Gobernadores, impunidad a cuestas

¿Por qué si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha logrado sacar adelante reformas estructurales que parecían imposibles o que lo fueron para sus dos antecesores, y detener al narcotraficante más temido de México y buscado en todo el mundo, los mexicanos estamos insatisfechos con su desempeño?

Varias son las teorías y sesudas hipótesis que podrían construirse para explicar la poca credibilidad del gobierno federal, sin embargo creo que en el fondo todas ellas girarían en torno a la impunidad. Sí, a la falta de sanciones para todos aquellos políticos y funcionarios públicos que a pesar de haberse enriquecido de manera cínica e ilícita, pasan al retiro o mantienen un bajo perfil, mientras se olvidan los escándalos en que estuvieron involucrados.

Qué sentido tiene insistir en la urgencia de crear la Comisión Nacional Anticorrupción o en nuevas reformas constitucionales y leyes de transparencia y rendición de cuentas, si las que existen no se cumplen y si las instituciones encargadas de revisar y fiscalizar los recursos públicos, como la Auditoría Superior de la Federación, no pueden ir más allá de exhibir en medios de comunicación a las dependencias ineficientes y negligentes, y a los funcionarios corruptos y abusivos.

Con qué cara el gobierno de Peña Nieto puede presumir un efectivo combate a la corrupción y a los poderes fácticos, si su principal trofeo en esta materia —la profesora Elba Esther Gordillo Morales— goza de un trato privilegiado como interna del penal de mujeres de Tepepan.

En qué país que se precie de democrático, una líder sindical acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada puede disfrutar su virtual encarcelamiento en una habitación de 15 metros cuadrados, fuera del área de celdas, con baño privado, reposet, comida de chef y entrenadora personal de yoga y meditación.

En qué país que se precie de democrático los cómplices o socios de esta lideresa sindical en lugar de ser procesados se convierten en aliados del nuevo grupo gobernante y son ensalzados como modelo de sindicalismo magisterial.

Cómo creer en las reformas estructurales, como la Educativa que fue la primera en tener el visto bueno de los actores del Pacto por México, si a casi un año de haberse aprobado no puede implementarse, y en lugar de avanzar registra notables retrocesos como la desaparición de la prueba Enlace por las presiones de quienes dentro del SNTE y la CNTE se resisten a ser evaluados y a que sus evaluaciones se difundan públicamente.

Cómo creer que en México no hay impunidad si vemos que exgobernadores como Andrés Granier, de Tabasco, o Juan Sabines, de Chiapas, acusados de enriquecimiento ilícito y de desviar millones de pesos, no pueden pisar la cárcel o son enviados a hospitales privados que más parecen hoteles de lujo.

Cómo confiar en partidos como el PAN que a nivel nacional se niegan a investigar las denuncias de sus propios militantes en contra de sus senadores y diputados sobre moches y extorsiones a presidentes municipales, a cambio de obras y partidas presupuestales extraordinarias, o en institutos como el PRI de Puebla cuyos diputados aprueban sin objeciones la cuenta pública 2012 del gobernador Rafael Moreno Valle y luego, ante las observaciones de la ASF, pugnan por reabrir los documentos que ellos revisaron y avalaron.

La XLVI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la que este miércoles asistirá Enrique Peña Nieto, puede ser un buen foro para que el presidente aborde uno de sus grandes pendientes: el combate a la corrupción.

El reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación puede servirle de pretexto para hacerle saber a los virreyes de la república que la gente no sólo quiere reformas estructurales que se implementen y se traduzcan en mayores inversiones y empleos; seguridad y tranquilidad para sus familias y ciudades, lo que implica combatir el narcotráfico y demás organizaciones del crimen organizado, sino acabar con la impunidad de quienes en su conjunto desvían 40 mil millones de pesos sin que nadie los sancione.

Lo que el país necesita no es una Comisión Nacional Anticorrupción sino voluntad de acabar con los políticos y funcionarios abusivos y corruptos, de castigar a aquellos gobernadores que año con año son señalados por la Auditoría Superior de la Federación sin que nada pase y nada suceda, por la impunidad que voluntaria o involuntariamente su gestión ha propiciado al dejar sin castigo mandatarios corruptos como Andrés Granier, Juan Sabines, Humberto Moreira, Jorge Torres, Tomás Yarrington, Ulises Ruiz, Fidel Herrera y Mario Marín, entre muchos, muchos, otros.

 

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