Trascendidos de un jueves de mulas y panzones
Que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y los dirigentes estatales y municipales del PAN andan rete contentos, pues a 38 días de los comicios locales van arriba en cinco de los siete distritos de la capital del estado, y por supuesto en la elección de regidores y síndico.
Según sus encuestas elaboradas por la Consultora Opina, al día de hoy sólo tendrían perdido el distrito 16, donde la coalición Puebla Unida postuló al perredista Julián Rendón Tapia, y la alianza de 5 de Mayo al priísta Víctor Manuel Giorgana Jiménez.
En las otras seis demarcaciones del municipio de Puebla, el candidato de la coalición morenovallista que más ventaja saca a su contrincante del PRI y PVEM no es el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Rodríguez Álvarez, en el distrito 13, sino Susana Riestra Piña en el distrito 12 de Puebla.
Susana Riestra, cuya candidatura es apoyada por los dirigentes del SNTE y el Panal, tiene como contiende en su demarcación distrital a la priísta Sandra Montalvo Domínguez, a quien le lleva 13 puntos de ventaja.

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Que de un momento a otro se anunciará el acuerdo al que llegaron el gobierno municipal de Puebla y el Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla, Instituciones Paramunicipales y Organismos Públicos Descentralizados “Lic. Benito Juárez García” en torno a los dos emplazamientos a huelga que éste último promovió.
Los enterados aseguran que los términos de arreglo se pactaron el sábado por la noche durante una cena que el alcalde Eduardo Rivera Pérez ofreció en su casa al líder sindical Israel Pacheco Velázquez, y a otros singulares personajes de la coalición Puebla Unida.
El acuerdo, que se firmará en los primeros días de la próxima semana, incluye aumentos salariales y más de 200 bases para igual número de promovidos por el secretario general del sindicato del ayuntamiento, quien ahora podría hacerse el desentendido con los apoyos que prometió de sus agremiados a Enrique Agüera Ibáñez.
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El senador Javier Lozano Alarcón, que no precisamente se ha distinguido como un político o funcionario congruente entre su decir y hacer, tiene poca autoridad moral para exigir a otros transparencia sobre sus bienes.
Como secretario de Trabajo del gobierno calderonista, Lozano Alarcón no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales, como se puede observar en este documento tomado del Registro Nacional de Servidores Públicos.
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