La luna de miel que por meses mantuvieron el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, y el representante del PRI y ahora de la Alianza Puebla Avanza ante ese órgano electoral, José Alarcón Hernández, ya se terminó.

O al menos ésa es la impresión que tienen la mayoría de los consejeros electorales, que en los últimos días han visto con sorpresa como José Alarcón se exaspera con Jorge Sánchez y cómo el priísta se ha convertido en su principal crítico, a propósito del informe administrativo y financiero del año 2009 que la próxima semana será puesto oficialmente a la consideración del Consejo General del Instituto.

El miércoles, en mesa de trabajo, José Alarcón dijo que ya sabía que en 2007 el contrato para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se había adjudicado de manera irregular a la empresa Grupo Proisi y que ahora no iba a permitir que esta situación se repitiera.

Y ayer jueves, otra vez en mesa de trabajo, José Alarcón dejó entrever anomalías en el informe financiero que Jorge Sánchez rendirá ante el Consejo General del IEE, las cuales, según dijo, lo llevarán a revisar con detalle los informes del consejero presidente de los ejercicios presupuestales de 2009 y 2008.

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El proceso que se sigue en el Instituto Electoral del Estado (IEE) para adjudicar el contrato del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a una de las cuatro empresas que se inscribieron para esa licitación, no está siendo muy claro.

De entrada, no se entiende por qué el consejero presidente Jorge Sánchez Morales dice que aún le faltan más de cuatro millones de pesos, de los 9.6 millones que dice haber presupuestado para cubrir los servicios de la empresa que resulte ganadora del concurso.

Y es que tres de las cuatro empresas que pujan por el contrato del PREP presentaron cotizaciones por debajo de 13 millones de pesos.

La propuesta económica de Grupo Proisi asciende a 10 millones 850 mil pesos; la de Plásticos y Metales MYC, a 10 millones 950 mil; y la de Podernet, a 9 millones 200 mil pesos.

DSI Elecciones, la cuarta empresa participante, estimó el monto de sus servicios en 19 millones 400 mil pesos.

Otro detalle que llama la atención de este proceso es que el Comité de Adquisiciones del IEE haya aceptado el registro de una empresa sin experiencia en el ramo, como Plásticos y Metales MYC, que en realidad se dedica a fabricar material electoral, como urnas y mamparas, pero que además tiene como presentador a un alto funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo es el director general de Sistemas, Víctor Guerra Ortiz.

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En el acto donde Mariano González Zarur rindió protesta como candidato de la alianza PRI-PVEM a la gubernatura de Tlaxcala, el pasado martes, Enrique Doger Guerrero recibió una invitación del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, para sumarse a la campaña de los candidatos de su partido, pero en aquella entidad.

Juguetón, Fidel Herrera le dijo al expresidente municipal de la Angelópolis: creo que mejor deberías ayudarnos en Veracruz, porque en Puebla no te aprovechan.

Por cierto. Me cuentan que en la concentración donde González Zarur rindió protesta como candidato a la gubernatura de la Alianza Unidos por Tlaxcala, y al que acudieron como invitados importantes figuras del priísmo nacional como Beatriz Paredes Rangel, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Emilio Gamboa Patrón, y los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y de Veracruz, Fidel Herrera, Mario Marín Torres y Enrique Doger ni siquiera se saludaron, pese a que ambos compartieron el presidium, junto con Javier López Zavala.

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Simón dice:

«Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada.»

Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) Escritor francés.

Que después del 15 de enero no sólo habrá ajustes importantes en el gabinete del gobernador Mario Marín Torres, sino también en el primer círculo de colaboradores de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

Los cambios en el ayuntamiento de Puebla se darán, una vez que el secretario de Gobernación Municipal, Juan de Dios Bravo Jiménez, se integre al equipo de campaña de Javier López Zavala como candidato del PRI a la gubernatura de Puebla.

La vacante de Juan de Dios Bravo podría ser ocupada por el actual secretario general de la comuna, César Pérez López, a quien a su vez podría relevarlo en el cargo el hombre de más confianza de Blanca Alcalá: el tesorero municipal Javier Ramírez Carranza.

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Que el líder moral del PRD en Puebla y jefe estatal de la corriente Nueva Izquierda, Luis Miguel Barbosa Huerta, será quien coordine la coalición electoral que PAN, PRD, Convergencia y otros partidos de oposición sellarán en Oaxaca, para enfrentar al gobernador de aquella entidad, Ulises Ruiz Ortiz, en las elecciones locales de julio de este año.

La coalición opositora llevará como candidato a la gubernatura al actual senador con licencia Gabino Cué Monteagudo, quien hace seis años también contendió por este cargo en un proceso muy competido, del que salió triunfador por escaso margen Ulises Ruiz.

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Que el próximo lunes se reunirán en la ciudad de México las dirigencias nacionales y estatales de los partidos que participan en el frente político Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA) —PRD, PT y Convergencia— para analizar, quizás por última vez, la viabilidad de integrar en Puebla una coalición electoral.

Y digo que por última vez porque las posibilidades de que ello ocurra son francamente mínimas, dado que la corriente mayoritaria del PRD, Nueva Izquierda, está más interesada en coaligarse con el PAN que con los otros dos institutos miembros del DIA; que el Niño Naranja está empeñado en ser candidato a gobernador, aun sin el respaldo del PRD y el PT, y que los dirigentes del Partido del Trabajo preferirían ir solos a la elección que ponerse en manos de José Juan Espinosa Torres.

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Simón dice:

Los funcionarios son los empleados que el ciudadano paga para ser la víctima de su insolente vejación.

Pitigrilli (1893-1975) Escritor italiano.

Podría la Corte apresurar reforma electoral
Va José Juan Espinosa a debate nacional

Esta semana Francisco Bernat Cid comenzará un largo y tortuoso proceso para recuperar sus acciones del Puebla de la Franja y para vender el equipo de fútbol de primera división a Ricardo Henaine Mezher u otros inversionistas locales o nacionales.

Salvo sorpresa de última hora, Bernat acudirá antes del viernes, con su nuevo abogado Fernando Castillo Pacheco, a solicitar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el levantamiento de la providencia precautoria sobre sus bienes y acciones, ordenada por el Juzgado Noveno de lo Civil.

Previo a eso, pondrá a disposición de la Oficialía de Partes del Poder Judicial la suma de 9 millones 700 mil pesos, que el administrador provisional del equipo, Ricardo Henaine, le reclama.

Antes de hacer ese pago en el Tribunal, Bernat firmará un contrato de promesa de venta de acciones en beneficio de un futuro inversionista del club Puebla, contrato al que anexará como garantía de cumplimiento la agencia automotriz Chrysler de Plaza Loreto.

Sobre ambas operaciones el gobernador Mario Marín Torres está ampliamente informado, así como sobre los inversionistas locales y nacionales que estarían interesados en adquirir al Puebla de La Franja, entre los que sobresalen Julián Ventosa Aguilera y Olegario Vázquez Raña.

El monto de la operación aún no se ha definido, en buena medida por las demandas y conflictos que aún persisten entre los miembros de la directiva del club camotero.

Francisco Bernat pretende resolver sus diferencias legales con Ricardo Henaine antes de que concluya julio, mes en el que debe celebrarse la asamblea anual ordinaria de accionistas, donde se aprueban los estados financieros de la empresa y el monto de utilidad a recibir por cada socio o si éstas (las utilidades) se reinvierten en el equipo.

La tirada de Bernat, una vez que resuelva estos escollos, es vender sus acciones de las empresas Futbol Soccer —propietaria de las cartas de los jugadores del Puebla y de los derechos ante la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (Femexfut)— y Futbol Total, en 11 millones de dólares.

Sin embargo, la transacción final —prevista hacia finales de octubre— podría andar por los 7 ó los 8 millones de dólares.

INTRAMUROS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría resolver en cualquier momento la controversia impulsada por las dirigencias del PAN, PRD y Convergencia sobre la reforma constitucional aprobada por el Congreso del estado, que mantuvo como fecha de las próximas elecciones locales para gobernador el segundo domingo de noviembre de 2010.

El pasado 8 de junio, el máximo tribunal del país cerró el periodo de instrucción, es decir el plazo que los actores involucrados tuvieron para presentar argumentos y pruebas a favor o en contra de la referida reforma.

Lo más probable es que la Suprema Corte declare inconstitucional la reforma aprobada por la LVII Legislatura local, lo que meterá al Congreso del estado en un apuro, pues ahora tendrá que cambiar la Constitución del estado y el Código Electoral, así como publicar en el Periódico Oficial del estado las nuevas modificaciones, en estricto apego a la reforma constitucional federal, antes de que concluya el mes de agosto de 2009.

EN CORTO
Este lunes vence el plazo para que los partidos políticos acrediten ante el Consejo Local del IFE y los Consejos Distritales a sus representantes de casillas.

Hasta ayer domingo, el PAN tenía problemas en algunos distritos de Puebla y en el 1 de Huauchinango, donde no cubría el 100% de las casillas con un representante. Por lo que hace al segundo representante y a los suplentes de éstos, la situación era aún peor, pues la cobertura fluctuaba en niveles que iban del 50 al 70%.

Uno de los problemas que el PAN enfrenta en este proceso electoral es que no pocos de sus representantes quieren que el día de la jornada comicial les paguen entre 200 y 300 pesos.

Éstos arguyen dos situaciones: una es que el PRI sí paga este servicio a sus representantes de casilla y, dos, que en las elecciones federales de 2006, el hoy senador Rafael Moreno Valle Rosas ya también lo hizo en algunos distritos de la entidad.

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El dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, protagonizará este lunes un debate por televisión con César Nava Vázquez del PAN, Guillermo Lerdo de Tejada del PRI, entre otros.

El debate tendrá lugar en las instalaciones del Ajusto de TV Azteca, y se transmitirá por cadena nacional de 15 a 16 horas por el canal 40.

La polémica girará en torno a la participación de los jóvenes en política.

La decisión de incluir a José Juan Espinosa en ese debate partió del dirigente nacional de Convergencia, Luis Maldonado Venegas.

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Este domingo se celebró en el estadio Azteca de la ciudad de México, que lució a reventar, el 35 aniversario de Antorcha Campesina. El acto fue encabezado por el dirigente nacional de esta organización, el poblano Aquiles Córdova Morán, quien tuvo como invitados especiales a los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, así como a la senadora María de los Ángeles Moreno.

Entre los políticos locales invitados a la celebración antorchista estuvieron el diputado federal Alberto Amador Leal; el secretario adjunto del CEN del PRI, Jaime Alcántara Silva, y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

Al arribar al presidium, Peña Nieto saludó a Doger Guerrero con un cálido: “¡Quiúbole tocayo, cómo estas!

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Este lunes el Consejo Local del Instituto Federal Electoral dejará sin efecto la sanción económica por 16 mil 440 pesos le que impuso al candidato del PRI a diputado federal por el distrito 1 de Huauchinango, Ardelio Vargas Fosado, por la colación anticipada e irregular de propaganda en muebles de equipamiento carretero.

Esta resolución podría sentar un precedente, y favorecer a otros candidatos del PAN y Convergencia que también han sido multados por colocar propaganda en lugares prohibidos o fuera de tiempo, como Eduardo Morales Garduño y José Juan Espinosa Torres.

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Simón dice:

“Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo”.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

En la discusión de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia de Puebla, la legislación en la materia del estado de Oaxaca se convirtió en una referencia obligada.

Académicos y organizaciones ciudadanas siempre citaban la Ley de Transparencia de Oaxaca como la norma a seguir. “Esta sí es una legislación de avanzada” se repitió en varias ocasiones.

Sin embargo, en Oaxaca, la percepción que se tiene de la Ley de Transparencia, del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP) y de sus tres comisionados, es totalmente diferente.

De entrada hay que decir que la ley de “avanzada” se aprobó en enero de 2006, pero que ésta no se publicó sino hasta septiembre de ese mismo año, es decir, ocho meses después, pero con una modificación en un artículo transitorio por el cual la legislación entraría en vigor 18 meses después, o sea, en marzo de 2008.

La nueva legislatura estatal de Oaxaca decidió abrogar la anterior ley y aprobar una nueva que se publicó en marzo de este año y entró en vigor anteayer lunes.

Además, los tres comisionados que integran el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública no ofrecen ninguna garantía de certidumbre, independencia y autonomía.

Su presidente, Genaro Vásquez Colmenares, es hermano del extinto gobernador priista de Oaxaca Pedro Vásquez Colmenares, y su trayectoria como legislador ha estado manchada por el signo de la traición. Y es que hace años, fue diputado del PRI y en la pasada legislatura llegó como convergente, con tan débiles convicciones que no tardó en ser cooptado por el líder de la bancada priista Bulmaro Rito Salinas, lo que le mereció su expulsión del partido naranja.

La segunda comisionada, Alicia Aguilar Castro, es tan independiente que su marido es el oficial mayor del Congreso oaxaqueño, Raúl Castellanos Hernández.

El tercer comisionado, Raúl Ávila Ortiz, es quizá el más identificado con el régimen del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Raúl Ávila llegó a Oaxaca como coordinador de asesores del gobernador, que le encargó la coordinación de los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez; luego fue su director de comunicación social, aunque sólo por dos semanas, y más tarde lo envió como candidato del PRI a presidente municipal de su natal Santo Domingo Tehuantepec, donde perdió las elecciones.

El último escándalo al seno del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, fue la designación de su director jurídico Antonio Ortiz Vázquez, sobrino del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, parentesco que al ser descubierto por la prensa oaxaqueña, provocó que el portal de transparencia del IEAIP dejara de funcionar.

Cualquier parecido con la realidad poblana, es pura coincidencia.