La encuesta publicada ayer por Intolerencia e interpretada por el director general de ese diario, Enrique Nuñez Quiroz, merece otras lecturas, más allá de aquella de la que batalla rumbo a Casa Pueba se cierrra y de que la puja por la sucesión gubernamental está centrada en el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

Diez son las lecturas que haría de la encuesta difundida ayer por Intolerancia:

1. Que si bien en el PAN hay más o menos claridad de que Rafael Moreno Valle es el aspirante a la gubernatura mejor posicionado entre el electorado, en el PRI no existe la misma certeza, sobre todo considerando el rubro de confianza, donde Javier López Zavala cae hasta la cuarta posición, superado por el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez.

2. Que el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, está aún muy lejos de posicionarse entre los electores y los priístas, como el Plan «B», en caso de que Mario Marín descartara de último momento la nominación de López Zavala a la gubernatura.

3. Que a unque el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, jura y perjura que no tiene ningún interés por involucrarse en la sucesión de Casa Puebla, su incursión en la encuesta de Intolerancia —medio en que tiene algo más que influencia— confirma lo contrario.

4. Que a pesar de las campañas mediáticas en contra del ex alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, éste sigue manteniendo un respetable nivel de confianza y potencial de voto, pues en el primer rubro se ubica 1.2% debajo de López Zavala y en el segundo rubro apenas 4.8, y eso que el ex rector de la UAP ha optado por un perfil bajo en tanto el Congreso del estado le aprueba la cuenta pública de su útimo año de ejercicio legal como presidente muncipal.

5. Que si los panistas de veras quisieran ganar las elecciones del 2010 deberían decidirse por postular a Moreno Valle como candidato a la gubernartura, y a la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, Ana Teresa Aranda, como candidata a la presidencia municipal de Puebla.

6. Que la mejor dupla del PRI para la gubernatura y la alcaldía poblana estaría integrada por el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez.

7. Que en un escenario de alta competencia electoral y golpeteo político, Mario Marín podría sacrificar a su delfin, el titular de la SDS, Javier López Zavala, para inclinarse por la actual presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y/o el rector de la UAP, Enrique Agüera.

8. Que si Enrique Doger no obtiene la nominación del PRI a la gubernatura, lo más probable es que éste trate de vender caro su capital político —nada despreciable— tanto al PRI como a Moreno Valle, considerando que es el cuarto aspirante más conocido a nivel estatal, el quinto con más confianza y el cuarto con mayor potencial de voto.

9. Que si Enrique Agüera no aceptará la nominación priísta a la alcaldía, y a López Zavala se le complicará la postulación a la gubernatura, el PRI podría optar por lanzar a Blanca Alcalá a Casa Puebla y al actual secretario de Desarrollo Social a la presidencia municipal de la capital del estado.

10. Que hoy por hoy el PAN tiene en el senador Moreno Valle a su mejor activo para la gubernatura, y éste en el blanquiazul un lastre, considerando que el 53.4% de los electores cree que el PRI ganará en el 2010 las elecciones de gobernador del estado.

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¿Sabe usted a cuánto asciende el costo del “arreglo” al que hace unos días llegaron el gobierno del estado y TV Azteca para poner fin al linchamiento mediático que desde la televisora del Ajusco se lanzó contra el Ejecutivo estatal, después de que los directivos del Puebla de la Franja quisieron rescindir a esta empresa, el contrato de los derechos de transmisión de los partidos del futbol por el estadio Cuauhtémoc?

¡A 28 millones de pesos!, sí el monto que el gobierno del estado a través de Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios, invertirá para la celebración de un dizque festival internacional denominado  “Ciudad de las Ideas” que tendrá como sede la capital del estado del 6 al 8 de noviembre.

Pero si el monto es escandaloso, más lo son los argumentos que ayer tuvo que emplear el secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, para justificar dicho chantaje de TV Azteca y su ex vicepresidente, el senador priísta Jorge Mendoza Garza.

El festival “Ciudad de las Ideas” es la versión corregida y aumentada de lo que fue la entrega de los Premios Oye en 2006, evento por el cual el gobierno marinista tuvo que pagar 21 millones de pesos a Televisa para que ésta lo dejara de joder con el caso del góber precioso.

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Una buena reunión de trabajo, por el ambiente y el clima de tolerancia y respeto  que privó en ella, fue la que ayer protagonizaron en el Salón “Carlos Castillo Peraza” del Grupo Parlamentario del PAN, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y los diputados y senadores que representan a la entidad en el Congreso de la Unión.

En la comida de trabajo, de 14 a 17 horas, la presidenta presentó a los legisladores un listado de proyectos estratégicos y prioritarios que requieren ser financiados con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2009, entre los que destacan obras de infraestructura básica en el Centro Histórico, donde urge cambiar algunas tuberías de agua y drenaje; el mantenimiento y ampliación de las principales vialidades de la capital, cuyo pavimento está agotado, y la construcción de parques metropolitanas en áreas verdes o reservas naturales que hoy están a punto de perderse.

La presentación técnica y presupuestal que Blanca Alcalá hizo a los diputados y senadores de sus proyectos y obras fue convincente, por lo que éstos —por conducto del panista José Antonio Díaz García— le expresaron que harán todo lo posible por incluirlos en el presupuesto del 2009 que en los próximos días será puesto a discusión de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Durante el encuentro, en el que participaron también el diputado priísta Jorge Estefan Chidiac, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, y el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas, la alcaldesa agradeció la disposición de los legisladores del PAN y PRD de apoyarla a pesar de su militancia priísta, y los panistas, en un tono autocrítico, reconocieron que a sus ex presidentes muncipales quizás les faltó el trato y disposición de Alcalá para que los priístas también respaldaran —con recursos— sus proyectos e iniciativas de gobierno.

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Una vez concluido el proceso de auscultación en las cuatro unidades académicas de la Universidad Autónoma de Puebla, donde el próximo 25 de septiembre habrá elecciones de director, todo se encuentra listo para que hoy se registren Rubén Romero Corona, que irá como candidato único o de unidad en la preparatoria Simón Bolivar de Atlixco, lo mismo que Santiago Aguilar Márquez, quien irá por un segundo periodo en la Facultad de Lenguas, donde se rechazó la solicitud de Isamel Garrido y Rivera por no cumplir con algunos requisitos establecidos en la convocatoria.

Donde sí habrá competencia, por acuerdo de las comisiones electorales que aceptaron más de un registro, será en las facultades de Ciencias Físico Matemáticas, donde el director Cupatitzio Ramírez Romero medirá fuerzas con Fernando Macías Ramírez, e Ingeniería Química, donde  participarán tres candidatos: Óscar Arroyo Porras, Luis Raúl Herrera Martínez y Tobías Mario Vargas Sánchez.

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Antonio Marín López, secretario de lujo en Salud
Letra muerta, las reformas al código electoral

¿En qué va a terminar el caso Juárez Acevedo?

A ciencia cierta no lo sé, aunque en estricto apego a derecho su caso debería terminar con su inmediata destitución como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), y el inicio de un procedimiento administrativo y penal por falsedad de declaraciones ante la autoridad.

Juárez Acevedo no sólo violentó la convocatoria y el artículo 27 de la Ley de Transparencia, al participar y ser nombrado comisionado de la CAIP, pese a no reunir los requisitos de elegibilidad, sino que ha mentido recurrentemente sobre ese pasaje de su vida.

Cuando en el 2006 el Congreso del estado emitió la convocatoria para el nombramiento de tres comisionados propietarios y tres comisionados suplentes, clara y explícitamente se estableció que nadie que se hubiese desempeñado como dirigente de algún partido o asociación política durante los últimos tres años, podía ser designado para tal cargo.

Adicionalmente, la fracción V del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública refiere de manera textual que “Para comisionado se requiere: No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación política durante los tres años previos al de su designación”.

Juárez Acevedo no puede argumentar demencia o ignorancia sobre este aspecto de la ley, y menos, como en su caso, tratándose de un abogado.

De ahí la conveniencia de que la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales de la LVII Legislatura, que esta semana revisará el expediente del presidente de la CAIP, no limite su acción al análisis de la procedencia o improcedencia de la remoción de Juárez Acevedo.

Que éste tiene que irse, es algo que se da por descontado.

Los diputados de la Comisión de Gobernación –que preside el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa– deben ir más allá de la destitución de aquel, una vez que el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han resuelto que Juárez Acevedo era miembro y directivo de Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP.

El gobernador Mario Marín Torres o –en su defecto– el contralor Víctor Manuel Sánchez Ruiz también deberían pronunciarse por el inicio de un proceso administrativo y penal en contra de Juárez Acevedo, considerando que la CAIP era y sigue siendo un órgano del Poder Ejecutivo del estado.

Antes de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia, la CAIP era un órgano auxiliar del Ejecutivo; hoy continúa como un órgano especializado de la administración pública estatal.

Dejar en la impunidad las falsedades, mentiras y violaciones legales cometidas por Juárez Acevedo, sería tanto como premiar a la opacidad y el cinismo de quien en la práctica ha sido el principal lastre de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla, así como del descrédito de la CAIP como órgano garante del derecho a la información.

EN CORTO
La versión de que Antonio Marín López será el nuevo secretario de Salud de Puebla, en sustitución de Roberto Morales Flores es una magnífica noticia, que ojalá se confirme, no sólo porque se trata de un prestigiado hematólogo reconocido local y nacionalmente, sino porque se trata de un especialista en salud pública con amplia experiencia.

Antonio Marín es médico egresado por la UAP, con posgrado en el Hospital Civil de Puebla y especialidad en Hematología por el Instituto Nacional de la Nutrición de la ciudad de México.

Ha sido catedrático en las facultades de Medicina y Ciencias Químicas de la UAP, coordinador de la División de Enseñanza del Hospital Universitario de Puebla y jefe del Departamento de Hematología y Banco de Sangre del mismo nosocomio; director del Hospital General de Puebla (1994-1995), jefe del Departamento de Investigación y Enseñanza de los Servicios Coordinados de Salud Pública de Puebla (1996-1998), director general de los Servicios Coordinados de Salud Pública de Puebla (1998-1999), y director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (1999 a la fecha).

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Este fin de semana llegaron a mi buzón sendos correos electrónicos que documentan cómo las últimas reformas al código electoral del estado, plasmadas en el artículo 200 bis, tendientes a evitar las precampañas y el uso de recursos públicos con fines de posicionamiento político o clientelar, no sirvieron de nada.

En un primer mail, un lector de este espacio me envía tres fotos de bardas rotuladas con el apellido del ex presidente municipal de Puebla, Doger, en el municipio de Zaragoza, en la Sierra Norte de Puebla.

Las coloridas bardas llevan además de la palabra Doger la firma y logotipo de la asociación que el ex presidente municipal de Puebla utiliza para promoverse como aspirante a la gubernatura: el Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema).

El segundo mail contiene seis fotografías de anuncios espectaculares, tomadas en Ciudad Universitaria y en el campus de Tehuacán, en las cuales el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez aparece en obras, saludando a estudiantes y profesores, o dando la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a la institución.

Este correo electrónico de un supuesto grupo de estudiantes rechazados de la UAP cuestiona: “¿Qué onda, no que no se puede usar la imagen de un funcionario público para promocionarse?

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El ex director y fundador de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla, Ismael Ledesma Mateos, rendirá protesta el próximo jueves 11 de septiembre como presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología.

La ceremonia, prevista para las 17 horas, tendrá lugar en el Paraninfo del Palacio de Medicina (Antigua Escuela de Medicina y también Palacio de la Inquisición) de la ciudad de México.

Durante el acto, el doctor Antonio Lazcano-Araujo, profesor de la facultad de Ciencias de la UNAM y experto internacional en el tema del origen del universo, dictará la conferencia magistral “El Origen de la vida, de Oparin al experimento de Millar: Atmósferas primitivas, atmósferas políticas”.

El doctor Ismael Ledesma, quien actualmente presta sus servicios como profesor investigador de la UNAM, ha publicado a la fecha dos obras: Historia de la Biología, y De Balderas a la Casa del Lago: La institucionalizacion de la Biología en México.

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El director de la Universidad Pedagógica Nacional de Puebla, Pedro Valdez Martínez, sigue empeñado en ganarse el repudio de los principales académicos de la institución, al insistir en su intentona de desaparecer la Maestría en Formación Docente para el ámbito regional.

La semana pasada, Pedro Valdez no sólo aumentó de 2000 a 4,500 pesos la cuota de inscripción para el propedéutico de este posgrado de calidad, sino que amenazó a los alumnos y profesores con cerrarlo, si no se inscribían al menos 15 estudiantes.

Su amago no deja de resultar absurdo, pues la verdad es que los 2,500 pesos adicionales que mensualmente tendrán que aportar los nuevos alumnos de la maestría, no garantizan nada, ni la calidad del posgrado, ni la permanencia de los profesores que actualmente integran su planta académica, y menos con el clima de hostilidad que desde la dirección de la UPN Puebla se impulsa contra varios de ellos.

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El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, marcó a las autoridades estatales y diputados locales el derrotero que deben seguir para salir del embrollo en que se encuentran metidos con el descrédito del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y las impugnadas reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí el recetario que Lujambio perfiló durante su conferencia “Información pública, instrumento de control ciudadano” ante los directivos y socios del Club de Empresarios de Puebla:

Revisar y corregir algunos aspectos de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que van en sentido contrario a las reformas que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 7° constitucional.

Convertir a la CAIP en órgano garante de la transparencia a nivel estatal con competencia sobre el Poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos de la entidad, para evitar que en Puebla existan más de 220 comisiones de transparencia que funcionen con criterios diferentes y hasta antagónicos.

Impulsar la creación de órganos garantes en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos.

Sustituir el módulo electrónico con que actualmente cuenta el portal de transparencia del gobierno del estado para recibir y responder las solicitudes de información pública, por el sistema Infomex creado por el IFAI, y que opera en ocho estados y que está en vías de aplicarse en 21 entidades federativas más. Sobre este punto, Lujambio expresó que el gobernador Mario Marín ya expresó este día su interés por adoptar el Infomex.

Restituir la confianza y credibilidad de la CAIP como garante de la transparencia y árbitro entre ciudadanos y autoridades en caso de controversias. Y aunque el presidente del IFAI fue muy cuidadoso en no emitir comentarios sobre Juárez Acevedo, con su exposición dejó más que claro que lo mejor que le puede ocurrir a la CAIP es que éste se vaya y sea sustituido por un personaje que goce de amplio prestigio social.

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Pero en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal, organizada por el ayuntamiento de Puebla en colaboración con la UAP, la UPAEP, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey y el IFAI, también trascendieron malas noticias.

La primera es que el proceso que el Congreso del estado le sigue el ilegítimo e ilegal Antonio Juárez Acevedo como presidente de la CAIP no será fast track, sino largo, tortuoso y burocrático.

Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que encabeza el priísta Pablo Fernández del Campo, no quieren dar pie a que el mañoso Juárez Acevedo se ampare contra el proceso de remoción y prolongue su permanencia al frente de la CAIP por secula seculorum.

Y quienes marcan la línea y los tiempos de la agenda legislativa quieren empatar la salida de Juárez Acevedo con la de la comisionada incómoda de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán, que en diciembre concluye el periodo de cuatro años para el cual fue nombrada por el Congreso del estado.

Otra mala noticia es que la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, en contra de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría resolverse hasta dentro de cuatro o seis meses.

Y la última: la mayoría priísta que controla el Congreso del estado muestra poca, pero muy poca disposición de impulsar como sustitutos de Juárez Acevedo y Josefina Buxadé a personajes independientes, de prestigio social y académico y con autoridad moral, pues su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no es más que de dientes para fuera.

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Uno de los pendientes —y vaya que lo es— del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, con la calidad educativa y la excelencia académica, son las escuelas incorporadas a la máxima casa de estudios, que andan por la calle de la amargura en materia de acreditaciones y programas de calidad.

Y es que no es posible que el 97% de los programas de licenciatura de la UAP cuenten con alguna certificación, ya sea del COPAES, CIEES o Conacyt, y la situación de las doce instituciones de educación superior incorporadas a ella —y que incluso se publicitan con su logo— sea totalmente diferente.

¿O cómo entender que la UAP presuma que el 97% de sus programas de licenciatura son de calidad y, en cambio, las escuelas pertenecientes a su Sistema de Educación Superior Incorporado no cuenten siquiera con uno? ¿O es que el discurso de la calidad sólo aplica para los que votan en la UAP, mas no para los alumnos y docentes de sus 12 instituciones incorporadas? ¿O es que la UAP también se siente orgullosa de sus universidades patito?

Ojalá y no.

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Trivia:

¿Alguien sabe en manos de quién quedaron la residencia y los dos vehículos que el Comité Directivo Estatal del PRI rifó en el proceso local electoral del 2007, como una estrategia para allegarse recursos para su campaña política?

Los boletos fueron acomodados entre funcionarios públicos de la administración estatal, de primero y segundo niveles, así como entre candidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

La respuesta es todo un escándalo.

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El próximo 3 de septiembre, el secretario de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Javier Lozano Alarcón, vendrá a poner en marcha el llamado Movimiento Laboral 2008, organización local que agrupa a dirigentes empresariales, líderes sindicales, académicos y funcionarios del sector, cuyo objetivo es propiciar una cultura laboral apegada a valores como la competitividad, la puntualidad, la equidad y la justicia en la distribución de la riqueza.

Dicho movimiento será coordinado en Puebla por el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y el delegado de la Secretaría del Trabajo, Carlos Ortiz Rosas.

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Y hasta mañana.

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Un personaje célebre entre los funcionarios y proveedores de la Secretaría de Salud del estado es Dionisio Rodríguez Rodríguez, compadre del titular de la dependencia, Roberto Morales Flores.

Su fama de bribón, ya proverbial en los pasillos de la Secretaría, llegó a límites de escándalo en diciembre pasado cuando a través de dos de sus empresas –Comercializadora Sevilla y DR Sagitario– se embolsó 23 millones de pesos.

Dicha cantidad cubría, supuestamente, un requerimiento de papelería y artículos de oficina solicitados por la Jurisdicción de Huejotzingo. Y digo supuestamente porque la magnitud del pedido rebasa con mucho las necesidades de la Secretaría de Salud y sus diez jurisdicciones sanitarias.

Lo escandaloso del caso no es el que requerimiento de ¡23 millones de pesos! haya sido autorizado y pagado por el recién destituido director de Finanzas y Administración, José Luis Palafox Krayevsky, sino que la papelería y los artículos de oficina ni siquiera fueron surtidos.

Así como lo lee.

El atraco fue tan descarado que tuvo intervenir la Contraloría del estado y obligar a Dionisio Rodríguez no a devolver los 23 millones de pesos, sino a entregar la mercancía, cosa que hizo hasta abril de este año.

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La ex regidora panista del ayuntamiento de Puebla, Jacqueline Littardi Meléndez, que en las pasadas elecciones locales se dejó ver en algunos actos de candidatos del PRI, es ya parte del equipo de campaña de Enrique Doger Guerrero a la gubernatura de Puebla.

Esta semana, la ex regidora en la gestión dogerista formalizó su incorporación al Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), es decir, la plataforma política utilizada por el también ex rector de la UAP para promoverse como aspirante a la gubernatura del estado.

Además de Jacqueline Littardi, se espera que en los próximos días hagan lo propio militantes priístas –identificados con el marinismo– y perredistas de Huauchinango y Villa Juárez.

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Este mediodía asumirá oficialmente la diócesis de Tlaxcala, acéfala desde 2006 tras la muerte del obispo Jacinto Guerrero Torres, Francisco Moreno Barrón, quien antes de su designación se desempeñaba como obispo auxiliar de Morelia.

Se espera a su ceremonia de consagración, en el seminario de Y griega, asistan no sólo prominentes miembros del clero mexicano, como el nuncio apostólico Christophe Pierre y 20 obispos mexicanos, sino autoridades civiles, como el gobernador panista Héctor Ortiz Ortiz y un buen de presidentes municipales de la vecina entidad.

Moreno Barrón llegará a la vivir a la diócesis de Tlaxcala, cuya sede fue totalmente remodelada con recursos del gobierno del estado (algo que parece estar de moda), y a resolver un primer conflicto religioso en San Pablo del Monte, donde los lugareños no quieren al sacerdote que les enviaron como párroco.

La diócesis tlaxcalteca se integra con 65 parroquias, 16 capillas, 165 sacerdotes, 233 religiosas y 23 religiosos.

El nuevo obispo Francisco Moreno Barrón es oriundo de Salamanca, Guanajuato, tiene 54 años, estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Morelia, y el 2 de febrero de 2002 fue ordenado obispo titular de Gaguari y auxiliar de Morelia.

Correos periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Finalmente no son dos, sino cuatro los poblanos que figuran en la lista de 75 aspirantes a ocupar una de las tres consejerías del Instituto Federal Electoral (IFE) que en agosto próximo quedarán vacantes con la salida de Andrés Albo Márquez, Lourdes López Flores y María Teresa González Luna.

Los otros dos poblanos que, por ignorancia, no incluí el viernes pasado son: Martín Cutberto Vera Martínez, tehuacanero, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, y asesor de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados desde hace más de una década, y Herón García Martínez, investigador de la UAP y presidente del Consejo Municipal Electoral de Puebla en las elecciones locales del 2007.

Vera Martínez será entrevistado por los diputados de la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja este miércoles 28 de mayo, al igual que Alfredo Figueroa Fernández y Mauricio García León, mientras que la entrevista de Herón Martínez se efectuará el viernes 30 de mayo.

De los cuatro candidatos, el que más posibilidades tiene es el consejero local del IFE, Alfredo Figueroa, por el apoyo que le brindaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

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Será antes de esta semana cuando Jorge Sánchez Morales ponga a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) la contratación de un nuevo inmueble, en el primer piso de la Torre Milenio, para reubicar ahí a la Dirección Administrativa, que actualmente despacha en Acatlán número 64 de la colonia La Paz.

El trato ya está hecho y Jorge Sánchez sólo quiere formalizarlo, con el aval de la mayoría de los consejeros electorales, algo que por cierto nunca hizo con el edificio de la 25 Poniente 3316 –actualmente en litigio por un adeudo de 280 mil pesos que reclama el arrendador–, ni con los inmuebles alquilados para los Consejos Distritales y Municipales.

La renta que Jorge Sánchez pagará por el primer piso de la Torre Milenio será de 53 mil pesos mensuales, que es lo mismo que hoy paga por la casona de la colonia La Paz y que, según el consejero presidente, ya no reúne las condiciones adecuadas para el desempeño de las áreas técnicas y administrativas del IEE que ahí funcionan.

Para justificar el cambio de sede de la Dirección Administrativa, el presidente del IEE mandó a sus pares y a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General un engargolado con fotografías que muestran el hacinamiento que actualmente existe en las oficinas de Acatlán 64, y dos cotizaciones, una de 74 mil pesos por un edificio del centro de la ciudad, y otra de 92 mil pesos por un edificio en la misma zona de Angelópolis.

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Aunque finalmente fue incluido en la lista del Comité Directivo Estatal del PAN, las posibilidades de que Félix Hernández Hernández sea electo consejero estatal en la convención del próximo sábado parecen pocas.

Y es que el secretario de Fortalecimiento Interno del PAN (antes Organización) no es bien percibido por algunos connotados miembros del blanquiazul, que le achacan parte de la responsabilidad de los descalabros electorales del 2007 y una presunta subordinación al senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Adicionalmente hay que comentar que Félix Hernández intentó ser propuesto como consejero por el Comité Municipal de Tlachichuca, pero con mal fario pues la convención donde sería electo tuvo que suspenderse por falta de quórum, fenómeno que también se ha presentado en las convenciones de Atlixco y San Martín Texmelucan, otrora bastiones del Partido Acción Nacional en la entidad.

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Chávez Estudillo auspició la prostitución gay
Enrique Agüera y Mario Marín se hacen compadres

A propósito de la marcha que anteayer sábado realizó la comunidad lésbico-gay, y la demanda de algunos de sus dirigentes para que en Puebla cesen los operativos y redadas en contra de aquellos que se dedican al oficio más antiguo del mundo, una pregunta flota en el ambiente: ¿cuál es la posición de la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz frente a la proliferación de zonas de tolerancia en distintos puntos de la capital del estado?

Antes de entrar en materia, quizás valga traer a la memoria un caso que se presentó en la pasada administración municipal, y que ejemplifica la doble moral de las autoridades en torno a la prostitución.

En los primeros días de junio de 2005, e-consulta publicó un oficio firmado por el entonces director de Comercialización, Abasto y Vía Pública del ayuntamiento de Puebla, Gilberto Rivera Rivera, en el que se autorizaba el ejercicio de la prostitución a 39 sexoservidores en diferentes zonas de la ciudad.

La difusión del permiso generó un escándalo mediático y una investigación por parte de la Sindicatura y la Contraloría municipales, que provocaron el cese de Gilberto Rivera al frente de la Dirección de Comercialización y una amonestación privada en contra de este funcionario, que fue reubicado en la Tesorería Municipal.

Sin embargo, los verdaderos responsables de este escándalo quedaron impunes, el lenón siguió con su actividad y los sexoservidores pertenecientes a la asociación “Ciudadanos Vanguardistas del estado de Puebla” también continuaron prostituyéndose, pero ahora con el permiso de la autoridad municipal.

La historia que entonces no se contó y que hoy sale a relucir con la filtración de nuevos documentos, es que la autorización para que 39 sexoservidores pudieran seguir dedicándose a la prostitución callejera salió del secretario particular del presidente municipal, Enrique Chávez Estudillo “Kío”.

El hoy regidor priísta del ayuntamiento de Puebla no sólo se comunicó vía telefónica con el director de Comercial, Abasto y Vía Pública, instruyéndolo a que autorizara la petición del dirigente de Ciudadanos Vanguardistas del estado de Puebla”, sino que mediante un memorandum fechado el 1 de marzo de 2005 recomendó la viabilidad de dicha solicitud.

Y cómo no, si el solicitante era ni más ni menos que un viejo conocido suyo, el profesor Manuel Lira García, quien en las elecciones locales de 2004 se desempeñó como su jefe de escoltas o guardaespaldas.

Hasta aquí el paréntesis.

A tres años de distancia de aquel escándalo, en la ciudad de Puebla siguen proliferando las zonas donde abierta o simuladamente se ejerce la prostitución masculina o femenina.

Aunque legalmente la prostitución es un delito, en la práctica sigue tolerándose tanto en la vía pública como en bares, centros nocturnos, table dance, casas de cita o casas de masaje, muchos de ellos sujetos a cuotas por parte de inspectores y funcionarios corruptos.

El tema, lamentablemente ausente en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011, se ha prestado a toda clase de componendas o acuerdos en lo oscurito, por la negativa de las autoridades de incluirlo en la agenda pública y de regularlo a través de normas específicas, claras y puntuales.

Si la prostitución en Puebla es una realidad que todos los días puede constatarse en las calles, parques y hoteles del Centro Histórico, así como en establecimientos clasificados como giros negros o rojos, ¿por qué no regularla de una vez o combatirla?

¿O es que el actual ayuntamiento también quiere hacerse de la vista gorda?

EN CORTO

El gobernador Mario Marín Torres y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, ahora sí son compadres, y el motivo lo dio la hija menor del segundo, Brenda Agüera Vera, quien este sábado festejó sus 15 años de vida con una fiesta temática en una ex hacienda de Atlixco, a la que se dieron cerca de mil invitados, entre amigos de la festejada, funcionarios públicos y de la máxima casa de estudios, así como legisladores federales y locales de distintos partidos políticos, dirigentes empresariales y directivos de medios de comunicación.

El compadrazgo del gobernador Marín y su esposa Margarita García con el rector de la UAP se selló primero con una misa en el templo de Nuestra Señora del Camino, en la zona de Angelópolis, y luego en una animada cena en la que Brenda debutó como artista, al interpretar algunas canciones de su producción discrográfica que pronto saldrá al mercado.

Dos fueron los grandes ausentes de la velada: el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y el ex presidente municipal de Puebla Enrique Doger Guerrero, aunque éste último ni siquiera fue invitado.

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Y hasta la próxima.

Correos periodistasoy@hotmail.com y
rruiz@e-consulta.com.mx 

¿Qué consejeros han comenzado a filtrar información administrativa y financiera del Instituto Electoral del Estado (IEE) con el fin de apresurar la salida del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, ahora que éste ha caído de la gracia de la cúpula gobernante?

¿No acaso algunos de ellos se comprometieron, delante del representante del PRI ante el Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández, a cerrar filas en torno a Jorge Sánchez, el pasado 1 de abril en un desayuno efectuado en el Fiesta Americana de La Vista?

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¿A quién en realidad representa el rector de la Universidad de América Latina, Jesús López Chargoy, como comprador del paquete del 5.3% de acciones que tenía Emilio Maurer Espinosa en el Puebla de la Franja?

Y, por cierto, ¿hay algún parentesco de este personaje con Carlos Hugo López Chargoy, apoderado legal de la empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Caren, e influyentísimo contratista de obra en la Universidad Autónoma de Puebla?

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¿Por qué a la reunión de trabajo que hoy sostendrá el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, y los integrantes del gabinete de Seguridad Pública, con una comisión de legisladores locales, no fue invitado el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto?

¿No que se trata de una reunión del gabinete de seguridad en pleno con los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil?

¿Por qué Alejandro Fernández tampoco ha sido convocado para la reunión de mañana viernes con los dirigentes de los organismo cúpula de la Iniciativa Privada, para abordar temas relacionados con la seguridad pública?

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¿Qué ex presidente municipal de la entidad podría dejar de ser consejero nacional del PRI y miembro de la Comisión Política Permanente, tras el proceso de renovación que se avecina en estos dos órganos nacionales de dirección partidaria, una vez que el próximo 26 de mayo se publique la convocatoria respectiva?

A propósito, ¿qué político poblano forma parte de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, que tiene a su cargo la renovación del Consejo Político Nacional?

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