La iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que pone tope a los oligopolios televisivos y de telefonía y garantiza la apertura del sector a la competencia incluso internacional, es sin duda un avance que debe aplaudirse, pues recoge una de las demandas más sentidas del pasado proceso electoral.

Sin embargo tampoco hay que echar las campanas a vuelo y desvivirse en elogios, pues hay que esperar los detalles y las letras chiquitas, por los cuales suele colarse el diablo. Hay que analizar qué pasa con la iniciativa en el Congreso, qué ajustes le hacen los diputados y senadores, en especial los integrantes de la llamada telebancada, y cómo vienen las leyes secundarias o reglamentarias.

Y algo no menos importante: cómo y quiénes integrarán el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco), que serán los órganos encargados de aterrizar esta reforma. Si sus miembros o comisionados no son especialistas en la materia ni personas de reconocida trayectoria y solvencia moral, sino producto de cuotas partidistas, estos entes podrían resultar tan decepcionantes como el Instituto Federal Electoral.

La autonomía no es suficiente y —como ya se demostró con el IFE— tampoco es garantía de eficacia, eficiencia o de una independencia real de los partidos y poderes fácticos.

Como quiera que sea, no hay que regatear méritos a esta trascendente iniciativa, resultado de los acuerdos del presidente Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, con las cúpulas del PAN y el PRD en el marco del Pacto por México. Pero es importante poner atención en los detalles y en aquellos asuntos clave, como las atribuciones que tendrán las nuevas agencias reguladoras de la competencia y las telecomunicaciones en México.

La Cofeco y el Ifetel serán responsables de regular el mercado de las telecomunicaciones y la televisión, de abrirlo a la competencia y de procurar que estos cambios cumplan con el ABC de la reforma en ciernes; asegurar cobertura universal para que los servicios de televisión, radio, telefonía y datos lleguen a todo el país; buenos precios y tarifas competitivas a nivel internacional y; calidad en servicio y en contenidos.

A la Cofeco se le confiará el reto de encarar y acabar con las empresas oligopólicas, que de manera legal o encubierta concentran más del 50% del mercado, como América Móvil de Carlos Slim Helú —que controla Telmex y Telcel— y Grupo Televisa de Emilio Azcárraga Jean, que domina el mercado de la televisión abierta y privada.

El Ifetel, por su parte, se encargará de operar la licitación de las dos nuevas cadenas nacionales de televisión, de otorgar y revocar concesiones, de sancionar a aquellos concesionarios que no cumplan la reforma constitucional o violenten las leyes reglamentarias y de evitar la concentración de frecuencias en un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, tareas que más tarde que temprano los llevarán a enfrentarse con los poderes fácticos de los grandes consorcios, como Televisa y TV Azteca.

Siendo sinceros, pocos, pero muy pocos, creíamos que Peña Nieto haría en sus primeros 100 días de gestión lo que Felipe Calderón Hinojosa y el PAN no hicieron en uno o dos sexenios: defenestrar a Elba Esther Gordillo como cacique del SNTE y acotar el poder de Televisa —su gran aliada mediática en las pasadas elecciones—, que concentra el 70% del mercado de televisión abierta y el 60% del mercado de televisión de paga.

Y eso es digno de reconocimiento, no de celebración, al menos hasta que la reforma se apruebe en los términos que este lunes se anunció y se conozcan los detalles acerca de cómo los mexicanos contaremos con más canales de televisión y nuevas opciones en telefonía y telecomunicaciones que contribuyan a la democratización, apertura y pluralidad de los medios de comunicación y noticiosos que utilizan estas plataformas tecnológicas.

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En el penal de San Miguel hay un empresario que ya también goza de privilegios o de un trato preferencial del propio director del Cereso. Se trata de Eduardo Rivera Santamaría, quien ya cuenta con una habitación privada en el área de Visita Íntima, desde la cual atiende sus asuntos y sostiene amenas pláticas con el director del reclusorio Juan Roberto Montes Romero y el subdirector José Francisco Otero Méndez.

Su condición de privilegio es tal que funcionarios de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública que en las últimas dos semanas realizaron tres visitas de inspección al penal de San Miguel ni siquiera lo molestaron.

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Simón dice:

“Modestamente, la televisión no es culpable de nada. Es un espejo en el que nos miramos todos, y al mirarnos nos reflejamos.”

Jaime de Armiñán (1935-?) Escritor español.

Funcionarios de la Secretaría de Finanzas y proveedores de la Secretaría de Salud de Puebla que estuvieron involucrados en muchas de las transas hechas durante el sexenio de Mario Marín Torres con la compra de equipo y mobiliario médico, ropa e instrumental hospitalario, medicamentos y reactivos de laboratorio, han encontrado en los gobiernos de Veracruz y Tlaxcala tierra fértil para continuar sus pingües negocios.

Tal es el caso del empresario Rafael Zabalza Beraza, quien sigue haciendo de las suyas, pero ahora en complicidad con funcionarios de los Servicios de Salud de Veracruz, donde le acaban de adjudicar un contrato por 26 millones 203 mil pesos por la adquisición de equipo médico y de laboratorio para el programa PRONAREMI.

En la amañada licitación pública internacional LPI-103T00000-003-12 participaron tres empresas: una en la que él aparece como representante legal y otras dos de las cuales los dueños o socios son empleados o prestanombres suyos.

El fallo, como se imaginará, fue para su empresa Biotecnología CADO SA de CV, en la que Rafael Zabalza figura como principal accionista y representante legal.

Pronto le daré más detalles de esta oscura licitación —cuya convocatoria se publicó el 27 de diciembre de 2012, en plenas vacaciones decembrinas—, así como los nombres de los funcionarios de Salud de Veracruz implicados en esta operación con recursos públicos federales.

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Otro personaje que también está metido en sucios negocios con la compra de insumos y materiales de oficina, alimentos para hospitales y reactivos de laboratorio para el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala es Jorge Capiz Jasso, ex funcionario de la Coordinación General de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas de Puebla.

El ex funcionario marinista se desempeña en la actualidad como director de Adquisiciones Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor del gobierno de Tlaxcala.

En el gobierno de Mariano González Zarur, Jorge Capiz es un personaje con mucho poder e influencia, pues es responsable de autorizar las compras y contratos importantes de prestación de servicios de las diferentes dependencias y organismos centralizados de la administración pública estatal.

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Ahora que Elba Esther Gordillo está en la picota y algunos secretarios seccionales del SNTE andan muy nerviosos por las posibles investigaciones que pudieran derivarse del manejo de cuotas sindicales y fondos públicos canalizados a través de su organización, han comenzado a surgir voces que reclaman una auditoría al programa de becas Ignacio Zaragoza.

En Puebla se iban a entregar 500 becas a igual número de estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas de todo el estado.

Cada beca consistía en un apoyo económico de 10 mil pesos que se pagaría en una sola exhibición a los mejores alumnos de tercero a sexto de primaria, y de primero a tercero de secundaria, que aplicaran y fueran seleccionados por el Consejo de Premiación Mixto que se integró con representantes de la SEP y el SNTE.

Los beneficiados con las becas Ignacio Zaragoza se iban a publicar el 22 de junio de 2012 en lugares visibles de las SEP, las 19 Cordes y las oficinas de la secciones 23 y 51 del SNTE, lo que no siempre ocurrió.

Lo lamentable es que varios alumnos que supuestamente obtuvieron la beca jamás pudieron cobrarla por las trabas y largas administrativas que les dieron a sus padres.

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Simón dice:

“El dinero es la llave que abre todas las puertas.”

Molière (1622-1673) Comediógrafo francés.

Uno podría ir a la alcaldía y el otro al Congreso del estado

Definirá Consejo Nacional perredista alianza con el PAN

Ahora que el PAN ya definió de manera interna que José Antonio Gali Fayad sea su candidato a la presidencia municipal de Puebla —lo que se hará oficial en los próximos días—, la pregunta más recurrente en los corrillos políticos de la capital del estado es quién será el abanderado del PRI.

Como aquí lo he señalado, en la puja final por la nominación del candidato del partido tricolor a la alcaldía poblana ya sólo quedan dos aspirantes: el rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, y el empresario José Chedraui Budib. Los restantes cuatro sólo son una cortina de humo.

A la pregunta: ¿quién de los dos será el designado?, debo responder con toda claridad que no tengo ninguna certeza, aunque sí la impresión de que ambos serán candidatos: uno a la presidencia municipal y otro a diputado local con el compromiso de la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, siempre que el PRI gane la mayoría parlamentaria.

¿Quién será qué?

Tampoco lo sé, aunque tengo mis fundadas sospechas de que la decisión de la dirigencia nacional priísta de atrasar la nominación de su abanderado obedece a dos circunstancias. Una es dar oportunidad a que el empresario que coordinó en Puebla el comité de financiamiento de Enrique Peña Nieto siga creciendo en conocimiento e intención de voto, para acortar la ventaja que le saca el rector de la BUAP en las encuestas.

La segunda hipótesis es que la supuesta indecisión del PRI en realidad tiene que ver con una labor de persuasión hacia Enrique Agüera Ibáñez para que acepte ir como candidato a diputado, garantizándole incluso la primera posición en la lista de plurinominales así como la coordinación del grupo parlamentario o la presidencia del órgano de gobierno de la próxima legislatura.

Creo, con base en información de primera mano, que todavía se está en proceso de convencer a Enrique Agüera de renunciar a la BUAP para ser registrado como candidato al Congreso del estado y que esta situación, y no otra, es la verdadera causa de la dilación priísta.

Debo aclarar que lo anterior no significa que José Chedraui será el elegido. No. Lo que digo es que el empresario es el favorito de Los Pinos y de algunos actores del grupo gobernante.

Desde mi perspectiva, el segundo escenario también podría darse, pero a la inversa. Es decir, que Enrique Agüera presidiera la planilla de regidores y síndico de la coalición PRI-PVEM y José Chedraui fuera nominado a una diputación con la promesa de coordinar la bancada priísta en la LIX Legislatura del Congreso local.

De lo que sí estoy seguro es que el PRI no desaprovechará el trabajo de posicionamiento de ambos actores, dado el interés mostrado por recuperar el gobierno de la capital y la reñida competencia que se vislumbra con el PAN morenovallista y su candidato a la alcaldía, José Antonio Gali.

Entre los elementos que me llevan a plantear las circunstancias arriba planteadas destacan las siguientes:

Las recurrentes declaraciones tanto del delegado del CEN del PRI, Fernando Moreno Peña, como de la secretaria general Ivonne Ortega Pacheco, en el sentido de que el candidato de su partido no lo definirán las encuestas, pues no siempre los punteros en estos estudios demoscópicos son los que ganan las elecciones.

El insistente argumento de que el PRI no necesariamente se inclinará por el aspirante más conocido o más posicionado, sino por el que reúna el mejor perfil y garantice la mayor rentabilidad electoral.

La pertinaz tesis de que al PRI no le corre ninguna prisa, pues tiene hasta abril para registrar a su abanderado, amén de que hacerlo ahora anularía los efectos y consecuencias electorales del Elbazo en Puebla.

La confidencia del delegado del CEN, Fernando Moreno Peña, de que al candidato a la alcaldía no lo definirán los grupos locales, sino el presidente de la República y sus operadores políticos y electorales.

Y el hecho de que el empresario José Chedraui, lejos de ser reconvenido para que cese en su actividad proselitista, ha sido convocado, junto con el rector Enrique Agüera, a reunirse en privado lo mismo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que con el presidente y la secretaria general del CEN del PRI, César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega, respectivamente, para pedirles mantengan la unidad y eviten golpes bajos entre sí.

EN CORTO

Será en la sesión de Consejo Nacional del PRD, prevista para el próximo sábado 16 de los corrientes, cuando se defina finalmente si este partido hará o no alianza en Puebla con el PAN.

En principio existe un acuerdo entre el gobernador Rafael Moreno Valle y su candidato a la alcaldía poblana, José Antonio Gali, para que los perredistas de Nueva Izquierda se sumen a una coalición con el PAN.

Sin embargo, tal acuerdo se ha complicado por la negativa de dos corrientes que, aunque minoritarias, pueden igualar los votos de Los Chuchos: Izquierda Democrática Nacional (IDN), encabezada por René Bejarano Martínez y Alternativa Democrática Nacional (ADN) comandada por el senador Luis Sánchez Jiménez.

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Simón dice:

“Que siempre por señales o razones se suelen descubrir las intenciones.”

Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533-1594) Escritor español.

Frente al descrédito que hoy viven algunas figuras políticas cuya carrera se hizo al amparo de la defenestrada Elba Esther Gordillo Morales, un grupo de maestros comenzó operaciones para echar de la dirigencia estatal del Partido Nueva Alianza (Panal) al empresario y publirrelacionista Gerardo Islas Maldonado.

Entre los maestros que saldrán a pedir la cabeza de Gerardo Islas anote al secretario de Vivienda de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Felipe Neri Morán Álvarez, quien hace un par de años abandonó las filas del PRI tras la imposición de Fernando Morales Martínez como dirigente estatal de la CNOP.

En la actualidad, Felipe Neri se desempeña además como vicepresidente del Movimiento de Organizaciones Sociales Unidas de Puebla (Mosup), que agrupa a diferentes asociaciones de colonos y vendedores de mercados, como el Jorge Murad, y de tianguis, como La Piedad Nacozari, así como a profesores disidentes del PRI, locatarios y vendedores de mercados semifijos y sobre ruedas.

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Otra prueba más de que El Yunque perdió ya el control del Comité Directivo Estatal del PAN, y que éste lo tiene hoy el gobernador Rafael Moreno Valle, está en las funciones que realizan dentro de la estructura del partido los diputados federales Rafael Alejandro Micalco Méndez y Néstor Octavio Gordillo Castillo, presidente y secretario de Elecciones, respectivamente.

A decir de algunos miembros y empleados de la dirigencia estatal panista, Rafael Micalco ha delegado el control de la operación política, electoral y de organización del Comité Directivo Estatal del partido en su homólogo Néstor Gordillo, para convertirse en una especie de gerente general o director administrativo.

En la práctica, el ex secretario de Desarrollo Social y operador electoral del gobernador Moreno Valle —desde que éste era secretario de Finanzas en el sexenio de Melquiades Morales— es quien se encarga de las funciones sustantivas del PAN, incluso por encima de los secretarios general, David Vázquez Matamoros, y de Organización o Fortalecimiento Interno, Félix Hernández Hernández.

Entre éstas, la integración y constitución de nuevos comités y estructurales municipales, y de selección de posibles candidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, tareas que antes eran de la competencia de la Presidencia, la Secretaría General y la Secretaría de Fortalecimiento Interno.

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La Sindicatura del ayuntamiento de Puebla ha comenzado a negociar con las autoridades de San Andrés Cholula y con algunos regidores y diputados locales un proyecto que pondría fin a los interminables conflictos territoriales entre ambos municipios.

El proyecto en cuestión contempla dividir, a partir de la traza de algunas vialidades, el territorio de los 8.5 kilómetros del polígono en conflicto, para que cada municipio se quede con 4.3 kilómetros cuadrados.

Según la propuesta del síndico Ernesto Bojalil Andrade, el límite entre la ciudad de Puebla y San Andrés Cholula lo marcarían dos vialidades: el boulevard del Niño Poblano y su prolongación hasta la Calzada Zavaleta, y la autopista Atlixcáyotl.

El territorio del municipio de Puebla abarcaría la parte Nororiente de estas vialidades, es decir Plaza Milenium, el Centro Integral de Servicios, el Centro Comercial Angelópolis, el Parque del Arte, el Auditorio Siglo XXI, San José Vista Hermosa, Estrellas del Sur y Santa Cruz Buenavista, entre otros.

En tanto que San Andrés se quedaría con el polígono ubicado al Surponiente de estas vialidades, como la Universidad Iberoamericana y los Centros y Plazas Comerciales ubicados en la parte de atrás, como Mazarik, Vía del Ángel, Geo Villas Atlixcáyotl, La Concepción, Morillotla, La Cañada y Santa Cruz Guadalupe.

De las 35 colonias y fraccionamientos comprendidos en la zona en disputa 20 se quedarían en San Andrés y 15 en Puebla.

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Simón dice:

“Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio.”

Nicolás Maquiavelo (1469-1527) Historiador, político y teórico italiano.

Javier Filiberto Guevara González ya perdió la oportunidad de repetir como presidente municipal de Izúcar de Matamoros, pero ahora también podría perder la honra si los presidentes municipales priístas de su distrito deciden denunciar la extorsión de que están siendo víctimas, en complicidad con el auditor privado Alberto Valiente Flores y funcionarios de la Auditoría Superior del estado de Puebla.

El martes 19 de febrero, el diputado federal citó en las oficinas del bufete contable Valiente y Asociados —ubicadas en la esquina que forman las calles Reforma y Niño Perdido, en el Centro de Izúcar de Matamoros— a una decena de ediles y directores de sistemas de agua potable para decirles que tenían problemas con sus cuentas públicas, pero que él podía ayudarlos.

Les habló de su experiencia, de sus relaciones y nexos con algunos diputados de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, de la cual había sido integrante en la LVIII Legislatura del Congreso del estado.

A la reunión sólo llegaron los presidentes de Huaquechula, Chila de las Flores, Chietla, Jolalpan y Tepexco, así como el director del Sistema Operador de Agua Potable de Izúcar de Matamoros.

Junto con el auditor Alberto Valiente les mostró documentos de la Auditoría, entre ellos algunos pliegos de observaciones y cargos emitidos por esta instancia del Poder Legislativo por deficiencias en la comprobación de gastos de sus cuentas públicas del ejercicio 2011.

Y ya cuando creía haberlos asustado les dijo que para ayudarlos tenían que entregarle entre 150 mil y 300 mil pesos para que el Bufete Valiente y Asociados se empleara a fondo y algunos integrantes de la Comisión Inspectora, como el diputado priísta Ernesto Leyva Córdova —mejor conocido como Neto Chinantla— emitieran los dictámenes liberándolos de cualquier responsabilidad.

Los presidentes municipales no reaccionaron como Filiberto Guevara habría esperado, al menos el de Tepexco, Fortino Alvarado Ortega, quien le dijo que tenía muy poca madre, pues ya en las elecciones federales le había pedido dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto y ahora volvía extorsionarlo.

Con menos beligerancia otros munícipes también se quejaron de la supuesta asesoría del Bufete Contable y los montos que ahora se les pedían y que resultaban similares, en algunos casos, a las observaciones y cargos pendientes.

Esta no es la primera vez en la que el diputado Filiberto Guevara se ve envuelto en escándalos vinculados con el manejo y aprobación de cuentas públicas.

En enero del año pasado, el ex presidente municipal de Atlixco, el priísta Eleazar Pérez Sánchez, acusó al legislador federal de presionarlo para que su cuenta pública fuera dictaminada favorablemente en la Comisión Inspectora, a la cual éste pertenecía antes de pedir licencia para contender por una diputación federal.

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Este domingo en la Arena México se llevará a cabo la Asamblea Nacional del PAN, y es muy probable que en ella vuelvan aparecer mantas como las que se colocaron aquí el lunes pasado en diversos puentes y vialidades en contra de la alianza con el PRD y la posible nominación de ex priístas como José Antonio Gali Fayad y Jorge Aguilar Chedraui. 

Fuentes dignas de crédito aseguran que los panistas que se manifestarán en contra la alianza PAN-PRD no sólo son de Puebla sino de otras entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala e Hidalgo.

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El próximo jueves 14 de los corrientes a las 19 horas en el auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP se presentará el libro “Maximino Ávila Camacho, El ejercicio absoluto… del poder” del periodista Rigoberto Cordero y Bernal, director del Centro de Estudios Históricos de Puebla.

Se trata de un texto de 297 páginas que compila las principales historias de los últimos 40 años de este general revolucionario, que gobernó la entidad de 1937 a 1941, y fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno de su hermano, el presidente Manuel Ávila Camacho.

El libro será comentado por Armando Prida, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión y el decano del periodismo en Puebla, Manuel Sánchez Pontón.

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Simón dice:

“La magnitud de las cantidades de dinero parece variar en modo notable según hayan de ser pagadas o cobradas.”

Aldous Huxley (1894-1963) Novelista, ensayista y poeta inglés.

Si algo demostró la detención de Elba Esther Gordillo es que siempre es más importante la voluntad de poder que los discursos y propuestas que sólo se quedan en el terreno de las buenas intenciones, o del debe ser, cuando se trata de acotar los poderes fácticos y combatir los excesos y latrocinios de políticos, funcionarios y caciques sindicales corruptos.

Peña Nieto no esperó a que el Congreso le aprobara su Comisión Nacional Anticorrupción para destronar a unos de los íconos de la corrupción y el chantaje político en México. Tampoco tuvo necesidad de reformas constitucionales para llevar a prisión a quien, por la vía del chantaje electoral y los amagos de paros y marchas magisteriales, tenía secuestrado el sistema educativo nacional.

Bastó que el presidente de la República tomara la decisión de investigar y procesar a la lideresa del SNTE para que, a menos de cien días de haber asumido el gobierno, se confirmara lo que todos en el país sabíamos: que el Elba Esther, junto con una camarilla, se robaba el dinero procedente de las millonarias cuotas sindicales para construir su imperio.

La defenestración de la maestra fue contundente y eficaz, y la coordinación que demostraron la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría y las secretarías de Gobernación y Educación para detenerla, acreditarle los delitos de desvío, lavado de dinero y delincuencia organizada, y para desactivar cualquier reacción violenta de sus huestes y aliados, es digna de elogio.

Sin embargo, me parece que ahora lo trascendente será asegurar que esta acción de poder no acabe en un mero acto propagandístico de legitimación de la figura presidencial, o de restauración del modelo presidencialista basado en el principio juarista de “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas».

En este contexto, la sociedad organizada no sólo debe encontrar mecanismos institucionales que obliguen al presidente Enrique Peña a cumplir su promesa de que no habrá intocables en su sexenio, sino de presionar a las autoridades para que su política de saneamiento de la vida pública se amplíe a otros actores, empresas y poderes fácticos.

De más está mencionarlos. Están en la boca de todos.

Peña Nieto y sus secretarios están obligados a proceder contra ellos, sin excusas ni pretextos como los del tibio secretario de Hacienda del calderonismo, Ernesto Cordero, o del mentecato dirigente nacional panista, Gustavo Madero, en el sentido de que nunca vieron nada raro en las cuentas de la Gordillo o que nunca pudieron procesarla por falta de denuncias o fallas en las averiguaciones.

Pero aún más importante que eso, es que la sociedad exija al gobierno que los fraudes hallados en la triangulación y desvío de recursos del SNTE, y en el lavado de dinero y uso indebido de cuotas sindicales, no se personalicen sólo en la figura de Elba Esther Gordillo.

La ex lideresa del SNTE no actuó sola. Tuvo cómplices de muy alto nivel, y no sólo los que fueron detenidos con ella. Otros copartícipes de sus presuntos ilícitos son Francisco Arriola Urbina —el padre de su hija, la senadora Mónica Arriola Gordillo—, quien, con o sin cartera en el SNTE, manejaba los multimillonarios fondos del sindicato; y el actual presidente del Consejo Nacional de la organización, Juan Díaz de la Torre.

Si las indagatorias no se extienden a los operadores financieros, políticos y electorales de la maestra, el Elbazo corre el riesgo de convertirse en un Quinazo o Jongitudinazo; es decir, en un golpe de timón dirigido contra dirigentes sindicales incómodos para destronarlos y sustituirlos por otros dóciles o alineados a los intereses del presidente en turno.

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¿Qué influyente aspirante a un importante puesto de elección popular se casó por lo civil la semana pasada en La Vista Country Club, ante un muy selecto grupo de amigos de él y su pareja?

Un tip: el nuevo matrimonio se fue de luna de miel a Playa Carmen, en espera de mejores noticias.

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Simón dice:

“El arte de agradar es el arte de engañar.”

Marqués de Vauvenargues (1715-1747) Moralista francés.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Este jueves estará en Puebla la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Ivonne Ortega Pacheco.

Oficialmente acudirá a una reunión de evaluación con las estructuras del partido, con el delegado del CEN, Fernando Moreno Peña, y el delegado presidente del CDE del PRI, Pablo Fernández del Campo Espinosa.

Oficialmente también ofrecerá una conferencia de prensa y analizará los perfiles de algunos aspirantes a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado de municipios y distritos estratégicos.

Sin embargo, la misión trascendente de la visita de Ivonne Ortega será otra.

Transmitir que la dirigencia de su partido ya decidió finalmente quién será su abanderado a la alcaldía de Puebla en las elecciones del primer domingo de julio de este año.

Esta noticia será comunicada, en persona, por la ex gobernadora de Yucatán a dos de los interesados durante una reunión privada, a la cual —por cierto— ya fueron convocados y en la que, finalmente, se develará el ungido, que tendrá la difícil encomienda de recuperar para al PRI la presidencia municipal de la cuarta capital más importante del país.

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Un personaje que ya comenzó a despedirse de la Secretaría de la cual es titular, y a la que llegará como su sucesor José Cabalán Macari Álvaro, es José Antonio Gali Fayad, quien sí será el candidato del grupo gobernante a la presidencia municipal de Puebla.

Gali podría dejar la Secretaría de Infraestructura a finales de esta semana o durante la próxima.

En esta dependencia, responsable de la ejecución de la obra pública de la administración estatal, el gobernador Rafael Moreno Valle sí nombrará titular y no encargado de Despacho, como ocurrirá en otras secretarías de las que sus titulares saldrán para ser candidatos a diputados al Congreso del estado.

A José Antonio Gali lo reemplazará Cabalán Macari, quien dejará la Secretaría de Administración, que pasará a depender del secretario de Finanzas, Roberto Juan Moya Clemente.

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Simón dice:

“El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros.”

Ambrose Bierce (1842-1914) Escritor estadounidense.

Su nominación deja en claro que el Yunque ya no tiene control sobre el PAN

Consejo Nacional de PRD decidirá finalmente alianza en Puebla

Cuatro son las lecturas que pueden hacerse de la inminente nominación de José Antonio Gali Fayad a la presidencia municipal de la capital, después de que este domingo, en Casa Puebla, se reveló que el secretario de Infraestructura encabeza las preferencias electorales como posible abanderado del PAN o de una eventual coalición en la que también participarían el PRD, el Panal y el partido estatal Compromiso por Puebla.

1. El PAN optó por el pragmatismo

La decisión del PAN de postular, en lugar de un militante suyo, al aspirante más competitivo de los cuatro que al final buscaron la nominación, es a todas luces pragmática, considerando los antecedentes priístas de José Antonio Gali y los nexos de algunos de sus familiares con partidos diferentes al blanquiazul. Su hijo José Antonio Gali López es diputado local del PRD y su yerno Elías Abaid Kuri, diputado del PVEM. Además, su concuño, Jorge Estefan Chidiac, fue secretario de Finanzas del CEN del PRI.

Gali también tiene parientes panistas, como su sobrino Oswaldo Jiménez López, quien fue secretario del Comité Directivo Municipal de PAN en la capital, y es hermano del secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, Miguel David Jiménez López.

2. El Yunque perdió el control del PAN

Otra conclusión que se desprende de la inminente nominación del secretario de Infraestructura del estado es que El Yunque ya perdió el control de las estructuras del partido y de los órganos de dirección a través de los cuales se definían los candidatos del PAN a los principales cargos de elección popular en la capital del estado.

Ahora el gran elector del PAN en la ciudad de Puebla no es esta agrupación sino el gobernador Rafael Moreno Valle.

En este proceso interno, los dirigentes yunquistas apostaron por el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Francisco (Franco) Rodríguez Álvarez, y luego por el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del estado, Pablo Rodríguez Regordosa, quienes fueron ampliamente superados en las encuestas por José Antonio Gali y el secretario de Salud, Jorge Fouad Aguilar Chedraui.

3. La ausencia de cuadros del PAN

Algo que también evidenció el proceso interno panista fue la ausencia de sus figuras históricas o representativas, quienes se automarginaron o fueron excluidas. Ana Teresa Aranda fue vetada por el gobernador Moreno Valle, pese a ser la militante más conocida y con mayor potencial de voto.

Otros miembros del PAN que se mantuvieron al margen de la contienda interna fueron los ex senadores Jorge Ocejo Moreno y Humberto Aguilar Coronado; el ex subsecretario de Desarrollo Social y ex candidato a la presidencia municipal de Puebla, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, y el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Francisco Fraile García.

Debido a esta situación, el único panista que participó y fue evaluado, tanto por el gobernador Rafael Moreno Valle como por los integrantes de la Comisión Tripartita nombrada por el CEN del PAN para organizar y conducir el proceso interno, fue Pablo Rodríguez Regordosa.

4. No habrá negociación

Una cuestión final que también deja en claro la postulación de José Antonio Gali es que el gobernador Moreno Valle no se dejará ganar en las elecciones del primer domingo de julio, por lo que si el PRI quiere recuperar la presidencia municipal de Puebla tendrá que mandar a un candidato altamente competitivo.

Aun sin ser miembro del PAN, el secretario de Infraestructura es un aspirante bien evaluado por los electores de la capital del estado, al contar con un nivel de conocimiento casi 60% y una intención de voto cercana al 40% entre aquellos que manifiestan conocerlo, números que lo convierten en un candidato con alto potencial de crecimiento frente a cualquiera de los priístas mejor evaluados en los estudios demoscópicos contratados por Casa Puebla y el PAN.

EN CORTO

Para evitar que lo ocurrido en el estado de Veracruz —donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ratificó la decisión del Tribunal local de anular la “Gran Alianza por Ti”— se repita en otras entidades, los perredistas llevarán a su Consejo Nacional el tema de las coaliciones con el PAN en varios estados, Puebla entre ellos.

El Consejo Nacional del PRD podría efectuarse el viernes 8 o el sábado 9 de marzo en el Distrito Federal.

La decisión final sigue siendo de pronóstico reservado, pues aunque el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y su candidato a la alcaldía poblana, José Antonio Gali Fayad, han conseguido el apoyo de los dirigentes de Nueva Izquierda, existen otros grupos dentro del PRD —con presencia en la Comisión Política Nacional y en el Consejo Nacional— que se oponen a una eventual alianza con el PAN.

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El miércoles pasado llegó a la redacción de varios medios informativos un anónimo donde se relatan algunas anomalías en las que incurre el nuevo delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Juan José Tapia González, entre las que destacan su hora de entrada a las oficinas después de las once de la mañana, su negativa a recibir al personal del organismo y su decisión de delegar algunas funciones administrativas y operativas a personas que oficialmente carecen de nombramientos, como Alfredo Soto Baena.

Tales denuncias son en buena medida ciertas, pero hay que ubicarlas en el contexto del enfrentamiento que libran los funcionarios recién llegados con los que dejó la anterior delegada de la CDI, Luz María Ivón Gutiérrez Vázquez, quien actualmente está siendo sujeta de una auditoría por observaciones en el proceso de entrega-recepción e inconsistencias en la aplicación de recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (Pibai) durante 2012.

Entre los funcionarios que le están complicando las cosas al nuevo delegado, quien por cierto se desempeñó como secretario de Desarrollo Social de Miguel Ángel Osorio Chong en el gobierno de Hidalgo, figuran el coordinador administrativo, Óscar Rodríguez Valencia, y una de sus principales asistentes, Jazmín Atempan; la jefa de Operación, Josefina Calvo Cortés; y el jefe del Pibai, Otilio Romo.

Otra cuestión verídica es el trato grosero y descortés del nuevo delegado y su administrador hacia el personal de la Delegación, y su desacato al artículo 9 del Reglamento Sobre el Consumo del Tabaco, que prohíbe fumar en edificios públicos o privados al servicio de la Federación, así como su negativa de acatar la instrucción de la coordinadora general de Administración y Finanzas de la CDI, Rosalba Delgadillo Ugalde, en el sentido que el horario de los trabajadores eventuales y de confianza es de 8:30 a 15:30 horas, según oficio de fecha 8 de febrero de 2013.

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Simón dice:

«Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella.»

Montesquieu (1689-1755) Escritor y político francés.

El descalabro político sufrido por el gobernador Rafael Moreno Valle a partir del “Gordillazo” acabó por derrumbar el ánimo de los perredistas nacionales ante la posibilidad de impulsar una alianza electoral con el PAN, la cual ya venía decayendo semanas antes de la detención de la madrina del mandatario poblano.

Los ánimos se congelaron a tal grado que Los Chuchos, de Nueva Izquierda —los más entusiasmados con la posibilidad de una alianza—, ya dejaron de insistir con los dirigentes y representantes de otras corrientes —como Izquierda Democrática Nacional (IDN) y Alternativa Democrática de Nacional (ADN)— que integran la Comisión Política Nacional del PRD.

Otros factores que han mermado el ímpetu de Los Chuchos —Jesús Zambrano Grijalva y Jesús Ortega Martínez— son la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz de anular la coalición “Gran Alianza por Ti”, constituida por el PAN y el PRD en esa entidad, y el trato prepotente que el gobernador Moreno Valle y algunos de sus operadores políticos han mostrado para negociar el reparto de candidaturas a presidencias municipales y diputaciones en el Congreso del estado.

A decir de algunos perredistas, el gobernador había manifestado, antes de la aprehensión de Elba Esther Gordillo, poca disposición para asegurar al PRD un mínimo de tres curules en la próxima legislatura y tres regidurías en el Cabildo de Puebla, así como la posibilidad de encabezar algunas planillas de regidores y síndico en municipios representativos de la entidad.

Ahora que el escenario político del gobernador Moreno Valle se modificó, quizás su posición sea distinta y de mayor apertura. El problema es que el ánimo de algunos perredistas proclives a la coalición con el PAN también ha perdido intensidad, a pesar del entendimiento y disposición que algunos de ellos habían encontrado con el secretario de Infraestructura del estado y virtual candidato de la alianza en ciernes a la alcaldía poblana, José Antonio Gali Fayad.

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Si la intención de voto del Partido Nueva Alianza (Panal) en la entidad y la capital del estado apenas arañaba el 2%, lo más probable es tras el escándalo de corrupción en que se encuentra su fundadora, Elba Esther Gordillo Morales, por el desvío de cuotas sindicales del SNTE en su propio beneficio, ese porcentaje difícilmente crecerá.

De ahí que resultan más que comprensibles las opiniones de algunos panistas sobre la necesidad de reconsiderar la integración del Panal a la alianza PAN-PRD, cediéndole algunos distritos y presidencias municipales, cuando en realidad tendría problemas hasta para obtener el 2% de la votación estatal.

Con el “Gordillazo”, el Panal podría incluso quitarle votos a la alianza, lo que en un escenario de alta competencia electoral sería muy riesgoso, sobre todo cuando el SNTE dejará de funcionar como movilizador electoral en contra del partido del presidente Enrique Peña Nieto.

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Simón dice:

“La soberbia nunca baja de donde sube, porque siempre cae de donde subió.”

Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español.