Rodolfo Ruiz R.

¿Cómo será el gobierno de José Antonio Gali Fayad? ¿Qué tanto margen de operación y autonomía tendrá respecto al grupo del gobernador saliente Rafael Moreno Valle? ¿Habrá realmente continuidad o ésta sólo se dará en algunas áreas y aspectos?

Responder estas interrogantes no es fácil, pues hay elementos y factores que anticipan continuidad pero también rupturas, sobre todo en cuanto al trato y la forma de ejercer el poder y conducir la administración pública.

Otra cuestión que también dificulta este análisis es el reducido equipo de colaboradores del gobernador electo y que en la campaña política fue prácticamente marginado a tareas de segunda importancia por el grupo de estrategas y operadores del gobernador Moreno Valle.

De lo que sí hay certeza es que el gobierno de Gali Fayad será de 22 meses y que varios de los funcionarios que forman parte del proyecto morenovallista tienen garantizada legal y constitucionalmente su permanencia, entre ellos el titular de la Fiscalía General, Víctor Antonio Carrancá Bourget, y el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí.

El gobernador electo tampoco podrá cambiar algunos proyectos o dejar sin efecto algunas concesiones que rebasan por mucho su sexenio, a pesar de que se hayan asignado de manera discrecional y poco transparente a consorcios y empresas vinculadas a la familia Hank González o a los Abed Rouannet. Y eso, como puede suponerse, limitará o restringirá su margen de maniobra al frente del Ejecutivo.

Si, como se insiste, Moreno Valle le ofreció al senador Javier Lozano Alarcón —con el aval del candidato a la gubernatura de la coalición Sigamos Adelante— la titularidad de la Secretaría General de Gobierno (SGG), a cambio de que viniera a coordinar la campaña y se hiciera cargo de la vocería del CDE del PAN, entonces Gali Fayad también estará acotado en lo político.

El otro brazo político del estado, el Poder Legislativo, se encuentra controlado por morenovallistas puros como Jorge Aguilar Chedraui e Irma Patricia Leal Islas e impuros como Pablo Rodríguez Regordosa y su primo Francisco Rodríguez Álvarez, Sergio Moreno Valle Germán y José Domingo Esquitín Lastiri, por mencionar sólo algunos.

La LIX Legislatura del Congreso del estado responde y responderá más a los intereses del gobernador saliente que del gobernador entrante.

El Ayuntamiento de Puebla, que obedecía políticamente a Gali Fayad, es actualmente un órgano bicéfalo, pues hay funcionarios que todavía ven al gobernador electo como su jefe político y otros —los nuevos y los que llegarán en los próximos días— cuyas lealtades están con el presidente municipal sustituto, Luis Banck Serrato.

Si éste, como parece, es alentado a construir desde la alcaldía su propio proyecto político con miras a la gubernatura del 2018, Banck dejará de ser el subordinado y aliado que Gali Fayad imaginó, para convertirse sino en un rival, sí en un factor de poder que va a privilegiar más lo suyo que los proyectos del gobernador entrante.

Bajo esas circunstancias creo que resulta obvio que Gali Fayad será un gobernador acotado que, sin embargo, buscará dejar huella aunque solo tenga 22 meses para hacerlo.

En ese sentido creo que Gali Fayad no cederá más espacios en el gabinete que los ya comprometidos, de manera que los galistas se queden con las carteras de las secretarías de Finanzas, Infraestructura, Educación, Contraloría, Turismo, Salud, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural y Seguridad Pública.

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Que el senador Javier Lozano Alarcón será la carta del morenovallismo para la gubernatura de Puebla en los comicios del 2018, candidatura que éste comenzaría a preparar desde el 1 de febrero de 2017, una vez que rinda protesta como titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) en la minigubernatura de José Antonio Gali Fayad.

Que Los Sabios –apelativo que se usa para referirse a los morenovallistas puros que integran el cuarto de guerra de Gali Fayad: Eukid Castañón Herrera, Marcelo García Almaguer y Jorge Aguilar Chedraui— serán parte del próximo gabinete estatal o tendrán derecho a proponer a cuando menos un secretario o titular de dependencia.

Que José Roberto Grajales Espina, adscrito a la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya encabeza un grupo de magistrados para hacerse de la presidencia del Poder Judicial del estado el próximo año, en sustitución de Roberto Flores Toledano. Entre los magistrados que apoyarían la aspiración de Boby Grajales figuran varios de los nombrados en el actual sexenio como Alberto Miranda Guerra y Jared Albino Soriano Hernández.

Que la guapa regidora Silvia Alejandra Argüello de Julián cree que si Gali Fayad gana la gubernatura de Puebla, podría ser considerada como posible secretaria de Salud del estado, posición que también es ambicionada por Gabriel González Cossío como cuota del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Jorge Aguilar Chedraui.

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Ahora los dos tienen en la cloaca a sus familias

Los estrategas de Gali no han sabido administrar su ventaja

La contienda por la gubernatura de Puebla ha entrado en un callejón sin salida, en una cloaca que Blanca Alcalá Ruiz y José Antonio Gali Fayad quisieron evitar para no exponer a sus familias, pero en la que hoy están metidos como consecuencia de las campañas negras lanzadas por sus estrategas y operadores electorales.

Uno y otro se culpan de lanzar la primera piedra, pero lo cierto es que el detonante de estas mutuas acusaciones de enriquecimiento ilícito, acumulación de bienes no declarados, corrupción y simulación, fueron las supuestas “investigaciones periodísticas” en torno a la gasolinería de Blanca Alcalá y la constructora de la que es socia mayoritaria, dueña de edificios, casas y terrenos que no figuran en la declaración 3 de 3 que presentó al arrancar su campaña.

El revire de estos ataques se dio el miércoles y jueves en La Jornada y el viernes en Reforma con notas carentes de rigor periodístico sobre los restaurantes y bares de Gali Fayad y sus hijos, y el notable crecimiento de su fortuna a raíz de su nombramiento como secretario de Infraestructura del gobernador Rafael Moreno Valle.

La acción emprendida este domingo por Blanca Alcalá en la que —además de salir al paso de las acusaciones que hasta ahora le han lanzado y otras que, según ella, están por venir en contra de su esposo, madre y hermanos— emplaza a su contrincante de la coalición Sigamos Adelante a presentar su declaración 3 de 3 sin escudarse en declaraciones patrimoniales anteriores, a abrir las puertas de sus casas para que se contrasten las formas de vivir de uno y otro, y a someterse a la prueba del antidoping incluyendo a los integrantes de su núcleo familiar, sin duda cambiará el curso de la contienda en las cinco semanas que faltan para los comicios.

De entrada por que ahora José Antonio Gali tendrá que aclarar —ante los abiertos señalamientos de su contendiente de poseer departamentos en Miami y Acapulco, casas en el Centro Histórico y penthouse a nombre de sus hijos en los fraccionamientos Palmas y La Vista, y un jet privado, así como restaurantes, antros, centros y plazas comerciales— que su patrimonio personal y familiar es bien habido.

Lo ideal habría sido que Blanca Alcalá mostrará las pruebas de sus dichos sobre la riqueza patrimonial de la familia Gali López o que en la conferencia de prensa ella misma aceptara responder las dudas que existen en torno a su gasolinería y constructora.

Si uno y otro de veras están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, es necesario que lo demuestren abriéndose a los propios medios para que aclaren o justifiquen sus supuestas e inexplicables fortunas.

No se vale tirar la piedra y esconder la mano o que todas las denuncias de corrupción o de enriquecimiento ilícito se queden en el plano mediático o como anécdotas de campaña electoral.

Si el candidato de la coalición Sigamos Adelante quiere ganar los comicios del 5 de junio y no perder la ventaja que distintas encuestadoras le dan, no puede evadir el reto lanzado por su adversaria, y al que seguramente se sumarán otros candidatos y candidatas a la gubernatura de aquí al 12 de mayo en que se llevará cabo el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado.

Si Alcalá quiere mantener su imagen de política blanca y honesta también debe explicar lo que hasta ahora no ha querido explicar de manera abierta y franca.

Personalmente creo que los estrategas de Gali se equivocaron. En lugar de administrar la ventaja que ya tenían, se dedicaron a dañar la imagen y reputación pública de la abanderada del PRI, sin reparar que ésta se crecería ante la adversidad o que aparato federal saldría en su rescate.

El problema es que las consecuencias no las pagan ellos, sino el propio Gali que a estas alturas ya debería entender que personajes como el senador Javier Lozano Alarcón; el delegado del CEN del PAN, Marcelo García Almaguer; y su nuevo coordinador electoral, el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés, no sólo le restan sino que lo meten en conflictos y en campañas de guerra sucia que nunca ha querido emprender.

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Por Rodolfo Ruiz R.

En lugar apuntalar la campaña de su candidato a la gubernatura y de construir sobre sus cualidades y atributos una oferta atractiva para los electores, los morenovallistas se han dedicado a bloquear a sus oponentes.

Su intentona de dejar fuera de la contienda electoral a los candidatos y partidos que consideran críticos u opositores, sólo ha servido para desgastarlos y evidenciar sus debilidades.

El fallo definitivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que declaró infundados los agravios de los perredistas de Nueva Izquierda que impugnaron la designación del CEN del PRD a favor de Roxana Luna Porquillo es otro descalabro al morenovallismo y sus adláteres.

Y es que estos quieren ganar la contienda a la mala; es decir, no sumando votos y simpatizantes a Gali Fayad para que éste obtenga la mayoría, sino restando aliados a la priísta Blanca Alcalá Ruiz, como el Partido Encuentro Social (PES) o bloqueando a los críticos del régimen para que no aparezcan en la boleta electoral.

Lo intentaron con la perredista Roxana Luna y les falló, y ahora tratan de hacerlo con la expanista Ana Teresa Aranda para que no consiga su registro como candidata independiente, llevándose entre las patas al árbitro de la contienda: el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Lo peor de todo es que esas maniobras lejos de fortalecer la candidatura de Gali Fayad, generan una percepción de debilidad del grupo gobernante.

Si el expresidente municipal de Puebla es un buen candidato, que no carga con los negativos de Moreno Valle, por qué no explotar sus fortalezas y atributos; por qué maniatarlo con operadores que dañan su imagen o lo hacen aparecer como rehén del mandatario saliente, como Javier Lozano Alarcón, Marcelo García Almaguer o Eukid Castañón Herrera; para qué distanciarlo de Roxana Luna, Ana Teresa Aranda, Eduardo Rivera Pérez y otros actores políticos que tienen pleito con el gobernador Moreno Valle pero no con él.

Por qué no entienden que las elecciones son más un asunto de sumas que de restas.

Será que la soberbia los tiene cegados y con la brújula electoral perdida.

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Entre los panistas de Veracruz que apoyan a Miguel Ángel Yunes Linares hay confusión sobre los afectos políticos del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

No entienden cómo una de sus principales operadoras en Veracruz, la ex alcaldesa de Atzalan, Alba Leonila Méndez Herrera, renunció al PAN para ir como candidata del PT a la gubernatura.

Alba Leonila fue secretaria general del ayuntamiento panista de Teziutlán, Puebla.

La confusión estriba en que la otrora operadora morenovallista hoy fue impulsada por el gobernador priísta de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, como candidata del PT a sucederlo, con el claro propósito de fracturar o dividir al PAN de Miguel Ángel Yunes.

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Dante Delgado confirma que el MC jugará en 2016 con RMV

Nuevo revés del CEN del PRD a Moreno Valle por forzar alianza

Si los inminentes candidatos del PRI y el PAN a la gubernatura de Puebla fueran productos electorales, y sus operadores, coordinadores y estrategas de campaña su recipiente o envoltura de presentación, diríamos que la senadora Blanca Alcalá Ruiz muestra hoy mejor empaque.

La ex presidenta municipal de Puebla viene arropada no sólo por el equipo del dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el senador Emilio Gamboa Patrón, sino del secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong.

Este último le mandó a la senadora Alcalá para apoyarla en su estrategia de medios a la que fuera su ex directora de Comunicación Social en el estado de Hidalgo, la ex diputada federal Martha Gutiérrez Manrique. Sí, aquella que presidió la Comisión bicameral de Radio y Televisión y que ya le ganó a los morenovallistas y sus aliados una batalla cuando éstos trataron de impedir el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como directora del canal de televisión del Congreso de la Unión.

El presidente Enrique Peña Nieto ya también dejó en claro en su última visita a la entidad, en el marco de la inauguración del hospital de ortopedia Doctor y General Rafael Moreno Valle, que sus afectos en Puebla están con la senadora Alcalá y el PRI: “Perdóname, Gobernador, pero en ésta sí… no vamos juntos”. 

Pero además Peña Nieto le dio un mensaje casi de despedida “sé que está en la recta final de su administración”, cuando al gobernador aún le resta un año o 12 meses para concluir su sexenio.

El equipo del Ejecutivo estatal y del alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad también se ha reforzado con la llegada de un nuevo secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, en sustitución del desgastado Luis Maldonado Venegas, y el nombramiento del senador Javier Lozano Alarcón como vocero del Comité Directivo Estatal del PAN.

Diódoro Carrasco ha venido reuniéndose con distintos actores e intentado recomponer el complicado ambiente político y social que le heredó su antecesor. Pero la tarea ha resultado más compleja de lo que imaginó con los panistas, los perredistas, algunos organismos empresariales y organizaciones sociales. Ahora sí que la Secretaría General de Gobierno (SGG) se la dejaron muy enfermita.

Lozano Alarcón es sin duda un buen polemista, un hueso duro de roer, pero impopular en términos electorales. Puede ganar un debate y fijar con éxito una postura, pero una elección seguro la pierde, por lo que no se entiende qué puede sumarle a la campaña de Gali Fayad.

EN CORTO

La tarde de este domingo se confirmó, en el informe del alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, que hay sí hay acuerdo ente el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, y el gobernador Rafael Moreno Valle, de cara a las próximas elecciones locales.

Por esa razón, como se lo anticipé,  Ana Teresa Aranda comenzó a ser relegada por MC, y José Juan Espinosa se quedará en la presidencia municipal de San Pedro Cholula, pese a su interés de participar como candidato a la mini gubernatura de Puebla en 2016.

Según Dante Delgado, su partido no participará en los comicios locales de este año porque no sería competitivo ni tendría posibilidades reales de ganar, y porque lo que más le conviene es prepararse para el 2018 cuando seguramente jugará un rol determinante en la consecución de la alternancia política.

En el segundo informe de José Juan Espinosa, efectuado en el zócalo de Cholula, Dante Delgado y el gobernador Rafael Moreno se elogiaron mutuamente. El primero dijo que el Ejecutivo estatal ha realizado grandes obras a favor de Puebla y que sólo la miopía política impediría reconocerlo y Moreno Valle le devolvió el halago, pues dijo que Dante fue un gobernador exitoso de Veracruz y hoy es un líder partidista arriesgado, de avanzada y facilitador de consensos.

Al informe de José Juan Espinosa, quien también fue llenado de elogios por Dante Delgado y Moreno Valle, acudieron el subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, como representante del presidente Peña Nieto; la senadora Blanca Alcalá y el alcalde de Puebla, José Antonio Gali, quienes estuvieron muy saludadores; los senadores Lucero Saldaña y Javier Alarcón, el diputado Alejandro Armenta Mier;  el rector de la UPAEP Emilio José Baños Ardavín y el alcalde de Atlixco, José Luis Galeazzi.

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Vaya que los morenovallistas parecen encaprichados en la alianza del PAN con el PRD, pues no obstante haber perdido el Consejo Estatal se las ingeniaron para que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado (IEE) les admitiera un chocolate convenio de coalición.

Y no sólo eso: promovieron más de cien juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra el acuerdo de los consejeros perredistas del Frente de Izquierda Progresista (FIP) y Alternativa Democrática Nacional (ADN) que se pronunciaron  en contra de la coalición con el PAN.

El escándalo escaló hasta el presidente nacional del PRD, Agustín Basave Benítez, y el Comité Ejecutivo Nacional que resolvió atraer el proceso electoral de Puebla, para frenar la intromisión del gobernador Moreno Valle a través de sus operadores de Nueva Izquierda, y emitir una fe de erratas que invalidó el convenio de alianza que el secretario técnico Jonathan Jardines Fraire envío al INE y al IEE.

Dicha fe de erratas echa en definitiva no sólo la posibilidad de una alianza entre el PAN y el PRD, sino de una candidatura común en la persona de José Antonio Gali Fayad.

Y hasta la próxima.

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Rodríguez Perdomo nombró sin facultades a tres magistrados

En Colima Moreno Valle apoyó a MC, que ahora le paga el favor

Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), podría experimentar un rápido desgaste que merme su autoridad y termine inhabilitándolo al frente de ese órgano jurisdiccional antes de lo esperado.

Sus yerros no sólo se limitan al revés jurídico que la semana pasada le dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por haber designado —sin facultades— a una magistrada y por haber exonerado al senador Javier Lozano Alarcón de los delitos que lo inculpó el partido Movimiento Ciudadano en octubre del año pasado.

Rodríguez Perdomo fue reincidente en su ilegal conducta, pues nombró —usurpando atribuciones exclusivas del Senado de la República— no solo a una magistrada (María Luisa Rodríguez Bravo) sino a tres. El segundo fue Israel Argüello Boy, quien fungía como secretario general de Acuerdos del TEEP, y la tercera Karina Ruiz Granillo, quien era su asistente y después su secretaria instructora.

Los tres no sólo fueron designados magistrados por Rodríguez Perdomo, sino que al menos cobraron una quincena con ese carácter, lo que alguien podría considerar un delito por el daño que esos emolumentos pudieron haber causado al patrimonio del Tribunal.

Pero las irregularidades del magistrado presidente del TEEP no terminan ahí. Van desde su propio nombramiento, pues Ricardo Adrián llegó a la presidencia del órgano jurisdiccional al margen del reglamento interior del Tribunal, en concreto del artículo 8 que dice textualmente:

«El presidente durará en su cargo dos años y no puede ser reelecto para el periodo inmediato siguiente. Cada periodo dará inicio a partir de la designación como presidente y concluirá al segundo año de gestión».

Rodríguez Perdomo no puede argumentar borrón y cuenta nueva. Él era presidente del tribunal que fue renovado por el Senado y por lo tanto no podía ser reelecto como titular del mismo órgano electoral.

Por todo eso es que nuestro personaje ha comenzado a deslegitimarse como árbitro electoral, y eso que todavía no cumple un mes en el cargo.

¿Se imagina la que vendrá ahora cuando desde Casa Puebla le nombren al secretario general de Acuerdos?

EN CORTO

Cuentan los enterados que una de las razones por las cuales el partido Movimiento Ciudadano (MC) no postulará candidato a la gubernatura de Puebla, hay que ubicarla en lo ocurrido en las elecciones extraordinarias para gobernador del estado de Colima.

Y es que ahí el ejército de operadores del gobernador Rafael Moreno Valle no apoyó al candidato del PAN a la gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez, sino al abanderado de MC, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, quien quedó en tercer lugar con más del 13% de los sufragios, superando por mucho a la candidata del PRD, Martha María Zepeda del Toro, quien sólo obtuvo el 1.94% de la votación.

El tema tiene harto molestos a algunos panistas, no sólo porque el mandatario poblano ni siquiera se paró por Colima, sino porque sus operadores y una de sus incondicionales, la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides, no movieron un dedo a favor de Jorge Luis Preciado, y sí muchas manos para inflar la votación de Leoncio Morán.

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En septiembre del año pasado entraron en vigor reformas a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable, y la Ley de Vialidad del estado por las cuales se buscaba reducir la contaminación visual provocada por la saturación de anuncios espectaculares en carreteras estatales y vialidades de Puebla.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el entonces diputado local Eukid Castañón Herrera —y que se aprobó fast track en el Congreso del estado— los permisos para anuncios espectaculares en vialidades estatales como el Anillo Periférico, la Vía Atlixcáyotl o la Recta Cholula, ya no los otorgarían los ayuntamientos, sino la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT).

Esta acción tenía como propósito, se dijo en ese momento, regular y meter orden en los 1,759 anuncios espectaculares que se tenían detectados, frenar la expedición de nuevos permisos y retirar aquellas estructuras que de manera irregular —y con la complacencia o complicidad de autoridades municipales— se instalaron en 359 vialidades de la entidad poblana, provocando contaminación visual y riesgos para la población por estar ubicadas en sitios o zonas de riesgo de alta concentración.

A las empresas y dueños de estos anuncios se les dio un mes de plazo para que se regularizaran y corrigieran las estructuras que tuvieran fuera de norma o representaran un peligro para automovilistas y peatones. En declaraciones a El Sol de Puebla, Mario Rincón González, entonces titular de la SDRSOT, refirió que tres de cada 10 espectaculares localizados en 11 vialidades estatales de la zona metropolitana presentaban irregularidades.

A catorce meses de distancia, la situación lejos de corregirse ha empeorado por la colocación de nuevos espectaculares, incluso en áreas verdes o espacios públicos, en torno a los nuevos distribuidores viales que se han construido sobre la Vía Atlixcáyotl, la Avenida Las Torres y el Periférico Ecológico.

Pero con un agravante: Las empresas favorecidas —o toleradas por la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial— con nuevas estructuras o permisos que violan flagrantemente el capítulo VI de la Ley para la Protección del Ambiente Natural, están ligadas a influyentes personajes del gobierno morenovallista.

Entre ellos Marcelo García Almaguer, Eduardo Torres Chedraui, Gerardo Islas Maldonado y Sergio Riquelme Novoa.

¿Por qué si ya existía una evidente contaminación visual en Periférico Ecológico, Vía Atlixcáyotl, Bulevar Atlixco, Recta a Cholula, Cúmulo de Virgo, Zavaleta, Bulevar del Niño Poblano, Bulevar Forjadores y carretera federal a Valsequillo, se autorizaron entre 25 y 30 nuevos espectaculares?

¿No que la SDRSOT iba a meter orden y a regularizar los espectaculares ya existentes?

¿Por qué si la Ley dice que no puede haber anuncios de gran tamaño en áreas verdes o en espacios de vía pública, la SDRSOT no clausura los que se acaban de instalar en el distribuidor de la Vía Atlixcáyotl y la Prolongación de la Avenida Las Torres, con la imagen del senador Javier Lozano Alarcón; o las nuevas estructuras de Sergio Riquelme sobre el Periférico Ecológico y el Bulevar del Niño Poblano frente al centro comercial Angelópolis.

¿Por qué si la Ley establece una restricción de al menos 100 metros entre espectacular y espectacular, esta disposición no se respeta?

¿Por qué los ayuntamientos de Puebla, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y San Pedro Cholula no hacen valer la Ley y clausuran los nuevos espectaculares que no sólo violan la Ley sino que carecen de permiso?

¿O a poco el alcalde José Antonio Gali Fayad autorizó el que se construye sobre la banqueta en la esquina del Bulevar 5 de mayo y la 43 Oriente?

¿Verdad que no?

¿No que nadie por encima de la Ley?

Sí, como no.

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¿Se imagina usted al senador Javier Lozano Alarcón como candidato del PRD a la gubernatura de Puebla en el 2016 o como contrincante en una interna del partido del sol azteca con el también senador poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta?

Pues aunque usted no lo crea hay quien sí y no sólo eso: mandó a medirlo a través de una encuesta estatal contratada a la empresa Covarrubias y Asociados que lo incluyó en una lista de aspirantes a suceder al gobernador Rafael Moreno Valle en Casa Puebla.

En la relación de aspirantes a la mini gubernatura aparecen también la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el ex alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, del PRI; el senador perredista Luis Miguel Barbosa y el activista y académico Abraham Quiroz Palacios, por el partido Morena.

Pero lo interesante del caso es que Covarrubias y Asociados no evaluó a Lozano Alarcón como abanderado del PAN a la gubernatura, o del PRI, partido en el que también militó antes de 2006, sino como perredista.

No crea que se trata de un error o equivocación del encuestador. Para nada.

En el cuestionario de 26 reactivos al que tuvo acceso este reportero el nombre del polémico senador morenovallista figura en al menos 5 preguntas, dos tarjetas y dos boletas electorales simuladas que se muestran al entrevistado, como futuro candidato del PRD a la gubernatura.

Aquí las evidencias.

Absurdo, ¿verdad?

A ciencia cierta desconozco cuál es la intención de medir a Lozano Alarcón no sólo como aspirante a la gubernatura o posible candidato del partido del azteca a la gubernatura de Puebla, sino como contrincante del propio alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad en los comicios locales del 2016.

¿Acaso se trata de una burda maniobra de ir sembrando el nombre del polémico legislador —que pasó de distinguido priísta a furibundo panista en menos de una década—, para posicionarlo en la mente de los ciudadanos o los votantes?

¿A poco Covarrubias y Asociados ya se presta a la manipulación electoral disfrazada de encuestas push poll?

¿Quién es el patrocinador de esta encuesta y con qué malsano propósito?

Cualquiera que sea el caso, el ejercicio demoscópico seguramente demostrará lo que todo mundo sabe en Puebla: que Lozano Alarcón es un político fanfarrón y arrogante que no ganaría una elección ni siquiera en el edificio residencial donde vive en Puebla.

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Este martes Javier Casique Zárate se despidió de la Coordinación de Asesores que tenía en la Lotería Nacional para integrarse de tiempo completo al equipo de campaña de Enrique Doger Guerrero a la gubernatura de Puebla.

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Este jueves 40 alumnos del tercer semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla se quedaron con una pésima impresión del senador Javier Lozano Alarcón, a quien habían contactado para que les hiciera un recorrido por la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

El legislador panista les dijo, vía telefónica, que no podía recibirlos pues estaría en Francia la semana pasada y la que corre atendiendo compromisos del Senado de la República.

Los estudiantes le creyeron, pero resulta que hoy que fueron al Senado, en la visita guiada que les hizo Blanca Alcalá Ruiz por el edificio de Reforma e Insurgentes Centro, se toparon con Lozano Alarcón y éste ni se inmutó.

Blanca Alcalá en cambio se dio el lujo de atender a estos alumnos y otros que también llegaron de la ciudad de Puebla pertenecientes a la Universidad Madero.

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El próximo viernes 30 de octubre se presentará en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP el libro del politólogo José Antonio Crespo La Trilogía de la Conquista, obra que versa sobre anécdotas, sucesos y relatos en torno al descubrimiento, conquista y evangelización de América.

El libro será presentado por el autor y comentado por el politólogo César Cansino y el historiador Rogelio Jiménez en la Sala Lúdica de la Librería del CCU a las 17:45 horas.

La Trilogía de la Conquista es una obra ubicada en la llamada historia anticuaria que permite conocer de manera clara y profunda cómo eran las costumbres e ideas tanto de los europeos como de los aborígenes americanos en ese tiempo, referidas en dichos y anécdotas de lo que se conoce como el choque de civilizaciones.

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Juan Enrique Huerta Wong y Rosa María Lechuga Morales, de la UPAEP, ganaron el tercer lugar del Quinto Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública con el trabajo ¿Desastre después del desastre? Desarrollo Social y gestión del riesgo en zonas de huracanes.

El premio fue organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, con la participación de 67 concursantes.

Se sabe que el primer lugar lo obtuvo el trabajo La deuda subnacional en México y su vínculo con la transparencia presupuestaria, y el segundo la investigación La fábrica de la (des-)confianza ciudadana: las percepciones cambiantes de la integridad electoral en México.

Los autores de estos no se conocen, pues los participantes tuvieron que registrarse con pseudónimos.

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Urge que Moreno Valle abra el gabinete a nuevos aspirantes

Hersilia Córdova sí será candidata a diputada del PRI-PVEM

Ahora que el gobernador Rafael Moreno Valle hará cambios en su gabinete ante la eventual postulación de al menos tres de sus secretarios como candidatos a diputados federales, bien debería considerar la posibilidad de ampliar su abanico de prospectos a sucederlo en los comicios locales de 2016.

De no hacerlo así corre el riesgo de jugarse todo a una sola carta o de dejar demasiado expuesto al presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, a quien obligará por las circunstancias a hacer demasiadas concesiones a los grupos y partidos políticos que lo respaldarían, antes de su nominación en enero de 2016.

A diferencia de lo que ocurre con el PRI, donde no hay claridad sobre quién podría ser el candidato o candidata en el 2016, en el PAN las cosas parecen ya definidas a favor del alcalde capitalino, haya o no reformas a la Constitución Política del estado respecto a la duración del próximo periodo gubernamental.

De los tres secretarios que saldrán del gabinete para ir en busca de una diputación federal de mayoría o representación proporcional —Juan Roberto Moya Clemente, José Cabalán Macari Álvaro y Mario Rincón González—, se ve difícil que alguno de ellos pueda crecer en el ánimo de los electores poblanos, al grado de llegar a convertirse en una especie de Plan B para la sucesión gubernamental.

Con Cabalán Macari se intentó cuando pasó de la Secretaría de Administración a la Secretaría de Infraestructura, pero el proyecto jamás cuajó.

De los secretarios que continuarían en el gabinete habría que descartar a la mayoría, en primera instancia por su falta de arraigo, porque no son poblanos, ni cuentan con la ciudadanía. Y, en segundo término, porque los que sí son poblanos –Antonio Gali López, Bernardo Huerta Couttolenc y Facundo Rosas Rosas-, carecen de militancia panista y punch electoral.

Para el gobernador Moreno Valle y el propio Gali Fayad sería saludable que panistas como el senador Javier Lozano Alarcón; el exdelegado del IMSS, Francisco Fraile García; el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez; o la diputada federal María Isabel Ortiz Mantilla fueran incorporados al gabinete.

El primero seguramente haría mejor papel que Bernardo Huerta en la Secretaría de Transportes, que Cabalán Macari en la Secretaría de Infraestructura o Héctor Antonio Alcudia Goya en Puebla Comunicaciones, amén de que en automático asumiría el rol de aspirante a la gubernatura.

Francisco Fraile bien podría ser secretario de Salud, después de su paso por la Delegación del IMSS; y Eduardo Rivera o Marisa Ortiz seguramente podrían hacer mejor papel que Mario Rincón en la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, dada la poca o nula experiencia de éste en asuntos ambientales, metropolitanos, urbanísticos y agropecuarios.

En el contexto de la sucesión gubernamental y la necesaria protección que Gali Fayad requiere de aquí a enero de 2016, Moreno Valle podría obtener más beneficios de estos personajes panistas que de un priísta como Fernando Morales Martínez o un fuereño como Diego Corona Cremean, quien además proviene de las filas del PRI y de Convergencia.

Para lograr retener la gubernatura, el morenovallismo arriesga de más apostándose sólo a la carta del presidente municipal en funciones, faltando un año para la nominación de candidatos y sin una red de protección que lo blinde de potenciales ataques del PRI y otros actores políticos.

De ahí que el gobernador tendría que valorar con motivo de los ajustes y la reingeniería en su gabinete, la conveniencia de construir una o do alternativas adicionales y sumar a otros grupos panistas, antes de que estos se organicen para jugarle abiertamente las contras o sean cooptados por sus adversarios.

El caso de Ana Teresa Aranda es ilustrativo y podría no ser el único si, en el corto y mediano plazos, las cosas se mantienen igual, o si los panistas que cobijaron a Moreno Valle tras su salida del PRI siguen excluidos de la toma de decisiones y de los órganos de dirección del blanquiazul; marginados de los cargos de elección popular o excluidos del gabinete por hijos de ex gobernadores priístas o fuereños provenientes de otros partidos.

EN CORTO

De los cinco distritos federales en los que el PRI y el PVEM van en coalición en el estado de Puebla, todo indica que los únicos que serán para militantes del partido del tucán son el 9 y el 15 y que los favorecidos con la nominación serán el presidente del Comité Directivo Municipal de Puebla, Óscar Jesús Parra Tay, y la diputada local por Tehuacán Geraldine González Cervantes.

En los otros tres distritos los candidatos serán de dulce, chile y manteca, pues por el 11 de Puebla se perfila la panista Ana Teresa Aranda Orozco, por el 12 de Puebla el priísta Víctor Manuel Giorgana Jiménez, y por el 13 de Atlixco la antorchista Hersilia Córdova Morán.

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