LA CORTE DE LOS MILAGROS

Veracruz, acoso a la libertad de expresión

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Un gobernador que no se ha distinguido por su tolerancia a la crítica y por respetar la libertad de expresión y a los periodistas que la ejercen es el veracruzano Javier Duarte Ochoa, cuya administración está hoy en el ojo del huracán tras la detención de dos tuitteros de aquella entidad bajo los cargos de terrorismo y sabotaje.

Si bien es cierto que María de Jesús Bravo Pagola, una operadora priísta cercana al ex gobernador Fidel Herrera, y el profesor de matemáticas Gilberto Martínez Vera se excedieron en las redes sociales al difundir rumores y mensajes en los que atribuían al crimen organizado ataques armados y secuestros de escolares, también es innegable que las autoridades veracruzanas se han extralimitado en este y otros casos.

En efecto, esta no es la primera vez que la Procuraduría General de Justicia del estado acusa —sin sustento— a comunicadores de delitos graves, como el de ciberterrorismo que tiene en la cárcel a los tuitteros del puerto de Veracruz  o de colusión y contubernio con bandas de narcotraficantes.

El pasado 27 de julio el procurador Reynaldo Escobar Pérez ofreció una conferencia de prensa sobre las indagatorias que seguía la dependencia a su cargo para esclarecer el crimen de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz del diario Notiver —y a quien atribuyó nexos con el narco— y ahí anunció que los reporteros de la fuente policiaca del puerto jarocho serían sujetos de investigación por los posibles vínculos de varios de ellos con la delincuencia organizada.

Tal advertencia provocó el desmantelamiento de la guardia nocturna de varios diarios y la huida de cinco reporteros policiacos, ante la presunción de que en cualquier momento podrían ser detenidos y consignados después de las declaraciones del gobernador Duarte y el procurador Escobar.

Otro periodista asesinado en la gestión de Javier Duarte es Noel López Olguín, colaborador de varios medios de comunicación del sur del estado. Sus restos mortales fueron hallados el pasado 1 de junio, tres meses después de que sus familiares reportaron su desaparición luego de haber recibido una llamada telefónica en su domicilio del municipio de Jáltipan.

La organización Reporteros sin Fronteras reveló, antes de que López Olguín apareciera sin vida, que Alejandro Castro Chirinos, alias El Dragón, capturado el 30 de mayo en Coatzacoalcos, había confesado su participación en el asesinato del comunicador y que entre las cosas halladas al delincuente estaba la cámara fotográfica de quien fuera su víctima.

Un periodista que se suma a la lista de asesinados es Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela, y quien fuera acribillado —según las autoridades policiacas del estado— por Juan Carlos Carranza Saavedra, El Ñaca.

Hasta ahora este delincuente —señalado como el autor intelectual y material del crimen del columnista de Notiver— y por el cual la Procuraduría veracruzana ofrece una recompensa de 3 millones de pesos, sigue prófugo a pesar de ser un “sujeto con un largo historial delictivo en el puerto de Veracruz”.

Como puede observarse, el de los tuitteros veracruzanos no es caso aislado de intolerancia y autoritarismo por parte del gobierno de Javier Duarte, que suele actuar por revanchismo político en contra de enemigos políticos y periodistas críticos a su administración, a los que castiga retirándoles la publicidad oficial.

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Otro gobernador que no canta mal las rancheras en materia de respeto a la libertad de expresión y tolerancia a la crítica es el de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, quien habría adquirido hace unos cuatro meses un sofisticado equipo de espionaje fabricado en Israel y que habría sido introducido al país de manera ilegal en el Antonov AN124, el segundo avión de carga más grande del mundo, que aterrizó el pasado 7 de abril en el aeropuerto Hermanos Serdán de Huejotzingo.

Según el columnista Iván Tirzo, de El Sol de Puebla, el radar adquirido por la gestión morenovallista es un equipo de alta tecnología, del tamaño de una mesa de centro de sala, y con capacidad para intervenir todas las llamadas telefónicas, de celular y nextel en la ciudad de Puebla y zona metropolitana, que estaría siendo operado por Héctor Arrona, titular del Centro de Análisis y Prospectiva (CAP) de la Secretaría General de Gobierno.

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Simón dice:

“Existe una tentación extremadamente sutil y peligrosa de confundir la paz con la simple ausencia de guerra, como estar tentados de confundir la salud con la ausencia de enfermedad, o la libertad con el no estar preso. La terminología es a veces engañosa. Por ejemplo, la expresión ´coexistencia pacífica´ significa ausencia de guerra y no verdadera paz.”

Dominique Pire (1910-1969) Sacerdote y sociólogo belga


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