* Mantenerlo no será una señal de debilidad, sino de encubrimiento

* Ponen candados al PRI para las coaliciones y los avala

Difícilmente el gobernador Rafael Moreno Valle anunciará a su regreso de vacaciones el cese de Facundo Rosas Rosas como secretario de Seguridad Pública del estado, a pesar de las evidencias que implican a éste en el robo y protección de una banda dedicada a la venta de combustible extraído ilegalmente de los ductos de Pemex que cruzan la entidad.

Motivos para sustituir a Facundo Rosas no le deben faltar al mandatario estatal, pero se rehusará a hacerlo –al menos en el corto plazo– para no dar una señal de debilidad frente a sus críticos y adversarios políticos en la recta final del sexenio.

Sin embargo en el pecado puede llevar la penitencia ahora que han comenzado a filtrarse o develarse hechos que involucran a mandos policiacos no solo con el robo de combustible, sino con la protección de casinos ilegales, la trata de blancas o personas, el robo de vehículos y autopartes, y la protección de redes del crimen organizado.

La permanencia de Facundo Rosas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puede enviar a los ciudadanos un mensaje peor que el que Moreno Valle busca evitar sacándolo de su gabinete.

El gobernador podría no parecer débil dejando a Facundo Rosas, pero se mostraría insensible ante el reclamo social que exige que ese tipo de conductas policíacas de colusión y complicidad con la delincuencia organizada se sancionen con todo el peso de la ley o, peor aun, como encubridor de funcionarios policiacos corruptos, abusivos o ineficientes.

Lo peor que le puede ocurrir a Puebla es perder la seguridad que tiene en comparación con otros estados del país, varios de ellos colindantes.

Y el camino más corto para hacerlo es la impunidad, es decir, no hacer lo necesario para que los delincuentes y sus cómplices –y más si son policías de alto rango– sean castigados.

Puede que Facundo Rosas nada tenga que ver con las operaciones ilícitas de sus subordinados Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, pero nadie podrá quitarle la responsabilidad de haberlos contratado ni de haberlos promovido a uno como director de la Policía Estatal y a otro como jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la SSP.

EN CORTO

Uno de los mayores desaciertos del PRI en la discusión y aprobación de las recientes reformas constitucionales en materia electoral fue haber avalado que los partidos nacionales de nueva creación no puedan coaligarse o postular un candidato común en las elecciones para gobernador de Puebla del año entrante.

A diferencia de lo ocurrido en los comicios locales de 2013, donde se permitió que partidos primerizos estatales como Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI) pudieran suscribir alianzas electorales o registrar candidatos impulsados por otros partidos, esta posibilidad se cerró en 2016.

Los enterados aseguran que esta prohibición tenía clara dedicatoria para el PRI, pero también para el partido de Andrés Manuel López Obrador: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Para el PRI porque le canceló la posibilidad de buscar un acuerdo electoral con los pastores de las iglesias cristianas, que son los principales impulsores del Partido Encuentro Social (PES), que en las recientes elecciones federales del 7 de junio logró amarrar su registro al obtener más del 3% de la votación nacional.

Y para Morena porque le obliga a participar solo en las elecciones para la minigubernatura del año entrante. Morena se convirtió en las recientes elecciones federales en la tercera fuerza política de la entidad, y en los comicios locales del año entrante podría aspirar a algo más encabezando un frente amplio de partidos de izquierda con el PRD y Movimiento Ciudadano, además de otras organizaciones.

En la sesión del 9 de julio donde se aprobaron por unanimidad las reformas y adiciones a la Constitución del estado no dejó de llamar la atención el voto a favor de los legisladores del grupo parlamentario del PRI.

Pero sobre todo que ninguno de ellos subió a tribuna para inconformarse con el segundo párrafo de la fracción V del artículo 4 de la Constitución del estado que textualmente dice: El partido político nacional o local que participe por primera ocasión en una elección local no podrá formar frentes, coaliciones o fusiones, ni postular candidaturas en común.

La duda es: ¿por qué antes si y ahora no? ¿Será porque los partidos estatales que giran en torno al morenovallismo ya brincaron esta condición?

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Un gobernador que no se ha distinguido por su tolerancia a la crítica y por respetar la libertad de expresión y a los periodistas que la ejercen es el veracruzano Javier Duarte Ochoa, cuya administración está hoy en el ojo del huracán tras la detención de dos tuitteros de aquella entidad bajo los cargos de terrorismo y sabotaje.

Si bien es cierto que María de Jesús Bravo Pagola, una operadora priísta cercana al ex gobernador Fidel Herrera, y el profesor de matemáticas Gilberto Martínez Vera se excedieron en las redes sociales al difundir rumores y mensajes en los que atribuían al crimen organizado ataques armados y secuestros de escolares, también es innegable que las autoridades veracruzanas se han extralimitado en este y otros casos.

En efecto, esta no es la primera vez que la Procuraduría General de Justicia del estado acusa —sin sustento— a comunicadores de delitos graves, como el de ciberterrorismo que tiene en la cárcel a los tuitteros del puerto de Veracruz  o de colusión y contubernio con bandas de narcotraficantes.

El pasado 27 de julio el procurador Reynaldo Escobar Pérez ofreció una conferencia de prensa sobre las indagatorias que seguía la dependencia a su cargo para esclarecer el crimen de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz del diario Notiver —y a quien atribuyó nexos con el narco— y ahí anunció que los reporteros de la fuente policiaca del puerto jarocho serían sujetos de investigación por los posibles vínculos de varios de ellos con la delincuencia organizada.

Tal advertencia provocó el desmantelamiento de la guardia nocturna de varios diarios y la huida de cinco reporteros policiacos, ante la presunción de que en cualquier momento podrían ser detenidos y consignados después de las declaraciones del gobernador Duarte y el procurador Escobar.

Otro periodista asesinado en la gestión de Javier Duarte es Noel López Olguín, colaborador de varios medios de comunicación del sur del estado. Sus restos mortales fueron hallados el pasado 1 de junio, tres meses después de que sus familiares reportaron su desaparición luego de haber recibido una llamada telefónica en su domicilio del municipio de Jáltipan.

La organización Reporteros sin Fronteras reveló, antes de que López Olguín apareciera sin vida, que Alejandro Castro Chirinos, alias El Dragón, capturado el 30 de mayo en Coatzacoalcos, había confesado su participación en el asesinato del comunicador y que entre las cosas halladas al delincuente estaba la cámara fotográfica de quien fuera su víctima.

Un periodista que se suma a la lista de asesinados es Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela, y quien fuera acribillado —según las autoridades policiacas del estado— por Juan Carlos Carranza Saavedra, El Ñaca.

Hasta ahora este delincuente —señalado como el autor intelectual y material del crimen del columnista de Notiver— y por el cual la Procuraduría veracruzana ofrece una recompensa de 3 millones de pesos, sigue prófugo a pesar de ser un “sujeto con un largo historial delictivo en el puerto de Veracruz”.

Como puede observarse, el de los tuitteros veracruzanos no es caso aislado de intolerancia y autoritarismo por parte del gobierno de Javier Duarte, que suele actuar por revanchismo político en contra de enemigos políticos y periodistas críticos a su administración, a los que castiga retirándoles la publicidad oficial.

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Otro gobernador que no canta mal las rancheras en materia de respeto a la libertad de expresión y tolerancia a la crítica es el de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, quien habría adquirido hace unos cuatro meses un sofisticado equipo de espionaje fabricado en Israel y que habría sido introducido al país de manera ilegal en el Antonov AN124, el segundo avión de carga más grande del mundo, que aterrizó el pasado 7 de abril en el aeropuerto Hermanos Serdán de Huejotzingo.

Según el columnista Iván Tirzo, de El Sol de Puebla, el radar adquirido por la gestión morenovallista es un equipo de alta tecnología, del tamaño de una mesa de centro de sala, y con capacidad para intervenir todas las llamadas telefónicas, de celular y nextel en la ciudad de Puebla y zona metropolitana, que estaría siendo operado por Héctor Arrona, titular del Centro de Análisis y Prospectiva (CAP) de la Secretaría General de Gobierno.

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Simón dice:

“Existe una tentación extremadamente sutil y peligrosa de confundir la paz con la simple ausencia de guerra, como estar tentados de confundir la salud con la ausencia de enfermedad, o la libertad con el no estar preso. La terminología es a veces engañosa. Por ejemplo, la expresión ´coexistencia pacífica´ significa ausencia de guerra y no verdadera paz.”

Dominique Pire (1910-1969) Sacerdote y sociólogo belga

* Enrique Agüera ampliará la matrícula de la BUAP

* Rafael Moreno Valle, ¿orgullosamente poblano?

 Desde hace cuatro o cinco meses comenzaron a circular por internet una serie de correos anónimos, algunos de ellos dirigidos a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, advirtiéndole sobre los antecedentes de algunos funcionarios que recién habían llegado o estarían por ser contratados en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Algunos de estos correos —que se acompañan de notas aparecidas en medios locales y foráneos— dan cuenta de los supuestos vínculos o antecedentes de ciertos funcionarios policíacos del municipio y el estado con personajes del crimen organizado o con testigos protegidos de la PGR en casos de narcotráfico.

Los mails son prolíficos en información acerca de los antecedentes y nexos que mantienen o han mantenido quienes en los últimos cinco años se han desempeñado como jefes policíacos de Puebla, tanto en la esfera federal, como estatal y municipal.

Un detalle que llama la atención, más allá de la veracidad de tales mensajes electrónicos, es que varios de los funcionarios señalados ya dejaron de laborar en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), como subordinados de Andrés Vicente Ruiz Celio, quien apenas el jueves fue condecorado, en el Campo Marte número 1, como uno de los generales retirados con más experiencia dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre ellos los siguientes: el expolicía federal Mario Alberto Blancas Salazar, a quien el general Ruiz Celio nombró secretario particular; el exministerio público federal Gerardo Moreno Veloz, designado jefe de asesores en la SSPTM; el expolicía de la AFI, Efrén Camacho Morales, en quien recayó la coordinación de Grupos Especiales (Táctico e Inteligencia); y el exdirector de Seguridad Pública de Pachuca, Mauricio Delmar Saavedra, nombrado secretario técnico.

Otro detalle, no menos interesante, es que algunos de los referidos mails han salido o han sido reenviados desde cuentas electrónicas de algunos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

El propósito no está muy claro, pues a ciencia cierta no se sabe si tales correos tenían el objetivo de advertir a la alcaldesa de los antecedentes y vínculos de algunos funcionarios contratados por el general Ruiz Celio; si éstos son consecuencia de una venganza política o resultado del llamado fuego amigo entre jefes policíacos; o si, como se dice en uno de los mails, son parte de una guerra entre cárteles por la plaza de Puebla.

De ahí la conveniencia de que la presidenta Alcalá o el general Ruiz Celio expliquen cómo llegaron estos policías a Puebla, quién los recomendó, por qué se les contrató, aunque sea de manera temporal, y cuáles fueron las razones por las que muchos de ellos dejaron de laborar en noviembre o diciembre en el gobierno municipal.

Las dudas matan.

 INTRAMUROS

A continuación le presentó algunas gráficas de la encuesta realizada por GEA-ISA en la primera quincena de diciembre y que dan cuenta del potencial de Ana Teresa Aranda como posible abanderada a la presidencia municipal de Puebla y de la intención del CEN por convencerla para que acepte dicha postulación.

La ventaja que saca a sus compañeros de partido: Humberto Aguilar Coronado y Eduardo Rivera Pérez es considerable, tanto en opiniones positivas como en intención de voto.

Mientras el 51% de los encuestados panistas respondió que Ana Teresa Aranda Orozco es la figura que más les gustaría para ser la candidata a la presidencia municipal de Puebla, el 22% contestó que Humberto Aguilar, y sólo el 11% que Eduardo Rivera.

Esta situación se repitió, en la misma proporción, aunque no en los mismos porcentajes, entre los electores de la capital del estado que respondieron la misma interrogante.

 EN CORTO El rector Enrique Agüera Ibáñez anunciará este lunes un ambicioso programa por el cual aumentará el número de aulas universitarias y escuelas preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en varios municipios de la entidad.

Dicho programa no sólo resolverá la demanda de preparatorias que enfrenta el gobierno del estado y la Secretaría de Educación Pública en diferentes regiones de la entidad, sino que ampliará la matrícula estudiantil en beneficio de quienes menos tienen.

Las preparatorias y aulas universitarias que se abran, en un modelo de corresponsabilidad con los gobiernos estatal y municipales, funcionarán como extensiones de las actuales unidades académicas de la BUAP, dado que serán las que lleven el soporte académico de los nuevos planteles.

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Será a mediados o finales de febrero cuando se conozcan los resultados de la tercera revisión anual practicada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a la gestión del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez.

Con la auditoría 2009, la BUAP será una de las tres instituciones públicas de educación superior más auditadas por el máximo órgano fiscalizador del país, dependiente del Congreso de la Unión.

Esta tercera revisión fue solicitada por el propio rector Agüera a finales del 2008.

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La campaña Orgullosamente poblano emprendida por el senador Rafael Moreno Valle Rosas y algunos seguidores suyos del Partido Acción Nacional, con el propósito de contrastar el origen chiapaneco de Javier López Zavala, podría resultar no muy efectiva y hasta contraproducente.

Y es que los operadores del aún secretario de Desarrollo Social del estado podrían responder esa campaña haciendo pública un acta de nacimiento que revelaría que Rafael Moreno Valle tampoco es oriundo de Puebla, sino del Distrito Federal.

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Dos noticias legislativas que poco han trascendido en el ámbito local son el nombramiento del diputado federal Fernando Morales Martínez, como presidente de la Comisión de Protección Civil, y del coordinador de la bancada priísta poblana, Juan Carlos Lastiri Quirós, como miembro de la codiciada Comisión Mixta Interparlamentaria México-Unión Europea.

La primera comisión, que tiene carácter de especial y no de permanente, cobra relevancia por el hecho de que el gobernador Mario Marín Torres es también el coordinador de la Comisión de Protección Civil en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La Comisión Mixta Interparlamentaria México-Unión Europea la integran siete diputados de todos los partidos, y Juan Carlos Lastiri es uno de los tres priístas que forman parte de ella. Los otros dos son: la presidenta del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel y el exdirigente nacional del Movimiento Territorial, Carlos Flores Rico.

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Simón dice:

«El crimen hace iguales a todos los contaminados por él».

Marco Anneo Lucano (39-65) Escritor latino.

Blanca Alcalá Ruiz sigue deshojando la margarita sobre el sustituto de Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Muchos son los nombres que a la presidenta municipal de Puebla le han propuesto, sin que ninguno termine de convencerla.

Su proveedor de equipo y cámaras de seguridad pública, Víctor Díaz Palacios, primero trató de sostener a Hidalgo Vigueras y luego, cuando se percató de que la alcaldesa estaba decidida a cambiarlo, le propuso a Isidro González Blanco, ex secretario de Seguridad Pública de Pachuca, Hidalgo, de quien se cuentan macabras historias vinculadas con la protección de bandas del crimen organizado.

Otro personaje recomendado por Díaz Palacios ––y también por el regidor Humberto Vázquez Arroyo y el ex director de la Policía Judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán–– es Fernando Fierro Aldana, exjefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Fierro Aldana fue acusado, en su paso por la AFI, de filtrar información privilegiada a los cabecillas del comercio y la producción de piratería en la zona de la CAPU y “La Cuchilla”, para evitar que éstos fueran detenidos o sufrieran decomisos millonarios de mercancía ilegal.

El actual director de Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, es otro de los prospectos para quedarse en el lugar de Hidalgo Vigueras.

Su principal detractor, como es de suponerse, es el propio Hidalgo Vigueras.

Alonso García tiene el apoyo del secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, y de los regidores priístas Enrique “Kío” Chávez Estudillo y Humberto Vázquez Arroyo.

Un cuarto candidato para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es Ludivino Mora Tejeda, quien ya ocupó esa cartera en la gestión de Enrique Doger Guerrero.

La opción de Ludivino fue llevada al escritorio de la presidenta municipal de Puebla por su secretario de Desarrollo Social, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, y por el coordinador de los regidores priístas, Jorge René Sánchez Juárez.

En contra de Ludivino juega su cercanía con personajes nos gratos al marinismo, como el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Una quinta alternativa, que también es promovida por el ex secretario de Seguridad Pública Municipal y actual regidor del ayuntamiento Humberto Vázquez, es Wilfrido Robledo Madrid, excomisionado de la Agencia de Seguridad Estatal en el Estado de México.

Robledo dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto en febrero de 2007, enmedio de acusaciones de abusos policíacos en contra de campesinos de San Salvador Atenco en mayo de 2006, y de nepotismo al emplear a su hijo Mario Robledo Segura como subdirector de los cuerpos auxiliares del Estado de México.

Su llegada al gobierno del Edomex tampoco fue tersa, pues estuvo precedida de cuestionamientos por una inhabilitación que le hizo la Secretaría de la Función Pública por la adquisición irregular de helicópteros en la Policía Federal Preventiva, de la cual fue titular en el gobierno de Vicente Fox Quezada.

A lista de candidatos hay que agregar el nombre de Carlos Briones Pérez, ex director de Vialidad Municipal en la gestión de Mario Marín Torres.

Briones es impulsado por el exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto.

Sus posibilidades parecen remotas por la fama que lo precede entre los agentes de tránsito del municipio de Puebla y el estado, quienes lo llaman “El Cocodrilo”, en alusión a las “mordidotas” que suele propinar a sus víctimas.

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Simón dice:

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez, cantante estadounidense.

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