Una de las causas que quizás expliquen la mala imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto y la desaprobación de él y sus colaboradores en el año y medio que lleva su gestión, muy posiblemente se encuentre en los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), elaborada por el Inegi, en la que se advierte que la corrupción sigue siendo el tercer problema más preocupante de los mexicanos, sólo detrás de la inseguridad y el desempleo.

Si bien es cierto que en algunos rubros la administración federal ha logrado avances importantes, como las llamadas reformas constitucionales estructurales que Peña Nieto pudo sacar adelante por la vía de la concertacesión y el pragmatismo ideológico, también lo es que en otras materias, como el combate a la corrupción, la impunidad y la opacidad en la rendición de cuentas, su gobierno está detenido, sino que es echado para atrás.

De ahí que la encuesta del Inegi haya revelado que para uno de cada dos mexicanos la corrupción sea el tema de mayor preocupación del país, con una prevalencia de 12.1% y una incidencia de 24,724 ciudadanos mayores de 18 años por cada 100 mil habitantes.

Tales cifras son demoledoras en un país que aspira a ser de primera y con un sistema dizque democrático y pluralista o en proceso de consolidación.

La corrupción es un cáncer que ninguna de las últimas administraciones ha podido extirpar de las entrañas del México real, cuyas células invaden por igual a gobiernos del PRI, que del PAN y PRD, y a la que sólo se combate con discursos y mensajes propagandísticos sin ningún resultado efectivo.

Para enfrentar la corrupción y la impunidad que van de la mano, en complicidad con la partidocracia prevaleciente, no hace falta revivir la Comisión Nacional Anticorrupción prometida por Peña Nieto al arrancar su sexenio, ni otorgar al IFAI nuevas facultades para dotarlo de dientes, ni rediseñar la PGR para convertirla en una Fiscalía General con autonomía constitucional o que de esta se derive una Fiscalía especializada en casos de corrupción.

No. Lo que hace falta es voluntad política.

Voluntad política para terminar con la complicidad de políticos o gobiernos que mutuamente se tapan, encubren o negocian sus corruptelas, a cambio de impunidad o la aprobación de reformas. Voluntad política para acabar con los acuerdos en lo oscurito, disfrazados de pragmatismo ideológico, y con el reparto de cuotas en la designación de consejeros, comisionados e integrantes de los órganos e instituciones autónomas. Y voluntad política para hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica cotidiana y no un ejercicio discrecional.

En esta materia, el presidente Peña Nieto debe poner el ejemplo, sin simulaciones o dobleces, como hasta ahora ha ocurrido con la detención y encarcelamiento de la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo; el empresario y patrocinador favorito de los panistas, Amado Yáñez y su empresa Oceanografía; y los exgobernadores de Coahuila, Humberto Moreira; del Estado de México, Arturo Montiel; de Tabasco, Andrés Granier;  de Tamaulipas, Tomás Yarrington; y de Veracruz, Fidel Herrera.

De lo contrario, la percepción de los mexicanos sobre su gobierno y desempeño no sólo continuará siendo negativa, sino que su evaluación nacional e internacional en el rubro de combate corrupción seguirá a la baja.

La organización Transparencia Internacional ubicó a México en la posición 106 de un total de 177 países evaluados en su Índice de la Percepción de la Corrupción 2013, y el Inegi acaba de difundir ayer que para el 48.5% de los mexicanos la corrupción es el principal problema del país, solo por debajo de la inseguridad y delincuencia que alcanzó el 70.4% de las opiniones y el desempleo que registró un 51 por ciento.

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Puebla, aún peor que el país

Pero si las conclusiones de la encuesta nacional del Inegi fueron negativas para Peña Nieto, para el gobernador Rafael Moreno Valle —que prometió sacar a Puebla del sótano nacional de la corrupción—resultan demoledoras.

En su discurso como candidato a la gubernatura de la coalición Compromiso por Puebla, Moreno Valle ofreció subir al menos tres lugares la situación de Puebla en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de la organización Transparencia Mexicana, que en 2010 ubicó a Puebla como el cuarto estado más corrupto del país.

Sin embargo, la encuesta del Inegi, elaborada en 2013 —que es la primera en el país que aborda el tema de la  corrupción en el sector público proporcionando la tasa de prevalencia e incidencia, es decir la proporción de la población que tuvo contacto con un servidor público y vivió una experiencia de corrupción— colocó a Puebla en el tercer lugar nacional, solo por debajo de Chihuahua y Morelos.

De acuerdo con este estudio, nueve de cada 10 poblanos considera que los actos de corrupción en la entidad son “frecuentes” o “muy frecuentes”, con una tasa de 39 mil 890 casos por cada 100 mil habitantes.

Además, el 91.5% de los habitantes de Puebla estimó que la corrupción es un fenómeno frecuente y muy frecuente entre los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, ante los cuales realizan pagos, trámites, gestionan servicios públicos o hacen solicitudes de servicio específicos.

Este indicador está por arriba del promedio nacional, que es del 88.3 por ciento.

La mala imagen que tienen los poblanos de las autoridades federales, estatales y municipales sólo es rebasada por la que tienen los habitantes del Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tabasco.

La encuesta ubicó a Puebla en el último lugar nacional en satisfacción de los contribuyentes respecto al trato que reciben de los servidores públicos, ya que sólo el 64.3 por ciento de los encuestados dijo sentirse satisfecho o muy satisfecho con la atención recibida de los funcionarios que los atendieron.

La encuesta completa puede consultarla aquí

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¿Por qué si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha logrado sacar adelante reformas estructurales que parecían imposibles o que lo fueron para sus dos antecesores, y detener al narcotraficante más temido de México y buscado en todo el mundo, los mexicanos estamos insatisfechos con su desempeño?

Varias son las teorías y sesudas hipótesis que podrían construirse para explicar la poca credibilidad del gobierno federal, sin embargo creo que en el fondo todas ellas girarían en torno a la impunidad. Sí, a la falta de sanciones para todos aquellos políticos y funcionarios públicos que a pesar de haberse enriquecido de manera cínica e ilícita, pasan al retiro o mantienen un bajo perfil, mientras se olvidan los escándalos en que estuvieron involucrados.

Qué sentido tiene insistir en la urgencia de crear la Comisión Nacional Anticorrupción o en nuevas reformas constitucionales y leyes de transparencia y rendición de cuentas, si las que existen no se cumplen y si las instituciones encargadas de revisar y fiscalizar los recursos públicos, como la Auditoría Superior de la Federación, no pueden ir más allá de exhibir en medios de comunicación a las dependencias ineficientes y negligentes, y a los funcionarios corruptos y abusivos.

Con qué cara el gobierno de Peña Nieto puede presumir un efectivo combate a la corrupción y a los poderes fácticos, si su principal trofeo en esta materia —la profesora Elba Esther Gordillo Morales— goza de un trato privilegiado como interna del penal de mujeres de Tepepan.

En qué país que se precie de democrático, una líder sindical acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada puede disfrutar su virtual encarcelamiento en una habitación de 15 metros cuadrados, fuera del área de celdas, con baño privado, reposet, comida de chef y entrenadora personal de yoga y meditación.

En qué país que se precie de democrático los cómplices o socios de esta lideresa sindical en lugar de ser procesados se convierten en aliados del nuevo grupo gobernante y son ensalzados como modelo de sindicalismo magisterial.

Cómo creer en las reformas estructurales, como la Educativa que fue la primera en tener el visto bueno de los actores del Pacto por México, si a casi un año de haberse aprobado no puede implementarse, y en lugar de avanzar registra notables retrocesos como la desaparición de la prueba Enlace por las presiones de quienes dentro del SNTE y la CNTE se resisten a ser evaluados y a que sus evaluaciones se difundan públicamente.

Cómo creer que en México no hay impunidad si vemos que exgobernadores como Andrés Granier, de Tabasco, o Juan Sabines, de Chiapas, acusados de enriquecimiento ilícito y de desviar millones de pesos, no pueden pisar la cárcel o son enviados a hospitales privados que más parecen hoteles de lujo.

Cómo confiar en partidos como el PAN que a nivel nacional se niegan a investigar las denuncias de sus propios militantes en contra de sus senadores y diputados sobre moches y extorsiones a presidentes municipales, a cambio de obras y partidas presupuestales extraordinarias, o en institutos como el PRI de Puebla cuyos diputados aprueban sin objeciones la cuenta pública 2012 del gobernador Rafael Moreno Valle y luego, ante las observaciones de la ASF, pugnan por reabrir los documentos que ellos revisaron y avalaron.

La XLVI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la que este miércoles asistirá Enrique Peña Nieto, puede ser un buen foro para que el presidente aborde uno de sus grandes pendientes: el combate a la corrupción.

El reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación puede servirle de pretexto para hacerle saber a los virreyes de la república que la gente no sólo quiere reformas estructurales que se implementen y se traduzcan en mayores inversiones y empleos; seguridad y tranquilidad para sus familias y ciudades, lo que implica combatir el narcotráfico y demás organizaciones del crimen organizado, sino acabar con la impunidad de quienes en su conjunto desvían 40 mil millones de pesos sin que nadie los sancione.

Lo que el país necesita no es una Comisión Nacional Anticorrupción sino voluntad de acabar con los políticos y funcionarios abusivos y corruptos, de castigar a aquellos gobernadores que año con año son señalados por la Auditoría Superior de la Federación sin que nada pase y nada suceda, por la impunidad que voluntaria o involuntariamente su gestión ha propiciado al dejar sin castigo mandatarios corruptos como Andrés Granier, Juan Sabines, Humberto Moreira, Jorge Torres, Tomás Yarrington, Ulises Ruiz, Fidel Herrera y Mario Marín, entre muchos, muchos, otros.

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