Una cuestión en la que deben ponerse a trabajar los abogados de la coalición Sigamos Adelante, que no han sido muy duchos en materia electoral, es la estrategia jurídica que seguirán para demostrar que la excesiva publicidad de su candidato a la gubernatura de Puebla, José Antonio Gali Fayad, no rebasó el tope de gastos de campaña fijado por la autoridad electoral.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) había autorizado, inicialmente, un techo de 44 millones 814 mil 944 pesos, tomando como base el costo de la elección de senadores en el estado de México (22 millones por cada senador) en el 2012, y no la de senadores en el estado de Puebla.

Sin embargo la representación del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se inconformó y llevó su queja al Tribunal Electoral del Estado (TEE) y más tarde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le dio la razón.

Los consejeros del IEE tuvieron entonces que revocar su acuerdo inicial, el CG/AC-027/16, y aprobar uno nuevo que redujo en nueve millones de pesos el tope de gastos de campaña de la elección para gobernador del estado, estableciéndolo en 35.8 millones de pesos.

Hay que mencionar que en las nuevas reformas que se hicieron en Puebla al Código de Instituciones y Procesos Electorales, el 22 de agosto de 2015, el rebase del tope de gastos de campaña ya es motivo de nulidad de una elección.

Basta, según la fracción I del artículo 378 Bis, que un candidato, partido o coalición exceda en un cinco por ciento el monto fijado como tope de campaña para que la elección que éste haya ganado se anule.

El mismo artículo del Código Electoral de Puebla establece que en caso de nulidad de una elección, se convocará a un proceso extraordinario en el que no podría participar el candidato sancionado que hubiese excedido el tope de gastos campaña.

Ahora entiende cuál es la jugada del PRI, que este miércoles solicitó, por un lado, que el Instituto Nacional Electoral (INE) atraiga la elección de gobernador de Puebla y, por otro, ha pedido junto con otros partidos y candidatos que la autoridad electoral investigue el dispendio publicitario del candidato de la coalición morenovallista.

Como el lector observará: todo apunta a que la elección se va a judicializar y que el PRI y otros partidos ya están pensando ganar en la mesa lo que posiblemente no obtengan en las urnas el domingo 5 de junio.

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Diputados federales, los responsables electorales del PRI en sus distritos

Aunque serán los poblanos los que con su voto definirán el domingo 5 de junio al futuro gobernador de Puebla, hay factores podrían influir en el resultado de los comicios de manera perjudicial para José Antonio Gali Fayad, quien hoy encabeza las preferencias electorales.

Esos factores están conectados y podrían cobrar relevancia en un escenario de conflicto poselectoral derivado de una apretada diferencia entre el primero y el segundo lugar, y la inminente judicialización del proceso.

Si Gali Fayad gana las elecciones pero no por 11 o 13 puntos que anticipan algunas encuestas, si no por un margen mucho más apretado, y el PRI no obtuviera 9 de las 12 gubernaturas que estarán en juego en la jornada electoral del primer domingo de junio, puedo anticiparle que el proceso no sólo se alargará sino que terminará resolviéndose en instancias jurisdiccionales federales.

Además de los numerosos juicios que ya existen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se sabe que en los próximos días se acumularán otros en los que se buscará demostrar la inequidad de la contienda y que Gali Fayad y los partidos que lo apoyan —en la coalición Sigamos Adelante— ya rebasaron el tope de gastos de campaña.

Para documentar el excesivo gasto publicitario, algunos priístas vienen integrando un voluminoso expediente con fotos georeferenciadas y actas certificadas de notarios públicos que dan cuenta de anuncios espectaculares, vallas y bardas en las que se promociona la imagen de Antonio Gali a lo largo y ancho del territorio poblano.

A la par se sabe que el equipo jurídico de la candidata independiente Ana Teresa Aranda —encabezado por Víctor León Rueda— también pretende demostrar que tanto el abanderado de la coalición morenovallista como la candidata del PRI ya se gastaron más de 35.8 millones de pesos, que es el tope de gastos de campaña autorizado por el Instituto Electoral del Estado.

Una cuestión que no hay que perder de vista sobre los competidos comicios locales es que Puebla es el estado con más denuncias y juicios ante el Tribunal Electoral.

¿Se imagina qué pasaría si en la jornada electoral del 5 de junio el PRI perdiera no sólo la gubernatura de Puebla, sino las de Aguascalientes, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; es decir, que sólo ganara 6 de las 12 gubernaturas que estarán en juego?

¿Usted cree que el presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se quedaría tan tranquilo con ese resultado cuando él ofreció ganar al menos nueve gubernaturas o que el presidente Enrique Peña Nieto asumiría como todo un demócrata esas derrotas de su partido de cara a su sucesión presidencial?

Ahora suponga que en la elección para gobernador de Puebla la ventaja de José Antonio Gali sobre la candidata del PRI, PVEM y PES, Blanca Alcalá Ruiz, fuera menor de cinco puntos, y que ésta y su equipo de campaña impugnaran el triunfo de aquel.

Usted cree que en ese hipotético escenario, el triunfo de Gali Fayad estaría firme y que ningún actor nacional buscaría la manera de anular el proceso ante el cúmulo denuncias y juicios que han puesto en duda la equidad de la contienda, la imparcialidad del Instituto y el Tribunal Electoral de Puebla, y el rebase de los topes de campaña.

¿Verdad que no?

EN CORTO

Después de la conferencia de prensa que el martes pasado ofrecieron el presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa Patrón, en el salón Los Girasoles, para expresar su respaldo a la candidata Blanca Alcalá Ruiz, éstos se pasaron al hotel Posada Señorial, localizado prácticamente en frente, donde ya los esperaban los presidentes municipales emanados del tricolor.

En ese acto, Beltrones elogió el trabajo de los alcaldes, les garantizó el apoyo del PRI en caso de represalias por parte del gobierno del estado y los hizo responsables de los resultados electorales que Blanca Alcalá obtenga en sus municipios.

Sin embargo, se sabe que los verdaderos responsables de la victoria o derrota de Blanca Alcalá en las diferentes regiones del estado son los diputados federales. A ellos se les asignó desde el comienzo de la campaña la responsabilidad de coordinar las giras de la candidata y la organización de las estructuras electorales y de movilización para el día de la jornada electoral, por encima de los alcaldes y dirigentes municipales del partido.

Eso significa, en pocas palabras, que los diputados federales priístas Carlos Barragán Amador, Lorenzo Rivera Sosa, Xitalic Ceja García, Alejandro Armenta Mier, Graciela Palomares García, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Juan Manuel Celis Aguirre, Jorge Estefan Chidiac y Edith Villa Trujillo, serán los artífices de la victoria o la derrota de Blanca Alcalá el domingo 5 de junio en sus respectivos distritos.

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Por extralimitarse en sus funciones y actuar por consigna, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a enmendarle la plana a los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), cuya actuación como árbitros de la contienda está dejando mucho que desear.

Tanto que entre éstos han comenzado las rivalidades y grillas internas por la actuación unilateral del consejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga en varios asuntos, la fuga de información supuestamente confidencial, y la injerencia de personajes ajenos al Instituto –como el ex secretario ejecutivo Miguel David Jiménez López y otros operadores morenovallistas– en casos controversiales.

Los consejeros saben que sus últimas decisiones, algunas de las cuales han sido aprobadas por unanimidad como la de suspender las prerrogativas al PRD por la ausencia de plataforma electoral, les han restado legitimidad, y que si esta situación continúa corren el riesgo de perder autoridad y no llegar a las elecciones del 2018.

Los resolutivos de la Sala Superior del TEPJF se veían venir. Era obvio que los magistrados del Tribunal Federal iban a darle la razón al PRD, que se inconformó por la suspensión de sus prerrogativas (por un monto de 9.9 millones de pesos) por supuestamente no contar con plataforma electoral, luego que la originalmente registrada fue invalidada.

También era lógico que los magistrados federales echarían abajo el acuerdo de validar en campo las firmas de apoyo obtenidas por Ana Teresa Aranda para obtener su registro como candidata a la gubernatura, toda vez que esta no es una atribución o facultad del IEE, que el Código Electoral no establece que las firmas tengan que verificarse en los domicilios de quienes las otorgaron y que tal actividad nunca se incluyó en el protocolo de los consejeros para aprobar o rechazar las candidaturas independientes.

El recurso promovido por el aspirante a candidato independiente Ricardo Jiménez Hernández, para dejar sin efecto el candado de territorialidad que introdujeron los consejeros del IEE, era obvio que también iba a ser aprobado.

Si el TEPJF ya había echado abajo ese requisito extralegal en el juicio que promovió Ana Teresa Aranda, ¿por qué esta misma resolución no tendría que beneficiar a Ricardo Jiménez?

Los magistrados federales no lo entienden, pero comienzan a sospechar –por los asuntos que han tenido que resolver en los últimos días– que tal situación obedece a la falta de independencia de los consejeros y magistrados locales electorales.

Para contextualizar esta afirmación sólo hay que recordar que el TEPJF ha resuelto –además de los tres caso anteriores– validar la renuncia que presentó Ana Teresa Aranda como militante del PAN y el registro de Roxana Luna Porquillo como candidata del PRD a la gubernatura, avalar la nominación de Blanca Alcalá Ruiz como abanderada del Partido Encuentro Social (PES) bajo la figura de candidatura común y la exigencia del magistrado Jorge Sánchez Morales de que su sueldo se homologue con el de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

En términos futbolísticos diríamos que los consejeros y magistrados locales pierden por goliza, y todo por extralimitarse en sus funciones y actuar por consigna.

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No a la judicialización de las elecciones para gobernador

Frente a una elección que se vislumbra tan cerrada y competida como la del domingo 5 de junio en Puebla y con un alto de riesgo de judicialización, el rol de los árbitros y jueces del proceso es fundamental para dar legalidad y certeza a los resultados de los comicios.

En la medida que los consejeros y magistrados electorales pierdan objetividad o independencia, se vuelvan parciales o actúen por consigna, los riesgos de que el proceso no sólo salga del ámbito local sino que tenga que ser resuelto por instancias u órganos jurisdiccionales de la capital del país son crecientes.

De ahí la importancia de que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) resuelvan con estricto apego a la legalidad, sin sobrerregulaciones ni interpretaciones sacadas de la manga, los registros de candidatos independientes, de partidos y coaliciones que este domingo se presentaron.

La tentación de intentar de dejar fuera de la contienda electoral a los candidatos y partidos que no comulgan con el actual grupo gobernante o que suponen podrían restarle algunos puntos al abanderado a la gubernatura de Puebla de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, no debe ir más allá de eso: de una tentación.

El ex presidente municipal de Puebla no necesita de ese tipo de «ayudas» para ganar la elección.

Si de los candidatos y candidatas que este domingo acudieron al IEE a solicitar su registro para contender por la gubernatura de Puebla, hay alguno o alguna que no aparecerá en la boleta electoral, ojalá que tal decisión obedezca a una inconsistencia jurídica y legal sólida y no en una consigna política de quién cree contar con el control mayoritario de los consejeros del IEE y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

Lo ideal es que sea el sufragio de los ciudadanos radicados en la entidad el que determine quién debe ser el futuro o la futura gobernadora de Puebla, y que si esta elección se cierra la decisión del ganador o ganadora la defina el voto de la mayoría y no un litigio judicial en el TEE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Si Ana Teresa Aranda cumplió con el requisito de contar con más de 127 mil firmas de apoyo a su candidatura independiente se le debe dejar participar. La suya es una opción que representa a miles de ciudadanos que estamos hartos de la partidocracia, de la forma en que se conducen los partidos y seleccionan a sus candidatos a cargos de elección popular.

Lo mismo debe ocurrir con el otro aspirante a candidato independiente, Ricardo Jiménez Hernández. Si este reunió las firmas que necesitaba se le debe dejar participar, sin importar su supuesta o falsa proclividad al morenovallismo.

Si el Comité Ejecutivo Nacional del PRD decidió por mayoría que Roxana Luna Porquillo fuera su candidata a la gubernatura de Puebla, luego que una mayoría rechazó la alianza con el PAN, también se le debe dejar participar. El TEPJF no puede ni debe dejar al sol azteca sin candidato u obligarlo a nominar a un candidato diferente aquella, sólo porque la ex diputada federal es la principal crítica del gobernador de Puebla.

Si el Partido Encuentro Social (PES) resolvió de última hora postular –bajo la figura de candidatura común– a Blanca Alcalá Ruiz como su abanderada a la gubernatura, no veo por qué los consejeros y magistrados locales traten de impedirlo, recurriendo a tesis que nunca antes se aplicaron a los dos partidos estatales que hoy existen: Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP).

Ese tipo de actitudes no presagian un comportamiento imparcial, independiente, certero y apegado a la legalidad de los consejeros y magistrados locales. Ojalá me equivoque.

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En el transcurso de las próximas horas la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría emitir un fallo a favor del magistrado Jorge Sánchez Morales, quien demandó —a través de un juicio— el cumplimiento del artículo 331 del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, para que su salario sea igual que el de los magistrados del Poder Judicial del estado.

Antes de entrar en materia, valdría la pena aclarar que el asunto va más allá de unos cuantos miles de pesos y centavos.

En realidad, estamos ante una resolución que podría exhibir la falta de autonomía del Tribunal Electoral del Estado (TEE) y la injerencia del Ejecutivo —por medio de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA)— en los asuntos internos de este órgano jurisdiccional.

Le explico por qué.

Uno de los primeros acuerdos de los nuevos magistrados del TEE fue igualar su salario con el que perciben sus homólogos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para dar cumplimiento al artículo 331 del Código Electoral, que textualmente dice:

“La remuneración que perciban los Magistrados durante el tiempo que duren en el ejercicio de sus funciones, será igual a la prevista para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado”.

Dicho acuerdo fue comunicado al director Administrativo del TEE, Juan Morales Figueroa, y éste hizo el ajuste correspondiente en la primera quincena de enero, de manera que el salario de los magistrados quedó en 75 mil 800 pesos mensuales. Sin embargo, el gusto les duró poco, pues el subsecretario de Egresos de la SFA, Eduardo Homero Tovilla Lara, ordenó que el salario de éstos se redujera a 62 mil pesos mensuales.

De los tres magistrados que integran supuestamente un órgano constitucional autónomo, el único que no aceptó la reducción y promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano fue Jorge Sánchez. Éste argumentó violaciones constitucionales graves, la intervención del ejecutivo estatal en la administración del Tribunal y cuestiones que ponen en entredicho su autonomía.

Y es que el artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice, en su fracción III párrafo sexto: “Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo”.

Pregunto: ¿Qué facultades metaconstitucionales tiene el director Administrativo del TEE o el subsecretario de Egresos de la SFA para pasarse por el arco del triunfo la Carta Magna y el Código Electoral de Puebla?

El mismo artículo constitucional en su fracción IV inciso C) establece: “Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozarán de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones”.

Pregunto: ¿Cuánta autonomía e independencia pueden tener los magistrados del Tribunal Electoral de Puebla, cuando no son incapaces de decidir sobre su propio presupuesto, o aceptan que un funcionario del Ejecutivo les fije su salario, aunque no corresponda a lo que estipula expresamente el Código Electoral?

A mí me parece que muy poca.

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Por la reiterada negativa de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del PAN de justificar la legalidad de 22 mil 54 afiliaciones de militantes en el estado de Puebla, el regidor Juan Carlos Espina von Roehrich promovió un nuevo recurso ante los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Se trata de un incidente de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la sentencia SUP-JDC-849/2015, del 22 de abril de 2015, por cual instruyó a la Comisión de Afiliación del PAN fundar y motivar, en apego a los estatutos y la normatividad del PAN, las más de 22 mil incorporaciones que al padrón del partido se hicieron el año pasado.

Para el ex presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, estas afiliaciones fueron irregulares, pues se habrían hecho de manera corporativa en abierta violación y contradicción con los documentos básicos del partido y el Código de Ética para Militantes que establecen que éstas deben efectuarse de manera absolutamente libre y personal.

En su nuevo incidente el regidor Juan Carlos Espina pide a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF no sólo el cumplimiento cabal de la sentencia dictada por ellos el pasado 22 de abril, sino que su partido sea sancionado con una multa por su reiterada negativa de justificar la legalidad de las referidas afiliaciones en la entidad poblana.

“Solicito a esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 32 párrafo 1 inciso C) imponga al Partido Acción Nacional ante el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la sentencia SUP-JDC-849/2015, una multa de cincuenta hasta cinco mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal.

“Lo anterior, debido a que el órgano partidista responsable como parte de la institución política, ha hecho caso omiso a sus obligaciones previstas en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ha incumplido o cumplido de forma deficiente una sentencia de la máxima autoridad electoral en el país”.

El recurso se presentó este martes y Juan Carlos Espina designó como abogados para que lo representen en este incidente de incumplimiento de sentencia a Enrique Moreno Trejo y Juan Bosco Ignacio Rosillo Martínez, que tienen su despacho en la colonia del Valle del Distrito Federal.

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Aunque la remodelación del estadio Cuauhtémoc —que ahora podría rebautizarse con el nombre de Audi Stadium, según el periodista Salvador Ríos— aún está en proceso y se llevará todavía varios meses, en el gobierno del estado ya se hacen planes para sacarle el máximo provecho publicitario en la persona del gobernador Rafael Moreno Valle.

De buena fuente le puedo adelantar que el Ejecutivo poblano planea echar la casa por la ventana con la inauguración del estadio, preparando una serie de eventos que se efectuarían por ahí del 5 de mayo de 2016.

Para ese día, en el marco de los festejos de la heroica batalla de Puebla —cuando las armas nacionales se cubrieron de gloria—, se proyecta un juego amistoso entre las selecciones de México y Francia, y que a la reinauguración del coso deportivo acudan figuras mundiales del futbol, como algunos jugadores del Real Madrid, cueste lo que cueste.

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La maestra Lilia María Vélez Iglesias, quien se desempeña como coordinadora de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad Iberoamericana de Puebla, será promovida a un cargo de mayor responsabilidad en esta institución, a partir del 15 de junio cuando termine la gestión de Ana Lidya Flores Marín como directora del Departamento de Humanidades.

El Departamento de Humanidades agrupa las licenciaturas y maestrías de Comunicación, Comunicación y Cambio Social; de Literatura y Filosofía, Ciencias Humanas y Letras Iberoamericanas; de Educación y en Procesos Educativos, de Formación de Maestros, y el Doctorado Interinstitucional en Educación.

La promoción de Lilia Vélez dejará acéfala la coordinación de la Licenciatura de Comunicación, cargo al que podría llegar el maestro Rafael Hernández García Cano, cuyo nombramiento podría anunciarse a finales de esta semana.

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Cuentan los que saben que la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) de revocar la sentencia que exoneró al panista Mario Rincón González de actos anticipados de campaña es apenas el comienzo de una embestida mayor en contra el ex secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado.

Los enterados aseguran que el pecado de Mario Rincón y su principal operador electoral en el distrito de Tepeaca, Omar Álvarez Arronte, fue haber emprendido una campaña sucia contra el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acusándolo de mentiroso y de engañar a la población prometiendo bajar la luz, la gasolina y el gas.

Reportes llegados a la Secretaría de Gobernación federal, corroborados por agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), refieren que la guerra sucia operada por Mario Rincón y Omar Álvarez incluso se financió con recursos públicos del programa Empleo Temporal, por lo que el alcalde de Acajete, Antonio Aguilar Reyes, podría ser sujeto de una investigación.

Algo que llamó la atención de los agentes del Cisen es que buena parte de las bardas rotuladas con consignas contra Peña Nieto se ubican en terrenos o inmuebles propiedad de funcionarios, regidores y familiares de estos en los municipios de Amozoc de Mota y Acajete, ambos pertenecientes al distrito electoral federal 7 con cabecera en Tepeaca.

Por ejemplo en las casas de Mario Ramírez González, ubicada en la calle de Francisco I. Madero número 1123; Armando Castillo, director del Empleo Temporal en Amozoc, localizada sobre la carretera federal a Tehuacán a la altura del número 1205; Constancio Trejo, asesor del secretario general de Acajete, Mario Carbajal Ramos, ubicada en calle 20 de noviembre; y Lilia María Méndez, cuyos hijos laboran en el ayuntamiento de Acajete, y cuyo inmueble se asienta en la Calle Ayuntamiento número 103 Oriente.

La molestia del gobierno federal por esa campaña negra se tradujo en el despido hace unos días de dos hermanos de Álvarez Arronte que laboraban en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social.

Al candidato del PAN por el distrito 7 de Tepeaca aún no se le finca una sanción o multa por los actos anticipados de campaña en que incurrió desde antes de su nominación como precandidato panista a diputado federal, pero en algunos corrillos políticos se especula que si le juntan todos los procesos promovidos en su contra, como su promoción en espectaculares, bardas y autobuses, así como en la inauguración de obras y el reparto de tabletas, motocultores y otros beneficios, podría incluso quedar fuera de la contienda electoral.

El riesgo es tal que el gobernador Rafael Moreno Valle optó por retirar como suplente de Mario Rincón al ex secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, para enviarlo como compañero de fórmula de Ángel Trauwitz Echeguren por el distrito 12 de Puebla capital.

El nuevo suplente del ex titular de la SDRSOT es Enrique Alejandro Cerro Barrios, quien ya fue diputado local por la región de Tepeaca en la LIII Legislatura del Congreso del estado.

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Ante la negativa de la Comisión Nacional de Afiliación del PAN de fundar y motivar las más de 22 mil incorporaciones al padrón del partido en el estado de Puebla, este jueves el regidor Juan Carlos Espina von Roehrich interpuso un nuevo juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El argumento del ex presidente del Comité Directivo Estatal del PAN es que esas afiliaciones no sólo fueron corporativas, sino violatorias del Estatuto, el Reglamento y el Manual de Procedimientos de Afiliación, en los que se establece que las adhesiones al partido deben ser individuales y voluntarias.

En un anterior Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, presentado por el mismo Juan Carlos Espina el pasado 22 de diciembre, el magistrado Salvador Olimpo Nava resolvió que el recurso era procedente y que la Comisión de Afiliación del PAN debía fundar y motivar los registros de los militantes impugnados.

Dicha resolución consta en el expediente SUP-JDC-2901/2014.

Como se lo había comentado, el regidor Espina von Roehrich cuenta en este juicio con el respaldo de otros panistas como el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y el actual presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, quien en su momento también se inconformó –ante las instancias nacionales de su partido, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el TEPJF– por la afiliación corporativa de más 22 mil supuestos panistas en la entidad.

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Por sus fobias partidistas el presidente municipal de Amozoc, el panista José Cruz Sánchez Rojas, negó a la Sedesol y a otras 16 delegaciones federales el uso del zócalo de esta población con la intención de acercar los programas del gobierno federal a los habitantes de esta región de la entidad.

Por lo anterior, la Sedesol tuvo necesidad de alquilar para este sábado un salón social, La Palapa, para llevar a cabo ahí la llamada Asamblea Informativa de las Acciones del Gobierno de la República.

El alcalde de Amozoc no sólo negó el permiso del zócalo y canceló su participación en la jornada, sino que mandó a decir al subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, que el tenía otras amistades en otros niveles que podrían llevar más beneficios a la región que las delegaciones federales.

De los 10 alcaldes invitados a la jornada, nueve ya confirmaron su asistencia, entre ellos los dos pertenecientes al PRI, el de Tepeaca y el de Tecali de Herrera.

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Para sostener un conversatorio con los profesores e investigadores en temas educativos este viernes estará en el Colegio de Puebla, Rodolfo Ramírez Raymundo, autor de planes, programas y libros de texto de primaria, así como de cursos dirigidos a directivos de educación secundaria.

El conferencista, quien actualmente es presidente de la asociación Educación y Cambio, ha sido asesor de la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), subsecretario de Educación Básica de la SEP, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Básica y director general de Investigación Educativa de la SEP.

El conversatorio, que es una variante de una conferencia en la que el ponente estimula el intercambio de experiencias en un ambiente informal y divertido, es abierto a todo el público y tendrá lugar a las 13 horas en el Aula Magna del Colegio de Puebla, sin ningún costo.

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Este viernes en el marco de la inauguración de la Sala de Juicios Orales de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el doctor Mario Patrón Sánchez impartirá la conferencia “El estado actual de los derechos humanos en México”, nombre que lleva su libro de reciente aparición.

Patrón Sánchez es director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

En la conferencia, que tendrá a las 11 horas en el Salón B 203, participarán también Liliana Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, la académica Carmina Parada Aguilar, y el coordinador de la Licenciatura en Derecho, José Antonio Bretón Betanzos.

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Si alguien creía que el capítulo de las afiliaciones masivas en el PAN estaba cerrado o bajo siete llaves, se equivocó.

El asunto se reactivará la próxima semana a través de dos juicios que promoverá el regidor panista Juan Carlos Espina von Roehrich ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la negativa de la Comisión Nacional de Afiliación y del Registro Nacional de Miembros de explicar cómo es que más de 22 mil cuidados de la entidad fueron incorporados al padrón del blanquiazul.

Dichos juicios tienen como antecedente una resolución a favor del propio Juan Carlos Espina por la cual la Sala Superior del TEPJF instruyó a la Comisión Nacional de Afiliación del PAN a explicar, con base en la normatividad vigente, la forma en que estos registros cumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento de afiliación y en los estatutos del partido.

El promovente de los nuevos juicios será el regidor Espina von Roehrich, quien en esta acción cuenta con el respaldo de otros panistas como el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y el actual presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, quien en su momento también se inconformó –ante las instancias nacionales de su partido, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el TEPJF— por la afiliación corporativa de más 22 mil supuestos panistas en la entidad.

Rodrigo Riestra, blanco de reproches campesinos

En su primera prueba de fuego como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, a Rodrigo Riestra Piña le fue francamente mal, a pesar de las lisonjas de algunos productores y dirigentes de organizaciones afines al gobierno del estado, invitados a la Primera Sesión Ordinaria de 2015 del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable.

En el encuentro efectuado el viernes pasado, Riestra –quien ya en dos ocasiones había quedado solamente como encargado de despacho de la SDRSOT– fue vapuleado por las asociaciones campesinas de izquierda, quienes le reprocharon las pocas inversiones y los escasos apoyos del gobierno del estado al sector agropecuario y que éste estuviera solo preocupado por sembrar concreto y levantar obras suntuosas en la capital.

Quien de plano lo desconoció de facto, con acidez y cara a cara, fue el dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Magdaleno Ríos Pérez, quien exigió un diálogo directo con el gobernador Rafael Moreno Valle, ante la incapacidad del hoy secretario para resolver los problemas del campo poblano.

Con sus obras, el gobernador –dijo Magdaleno –«piensa que ya es el héroe, él piensa que ya conquistó México y está muy mal. Llámalo a un Consejo y que venga a dar la cara aquí… Que venga a darse el quemón aquí con la raza«.

El mismo tono utilizaron otras de las organizaciones campesinas con representación en el Congreso Agrario Permanente Poblano (CAPP).

«Póngale más al campo, que se ayude al verdadero campesino», fueron los reproches contra la administración estatal que se ha colgado del presupuesto del gobierno federal en este rubro, pues desde 2013 de cada 10 pesos que se aplican en la entidad, más de 9 vienen de la federación, dijo la diputada Maritza Marín Marcelo.

Al rescate de Riestra y la gestión morenovallista salieron dirigentes como Miguel Ángel Sosa Guzmán, de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), quien se desvivió en reconocimientos para el gobierno federal y hasta felicitó, como otros productores y asociaciones oficialistas, a Riestra por su llegada, por fin, a la titularidad de la SDRSOT.

El equilibrio lo puso la presidenta del CAPP y lideresa de la CNC en la entidad, Maritza Marín, quien censuró el poco respaldo del gobierno del estado al sector, sin embargo pidió un voto de confianza para Rodrigo Riestra, quien seguramente será sensible y escuchará los problemas de los campesinos.

Marín Marcelo dijo que no hay correspondencia entre lo que aporta para el campo poblano el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y lo que destina la administración estatal «en un tema tan sensible».

Recordó que en el Ejercicio Fiscal 2013, del total de 531 millones 700 mil pesos que se aplicaron en concurrencia, apenas 74 millones 325 mil pesos los puso el gobierno estatal. El total con el presupuesto de programas directos alcanzó más de mil 500 millones de pesos.

En ese mismo ejercicio se aplicaron en programas directos del erario federal 864 millones 300 mil pesos. La carga del apoyo al campo poblano fue del gobierno del Presidente Peña en más de 95 por ciento; es decir, de cada 10 pesos que se aplicaron al campo del estado de Puebla, más de 9.50 vinieron del gobierno de la República.

Luego en 2014, en concurrencia se aplicaron 614 millones 500 mil pesos, pero solamente una parte muy pequeña, de 95 millones 325 mil pesos, puso el estado.

En total, con los recursos de programas federales directos, en el pasado ejercicio, se aplicaron en Puebla mil 565 millones de pesos. Otra vez, la carga para el gobierno federal fue de más de 90 por ciento. Es decir, del gobierno federal vinieron más de 9 de cada 10 pesos.

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Este lunes se publicó la convocatoria para la elección de consejeros universitarios de la máxima casa de estudios de la entidad, sin que se le diera gran publicidad al documento que establece las bases de este importante proceso, los requisitos que deben cumplir los candidatos, y los plazos para el registro de fórmulas, realización de campañas, votaciones y escrutinio.

Una de las novedades de la convocatoria es que la elección de consejeros universitarios se adelanta al viernes 13 de febrero, con la intención —según los enterados— de no empatar ese proceso con la admisión de nuevos alumnos y las consiguientes protestas de estudiantes rechazados.

El registro de fórmulas (integradas con propietario y suplente) se fijó para el viernes 30 de enero de 10 a 18 horas, las campañas electorales del martes 3 al martes 10 de febrero, y las votaciones para el vienes 13 de febrero de 8 a 18 horas.

El escrutinio y cómputo de los votos se realizará en cada unidad académica el mismo día de la elección; la calificación del proceso se efectuará el 19 de febrero, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario saliente, y el 19 de marzo se llevará a cabo la instalación y la toma de protesta de los nuevos consejeros universitarios para el periodo 2015-2017.

Los detalles de la convocatoria para la renovación del máximo órgano colegiado de la BUAP los puede encontrar aquí.

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De última hora me comentan que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emplazó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN para que en un plazo de 24 horas admita el registro de Leonor Popócatl Gutiérrez como precandidata a diputada federal por el distrito 13 con cabecera en Atlixco o para que lo rechace pero con argumentos jurídicos diferentes a los esgrimidos por la Comisión Organizadora Electoral (COE).

La ex diputada local y ex secretaria general del ayuntamiento de Puebla, en la gestión del alcalde Eduardo Rivera Pérez, gestionó su registró como precandidata el miércoles 7 de enero, pero el Órgano Auxiliar de la Comisión Organizadora Electoral lo declaró improcedente con el argumento de que ésta sólo reunió 118 firmas de las 257 que requería para inscribirse en el proceso.

Así las cosas lo más probable es que en el distrito 13 de Atlixco el diputado local Salvador Escobedo Zoletto, identificado con el grupo político del gobernador Rafael Moreno Valle, tenga que ir a una elección interna con Leonor Popócatl el domingo 15 de febrero.

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