud de transparencia 171/2008, pero la información fue clasificada por el OFS como reservada por 7 años , y además, se argumentó que su divulgación comprometería la “estabilidad” y “gobernabilidad” de la entidad.

A través de un trabajo periodístico , se publicó en diciembre de 2008 en este mismo medio que el monto de las observaciones hechas por el OFS a la administración de Mario Marín Torres ascendió a 13 mil 809 millones de pesos, aunque todas y cada una de las partidas fue justificada hasta llegar a cero.

Entonces, ¿cuál era el riesgo que corría el estado por dar a conocer los montos en cada dependencia?

Y una vez que se publicaron, ¿ocurrió algún incidente que puso en peligro la estabilidad y gobernabilidad en Puebla?

Si estos argumentos se trasladaran a la administración federal, ¿entonces nos quedaremos sin presidente “del empleo” en los 3 años y medio que restan del sexenio?

¿Una ola de inestabilidad e ingobernabilidad lo derrocará?

¿Por qué el titular de la AFS cuyo sueldo es pagado con recursos públicos sí puede publicar las irregularidades en la administración de Calderón Hinojosa, y el titular del OFS en Puebla –que recibe un salario con el mismo origen- no quiere develar las de la administración estatal?

¿No acaso el concepto de transparencia gubernamental es el mismo en Puebla que en el resto del país?

Al parecer no.

¿Es acaso una cuestión de discrecionalidad en el manejo del erario público, de protección a funcionarios y de nula independencia de los poderes de gobierno?

Al parecer sí.

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Congreso, nuevo descalabro jurídico

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El Congreso del estado recibió ayer un nuevo revés jurídico por sus acciones en torno a la renovación de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), proceso que fue impugnado por la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró infundada la queja presentada por el Poder Legislativo y la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena en contra el Juzgado Primero de Distrito por haber dado entrada al amparo promovido por Josefina Buxadé en contra del nombramiento de quien la sustituyó en la CAIP.

En tal virtud, ahora el juez federal tendrá que entrar al fondo del asunto, resolver en un par de meses si el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y su suplente cumplió o no con el procedimiento establecido en la convocatoria, y determinar si ambas eran elegibles y si el Congreso violó o no las garantías individuales de Buxadé.

Para colmo de males, el destituido ex presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, está por presentar un amparo contra la decisión del Congreso del estado de removerlo, recurso que de entrada la garantizaría su permanencia en el organismo en tanto se revuelve de fondo dicho juicio.

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A juzgar por las planillas de candidatos a consejeros universitarios que hasta el momento se han registrado —el plazo vence este día—, el rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, tiene prácticamente asegurado el control del máximo órgano de gobierno de la institución.

Salvo sorpresa de última hora, lo más probable es que el día de la jornada electoral —el 19 de marzo— sólo haya competencia en cinco de 35 unidades académicas de la BUAP, donde la oposición podría ganar de dos a tres consejeros alumnos e igual número de consejeros maestros.

Entre las facultades donde se prevé la participación de planillas contrarias al proyecto del rector Agüera figuran Economía y Físico Matemáticas, unidades académicas en las cuales Los Espartacos tratarán de ganar algunas consejerías estudiantiles; así como Electrónica, Filosofía y Computación, donde los candidatos de oposición son miembros de la Liga Estudiantil Democrática.

De éstas, los mayores riesgos están en Físico Matemáticas y en Filosofía y Letras, donde la oposición podría hacerse de dos o tres consejerías estudiantiles.

Sin embargo, lo más probable es que las planillas afines al rector Agüera arrasen en las elecciones, con 140 consejerías de alumnos y maestros, más tres de trabajadores administrativos, más 35 de directores de igual número de unidades académicas.

Con esos resultados, Agüera habrá dado un paso importante para garantizar una reelección sin problemas, en la auscultación del mes de septiembre, cuya organización estará a cargo del nuevo Consejo Universitario.

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La facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP será sede del 7 de marzo al 4 de abril de un ciclo de conferencias sobre «La Universidad de Nuestro Tiempo«, en el que participarán destacados investigadores nacionales en la materia.

El calendario de ciclo es el siguiente:

Sábado 7 de marzo. Olac Fuentes Molinar, exsubsecretario de Educación Básica y Normal, y colaborador de varias publicaciones nacionales e internacionales, disertará sobre el tema «Las pedagogías en la universidad mexicana de nuestro tiempo»

Viernes 13 de marzo. Hugo Aboites, profesor -investigador de la UAM y profesor invitado de la Universidad de Harvard, dictará la conferencia «La autonomía en México: entre la libertad, el Estado y el interés privado».

Sábado 21 de marzo. Daniel Cortés, estudioso de la universidad globalizada y coordinador del grupo de redacción del Observatorio Ciudadano de la Educación, expondrá la ponencia «Cambio institucional universitario y corrientes teóricas de interpretación de la educación superior».

Viernes 27 o sábado 28 de marzo. Hugo Casanova Cardiel, investigador del IISUE de la UNAM y coordinador de la colección de libros sobre la Universidad Contemporánea, impartirá la conferencia «La universidad contemporánea: política y gobierno».

Sábado 4 de abril. Alejandro Márquez, investigador del IISUE de la UNAM y miembro del grupo de redacción de Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), expondrá el tema «Beneficios públicos y privados de la educación superior».

Todas las conferencias tendrán lugar en el auditorio de posgrados de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en Ciudad Universitaria.

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Simón dice:

«Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas»

Honoré de Balzac, escritor francés.

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Juárez Acevedo, escándalo nacional en puerta

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¿Con qué cara Puebla será sede la COMAIP?
Plataforma Cuatro, piedra en el zapato del IFE

El escándalo que envuelve al Congreso del estado y al cuestionado presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, podría alcanzar dimensiones nacionales. No exagero. Sólo analice el contexto.

De entrada, Puebla será sede, durante la última semana de agosto, de la IX Asamblea Nacional de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuya presidencia recayó —por razones propias de la organización del evento— en el ilegal e ilegítimo presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo.

Una semana antes de la Asamblea Nacional de la CAMAIP, el Congreso regresará de su periodo vacacional para entrar —según el dicho del presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa— a fondo en la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, en especial ahora que su pertenencia y posición dentro de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, al momento de su designación como comisionado de la CAIP, está más que demostrada.

¿Qué va a pasar el 19 de agosto, cuando el diputado Pablo Fernández del Campo y los demás legisladores de la Comisión de Gobernación conozcan oficialmente el expediente publicado el viernes por e-consulta, donde el IFE admite —por conducto de su director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agíss Bitar— que el presidente de la CAIP sigue siendo el secretario general de Plataforma Cuatro?

¿A poco la mayoría priísta del Congreso va a seguir sosteniéndolo, a sabiendas que su nombramiento es ilegal de origen?

¿Con qué cara Juárez Acevedo puede ser anfitrión en Puebla de los garantes de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información pública de los 27 institutos y comisiones invitados a la IX Asamblea Nacional COMAIP?

Un ingrediente adicional para que el escándalo de Juárez Acevedo adquiera dimensiones nacionales, es la controversia que él mismo interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar abajo la afirmación del IFE sobre su pertenencia a la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Juárez Acevedo basa su argumentación en un hecho sin duda controversial y controvertido: la ausencia de su firma en el acta constitutiva de Plataforma Cuatro.

El presidente de la CAIP sostiene que si tal documento no fue suscrito por él, entonces los actos y actuaciones posteriores de esta agrupación política nacional tampoco tienen validez legal, por lo que nadie puede acreditarle la representación de una organización que en términos formales jamás se constituyó.

Esta situación explica en parte la actuación poco diligente que ha mostrado el IFE en el caso Juárez Acevedo, primero ante la Contraloría del estado cuando ésta le requirió información sobre el cuestionado presidente de la CAIP y sus vínculos con Plataforma Cuatro, y luego ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del estado.

En el oficio DEPPP/DPPF/3659/2008 que el IFE envió al Congreso del estado, el pasado 9 de julio, se reconoce que el acta constitutiva que da cuenta de la Asamblea General Ordinaria de la Agrupación Política Nacional “Plataforma Cuatro”, de fecha 8 de enero de 1999, “no obra en los archivos de este Instituto”.

Esta omisión no deja de resultar extraña.

¿Cómo el IFE, que por siete años financió con recursos públicos a Plataforma Cuatro, ahora dice que no cuenta con el acta constitutiva de esta agrupación política?

¿Cómo Juárez Acevedo, que por siete años gozó de las prerrogativas del IFE, ahora se inconforma ante el mismo organismo con el argumento de que no puede ser secretario general de una agrupación que legalmente nunca se constituyó, o al menos no con su firma?

¿Ahora entiende por qué le digo que la CAIP y su ilegal e ilegítimo comisionado presidente meterán a Puebla en otro escándalo nacional?

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Persisten los excesos y abusos del presidente del IEE

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Freyssinier Morin descubre nuevas anomalías de JSM
López Zavala ofrece protección, a cambio de apoyos

Por si los abusos y excesos cometidos en 2007 por el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, no fueran suficientes, el despacho Freyssinier Morin acaba de hacerle llegar una nueva relación de 25 observaciones correspondientes sólo al mes de abril de 2008. (Ver hoja 1, ver hoja 2)

Entre las observaciones figuran –para variar– excesos en servicio de telefonía celular y radiocomunicación; compras fraccionadas en papelería; adjudicaciones directas en impresión, servicios de fotocopiado y arrendamiento de estacionamiento; la asignación de viáticos fuera de norma; errores en la clasificación de diversos gastos por concepto de mensajería, difusión e información, mantenimiento de equipo y el cobro de cheques supuestamente cancelados.

El reporte del auditor externo del IEE, enviado en junio pasado a la encargada de despacho de la Dirección Administrativa del Instituto, Verónica Paola Cruz Castillo, detalla tres observaciones al consejero presidente por rebasar los límites establecidos en telefonía celular y servicio de Nextel en el acuerdo IEE/JE-008/08.

Se trata de las observaciones 2, 9 y 17; en las primeras dos, Hermilo García Carreón, del despacho Freyssinier Morin, asienta que Jorge Sánchez se gastó 2,447 pesos y 2,518 pesos en el teléfono móvil que tiene asignado cuando su límite mensual es de 1,295 pesos. En el punto 17, se repite la misma situación pero con su equipo de radiocomunicación: tiene un límite autorizado de 534 pesos, pero se gastó 1,115 pesos.

Las 25 observaciones suman un total de 844 mil pesos, y de éstas las de mayor cuantía se refieren a contratos asignados sin concurso o licitación pública.

En el punto 12 se cuestiona la falta de justificantes para arrendar una bodega a nombre de Comercializadora MP S.A. de C.V., en 73 mil 600 pesos; en el punto 15, la falta de al menos tres cotizaciones para el suministro de bienes y servicios de los contratos D04/040 y D04/044 por un monto 183,831 pesos; en el punto 16, la asignación a Sistemas Contino S.A. de C.V. de un contrato por 62,016 pesos para el arrendamiento de equipo de fotocopiado, y en el punto 20, la ausencia de cotizaciones y tabla comparativa de los invitados a proveer los bienes y servicios que se describen en el contrato D04/068 por un monto de 83,921 pesos.

Otra irregularidad destacada por los auditores del despacho Freyssinier Morin es la enumerada en el punto 24, la cancelación de un cheque por 33,250 pesos, que, no obstante, fue considerado en el gasto y descargado de la cuenta bancaria del Instituto Electoral del Estado.

Las compras fraccionadas de papelería continúan siendo motivo de observaciones. En el reporte se menciona el caso de dos compras de papel de seguridad a la empresa Carbopapel S.A. de C.V. por 9,269 pesos.

Otra constante en el reporte son los errores cometidos por el encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz, en la clasificación del gasto. La póliza E04/146 se registró a la cuenta 3103 cuando debió hacerse a la 3101 por tratarse de un servicio de mensajería y no telefónico; lo mismo con que las pólizas B04/003, por un monto de 148,350 pesos, que se cargó la cuenta 3602 cuando en realidad correspondía a la 3605 denominada Otros Gastos de Difusión e Información, y la D04/032, por un monto de 7,192 pesos, que se registró a la cuenta 3504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles cuando en realidad debería asentarse en la cuenta 3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo por tratarse de un servicio a la camioneta asignada del presidente del Instituto.

La pregunta es: ¿hasta cuándo se tolerarán los abusos y excesos del consejero presidente del IEE y su encargada de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, integrante de una influyente familia en el ámbito del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, de la que pronto, pronto, nos ocuparemos?

EN CORTO
Los aspirantes del PRI a la gubernatura del estado se han encontrado con una queja recurrente, cuando en sus giras de trabajo se reúnen con ex presidentes municipales de su partido y les piden su apoyo: que muchos de éstos no se quieren comprometer por el temor de que sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2007 no se aprueben o el Congreso les finque responsabilidades.

Y es que se sabe que el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, ha prometido a no pocos ex munícipes que si lo apoyan con gente y recursos él sabrá corresponder esos respaldos, cuando en el Congreso del estado y el Órgano de Fiscalización Superior se revisen y discutan sus cuentas públicas.

Según esta versión, López Zavala ha ofrecido gestionar la aprobación de algunas cuentas públicas de ex presidentes municipales siempre que éstos también lo ayuden a posicionarse en las comunidades y poblaciones que gobernaron hasta febrero de 2008.

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La posición que ayer fijó Blanca Alcalá Ruiz sobre la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar refleja en buena medida el estilo de gobernar de la primera alcaldesa de Puebla: esquivar broncas y remitir al Congreso los asuntos calientes.
Así ocurrió con la cuenta pública de su antecesor en el cargo, Enrique Doger Guerrero, y con las observaciones y anomalías detectadas durante el proceso de entrega-recepción de la administración municipal.
Sobre la papa caliente de los parquímetros, la presidenta municipal explica en su comunicado que ella ya hizo lo que debía –¿o lo que le ordenaron?– y que ahora toca al Congreso del estado, sin prisas ni precipitaciones analizar y en su caso aprobar la concesión a la empresa Jajomar.
En su comunicado, Blanca Alcalá exhorta “de manera respetuosa a los diputados a no precipitarse en la decisión; a considerar el tiempo a su favor; a actuar con autonomía y libertad; a que de manera serena y sensata se revisen los contenidos y los alcances;  a cuidar los intereses colectivos; a privilegiar el diálogo, a lograr que en el debate se construya el mejor futuro para Puebla”.
Pregunta: ¿por qué ella no actuó en consecuencia, es decir, sin prisas, ni precipitaciones, revisando –de nueva cuenta– y con plena autonomía, los contenidos y los alcances de la concesión; cuidando los intereses colectivos, contra la segunda tarifa más cara del país, y privilegiando el Centro Histórico, pero también la economía de cientos o miles de poblanos que por necesidad usan la vía pública como estacionamiento y que ahora deberán destinar una cuarta o tercera parte de sueldo en beneficio de la empresa Jajomar y sus padrinos políticos?

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El miércoles pasado, después de reunirse con Javier López Zavala y con Beatriz Paredes Rangel en la ciudad de México, Antonio Hernández y Genis, secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI logró amarrar la vicepresidencia de la mesa de Estatutos de la XX Asamblea Nacional, que tendrá lugar el próximo 23 de agosto en Aguascalientes.
López Zavala, quien también forma parte del Consejo Político Nacional del PRI, participará —en cambio— en la mesa de Declaración de Principios.

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Desde aquí envío mis condolencias al doctor Felipe Burgos Ochoategui, decano de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las Américas (UDLA), por el lamentable fallecimiento de su hijo, ocurrido el viernes pasado en Acapulco.

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Este día, en conferencia de prensa, en el salón Los Girasoles de Cholula, se anunciará la designación de un nuevo secretario de Desarrollo Económico y Social en el ayuntamiento de San Andrés Cholula, luego de que quien ocupara esta cartera, el ex diputado local y ex candidato a la presidencia de Atlixco, Jorge Gutiérrez Ramos fuera nombrado subdelegado de Desarrollo Social.

En el evento también se anunciará la puesta en marcha de un programa de vinculación laboral, capacitación para el trabajo y de recursos humanos que aplicará el ayuntamiento de San Andrés Cholula en colaboración con algunas empresas sanandreseñas y de la región, denominado Chambandrés.

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