Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotamil.com

Salvo sorpresa de última hora, pero de última hora, Blanca Lilia Ibarra Cadena será nombrada este jueves comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla.

Lo malo del asunto, que no de su persona, es que su designación no se acordó en la Gran Comisión del Congreso local, ni se negoció entre las fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura, sino en la Secretaría de Gobernación del estado.

Ahí, en esa dependencia del Poder Ejecutivo, Mario Montero Serrano cabildeó con los panistas el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y ahí, él y sus asesores jurídicos, minimizaron los riesgos de una eventual impugnación por parte de la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán, quien se registró para continuar como comisionada de la CAIP por otros seis años.

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A propósito de Montero y los panistas.

Cuentan que en el desayuno privado que el gobernador Mario Marín Torres sostuvo con los diputados locales y dirigentes estatales del PAN, Rafael Micalco Méndez sacó a relucir su antizavalismo.

Y es que al final del encuentro, el presidente del PAN le dijo al gobernador, a manera de despedida, que con Mario Montero en la Secretaría de Gobernación el diálogo y la interlocución entre su partido y el gobierno del estado habían mejorado.

El elogio hacia Montero fue tan desmedido que hasta el secretario de Gobernación se incomodó.

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Este jueves la bancada del PAN solicitará que la Comisión Inspectora y/o la Comisión de Hacienda y Patrimonio investiguen un probable daño patrimonial a las arcas del estado, derivado de los financiamientos contratados por Carreteras de Cuota de Puebla (CCP).

El diputado Manuel Janeiro Fernández cuestionará en tribuna un primer crédito contratado a Banobras en 2004 por 500 millones de pesos, con dos años de gracia. Por este préstamo, Carreteras de Cuota ha pagado a la fecha 154 millones de pesos, pero aún adeuda 445 millones de pesos.

El segundo crédito se trata de un financiamiento bursátil a 15 años por 520 millones de pesos, por el cual CCP ha pagado por concepto de refinanciamiento e intereses 240 millones de pesos, sin que su deuda original haya disminuido de manera significativa, pues ésta asciende a la fecha a 511 millones de pesos.

Pero el asunto no para ahí, pues de acuerdo con Manuel Janeiro, Carreteras de Cuota quiere se le autorice un nuevo crédito de hasta por 1,054 millones de pesos, para liquidar los otros dos y renegociar mejores condiciones de pago con el nuevo acreedor.

El problema es que Carreteras de Cuota no puede explicar por qué si las dos deudas que actualmente tiene suman 956 millones de pesos, pretende contratar un crédito de hasta 1,054 millones de pesos para cubrirlas.

La diferencia de casi 100 millones de pesos no es poca cosa, como tampoco las comisiones por prepagado que sus actuales acreedores le exigen y que rondan por los 65 millones de pesos.

Lo que Manuel Janeiro demandará este jueves es que el nuevo crédito sí se contrate, pero que éste se concurse de manera abierta para que el gobierno del estado y Carreteras de Cuota de Puebla obtengan las mejores condiciones y se eviten nuevos daños patrimoniales como los arriba descritos con los financiamientos contratados en las postrimerías del sexenio melquiadista.

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Manda a decir Roy Campos Ezquera, presidente y director de Consulta Mitofsky, que en Puebla no ha realizado ninguna encuesta electoral con miras a las elecciones de gobernador del estado, por lo que desconoce por anticipado los resultados o cifras que pudieran publicarse en estos días sobre el tema.

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Hasta el cierre de esta entrega aún se desconocían los nombres de quienes integrarán la terna definitiva de candidatos al cargo de comisionado propietario de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Sin embargo, ante la eventualidad de que el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena sea impugnado por presuntas violaciones al punto seis de la convocatoria expedida por el Congreso del estado, el abanico de opciones se depuró y al mismo tiempo se amplió.

Me explico:

Se depuró por el veto de la dirigencia y el grupo parlamentario del PAN a cuatro aspirantes: Roberto Díaz Sáenz, ex presidente de la CAIP; Gabriel Guerrero Monter, funcionario de la Coordinación de Asesores del gobernador Mario Marín Torres; Ana Belén Mendieta Lozada, secretaria técnica de la Secretaría Particular del Ejecutivo estatal; y Carlos Roberto Barrientos Sánchez, hijo de Carlos Barrientos de la Rosa, precandidato del PRI a diputado federal, y hermano de Mónica Barrientos Sánchez, diputada local suplente del PRI.

Y se amplió porque la fracción del PRI ha comenzado a explorar otras alternativas además de Blanca Lilia Ibarra, entre ellas la de Alexandra Herrera Corona, titular de la Unidad de Acceso a la Información del Congreso del estado, y Carlos Romero Rojas, secretario de la Junta Distrital del IFE en Apizaco, Tlaxcala.

Desde mi perspectiva, creo que de los 15 aspirantes registrados, el PRI y la Secretaría de Gobernación del estado ya sólo valoran cuatro prospectos: Blanca Lilia Ibarra, como primera opción; Alexandra Herrera, como segunda opción; Carlos Romero, como tercera opción, y Roberto Díaz, como cuarta y última opción.

De éstos, sólo dos serán incluidos en la terna final, que se completará con el nombre de Josefina Buxadé.

¿Pero quién será finalmente nombrado comisionado de la CAIP?

La decisión, me parece, está en manos de los abogados y asesores legales del PRI y la Secretaría de Gobernación. Si estos estiman que el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra puede ser atacado por el PAN o por Josefina Buxadé, a causa del punto seis de la convocatoria emitida por el Congreso del estado, creo entonces que el o la elegida podría ser cualquiera de las opciones arriba mencionadas.

El PRI no dejará pasar a Josefina Buxadé. La razón es simple: el veto del mandamás de la Administración Pública Estatal.

Así como el PAN vetó a cuatro aspirantes, el PRI sólo lo hizo con una.

FICHAS DE LOS FINALISTAS
Nombre: Blanca Lilia Ibarra Cadena
Grado académico: Maestra en Administración Pública por el IAP y maestra en Gobierno y Administración por la BUAP.
Organizaciones que la nominan: BUAP y Tecnológico de Monterrey
Ideas sobresalientes de su ensayo: “… hoy la transparencia pública es una realidad en nuestro país… Puebla no es la excepción”. “Resulta indispensable la revisión y adecuación del marco legal y en su caso la incorporación de nuevas figuras que permitan hacer cada vez más accesible este derecho a todos los sectores de la sociedad”.

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Nombre: Alexandra Herrera Corona
Grado académico: Pasante de la Maestría en Calidad de Gestión del IAP.
Organizaciones que la nominan: Escuela Libre de Derecho de Puebla, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Asociación Poblana de Apoyo a Personas con Problemas Oncohematológicos y Consejo de Notarios de Puebla.
Ideas sobresalientes de su ensayo: “La reserva de la información deberá fundarse y motivarse por causas de interés público, esto es, deberá probarse que las razones de reserva obedecen a la protección de un interés público, y que objetivamente dicho interés se verá afectado, si la información se da, ya sea al momento en que se genera o en el momento es que es solicitada”.

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Nombre: Carlos Romero Rojas
Grado académico: Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Ibero de Puebla.
Organizaciones que lo nominan: Escuela Libre de Derecho de Puebla
Ideas sobresalientes de su ensayo: Ninguna.

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Nombre: Roberto Díaz Sáenz
Grado académico: Maestro en Derecho Privado por la Ibero Puebla.
Organizaciones que lo nominan: Ilustre Colegio de Abogados de Puebla, Universidad Anáhuac, Escuela Libre de Derecho de Puebla, Universidad Madero y Universidad Politécnica Hispano Mexicana.
Ideas sobresalientes de su ensayo: “Los problemas de la transparencia se resuelven con más transparencia y acceso a la información pública”. “Puebla es un estado moderno… su signo más notable es la voluntad en el fortalecimiento de los valores y de prácticas democráticas innovadoras”. “Todo debe estar a la luz pública, ser explicado y sometido al más exigente escrutinio”. “El 100% de las resoluciones de recursos de revisión que se dictaron por el Pleno de la CAIP (durante su gestión) fueron por Unanimidad”. “La luz que iluminará toda mi gestión, si ustedes me designan, es aquella que esclarezca la idea de que la única legitimidad es la que deviene de la legalidad”.

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Nombre: Josefina Buxadé Castelán
Grado académico: Maestra en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Organizaciones que la nominan: Centro Empresarial de Puebla S.P, Universidad de las Américas, Universidad Iberoamericana, Plantel Golfo Centro, UPAEP, Fundación para la Libertad de Expresión A.C., Consejo Coordinador Empresarial A.C. y Asociación de Ciudadanos Poblanos Unidos por la Justicia y la Atención a las Víctimas del Delito A.C
Ideas sobresalientes de su ensayo: “Mantendría mi postura aperturista, siendo siempre responsable e institucional”. “Continuaría fomentando la ciudadanización del derecho de acceso a la información pública y la capacitación de los servidores públicos”. “Mi nombramiento como comisionada aportaría a la CAIP legitimidad, ya que he sido reconocida por mi independencia y por la responsabilidad de mis resoluciones: he propuesto la entrega de información de libre acceso público y he protegido la información y los datos personales”.

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Aun cuando la Gran Comisión aún no define la terna que será presentada al pleno de la Cámara de Diputados, lo más probable es que Blanca Lilia Ibarra Cadena sea quien la encabece y la que ocupe el cargo que dejará vacante en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán.

De los 15 aspirantes al cargo que ayer fueron entrevistados por los diputados de la Gran Comisión del Congreso del estado, hay coincidencia que las mejores exposiciones fueron las de Josefina Buxadé, Blanca Lilia Ibarra, Ana Belén Mendieta Lozada y Roberto Díaz Sáenz, en ese orden.

Para los legisladores priístas, que son los tienen en sus manos la decisión, las propuestas de Blanca Lilia Ibarra y Josefina Buxadé representan dos complicados dilemas.

En el caso de la presidenta de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, existe el temor de que su nombramiento pueda ser impugnado, bajo el argumento de que Ibarra no cumple con el punto seis de la convocatoria expedida por el Poder Legislativo, y que a la letra dice:

«6.- No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación o agrupación política durante los tres años previos al de su designación».

Ayer la propia Blanca Lilia Ibarra explicó a los diputados que la interrogaron sobre el particular que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Puebla, de la cual se separó para registrarse como aspirante a comisionada de la CAIP, no es una dependencia o entidad municipal, sino un organismo auxiliar transitorio.

Su argumentación no convenció del todo a un sector de los diputados del PAN, que anoche recibieron un informe de sus asesores jurídicos en el sentido de que la participación de Blanca Lilia en el proceso de renovación de la CAIP podría ser violatoria de la convocatoria emitida por el Congreso del estado para tal fin.

El segundo dilema de los priístas es no saber cómo o bajo qué argumentos impedir la continuidad de Josefina Buxadé al frente de la CAIP.

Y más cuando ayer se conoció que además de la UDLA-P, la Ibero, la UPAEP, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Fundación para la Libertad de Expresión, entre otras organizaciones que la nominaron, cuenta con el respaldo de intelectuales, escritores, periodistas, consejeros electorales y académicos de reconocida talla nacional e internacional que no debieran ser ignorados.

Por lo pronto hoy continuarán al seno de la Gran Comisión las negociaciones, por lo que la terna definitiva que este jueves será presentada al pleno de la LVII Legislatura local se conocerá hasta hoy por la noche o mañana antes del medio día.

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Que tal como se había aquí adelantado, el discurso y la conferencia del presidente del Centro Empresarial de Puebla, Luis Mora Velasco, y la investigadora del ITAM, Denise Dresser, en contra del gobierno del estado y el gobernador Mario Marín Torres, estuvieron duros, durísimos.

El dirigente patronal aprovechó su intervención en la Asamblea Semestral Ordinaria de Coparmex Puebla para censurar la falta de transparencia que priva en el gobierno marinista; la sumisión del Legislativo al Ejecutivo estatal; el atraso y el alto costo de las obras públicas que aquí se construyen; la desaparición del Comité de Adquisiciones y del Comité de la Feria sin que se haya informado qué paso con los activos de este último organismo; la corrupción en la Secretaría de Salud en la compra de medicamentos y en la construcción de hospitales, y que Puebla se ubique en los últimos lugares en aprovechamiento escolar pese a que el gobierno destina el 45% de su presupuesto al sector educativo.

La periodista e investigadora Denise Dresser no se quedó atrás. Y en su conferencia ¿Por qué es tan difícil modernizar a México?, caracterizó a Mario Marín como el ejemplo vivo de la impunidad de que gozan ciertos políticos mexicanos que pueden violentar el Estado de Derecho sin que nada les pase y nadie los sancione.

La reacción del secretario de Desarrollo Económico del estado, José Antonio López Malo Capellini, ante las denuncias del presidente de Coparmex Puebla, fue de enfado, y lo manifestó retirándose del evento tan pronto Luis Mora concluyó su discurso, instando a los presentes a dar la espalda a los políticos que sólo buscan el poder por el poder mismo o que llevan sus complejos al gobierno.

Quienes también pasaron un mal rato, por las agudas y puntuales críticas de Denise Dresser al PRI y a sus principales dirigentes, fueron el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, quien clausuró la asamblea del sindicato patronal poblano.

Un aspecto cuestionable en el mensaje de Luis Mora fue la ausencia de autocrítica hacia las cámaras y organismos empresariales, que no sólo han perdido representatividad y autoridad moral entre la Iniciativa Privada, sino que se han convertido en grupos de presión por los cuales sus dirigentes se hacen de obras y contratos de servicio, puestos en la administración pública, cargos de elección popular y otras prebendas.

¿O no?

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Que a Josefina Buxadé Castelán trataron de persuadirla para que no buscara su permanencia en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), a cambio de ofrecerle una asesoría o puesto dentro del organismo con una encomienda muy específica: instrumentar dentro del gobierno del estado el sistema Infomex.

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Que la periodista Blanca Lilia Ibarra Cadena es la aspirante con más posibilidades para quedarse con el lugar que dejará vacante Josefina Buxadé en la CAIP, ahora que los priístas voten en contra de su continuidad como comisionado del organismo dizque garante de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla.

Tiene a su favor varios factores: su experiencia y conocimiento en la materia; su condición de mujer (que mucho influirá ahora que otra mujer saldrá de la Comisión); su desempeño como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla; su oficio como comunicadora y publirelacionista, y sus buenas relaciones con la clase política gobernante.

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Trivia:

¿Qué secretario del gabinete marinista se puso el miércoles hasta las chanclas, aprovechando la ausencia de su jefe, el gobernador Mario Marín Torres, quien después de comer en Izúcar de Matamoros voló a la ciudad de México para participar en la sesión de Consejo Político Nacional del PRI?

Un tip: el susodicho es miembro del Consejo Político Nacional del PRI, a cuya sesión evidentemente no asistió, pese que ahí se aprobó utilizar la convención de delegados como método de selección de los futuros candidatos del tricolor a diputados federales por el principio de mayoría relativa.

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Que en los próximos días saldrán a la luz nuevas encuestas electorales, entre ellas las de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, que ubican a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, como la aspirante mejor posicionada para contender por la gubernatura del estado como candidata del PRI en los comicios locales de 2010.

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Una estrategia que al Partido Acción Nacional le funcionó durante muchos años, pero que hoy le resulta cada vez menos efectiva (si no es que hasta contraproducente), es el escándalo mediático.

El problema de los dirigentes, diputados y regidores del PAN es que no son consecuentes ––y a veces ni congruentes–– con lo que denuncian, pues sus críticas y señalamientos se agotan cuando un medio de comunicación les da cabida en sus espacios informativos o en sus notas de ocho columnas.

Lo anterior viene a colación por la tardía denuncia que el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marcos Castro Martínez, presentó este miércoles en contra del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, por falsedad de declaraciones ante el Congreso del estado.

Por supuesto que no estoy en contra de que Juárez Acevedo haya sido acusado de mentiroso ante el Ministerio Público, al haber ocultado al Poder Legislativo su pertenencia como directivo de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Pero en el fondo, lo que la dirigencia estatal del PAN quiere con el caso Juárez Acevedo es atraer reflectores, sacar raja política, y hacer show mediático a costa de un personaje desprestigiado.

Si deveras la dirigencia y los diputados panistas quisieran fincarle responsabilidades e iniciarle un proceso administrativo por el delito de falsedad de declaraciones, ya lo habrían hecho desde septiembre de 2007, cuando descubrieron y tenían documentado que Juárez Acevedo aún fungía como secretario general de Plataforma Cuatro.

¿Por qué dejaron pasar más de un año para acudir al Ministerio Público a denunciarlo?

¿Por qué lo hacen ahora que Juárez Acevedo está por ser removido como presidente y comisionado de la CAIP?

¿Por qué, si deveras están agraviados por el cinismo y mentiras de Juárez Acevedo, han aceptado, cual mansos (¿o mensos?) corderitos, el largo y engorroso procedimiento seguido por la Comisión de Gobernación del Congreso del estado para destituirlo de la CAIP?

¿No será que en el fondo sólo le apuestan al escándalo mediático, como el que ayer protagonizó Marcos Castro en los pasillos de la Procuraduría General de Justicia?

Ojalá esté equivocado.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, está a un tris de convertirse en rehén del líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez, y no pocos de sus cómplices dentro y fuera de la administración municipal.

Blanca Alcalá ha mantenido una política errática en materia laboral y sindical, pues en su afán de echarse a la bolsa a Israel Pacheco, primero le abrió espacios en su planilla de regidores y luego le entregó la Dirección de Servicios Públicos.

Colmilludo, Israel Pacheco coló a Guillermina Hernández Castro como regidora, y luego a su hermano Conrado como subdirector de Servicios Públicos.

Hoy la alcaldesa paga caros sus desaciertos, tanto que ayer la regidora salió a criticar el supuesto terrorismo laboral de la presidenta municipal y Conrado encabezó una marcha de más de mil empleados del ayuntamiento, una buena parte de ellos adscritos a la Dirección de Servicios Públicos, para protestar por el despido de dos delegados sindicales.

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La conferencia del filósofo Fernando Savater en el San Pedro Museo de Arte, sobre la función de la ciudadanía en las democracias modernas, degeneró en un acto político de mal gusto.

De entrada metieron en el presidum a puros políticos, cuando la conferencia, se supone, habría sido organizada por la facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y la Secretaría de Cultura, con carácter académico.

En los carteles donde se publicitó la charla de Savater, así como en los pases de acceso, se anunciaba que el filósofo español sería presentado por su coterráneo, Vicente Carrera Álvarez, docente de la facultad de Filosofía.

El académico llegó con suficiente antelación al acto. Sin embargo, cuando Savater y la comitiva oficial que lo acompañó llegaron al Museo, Carrera Álvarez fue excluido, pues la presentación corrió a cargo de Ricardo Velázquez, director del Centro Mundial de Estudios sobre la Legalidad (Cemle) y ex asesor jurídico de Mario Marín Torres durante el “Lydiagate”.

Eso sí, en el presidum metieron al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, dizque con la representación del gobernador Mario Marín; al secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla; al secretario particular de Marín, Guillermo Deloya Cobián; y hasta al hijo de Raúl Salinas, Juan José Salinas Pasalagua, quien fue presentado como senador.

Al finalizar el acto, Víctor Baca, integrante del Cemle y del comité organizador, explicó al escaso público aún presente que la participación de Carrera Álvarez fue suspendida “porque el estrado es demasiado pequeño y frágil: corríamos el riesgo de que se viniera abajo si subía una persona más”. 

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Que el rector de la Benemérita, Enrique Agüera Ibáñez, ya se estrenó en las redes sociales de internet, al subir su perfil al sitio más importante de este tipo en la web, Facebook.

Agüera aparece en esta página electrónica con una foto de medio cuerpo hacia arriba, muy sonriente, y con una frase no carente de significado electoral, aunque él insista que no está campaña: “Vamos por una mejor BUAP y una próspera Puebla… a tu lado”.

Entre los amigos que el rector Agüera tiene dados de alta en su facebook figuran el presidente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier; el nuevo dirigente estatal del PVEM,  Juan Carlos Natale; el senador Rafael Moreno Valle, y el ex rector de la UDLA-P, Pedro Ángel Palou.

También aparecen Mario Marín Jr, Mario Montero Jr. y Melquiades Morales Jr., los periodistas Yuriria Sierra, Isabel Tobón, Isaac Hernández, Arturo Rueda y Zeus Munive; los ex dirigentes del PVEM, Ernesto Guerrero Aguilar y Gustavo Díaz Ordaz, así como estudiantes y egresados de la BUAP, la UDLA-P y el Tec de Monterrey.

El perfil del rector de la BUAP en facebook lo encuentra en la siguiente liga:
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/profile.php?id=1585633688

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Que el coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana de Puebla, José Ojeda Bustamente, podría ser la carta oculta del PRI para ocupar la cartera que dejará vacante Josefina Buxadé Castelán en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Por lo pronto, este miércoles el Congreso del estado admitirá el ocurso presentado por el académico a fin de entregarle la ciudadanía poblana vía fast track.

Entre los observadores políticos no pasa inadvertido el repentino interés de Ojeda por hacerse ciudadano poblano, la prontitud con que el Congreso accedió y tramitó su solicitud, y tampoco su actitud conservadora en la discusión sobre las reformas a la Ley de Transparencia, aprobadas por la actual Legislatura, evitando a toda costa las críticas a los diputados de la mayoría priísta.

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Que el próximo 10 de diciembre, los poblanos conoceremos un rostro hasta ahora desconocido del ex candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla, Antonio Sánchez Díaz de Rivera. Me refiero a su faceta de escritor y poeta.

Y es que ese día, a las 18:30 horas en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario de la BUAP, el actual diputado federal presentará su libro de poemas y reflexiones titulado “Cobija al hombro”, obra que será comentada por la secretaria de Educación Pública del gobierno federal, Josefina Vázquez Mota, y por la presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, María Teresa Colchero Garrido.

El evento, del que ya circulan invitaciones, será presidido por el rector de la Benemérita, Enrique Agüera.

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Quien también está por presentar su más reciente libro sobre filosofía política es el consejero electoral Fidencio Aguilar Víquez.

Su ensayo de 418 páginas, titulado “La modernidad limitada. La idea del ser y el lugar de la razón en el pensamiento de M. F. Sciacca”, fue editado por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del estado de Morelos (CIDHEM).

La reseña que aparece en la contraportada de su obra apunta lo siguiente:

“El siglo XX nació con la certeza de que, al fin, los seres humanos habíamos alcanzado la madurez de nuestro ser histórico; el resultado, por el contrario, fue un siglo de guerras cuyas secuelas, todavía hoy, inicios del siglo XXI, siguen latentes bajo diversas caretas. Aunado a lo anterior, cuando menos tres grandes problemas tienen en jaque a quienes habitamos el planeta: el grave deterioro ecológico, el tráfico ilegal de drogas y de personas y el surgimiento de nuevas formas de terrorismo.

“Lo anterior no se entiende sin conocer el tema de la Modernidad y de su crisis, advertida ya por sus estudiosos más acuciantes. El problema central es este: por qué la humanidad, a partir de la inspiración en el pensamiento moderno, en vez de entrar en un estadio auténticamente humano, lejos de las añejas tiranías de la autoridad y el dogma, ha generado una nueva barbarie que consiste, en términos generales, en la abolición misma de la razón, de la verdad y del ser, incluso del sentido mismo de la ciencia y de la organización social y política, cuya consecuencia es la disolución o ´dislocación´ del sujeto humano en ´infinitas´ almas mortales.

“Debemos de reconocer, sin embargo, que esa pretensión -comprender por qué se ha entrado en un nuevo estado de barbarie- nos desborda. No por ello debemos renunciar a una lectura alternativa del tema de la Modernidad y de su crisis. Es decir, frente al fracaso de una Modernidad ilustrada, pagada se sí misma y autorreferente, o frente al desencanto posmoderno y, a veces, nihilista, frente a ellos se encuentra una Modernidad limitada que reconoce la dignidad de la razón en su vinculación con la Idea del ser. Tal es la filosofía de la integralidad que propone, entre otros, Michele Federico Sciacca, cuyo pensamiento general se expone en este libro”.

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El burocrático procedimiento encaminado a la remoción de Antonio Juárez Acevedo como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), sigue su curso.

Ayer los dos peritos que analizan las firmas que son, pero no son de Juárez Acevedo, a decir de él mismo, entregaron sus conclusiones, y serán convocados para el jueves 30 de octubre para que los ratifiquen.

Una vez que esto ocurra, la Comisión de Gobernación abrirá un nuevo plazo de 10 días para alegatos finales, tras los cuales elaborará su dictamen que someterá al pleno del Congreso a finales de noviembre o principios de diciembre proponiendo la destitución del presidente de la CAIP.

La idea es empatar su salida con la de Josefina Buxadé Castelán, que fue nombrada como comisionada de la CAIP para un periodo de cuatro años que concluye en diciembre próximo.

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Tómelo con reserva, pero una fuente confiable me asegura que las relaciones de Ana Teresa Aranda Orozco con su jefe, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourino Terrazo, no son precisamente las mejores, y que esta situación podría llevar a la ex candidata a la gubernatura de Puebla a ser nominada como candidata a una diputación federal en las elecciones de julio de 2009.

De acuerdo con esta misma versión, la Doña podría ir como propuesta del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, lo que le garantizaría uno de los primeros lugares en la lista de plurinominales por la cuarta circunscripción del país, que comprende al Distrito Federal y a los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

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Este martes a las 17:30 horas se estrenará por el canal 26 de televisión la serie Micrópolis, que es una producción del SICOM dirigida al público infantil, con el propósito de fomentar valores y rescatar el uso de los tradicionales juguetes mexicanos.

La idea y producción original es de Maytee Enciso Vargas y Raúl Velázquez García, aunque en el desarrollo de cada uno de los 16 capítulos de la primera temporada intervienen más de 20 personas, entre actores, voces, escenógrafos, técnicos y realizadores.

Micrópolis nace de la imaginación de un niño, que transforma su cuarto en una ciudad y a sus juguetes en héroes y villanos de diferentes aventuras que un día desarrollan un arma secreta; otro, reflexionan sobre el perdón y los fenómenos paranormales, y en otros, sobre la importancia del medio ambiente y la reforestación o la elaboración de los dulces típicos de Puebla.

El primer programa se transmitirá este martes por el canal 26 de televisión abierta, por el 225 de Megacable digital, por el 35 de Megacable básico y por el 26 de Ultravisión digital.

Cada capítulo tiene una duración de 30 minutos.

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En el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), el Partido Acción Nacional dejó de ser oposición, y no porque ahora lleve la voz cantante o tenga como aliados a la mayoría de los nueve consejeros, sino porque su nuevo representante, Miguel Méndez Gutiérrez, ni siquiera se aparece, salvo para cobrar su compensación de 15 mil pesos mensuales.

El que a veces asiste, pero sólo para bailar al son que le toca el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, es el suplente de aquel, Óscar Pérez Córdoba Amador.

Con la salida de Rafael Guzmán Hernández como representante del PAN ante el Consejo General del IEE, el dirigente estatal del blanquiazul, Rafael Micalco Méndez, mató dos pájaros de un tiro, pues por un lado se deshizo de un personaje incómodo, “que se iba por la libre”, según sus propias palabras y,  por otro, quedó bien con el consejero presidente del Instituto.

Y es que éste no sólo le había expresado su malestar por las posiciones de Rafael Guzmán en las mesas de trabajo y sesiones del Consejo General del IEE, sino que en más de una ocasión le sugirió cambiarlo por otro panista de más nivel.

Sólo que en esto último se equivocó, pues ni Miguel Méndez, ni Antonio Juárez AcevedioÓscar Pérez tienen las tablas, ni el conocimiento de Rafael Guzmán, y la mejor prueba de ello es que éstos ni siquiera intervienen en las mesas de trabajo, como en la del pasado martes, donde el consejero presidente fue nuevamente exhibido como mentiroso y corrupto.

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Una de las causas que explican por qué el ilegítimo presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado, Antonio Juárez Acevedo, ha logrado mantenerse en el cargo a pesar del escándalo que lo envuelve desde hace más de un año, cuando quedó al descubierto su pertenencia como miembro de la directiva de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, son los influyentes personajes que en la sombra han abogado por él, a saber:

El secretario de Comunicaciones y Transportes del estado, Valentín Meneses Rojas, compadre de Nicandro Juárez Torres, padre de Antonio Juárez Acevedo.

El excelentísimo, reverentísimo y amadísimo arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco, quien a veces suele estar más preocupado por los asuntos del César que de Dios.

El notario público José Bustos Jiménez, quien incluso buscó la asesoría del especialista en amparo, Fernando Urbano Castillo Pacheco, para echar abajo el procedimiento que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado le inició al presidente de la CAIP para removerlo y destituirlo del cargo.

El director académico de la Escuela Libre de Derecho, Gerardo Tejeda Foncerrada, institución de la que es socio, junto los notarios José Bustos, ya citado líneas arriba, Antonio Oropeza Hernández y Enrique Ramírez Calva.

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Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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