Rodolfo Ruiz R.

¿Cómo será el gobierno de José Antonio Gali Fayad? ¿Qué tanto margen de operación y autonomía tendrá respecto al grupo del gobernador saliente Rafael Moreno Valle? ¿Habrá realmente continuidad o ésta sólo se dará en algunas áreas y aspectos?

Responder estas interrogantes no es fácil, pues hay elementos y factores que anticipan continuidad pero también rupturas, sobre todo en cuanto al trato y la forma de ejercer el poder y conducir la administración pública.

Otra cuestión que también dificulta este análisis es el reducido equipo de colaboradores del gobernador electo y que en la campaña política fue prácticamente marginado a tareas de segunda importancia por el grupo de estrategas y operadores del gobernador Moreno Valle.

De lo que sí hay certeza es que el gobierno de Gali Fayad será de 22 meses y que varios de los funcionarios que forman parte del proyecto morenovallista tienen garantizada legal y constitucionalmente su permanencia, entre ellos el titular de la Fiscalía General, Víctor Antonio Carrancá Bourget, y el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí.

El gobernador electo tampoco podrá cambiar algunos proyectos o dejar sin efecto algunas concesiones que rebasan por mucho su sexenio, a pesar de que se hayan asignado de manera discrecional y poco transparente a consorcios y empresas vinculadas a la familia Hank González o a los Abed Rouannet. Y eso, como puede suponerse, limitará o restringirá su margen de maniobra al frente del Ejecutivo.

Si, como se insiste, Moreno Valle le ofreció al senador Javier Lozano Alarcón —con el aval del candidato a la gubernatura de la coalición Sigamos Adelante— la titularidad de la Secretaría General de Gobierno (SGG), a cambio de que viniera a coordinar la campaña y se hiciera cargo de la vocería del CDE del PAN, entonces Gali Fayad también estará acotado en lo político.

El otro brazo político del estado, el Poder Legislativo, se encuentra controlado por morenovallistas puros como Jorge Aguilar Chedraui e Irma Patricia Leal Islas e impuros como Pablo Rodríguez Regordosa y su primo Francisco Rodríguez Álvarez, Sergio Moreno Valle Germán y José Domingo Esquitín Lastiri, por mencionar sólo algunos.

La LIX Legislatura del Congreso del estado responde y responderá más a los intereses del gobernador saliente que del gobernador entrante.

El Ayuntamiento de Puebla, que obedecía políticamente a Gali Fayad, es actualmente un órgano bicéfalo, pues hay funcionarios que todavía ven al gobernador electo como su jefe político y otros —los nuevos y los que llegarán en los próximos días— cuyas lealtades están con el presidente municipal sustituto, Luis Banck Serrato.

Si éste, como parece, es alentado a construir desde la alcaldía su propio proyecto político con miras a la gubernatura del 2018, Banck dejará de ser el subordinado y aliado que Gali Fayad imaginó, para convertirse sino en un rival, sí en un factor de poder que va a privilegiar más lo suyo que los proyectos del gobernador entrante.

Bajo esas circunstancias creo que resulta obvio que Gali Fayad será un gobernador acotado que, sin embargo, buscará dejar huella aunque solo tenga 22 meses para hacerlo.

En ese sentido creo que Gali Fayad no cederá más espacios en el gabinete que los ya comprometidos, de manera que los galistas se queden con las carteras de las secretarías de Finanzas, Infraestructura, Educación, Contraloría, Turismo, Salud, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural y Seguridad Pública.

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En materia de seguridad pública la entidad poblana viene sufriendo un continuo y creciente deterioro, al que las autoridades estatales parecen prestar poca atención por estar metidas de lleno en el proceso electoral.

Lo más delicado del asunto es que la inseguridad que vive el estado –por ejecuciones, desaparición de personas, secuestros, levantones, enfrentamientos entre guachicoleros y robo de combustible de los ductos de Pemex— está relacionada con delincuencia organizada.

Las ejecuciones que vienen dándose en el llamado Triángulo Rojo conformado por los municipios de Esperanza, Acatzingo, Tepeaca, Palmar de Bravo, Huixcolotla, Tecamachalco y Quecholac, tienen todo el sello del narco. Así lo ha reconocido el mismísimo fiscal general del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget al ligar los delitos y crímenes registrados en esa zona con Los Zetas.

En la región de Huejotzingo, San Matías Tlalancaleca y San Martín Texmelucan pasa lo mismo. Todos los días se descubren tomas y depósitos clandestinos; y con frecuencia pipas robadas cargadas de combustible, reyertas entre guachicoleros, baleados con AK-47 y hasta agentes y policías ministeriales ejecutados o con el tiro de gracia.

La única diferencia es que aquí los delincuentes no son zetas o no siempre, sino integrantes de otras bandas como el cartel Jalisco Nueva Generación.

Los antros, bares, cabarets y table dance de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula ubicados sobre la carretera federal México-Puebla y el Bulevar Forjadores tampoco escapan a la influencia del narco.

En la Sierra Nororiental la delincuencia organizada también ha sentado sus reales en algunos municipios de la región o colindantes con el estado de Veracruz como Teziutlán, Hueytamalco y Ayotoxco de Guerrero, donde los secuestros, las extorsiones y los levantones se han hecho frecuentes, lo mismo que el abigeo o robo de ganado.

La presencia de efectivos de la Secretaria de la Marina en Teziutlán y otros municipios es la mejor prueba.

El sur del estado tampoco está exento. En la región de Atlixco e Izúcar de Matamoros hacia Cuautla, Morelos, las incursiones de Los Rojos son cada vez más cotidianas.

Al comenzar el sexenio se decía que en Puebla no había narcos, que era una entidad segura a pesar de estar rodeada de estados como Guerrero, Veracruz, Morelos y el Estado de México, con fuerte presencia del crimen organizado.

Hoy, a un año de que concluya la gestión morenovallista, el discurso se ha modificado. Ahora ya se admite que el narco opera en algunas regiones como el Triángulo Rojo y la Sierra Nororiental, sin embargo lo ocurrido el lunes en Cuautlancingo deja la impresión de que el crimen organizado ya tocó la puerta y viene por la plaza de Puebla.

Ojalá me equivoque.

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La carta que el nuevo dirigente estatal del PAN, Jesús Christian Giles Carmona, dirige a la militancia panista de Puebla, lo pinta de cuerpo entero.

De entrada como un intolerante, pues qué político en su sano juicio puede pedir a los miembros de su partido que ignoren las publicaciones periodísticas que descalifican su gestión o su desempeño.

Dicha solicitud equivale a decir No hay más verdad más que la mía o que todo aquello que contradiga su visión de mundo feliz o de Rafalandia es una mentira o, en el mejor de los casos, una provocación malsana.

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Un dato que vale la pena recordar sobre la nueva titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, quien en 90 días se convertirá en la primera Fiscal General de la Nación, es que antes de ser nombrada jefa de la Unidad de Asuntos Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y candidata del PRI al Senado de la República, estuvo considerada en el primer gabinete del gobernador Rafael Moreno Valle.

La hermana del vicepresidente de Noticias de Televisa, Leopoldo Gómez González, fue invitada a hacerse cargo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, aun antes del actual titular de la dependencia Víctor Antonio Carrancá Bourget.

Cuando Moreno Valle estaba integrando su gabinete, Arely Gómez acababa de renunciar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la que fue titular de 2006 a 2010, luego de una exitosa trayectoria dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde llegó a ser secretaria general de la Presidencia y oficial mayor de la Suprema Corte en 2003 con el ministro Mariano Azuela Güitrón.

Uno de sus principales promotores para que viniera a Puebla como procuradora de Justicia era Ardelio Vargas Fosado, quien fue nombrado por Moreno Valle secretario de Seguridad Pública del estado.

Verdad que en la práctica los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Rafael Moreno Valle son muy parecidos en algunos aspectos.

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Este martes me enviaron datos de una encuesta que pone en entredicho las cuentas alegres del PRD sobre el distrito 14 con cabecera en Izúcar de Matamoros y el supuesto posicionamiento del presidente municipal Manuel Madero González en la región.

La encuesta revela que si hoy fueran las elecciones el PRI obtendría el 45.2% de la intención de voto; el PAN, el 27.1%; el PRD el 9.9%; y Morena, el 4.5%.

Si al PRI se le sumara la intención de voto del partido Verde (2.7%), entonces la ventaja de la coalición PRI-PVEM sobre el PAN sería mayor de 20 puntos.

En el municipio de Izúcar de Matamoros, donde gobierna el perredista Manuel Madero González, el PRI también aventaja al PAN por 24 puntos, y al PRD por 26.

De una lista de 10 aspirantes a diputados federales por esa demarcación, el priísta Jorge Estefan Chidiac encabeza las preferencias con el 17.6%; seguido por Rocío Nava Aguilar, con el 9.0%; Melitón Lozano, con el 7.6%; y Manuel Madero, con el 7.4%.

El dirigente estatal de Nueva Alianza sólo obtuvo una intención de voto del 3.6% en el distrito y del 3.7% en la cabecera.

En la cabecera municipal los números de Jorge Estefan son incluso mejores, pues su intención sube a 21.8%, lo que no sucede con Melitón Lozano, ni con Manuel Madero, que incluso bajan unas décimas.

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Este miércoles será nombrada como encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del ayuntamiento de San Andrés Cholula una connotada operadora del ex alcalde, diputado local y candidato del PAN a diputado federal por esa demarcación, Miguel Ángel Huepa Pérez.

Se trata de Janeth Roxana Rivera Martínez, quien sustituirá en el cargo a José Gustavo Garmendia Palomino, quien está sujeto a una investigación junto con el consejero jurídico del ayuntamiento de San Andrés, Óscar Palacios Ramírez, por supuestas irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción y uso de suelo, así como en la integración de algunos expedientes vinculados con la apertura del casino Baviera en Lomas de Angelópolis.

Janeth ocupó la Dirección de Planeación Urbana en la gestión municipal de Miguel Ángel Huepa, haciendo de esta oficina una especie de caja chica, por los negocios que ahí se hacían con la complicidad de su jefe.

Antes, laboró en el ayuntamiento de Puebla siendo secretaria técnica de Agustín Flores Cuadra, secretario de Administración Urbana en la gestión de Luis Paredes Moctezuma y después en la Delegación federal de Sedesol, donde incluso metió en problemas a Myriam Arabian Couttolenc, por el asunto de unas casas financiadas con recursos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).

Con esos antecedentes no sería raro que los problemas que el alcalde sanandreseño Leoncio Paisano Arias busca resolver con el cambio de José Gustavo Garmendia por Janeth Roxana Rivera terminan complicándose, en provecho del ex alcalde y futuro candidato a diputado federal del PAN, Miguel Ángel Huepa.

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Desde hace unos 40 días, cuando en este espacio hice público un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, sobre la indolencia y las omisiones en que han incurrido ministerios públicos, peritos, policías ministeriales y demás funcionarios de la dependencia, involucrados en las investigaciones y la integración de la averiguación previa por el allanamiento y robo en las oficinas del periódico digital e-consulta, he recibido una docena de citatorios.

El asalto a las instalaciones de e-consulta ocurrió en la madrugada del 25 de julio 2013, es decir, hace casi 15 meses, y durante más de 13 meses el tema estuvo prácticamente olvidado por las autoridades, no obstante los videos que en este portal se difundieron del delincuente, irrumpiendo en nuestras oficinas, y en un negocio de ropa infantil de la zona de Las Ánimas.

Como ya lo apunté, el repentino interés de la Procuraduría de Puebla por esclarecer el atraco de dos computadoras –la mía y la de mi socia, Blanca Galindo Tello—se dio después de lo que escribí el 11 de septiembre bajo el título Negligencia y dolosas omisiones de la PGJ en el robo a e-consulta.

Desde entonces distintos agentes ministeriales han desfilado por las instalaciones del periódico, en la colonia Bella Vista, para citarme a diferentes diligencias con el propósito de que acredite la propiedad de las dos laptops que se robaron, para que presente a mi socia a declarar y para que haga lo propio con el personal que labora en el portal.

Frente a tal acoso, este lunes decidí presentar un escrito a la Procuraduría General de Justicia para dejar en claro por qué no compareceré y por qué considero ociosos los citatorios que se me hacen con el propósito no de esclarecer el hurto, sino de acallar las críticas de la CNDH respecto a la actuación de una docena de funcionarios de la dependencia.

A continuación los cinco puntos de mi alegato:

1.- Por la negligencia y dolosas omisiones en que han incurrido los ministerios públicos, peritos, policías ministeriales y demás funcionarios de la Procuraduría General de Justicia a cargo de las investigaciones e integración de la averiguación que por allanamiento y robo a las instalaciones del periódico digital e-consulta presenté el 25 de julio de 2013, es decir, hace casi 15 meses.

Negligencias y omisiones que, a decir del Quinto Visitador General de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, “evidencian una falta de compromiso de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia con la cultura de la legalidad, así como un incumplimiento a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” y una desatención a la Recomendación General número 20 de la CNDH sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante.

2.- Porque después de casi 15 meses no se va a esclarecer un extraño y violento robo cometido en mi agravio si las pruebas, huellas y otras periciales a las que tuvieron acceso los agentes, policías y peritos que estuvieron en las oficinas del periódico, las entregaron al Ministerio Público con ocho meses de atraso o nunca se integraron a la averiguación, porque la perito en dactiloscopia, Jasive Osorio García, dejó de laborar en la Procuraduría General de Justicia.

3.- Porque resulta inconcebible que los videos proporcionados por un servidor a los agentes investigadores, en distintos momentos, no se hayan integrado a la averiguación, no obstante que estos contienen valiosas imágenes del asaltante, captadas la madrugada del 25 de julio, y de otro robo cometido por este delincuente en una tienda de ropa de Las Ánimas.

Ambos videos son públicos y pueden verse en los siguientes links:

Video del asalto a e-consulta

Video de asalto a tienda en Las Animas

4.- Porque tales videos ni siquiera son del conocimiento de la agente Guadalupe Francisca Baxin Xolot, a quien supuestamente se asignó la investigación del caso, según se desprende de las dos comparecencias que tuvo ante el Ministerio Público los días 9 de enero y 17 de marzo de 2014, situación que a juicio de la CNDH “pone en evidencia una investigación, además de tardía y deficiente, pues en ninguna de las referidas comparecencias la agente de la Policía Ministerial precisó los datos sobre el día y hora que realizó esas diligencias, la cantidad de vecinos que entrevistó o sus nombres y la ubicación de los lugares a los que acudió”.

5.- Porque la Procuraduría General de Justicia se niega a explorar, como línea o hipótesis de investigación, que la sustracción de los equipos de cómputo estuviera estrechamente vinculada con mi actividad profesional, mis columnas periodísticas o con futuras publicaciones a partir de los archivos de información política, noticiosa y confidencial que en ellos almacenaba.

No omito precisar que desde el 25 de julio de 2013 en que presenté mi denuncia, colaboré en todo momento con las autoridades, hasta percatarme que no existía voluntad política de llegar al fondo del asunto, sino sólo la intención de guardar las formas y simular una investigación que, como bien ha documentado la CNDH, ha sido negligente y dolosa.

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Anodinas las once recomendaciones de la CNDH

La tibia y anodina resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Chalchihuapan está en trance de convertirse en causa de frustración para quienes la promovieron, y en trofeo de impunidad para los responsables de las graves violaciones que se cometieron durante el desalojo y el posterior proceso de criminalización de los manifestantes y detenidos en ese fallido operativo del 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Es absurdo, por no decir ridículo, que el ombudsman nacional recomiende al gobernador Rafael Moreno Valle cree una Fiscalía Especial que investigue lo que —se supone— la CNDH ya investigó y para que garantice que no quedarán en la impunidad los abusos en que incurrieron jefes y elementos de seguridad pública durante el operativo y los funcionarios encargados de procurar justicia con las averiguaciones y procesos de criminalización que iniciaron en contra cuatro pobladores detenidos de Chalchihuapan.

La incoherencia de esta recomendación —la segunda de once que giró al mandatario estatal el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva— radica en dos puntos básicos: Uno, que la mentada Fiscalía Especial será creada y auspiciada por una autoridad que ideó y propagó la versión oficial que un cohetón o su onda expansiva habían provocado la muerte del menor de José Luis Tehuatlie Tamayo y no un proyectil disparado por la Policía.

Y dos, que el fiscal especial designado para el caso, José Antonio Pérez Bravo, tendrá como jefe inmediato al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, a quien se supone también tendría que investigar por ser parte fundamental del montaje construido por el gobierno estatal para ocultar y encubrir a los verdaderos homicidas del menor de Chalchihuapan.

Tan es su jefe que el propio procurador Víctor Carranca fue quien el viernes le tomó la protesta de ley, como se puede observar en esta imagen difundida por la oficina de prensa del gobierno del estado, junto con comunicado que textualmente dice: “Con la toma de protesta de José Antonio Pérez Bravo, Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan, el Gobierno del Estado de Puebla, refrenda su compromiso de actuar con objetividad, legalidad y transparencia en la investigación que se lleva a cabo”.

¿Qué imparcialidad puede tener una Fiscalía Especial creada y auspiciada por un gobierno que mintió sobre el origen de las lesiones que llevaron a la muerte a José Luis Tehuatlie y ocultó los diagnósticos de los médicos y especialistas que lo atendieron, sino que además distorsionó los hechos y contaminó el sitio donde se produjeron para criminalizar a los manifestantes y detenidos durante el desalojo?

¿Qué tanta libertad y margen de acción puede tener un fiscal como José Antonio Pérez Bravo para investigar lo ocurrido el 9 de julio, y garantizar que no gozarán de impunidad los responsables del montaje oficial que se construyó en torno al cohetón y la onda expansiva, si éste en realidad es un subordinado de uno de los que tendrían que ser investigados por el caso?

El gobernador debe ir más allá de las recomendaciones de la CNDH y refrendar en los hechos tres cuestiones fundamentales, para recuperar la credibilidad y confianza ciudadanas, y garantizar que no quedarán en la impunidad los abusos cometidos en el caso Chalchihuapan:

1. Ofrecer personalmente una disculpa institucional a las víctimas, en especial a la madre del menor muerto por un proyectil de la Policía, Elia Tamayo Montes; y asegurar, en la medida de lo posible, la reparación de los daños y la indemnización de las víctimas que resultaron con lesiones permanentes.

2. Comprometerse a no aplicar la llamada Ley Bala, para evitar sucesos como los de Chalchihuapan, hasta que los encargados de la seguridad  pública y la procuración se capaciten en materia de derechos humanos,  y se le adicionen artículos que impidan a los jefes de las instituciones policiacas el uso indebido o excesivo de la fuerza pública en contra manifestantes.

3. Garantizar que el fiscal especial José Antonio Pérez Bravo gozará de autonomía y amplios márgenes de acción incluso para investigar a su jefe jerárquico inmediato, el procurador Carrancá por la criminalización de los manifestantes y los cuatro detenidos de Chalchihuapan —Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero— que inicialmente fueron acusados de motín, desobediencia y resistencia de particulares; así como de delitos cometidos contra funcionarios públicos, como privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, todos los cuales terminaron desvaneciéndose.

EN CORTO

Pronto podrían ponerse al descubierto nuevas anomalías en el Centro de Capacitación y Entrenamiento de la empresa Audi que se construye en el municipio de San José Chiapa que alcanzarían al subsecretario de Planeación, Evaluación e Innovación Educativa, Máximo Romero Jiménez, por su favoritismo hacia algunos proveedores, entre ellos Gerardo Reinking, quien a través de su empresa y otras ha vendido computadoras, software, y consumibles al gobierno del estado, y con el que tendría algunas alianzas en negocios como el restaurante bar Salomé.

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Cuentan que el ex gobernador Guillermo Jiménez Morales anda con la moral baja, no sólo por algunos conflictos familiares, sino porque algunos dirigentes de su propio partido lo tachan de traidor, luego de haber aceptado un nombramiento del gobernador Rafael Moreno Valle como presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada del estado de Puebla.

Los enterados aseguran que su decisión de renunciar a la presidencia de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia la tomó luego de que la ex secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Silvia Elena del Valle Balbuena, le mandó a decir traidor a través de Raúl Castillo Ramírez.

Jiménez Morales había sido invitado a recibir un reconocimiento, junto con otros distinguidos priístas poblanos el pasado 3 de agosto, pero no pudo ir por lo que envío en su representación a Raúl Castillo.

La ceremonia terminó y Raúl Castillo se acercó a preguntar por qué habían omitido el nombre del ex gobernador, y la respuesta que le dieron lo dejó destemplado: los traidores no son bien vistos en el partido.

Tal situación, dicen, llevó al exgobernador a renunciar a la presidencia de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia una semana después.

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He aquí un resumen que documenta y explica por qué en Puebla no se resuelven, ni se resolverán los asaltos y robos de equipo de cómputo cometidos en agravio de una decena de figuras públicas, entre las que sobresalen periodistas, empresarios, ex jueces, activistas y políticos en activo.

Lo que expondré a continuación es un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigido al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, a propósito del robo con violencia ocurrido en las instalaciones del periódico digital  e-consulta la madrugada del 25 de julio de 2013.

Para la CNDH la investigación efectuada por el personal de la PGJ de Puebla sobre el robo de dos laptops en e-consulta fue tan deficiente que evidencia “trasgresiones al derecho humano y la seguridad jurídica” de Rodolfo Ruiz y su socia Blanca Patricia Galindo, pues “durante la integración de la averiguación previa 4057/2013/SUR/DMS-V ocurrieron diversas omisiones y negligencias”.

Entre estas irregularidades reportadas por el quinto visitador general de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, al procurador Víctor Carrancá destacan las siguientes:

Que entre el asalto a las oficinas de e-consulta y el informe requerido por el director general de la Policía Ministerial, Juan Luis Galán Ruiz, a la agente a la cual se le asignó el caso, Guadalupe Francisca Baxin Xolot, para conocer el resultado de sus pesquisas, pasaron más de cinco meses.

El asalto ocurrió el 25 de julio de 2013, y el informe se entregó hasta el 9 de enero de 2014, después de tres oficios distintos dirigidos a la policía encargada de la investigación: 701/13/DMS-V fechado el 30 de agosto; 810/2013/DMS-V, del día 4 de octubre; y 1004/2013/DMS-V del 17 de diciembre, todos de 2013.

En sus dos comparecencias ante el Ministerio Público, el 9 de enero y el 17 de marzo de 2014, Guadalupe Francisca Baxin no aportó nuevos elementos que contribuyeran el esclarecimiento del robo, lo que a juicio de la CNDH “pone en evidencia una investigación, además de tardía y deficiente, pues en ninguna de las referidas comparecencias la agente de la Policía Ministerial precisó los datos sobre el día y hora que realizó esas diligencias, la cantidad de vecinos que entrevistó o sus nombres y la ubicación de los lugares a los que acudió”.

“Pero lo más grave: lo anterior ocurrió con la aparente complacencia del Representante Social, toda vez que se apercibió la imposición de una multa de treinta días de salario mínimo, en caso de que no se rindiera el informe respectivo en un plazo de cinco días y se advirtió que se daría vista a la Visitaduría General respecto del retraso en atender la instrucción; sin embargo, no obra en el expediente de la averiguación previa constancia alguna con que se acredite que dicha medida fue impuesta, ni que efectivamente se haya dado vista a la referida visitaduría”.

“Tampoco se cuenta con evidencia alguna con que se acredite que el director general de la Policía Ministerial realizó acciones para remediar la demora e ineficacia de su subordinada en atender la instrucción”.

Otra negligencia de la PGJ sobre el asalto a las oficinas de e-consulta se dio en la presentación de los dictámenes periciales en materia de criminalística y dactiloscopia, solicitados desde el 25 de julio de 2013 por la directora general de Servicios Periciales, Luz María Reyna Carrillo Fabela, a los peritos que ese día acudieron a realizar sus investigaciones a las oficinas del periódico digital.

El dictamen pericial en criminalística emitido por Jonhy Hernández Matlacuatzi se integró a la averiguación previa hasta el 29 de mayo de 2014, es decir 10 meses después de la inspección ocular.

“Lo anterior pone de manifiesto un grave retraso y entorpecimiento de las funciones de investigación y procuración de justicia, atribuible no solo al Representante Social, sino también a la referida directora general de Servicios Periciales, quien, en respuesta al referido oficio 706/2013/DMS-V de 3 de septiembre de 2013, en que se le reitera la petición, se limitó a señalar que no tenía conocimiento del requerimiento inicial, sin realizar acción alguna para solventar la solicitud ministerial de la que ya tenía conocimiento”.

El dictamen pericial en dactiloscopia, a cargo de la licenciada Jasive Osorio García, nunca se integró a la averiguación, ya que la perito que debía realizarlo dejó de laborar en la PGJ.

Las grabaciones solicitadas al Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla también llegaron con demora. Se solicitaron al día siguiente del asalto y se integraron a la averiguación hasta el 10 de enero de 2014, es decir, cinco meses después, “circunstancia que revela ineficiencia y retraso en la función de investigación y procuración de justicia”.

En el oficio del quinto visitador general de la CNDH al procurador Víctor Carrancá se destaca que los servidores públicos involucrados en la investigación del asalto a e-consulta “omitieron indagar si las actividades y línea periodística del referido medio de comunicación pudo haber representado circunstancia que propiciara la comisión del delito”.

Tales negligencias y omisiones, concluye el visitador Fernando Batista, “evidencian una falta de compromiso de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia con la cultura de la legalidad, así como un incumplimiento a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” y una desatención a la Recomendación General número 20 de la CNDH sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante.

¿No que en Puebla nadie estaría por encima de ley?

¿Qué pasó con el compromiso de hacer de Puebla un estado de derecho y seguridad pronta y accesible?

¿No que habría cero tolerancia a la corrupción policiaca y respeto irrestricto a los derechos humanos?

Sí, cómo no.

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Uno de los funcionarios del gobernador Rafael Moreno Valle al que la crisis de Chalchihuapan le echó a perder sus vacaciones en el extranjero es al procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget.

Al procurador lo tomaron casi con un pie en el crucero que de San Francisco, Estados Unidos, lo trasladaría a Alaska en compañía de su esposa y el subprocurador que no es subprocurador José Carlos Proal Díez de Urdanivia.

El día 16 de julio el procurador Víctor Carrancá recibió una llamada urgente de Casa Puebla a la que no pudo negarse y que lo trajo de regreso a la Angelópolis, para lo que usted ya sabe.

El periplo lo continuaron su esposa, el subprocurador que no es subprocurador y la mamá de este.

Láaastima Víctor ya será para la otra.

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La columna Bajo Reserva de El Universal debió confirmar la hipótesis de quiénes aseguran que Eukid Castañón Herrera no será quien se beneficie de la posible destitución o renuncia de Luis Maldonado Venegas como titular de la Secretaría General de Gobierno, como consecuencia de la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala.

De veras que hay que ser intrépido o algo peor para ir amenazar a los diputados federales del PRI de Puebla, en estos momentos.

Intentar resolver la crisis de Chalchihuapan mediante amenazas a los opositores o advertencias de ajuste de cuentas después de que pase el escándalo, no solo resulta intrépido sino estúpido.

Es como intentar apagar un incendio con gasolina.

Lo que el gobierno de Rafael Moreno Valle necesita en esta crisis no es más presión o mano dura, sino aliados, negociación y diálogo, pues si algo ha dejado claro el escándalo de Chalchihuapan y la Ley Bala es que la política del garrote NO es una buena política.

¡Cordura, por favor!

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A juzgar por el costo y la organización de la Semana de Francia en Puebla, del 21 al 29 de junio, esta resultó no solo carísima sino malísima.

Para el evento el ayuntamiento de Puebla destinó la friolera de más de ¡20 millones de pesos!

Una bicoca para una Ciudad de Progreso.

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José Carlos Proal, subprocurador fantasma en la PGJ

Casi listo el nuevo decreto de límites entre Puebla y Cholula

Dudas que matan sobre jueces, hijos de magistrados

Aunque en la Procuraduría General de Justicia no han querido que trascienda, la verdad es que han tampoco han sabido guardar las formas para mantener el secreto sobre por qué José Carlos Proal Díez de Urdanivia despacha como subprocurador de la Policía Metropolitana, o como titular de la Fiscalía General Metropolitana, pero no firma como tal.

En el directorio oficial de la PGJ su nombre ni siquiera aparece. No obstante, despachar al lado de su jefe, Víctor Antonio Carrancá Bourget, en el mismo cuarto piso y cuenta con la segunda mejor oficina del edificio marcado con el número 47 de la calle Tlaxcala, en la colonia San Rafael Oriente.

Quien formalmente despacha como encargado de la Fiscalía General Metropolitana es el abogado Octaviano Escandón Báez, pero en una oficina muy modesta comparada con la del procurador Víctor Carrancá y la de José Carlos Proal.

Sin embargo, los directores generales, directores de área, ministerios públicos y comandantes de la Policía Ministerial saben que el verdadero Fiscal es José Carlos Proal y no Octaviano Escandón, quien sólo es útil para cuestiones de firma, pero no para el día a día y los asuntos operativos.

¿A qué obedece esta simulación?

La respuesta es simple: a que el hombre fuerte y de confianza del procurador Víctor Carrancá no acreditó el examen de control de confianza que presentó en abril del año pasado, lo que le impide figurar como subprocurador o fiscal general de la PGJ de la entidad, o como funcionario en cualquier otra institución de seguridad pública en el país.

De ahí también que José Carlos Proal —que fue secretario particular del procurador Héctor Maldonado Villagómez en el sexenio melquiadista— tampoco aparezca en la nómina oficial, aun cuando use vehículos y patrullas oficiales y tenga asignados para su seguridad a policías ministeriales de la dependencia.

¿No que nadie por encima de la ley?

INTRAMUROS

Aunque será antes de que concluya el año cuando el Congreso del estado resuelva, por fin, el añejo conflicto territorial entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, trascendió que el decreto de 1962 será derogado y que el polígono de 8.5 kilómetros cuadrados en disputa no se repartirá en partes iguales.

De acuerdo con fuentes confiables, San Andrés Cholula se quedará con una mayor superficie y con un mayor número de colonias y fraccionamientos, a fin de que pueda mejorar su recaudación por concepto de impuesto predial; y el municipio de Puebla, con el Centro Comercial Angelópolis y las Universidades y Colegios asentados sobre la Vía Atlixcáyotl y el bulevar del Niño Poblano.

Para el nuevo decreto que fijará los linderos entre Puebla y Cholula, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Mario Riestra Piña, ha solicitado la asesoría de especialistas de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la UNAM, la BUAP y la UDLAP.

A la par, el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ha venido reuniéndose con los alcaldes salientes y electos de Puebla y San Andrés Cholula para que avalen el nuevo decreto, que pondrá fin a más de una década de disputas entre las autoridades de ambos municipios.

EN CORTO

¿Qué poderoso personaje influyó para que el Primer Juzgado Penal de Puebla no emitiera una orden de aprehensión en contra del juez de Tepeaca, José Luis Arenas Juárez, por la liberación del reo Román Omar Ramos Luna mediante una boleta de libertad apócrifa?

¿Quién se comunicó a la Dirección de Averiguaciones Previas zona Poniente de la PGJ para pedir que el hijo de la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández no fuera involucrado como cómplice en la liberación de un delincuente sentenciado a 15 años de prisión, por el delito de homicidio calificado?

¿Qué relación guarda el diligenciario del Juzgado Penal de Tepeaca, Luis Antonio Ibarra Pérez, con el juez José Luis Arenas, y el abogado del reo que dejó el Cereso de Tepeaca con una boleta falsa de liberación, Máximo Valencia?

¿A poco los 300 mil pesos que pagó el defensor del sentenciado únicamente salpicaron al Oficial Mayor y al secretario de Acuerdos del Juzgado de Tepeaca, Alfredo Morón Macehuatl y Huberto Roblero Godínez, respectivamente?

¿Qué tan ciertas son las versiones de que existen otras liberaciones irregulares en Tepeaca, ordenadas por el mismo juez José Luis Arenas, pero que en estas estarían inmiscuidos personajes como Luz María Díez de Urdanivia, hermana del ex precandidato del PRI a la alcaldía de San Andrés Cholula y prima hermana del subprocurador José Carlos Proal Díez de Urdanivia?

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¿Qué juez civil acaba de ser denunciado ante la Agencia especializada en delitos cometidos por servidores públicos por su supuesta parcialidad en un juicio multimillonario en un Juzgado de Huejotzingo?

¿Esta denuncia es ajena a la queja administrativa que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, recibió hace unos días en contra de un juez civil, hijo del ex magistrado Alfredo Mendoza García, recientemente jubilado?

¿Flores Toledano seguirá creyendo, como lo declaró al ser nombrado presidente del Tribunal, en sustitución de David López Muñoz, que los familiares y herederos de los magistrados en funciones o recientemente jubilados no son un fardo para el Poder Judicial del estado?

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