Hace tres años, Roberto Grajales Espina se fue hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para protestar por la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN de suspender la asamblea donde serían votados y ordenados los candidatos a diputados federales por la vía plurinominal, y hace poco más de un mes fue uno de los promotores, junto con los senadores Ángel Alonso Díaz Caneja y Rafael Moreno Valle, para que este procedimiento se repitiera, a condición de que él, Pablo Rodríguez Regordosa y Valentina Augusta Díaz de Rivera Hernández fueran los favorecidos con los tres primeros lugares de la lista de Puebla.

El problema para Rafael Moreno Valle y Ángel Alonso es que en esa reunión ambos le aseguraron al dirigente nacional panista, Germán Martínez Cázares, que si los candidatos plurinominales eran los tres arriba mencionados todos los grupos y corrientes del partido quedarían conformes… y visto está que se equivocaron o mintieron.

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La decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN de quitar a Cristina María Blanca García como candidata a diputada federal por el distrito 10 de Cholula, para poner en su lugar al ex presidente municipal de San Andrés Cholula, Omar Coyópol Solís, es otro descalabro para el senador Rafael Moreno Valle Rosas, principal promotor de la accionista de la empresas de sidras Copa de Oro.

Desde que Cristina Blanca fue designada, las protestas de los panistas de San Pedro Cholula no se hicieron esperar, sobre todo de las familias que en la región tienen el control del PAN, como los Tepanécatl, los Carranco, los Toxqui y los Coconi.

La diputada federal Dolores Parra Jiménez fue una de las críticas más activistas, pues no olvida que en el ayuntamiento priísta presidido por el hermano de aquella —Miguel Blanca García—, varios de sus familiares fueron hostilizados y hostigados.

Otro factor de descontento de los panistas cholultecas en contra de Moreno Valle fue su intentona de imponer como suplente de Cristiana Blanca García al hijo del delegado regional del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Antonio Galy Fayad, cuando el muchacho de apenas 18 años ni siquiera es miembro activo del PAN, y no cumple con la edad mínima requerida —21 años— para ser diputado federal.

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Entre los panistas de la capital del estado y algunos miembros del Comité Directivo Estatal del PAN crece el malestar por el abierto favoritismo de los dirigentes formales e informales del partido hacia Pablo Rodríguez Regordosa.

Y es que este cachorro del yunquismo puede darse en lujo de irse de vacaciones con su familia y su mamá a Salt Lake City, valiéndole gorro el proceso interno de selección de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal y luego regresar a Puebla como aliado del senador Rafael Moreno Valle, sin que nadie pueda reprocharle su oportunismo y escaso trabajo político entre los miembros del partido.

El malestar radica en que a pesar de lo anterior, la dirigencia estatal del PAN —encabezada por Rafael Micalco Méndez— sigue empeñada en que Pablo Rodríguez sea incluido en las posiciones 5 o 10 de la lista de candidatos plurinominales por la cuarta circunscripción electoral del país, que comprende al Distrito Federal y a los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

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Ante los ojos de sus dirigentes nacionales, el presidente estatal del PAN, Rafael Micalco, no es más que una figura decorativa. Su falta de liderazgo ha sido puesta en evidencia por no pocos personajes de Puebla ––diputados y senadores, entre ellos––, que lo han responsabilizado de los conflictos en no pocos distritos por la designación de candidatos de mayoría y de ser incapaz de generar consensos al interior del partido.

La crisis en que se encuentra metido el PAN poblano, tras la cancelación de las votaciones del domingo pasado para elegir y ordenar la lista de candidatos plurinominales, está siendo analizada con detenimiento tanto por el presidente del CEN, Germán Martínez, como por el secretario general, Rogelio Carbajal Tejada.

Y la percepción que hasta el momento se tiene del caso Puebla, es que si los conflictos continúan y los principales grupos siguen sin ponerse de acuerdo, lo más conveniente sería nombrar una delegación que se encargue de conducir al partido, en el actual proceso electoral, y de preparar la renovación del Comité Directivo Estatal.

La gestión de Rafael Micalco concluye a finales de este año, en octubre o noviembre, y lo más probable es que por recomendación del CEN éste ni siquiera trate de buscar la reelección para un nuevo periodo.

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Simón dice:

“La idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás”.
Voltaire (1694-1778). Filósofo y escritor francés.
 
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Quintuplican los costos de las realizadas por la comuna
Mario Marín García, futuro notario por la capital

Uno de los secretos mejor guardados por la actual administración estatal es el costo final de las obras públicas.

En la página de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SEDUOP) esta información simplemente brilla por su ausencia. En el apartado de Convocatorias a concursos o licitaciones, los links que supuestamente llevarían a los resultados de las asignaciones están rotos o desactivados.

La única forma de acceder a los costos de las obras es vía los boletines de prensa, emitidos por la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado o la Dirección de Comunicación Social de la propia dependencia.

Esta opacidad o falta de transparencia no es casual, ni involuntaria.

Por el contrario, tiene la intención de ocultar al ciudadano y a los especialistas en la construcción los sobrecostos que tienen algunas de las obras que realiza el gobierno del estado, en particular la SEDUOP y su titular Javier García Ramírez.

Para demostrarlo basta llevar a cabo un simple comparativo, por ejemplo, entre las unidades o canchas deportivas efectuadas por el gobierno de Mario Marín Torres y la gestión de Blanca Alcalá Ruiz.

La diferencia de precios, como se verá, resulta abismal.

Hasta el pasado mes de febrero, la actual administración estatal había construido 30 nuevas unidades deportivas, que constan ––en términos generales–– de cancha de fútbol, de pasto natural o sintético; de dos canchas de usos múltiples, que pueden utilizarse para básquetbol o voleibol; y de una pista de atletismo.

El costo de cada unidad deportiva fluctuó entre siete y 15 millones de pesos. La variación en los precios depende de varias cosas, como el tamaño de la cancha y el tipo de pasto que se le pone; la pista de atletismo, que puede ser de gravilla o de tartán, y si ésta consta de gradas, iluminación y sanitarios.

La gestión de Blanca Alcalá construyó el año pasado ocho nuevas canchas de fútbol de pasto sintético, dos pistas de trote y tres canchas de usos múltiples.

En la unidad habitacional Manuel Rivera Anaya, el ayuntamiento de Puebla pagó 1.8 millones de pesos por dos canchas de pasto sintético, una pista de trote y una cancha de usos múltiples; en la unidad habitacional San Bartolo, 1.03 millones de pesos, por una cancha de futbol de pasto sintético, una pista de trote y la dignificación de la cancha de usos múltiples ya existente; y en el Polideportivo José María Morelos y Pavón pagará 1.9 millones de pesos por las obras de mantenimiento y rehabilitación de ese complejo cercano al barrio de Xonaca.

En la unidad habitacional San Ramón, la cancha de pasto sintético le costó 811 mil pesos; en la unidad habitacional La Flor, 729 mil pesos; en la unidad habitacional La Victoria 186 mil; en la unidad habitacional Amalucan, 243 mil; y en la unidad habitacional Villa Frontera, 180 mil pesos.

Tales costos, en comparación con los del Gobierno del Estado, son abismales.

Aquí le dejo un par de muestras: la unidad deportiva de Chalchicomula de Sesma, que tendrá un costo de 15 millones de pesos , y la unidad deportiva de Chignahuapan, en la que se invertirán 14 millones de pesos.

Ambas obras fueron puestas en marcha por el gobernador el año pasado, una el 30 de agosto y otra el 10 de diciembre, y ambas contarán ––una vez que se concluyan–– con cancha de fútbol, dos canchas de usos múltiples y una pista de atletismo, además de gradas, sanitarios y alumbrado.

EN CORTO
Con el aval de su señor padre, Mario Marín García ha comenzado a gestionar una notaría pública en la ciudad de Puebla.

De hecho, trascendió que esta semana, en un Juzgado de lo Civil, se llevará a cabo una diligencia testimonial de personas que dicen conocer al hijo del gobernador del estado como una persona apta y capaz para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El asunto, por supuesto, levantará ámpula entre abogados y notarios, así como en partidos políticos que no desaprovecharán la ocasión para llevar agua a su molino en pleno proceso electoral federal.

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De un momento a otro se conocerán nuevos ajustes y nombramientos en la Secretaría de Salud del estado, dependencia en la que se mantendrá como titular Antonio Marín y López, por recomendación del secretario del ramo a nivel federal, José Ángel Córdova Villalobos.

De buena fuente, le puedo adelantar que por lo pronto el gobernador Marín colocará al frente de la Dirección de Atención a la Salud, en lugar de Jorge George Sánchez, a una persona muy cercana a sus afectos, y que el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano ya estableció contacto con el líder sindical Malcom Ramírez Martínez para pedirle le baje a sus protestas.

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El secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, estuvo este sábado en Huauchinango y Xicotepec de Juárez.

Llegó a bordo de un helicóptero del gobierno del estado, acompañado del director de la Policía Judicial, Hugo Isaac Arzola Muñoz.

En Huauchinango inauguró la feria del lugar, en representación del gobernador Mario Marín, y en Xicotepec asistió a una comida organizada por René Lechuga Fosado con motivo de su cumpleaños, y que reunió a la clase política de esa región de la Sierra Norte de Puebla.

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El Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación determinó declarar improcedentes los recursos de inconformidad promovidos por Rafael Palacios Vega y Selim Alberto Núñez Ledesma en contra del PRI, que les negó su registro como precandidatos a diputados federales por los Distritos 6 de Puebla y 7 de Tepeaca.

Palacios Vega se inconformó, primero ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI y luego ante el Tribunal Electoral, pero sin agotar la primera instancia, por lo su recurso fue desechado.

En el caso de Núñez Ledesma, el Tribunal Electoral determinó que su impugnación carecía de validez, por no haber recurrido primero ante las instancias partidistas procedentes.

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Simón dice:

“Hay personas a las que la fortuna no les procura más que miedo de perderla”

 Conde de Rivarol, escritor francés.

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 Este día un grupo de empleados de confianza y de base del Instituto Electoral del Estado (IEE), podrían protagonizar un paro laboral en demanda de mejoras salariales y prestaciones económicas.

Su inconformidad radica en que sus salarios siguen siendo los mismos de hace tres años, a diferencia de lo que sucede con los consejeros electorales, directores, coordinadores y jefes de departamento del Instituto, y representantes de los partidos políticos.

En el último año, las dietas de los consejeros han subido dos veces, de 68 mil a 70 mil y de 70 mil a 72 mil pesos mensuales, al igual que las compensaciones de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEE, al pasar a 13 mil y luego a 15 mil pesos mensuales.

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El jueves de la semana pasada, el gerente general de Grupo Acir Puebla, antes Corporación Puebla de Radiodifusión, Jaime Briseño Orozco, fue materialmente puesto de patitas en la calle por los enviados del dueño de ese corporativo nacional, Francisco Ibarra López.

Esta situación tiene nerviosos a los empleados de Acir Puebla, pues no se sabe qué otros cambios se darán, ni quién vendrá a ocupar la gerencia general del grupo radiofónico compuesto por cinco estaciones radiofónicas de Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada.

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Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado acordaron fijar para el viernes 19 de los corrientes a las 10 horas, la comparecencia del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, pero en su calidad de presunto responsable de violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Transparencia.

En el proceso administrativo de inició de responsabilidades, Juárez Acevedo tendrá que explicar y demostrar –lo que hasta ahora no ha conseguido ante el Instituto Federal Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– porque dice que no era secretario general de la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, al momento de su nombramiento como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004, a pesar de todas las evidencia documentales y testimoniales que demuestran lo contrario.

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Otro influyente miembro de La Hermandad que se incorpora a la Dirección de Vialidad del estado, gracias a los buenos oficios de su jefe político Héctor Guerra Montiel, es José Luis Segrestre.

Segreste, quien prestaba sus servicios para la Dirección de Tránsito del municipio de Puebla, primero como jefe de sector y luego como subdirector operativo, hasta que una organización de transportistas de materiales lo acusó de extorsión, labora ya como supervisor general de la Dirección de Vialidad del estado.

Su contratación deja una pésima lectura en materia de impunidad, pues en lugar de que estos elementos salgan del servicio público, siguen en él y lo único que hacen es pasar de la administración municipal a la estatal y viceversa.

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Continúan los problemas en la Universidad Cuauhtémoc de Puebla. A un mes del inicio de ciclo escolar, la institución aún no logra cubrir su plantilla docente, por lo que los alumnos carecen de un horario corrido y tienen que esperar varias horas después de salir de una materia para cursar otra.

Esta deficiencia no ha sido obstáculo, sin embargo, para que los directivos de la Cuauhtémoc, apliquen a los estudiantes recargos mensuales del 20% si no pagan a tiempo su colegiatura.

Otra situación que tiene inconformes a los alumnos es la política de becas aplicada arbitrariamente por la Universidad a pesar de la existencia de un reglamento interno que supuestamente regula su entrega.

Según dicho reglamento, sólo pueden acceder a becas al 100% aquellos estudiantes que después de al menos un año de inscritos en cursos regulares alcancen promedio de diez en sus materias del último semestre, cuestión que de manera frecuente es violentada por el propio rector Francisco Martínez Briones, quien asigna esas becas a alumnos de nuevo ingresos, que son hijos de políticos o recomendados de algún funcionario de gobierno.

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¿Con qué cara Puebla será sede la COMAIP?
Plataforma Cuatro, piedra en el zapato del IFE

El escándalo que envuelve al Congreso del estado y al cuestionado presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, podría alcanzar dimensiones nacionales. No exagero. Sólo analice el contexto.

De entrada, Puebla será sede, durante la última semana de agosto, de la IX Asamblea Nacional de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuya presidencia recayó —por razones propias de la organización del evento— en el ilegal e ilegítimo presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo.

Una semana antes de la Asamblea Nacional de la CAMAIP, el Congreso regresará de su periodo vacacional para entrar —según el dicho del presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa— a fondo en la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, en especial ahora que su pertenencia y posición dentro de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, al momento de su designación como comisionado de la CAIP, está más que demostrada.

¿Qué va a pasar el 19 de agosto, cuando el diputado Pablo Fernández del Campo y los demás legisladores de la Comisión de Gobernación conozcan oficialmente el expediente publicado el viernes por e-consulta, donde el IFE admite —por conducto de su director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agíss Bitar— que el presidente de la CAIP sigue siendo el secretario general de Plataforma Cuatro?

¿A poco la mayoría priísta del Congreso va a seguir sosteniéndolo, a sabiendas que su nombramiento es ilegal de origen?

¿Con qué cara Juárez Acevedo puede ser anfitrión en Puebla de los garantes de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información pública de los 27 institutos y comisiones invitados a la IX Asamblea Nacional COMAIP?

Un ingrediente adicional para que el escándalo de Juárez Acevedo adquiera dimensiones nacionales, es la controversia que él mismo interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar abajo la afirmación del IFE sobre su pertenencia a la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Juárez Acevedo basa su argumentación en un hecho sin duda controversial y controvertido: la ausencia de su firma en el acta constitutiva de Plataforma Cuatro.

El presidente de la CAIP sostiene que si tal documento no fue suscrito por él, entonces los actos y actuaciones posteriores de esta agrupación política nacional tampoco tienen validez legal, por lo que nadie puede acreditarle la representación de una organización que en términos formales jamás se constituyó.

Esta situación explica en parte la actuación poco diligente que ha mostrado el IFE en el caso Juárez Acevedo, primero ante la Contraloría del estado cuando ésta le requirió información sobre el cuestionado presidente de la CAIP y sus vínculos con Plataforma Cuatro, y luego ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del estado.

En el oficio DEPPP/DPPF/3659/2008 que el IFE envió al Congreso del estado, el pasado 9 de julio, se reconoce que el acta constitutiva que da cuenta de la Asamblea General Ordinaria de la Agrupación Política Nacional “Plataforma Cuatro”, de fecha 8 de enero de 1999, “no obra en los archivos de este Instituto”.

Esta omisión no deja de resultar extraña.

¿Cómo el IFE, que por siete años financió con recursos públicos a Plataforma Cuatro, ahora dice que no cuenta con el acta constitutiva de esta agrupación política?

¿Cómo Juárez Acevedo, que por siete años gozó de las prerrogativas del IFE, ahora se inconforma ante el mismo organismo con el argumento de que no puede ser secretario general de una agrupación que legalmente nunca se constituyó, o al menos no con su firma?

¿Ahora entiende por qué le digo que la CAIP y su ilegal e ilegítimo comisionado presidente meterán a Puebla en otro escándalo nacional?

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