Marcha al DF contra el gobierno estatal

Aunque a nivel local ha tenido poca resonancia, la marcha que la diputada federal perredista Roxana Luna Porquillo viene organizando para protestar por lo que considera actos de hostigamiento y represión en contra de movimientos sociales, podría convertirse en un dolor de cabeza para las autoridades estatales.

Si las cosas salen conforme a lo planeado, la marcha de protesta hacia la Ciudad de México podría reunir a unas cuatro mil o cinco mil personas, entre comuneros y ejidatarios de Santa Isabel Cholula, tianguistas de Amozoc y San Pedro Cholula, mototaxistas de Acatzingo y Huejotzingo, y campesinos opositores al Libramiento Carretero Poniente del aeropuerto Hermanos Serdán, del municipio de Atlixco, al gasoducto de Tlaxcala a Morelos que pretende pasar por Puebla, y a las mineras e hidroeléctricas que Grupo México y otras trasnacionales pretenden hacer en la Sierra Norte de la entidad.

La manifestación está prevista para el martes. Los contingentes se reunirán en la autopista México-Puebla, a la altura de las casetas de cobro de San Martín Texmelucan. Partirán al filo de las siete de la mañana hasta llegar a la Calzada Zaragoza, donde los manifestantes descenderán de los autobuses para marchar —en compañía de unos 20 legisladores perredistas— hasta las oficinas de la Secretaría de Gobernación, donde una comisión buscará entrevistarse con el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.

Las demandas centrales de los marchistas son: alto a la represión y la criminalización de líderes de movimientos y organizaciones sociales, la cancelación del Libramiento Carretero Poniente, no a los despojos de tierra de campesinos de San Juan Tlautla, San Diego Cuachayotla, Tecuanipan, San Lucas Atzala, Nealtican, San Andrés Calpan y San Francisco Cuapa, por los cuales cruzará el gasoducto de Tlaxcala a Morelos o pasará la carretera que conectará la autopista México-Puebla con la Siglo XXI.

Los inconformes también exigen respeto a los bienes comunales de Santa Isabel Cholula, donde la familia Migoya Mastretta pretende construir un desarrollo residencial; no a la imposición de mineras, hidroeléctricas y carreteras, a costa de los recursos naturales de campesinos y grupos indígenas; y alto a la persecución de mototaxistas de Huejotzingo y otros municipios, en los que se han girado órdenes de aprehensión en su contra de sus dirigentes.

 

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Con la presentación de sus 18 compromisos para el 2018, José Antonio Gali Fayad arrancó esta noche la última etapa de su campaña política que estará centrada en la divulgación de sus propuestas.

Sus promesas, que el candidato a la alcaldía capitalina de la coalición Puebla Unida certificó ante la notaria pública número 56, Hilda Torres Gómez, fueron bien recibidas por los militantes panistas, aun por aquellos que en un principio se mostraron reacios a respaldar la nominación del ex secretario de Infraestructura del gobierno del estado.

Entre sus principales compromisos figuran la instalación de 29 mil luminarias adicionales a las que ya existen, la construcción de ocho nuevas unidades deportivas en zonas marginadas, aumentar de 1,350 a 3 mil el número de policías en el municipio, a duplicar las áreas verdes de la ciudad, a regularizar la mitad de las colonias irregulares que hoy existen, y a continuar la pavimentación de las principales vialidades con concreto hidráulico.

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Un foco rojo electoral está gestándose en el municipio de Los Reyes de Juárez, donde el alcalde aliancista Manuel Herrera Ponce insiste en meter las manos en el proceso comicial a favor de su sobrino Orlando Ponce Rojas, del partido Movimiento Ciudadano.

Primero fue el condicionamiento del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades por parte de funcionarias municipales, lo que fue denunciado por las beneficiarias.

Ahora las cosas se han puesto más complicadas, pues integrantes del equipo de la Coalición 5 de Mayo aseguran que los seguidores de Puebla Unida y Movimiento Ciudadano destruyen y quitan la propaganda del priísta con el consentimiento del munícipe.

Hay más: el pasado domingo 9 de junio, a un acto del candidato del PRI-PVEM, Rafael Ramos Bautista, fue enviado un tráiler con publicidad del abanderado de Movimiento Ciudadano con el propósito de evitar la llegada de los seguidores priístas. Junto con la provocación, las personas que llevaban el vehículo retaron a golpes a los priístas, quienes les reclamaron por estacionarlo justo donde sería el acto de campaña de su abanderado. Afortunadamente, las cosas no pasaron a más y el tráiler fue colocado en otro lugar, aunque muy cerca del acto, en la plaza cívica.

Ahí está ya una tarea para el Instituto Estatal Electoral (IEE). Después no podrán argumentar que no hubo aviso de este riesgo.

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