Aquí le había anticipado que las últimas resoluciones de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) tendrían repercusiones que afectarían la composición de la próxima Legislatura local.

Este fin de semana se resolvió el juicio promovido por la candidata a diputada de la Coalición 5 de Mayo (C5M) en el distrito de Acatlán, Maritza Marín Marcelo, y aunque se contabilizaron dos actas del municipio de Huatlatlauca que no habían sido consideradas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por sólo existir copias al carbón, los votos que ésta sumó no fueron suficientes para revertir la victoria de la candidata ganadora de la Coalición Puebla Unida (CPU), María del Rocío Aguilar Nava.

Al final, la diferencia entre una y otra se acortó de 651 votos a sólo 71.

Sin embargo, y aquí viene lo interesante, este resultado podría modificar la primera asignación de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional de la C5M, es decir el llamado gran perdedor.

Porque si el reparto se hiciera otra vez en este momento, la cenecista Maritza Marín entraría como la gran perdedora y no Víctor Manuel Giorgana Jiménez, pues la diferencia entre la candidata priísta de Acatlán y la ganadora del distrito 23 de Acatlán de Osorio es de apenas 6 centésimas de punto, mientras que la diferencia entre el exdirigente estatal del PRI y el perredista Julián Tapia Rendón, en el distrito 16 de la ciudad de Puebla, es de dos décimas de punto.

Al final, Maritza Marín quedó, de acuerdo con la resolución identificada con el expediente SDF-JRC-127/2013, con 45 mil 969 sufragios, la votación más alta de cualquier priísta en el interior del estado, superando casi por el doble a su compañero de partido en el distrito 16, que hoy contabiliza 26 mil 492 sufragios.

Sin embargo, Víctor Giorgana, que hoy está prácticamente fuera de la próxima Legislatura local, todavía tiene pendiente una impugnación en el Tepjf que, de proceder, le daría la victoria, pero ya no por la vía de la representación proporcional sino como diputado de mayoría relativa.

La casilla que el candidato de la C5M quiere que se contabilice es la 1,222 contigua 1, que se ubicó en junta auxiliar de Azumiatla, sobre la que existen dos actas de escrutinio y cómputo: una aportada por el equipo del priísta, donde se incluyen el nombre y la firma de escrutadores, y otra enviada por el Consejo Distrital del IEE que sólo lleva los nombres del presidente y secretario de la casilla.

De ahí que a estas alturas del proceso electoral aún no se sepa con precisión cómo quedará conformada la LIX Legislatura del Congreso del estado ni quiénes serán, en definitiva, los diputados que ingresen por el principio de mayoría relativa y cuáles logren su pase por la vía de la representación proporcional.

La moneda, pues, está en el aire.

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Isaac Tonatiuh López Montalvo, el funcionario estatal de más alto rango entre los 56 servidores públicos inhabilitados en lo que va del gobierno morenovallista, ya tiene un nuevo empleo, ahora como director comercial de una empresa de seguridad en el Estado de México.

López Montalvo fue secretario particular de Mauricio Tornero Salinas, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ambos salieron del gobierno tras el escándalo en que se vieron involucrados en julio de 2012 como artífices del robo de una motocicleta en una residencia de La Vista Country Club.

Según su perfil en la red Linkedin, López Montalvo es director Comercial en AVS Security México, establecida en uno de los municipios más industrializados del país, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

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Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Si usted conoce a los abogados electorales del PRI, urge que les envíe una copia —o al menos una impresión de la última edición— del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, para que no sigan haciendo el oso ante los tribunales electorales de la entidad y la federación en los juicios e impugnaciones que promueven.

Como botón de muestra está la última sentencia de la Cuarta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), en la que se ratificó el fallo del Tribunal Electoral del Estado (TEE) validando el registro de la coalición Puebla Unida, conformada por el PAN, el PRD, el Panal y el partido estatal Compromiso por Puebla.

Los magistrados de la Cuarta Sala Regional, con sede en el Distrito Federal, desecharon la impugnación promovida por la alianza 5 de Mayo, integrada por el PRI y el PVEM, que fundamentó su alegato en un párrafo ya derogado del artículo 59 del Código Electoral del estado, mismo que prohibía conformar coaliciones a los partidos que por primera vez obtuvieran su registro.

Dicho párrafo, que textualmente decía “En ningún caso podrá formar coaliciones aquel partido político que haya obtenido por primera ocasión su registro, así como aquél que lo haya obtenido nuevamente después de haberlo perdido con anterioridad”, quedó derogado en la reforma que se hizo al Código Electoral el 20 de febrero de 2012 y que, por cierto, aprobaron la mayoría de los diputados del PRI y el PVEM de la LVIII Legislatura del Congreso local.

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El lunes 27 de mayo, el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICI ) será sede un debate electoral que tendrá como protagonistas a los dirigentes estatales del PRI, PAN y PT, además de una mesa sobre prospectiva electoral en la que participarán ponentes académicos de la BUAP, la Udlap y el Ceeop.

El debate se efectuará en el auditorio del ICI a partir de las 11 horas, con la participación de Pablo Fernández del Campo, del PRI; Rafael Micalco Méndez, del PAN; y Zeferino Martínez Rodríguez, del PT. Esa mesa, que lleva por título «¿Unir a Puebla o Mover a Puebla?», será moderada por el director de la institución, Germán Molina Carrillo.

La segunda mesa se realizará en el mismo lugar, pero a las 18 horas, con la participación de los investigadores César Cansino, de la BUAP y el ICI; Joel Paredes, del Ceeop; y Víctor Manuel Reynoso, de la Udlap. Aquí el moderador será el académico Carlos Moreno, de la BUAP.

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Milthon Javier Fregoso Escalera es la nueva adquisición de la coalición Puebla Unida para reforzar la campaña de su candidato a la alcaldía capitalina, José Antonio Gali Fayad, después del incidente del viernes pasado en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).

El coordinador general de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social —y uno de los candidatos a ocupar el lugar que dejó vacante Salvador Escobedo Zoletto— será el encargado de atención a los jóvenes en la campaña de Gali Fayad.

Milthon Fregoso es hijo del comisionado presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (Caip), José Luis Javier Fregoso Sánchez.

En la campaña política de Moreno Valle a la gubernatura, el egresado de la Escuela Libre de Derecho fue el responsable de la organización de los eventos juveniles a través de la asociación Puebla Joven de la que es presidente.

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Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Pocas pero de veras pocas figuras relevantes integran las planillas de regidores y síndico encabezadas por José Antonio Gali Fayad, de la coalición Puebla Unida, y Enrique Agüera Ibáñez de la alianza Mover a Puebla, que esta noche se registraron ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

En la planilla de Gali Fayad no hay personas que se hayan destacado por su desempeño profesional, empresarial, académico o social, sino cuotas partidistas del PAN, PRD y Panal, así como de los dos nuevos partidos estatales: Compromiso por Puebla y Social de Integración.

La figura más sobresaliente de la planilla del ex secretario de Infraestructura del gobierno morenovallista es su síndico, Guillermo Nares Rodríguez, quien se desempeña o se desempeñaba (pues nadie sabe si renunció o pidió licencia) como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.

Pero en la de Agüera Ibáñez la lista de regidores y síndico resulta aún peor, pues está llena de juniors, es decir de hijos e hijas de políticos, y de cuotas partidistas del PRI y el PVEM.

En la planilla del ex rector de la BUAP van como candidatos a regidores el hijo del empresario Antonio Kuri Alam, Juan Pablo Kuri Carballo; el hijo de José Chedraui Budib, que tiene el mismo nombre y los mismos apellidos; el hijo del jefe masón Jesús Morales Tapia, Jesús Ricardo Morales Manzo; y la hija de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, Karina Romero Alcalá.

También aparecen Xitlalic Ceja García, esposa del ex subsecretario de la SCT en el sexenio marinista Lázaro Jiménez Aquino, y Lauro Castillo Sánchez, apoderado legal del sindicato de trabajadores  del ayuntamiento de Puebla y su eterno secretario general Israel Pacheco Velázquez.

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Por cierto. Me cuentan que en el menguado grupo de operadores políticos de Blanca Alcalá Ruiz no cayó nada bien que de última hora Erika Alatorre Abundis fuera sustituida de la planilla de regidores de Enrique Agüera para que en su lugar entrara la hija de la actual senadora y ex presidenta municipal de Puebla.

Y es que mientras Erika Alatorre tiene méritos partidistas y experiencia en la administración pública, por haberse desempeñado como directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Puebla, la hija de Blanca Alcalá sólo tiene el padrinazgo de su influyente mamá.

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He aquí tres nombres que podrían ser candidatos del Partido del Trabajo, pero que por abajo del agua buscarán venderse al mejor postor para debilitar a los candidatos del PRI o el PAN, según sea el caso: el diputado con licencia Zeferino Martínez Rodríguez, será nominado a la presidencia municipal; el ex panista Jesús Encinas Meneses y el ex priísta Miguel Ángel Ceballos López, quienes podrían ir como candidatos a diputados por distritos de la capital del estado.

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Esta tarde se trasladó al CEN del PAN el representante de Francisco Javier Torres Sánchez —Miguel Ángel Labastida Carballeda— para presentar una segunda impugnación en contra del registro de José Antonio Gali Fayad como candidato a la presidencia municipal de Puebla.

Su inconformidad se sustenta en que el PAN ya designó a Gali Fayad como candidato sin que la dirigencia nacional panista le haya notificado a Francisco Javier Torres Sánchez —como tercero perjudicado— cuál es su resolución sobre el recurso que presentó la semana pasada.

Dicho resolutivo se agregará al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), que la abogada Violeta Lagunes Viveros promovió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) como prueba superveniente de que el CEN del PAN viola los derechos de sus militantes con aspiraciones a un cargo de elección popular.

Para Violeta Lagunes, el PAN corre el riesgo de que la Cuarta Sala del Tepjf falle a su favor dentro de dos o tres semanas y su sentencia eche abajo el registro de Gali y de otros 145 candidatos a presidentes municipales y diputados locales designados por el CEN.

El juicio presentado contra la dirigencia nacional panista está suscrito por Francisco Javier Torres e Hilario Gallegos Gómez, quienes el domingo de hace ocho días se registraron como precandidatos a la presidencia municipal de Puebla y a la diputación local por el distrito número 13 con cabecera en la capital del estado.

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Algo debe hacer Enrique Agüera Ibáñez para terminar con las grillas y rumores en torno a su equipo más cercano de campaña, sobre todo con algunos que se dicen sus asesores externos, quienes lejos de ayudarlo generan una imagen de desorganización.

Tal es el caso de Raúl Castillo Ramírez, quien se supone lo apoya, acercándole líderes y pastores de la comunidad cristiana —como Enrique Borja y Becky Hood, de la Iglesia Metodista—, pero que en pláticas de café (Toks de Angelópolis) critica la falta de coordinación del equipo y las supuestas diferencias que existen entre su coordinador general, Jaime Alcántara Silva, y algunos de sus operadores universitarios.

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Ley 32 (de Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene)

JUEGUE CON LAS FANTASÍAS DE LA GENTE

“Muchas veces se evita la verdad porque suele ser dura y desagradable. Nunca recurra a la verdad ni a la realidad. Salvo que esté dispuesto a enfrentar la ira que genera la desilusión. La vida es tan dura y problemática que aquellas personas capaces de inventar ilusiones o conjurar fantasías son como oasis en el desierto: todos van hacia ellas. Apelar a las fantasías de las masas es una fuente inmensa de poder”.

La falta de obra daña la imagen de presidentes municipales

Impugnan ante el Tepjf nombramientos de consejeros del IEE

Crecen las protestas de residentes de La Vista Country Club

Dos son los problemas que tiene el gobernador Rafael Moreno Valle para ganar la mayoría de los 217 ayuntamientos y mantener el control del Congreso local: uno es la falta de obra pública en el interior del estado, y otro es el pobre desempeño de los presidentes municipales emanados de la alianza que lo llevó al poder.

Ambos problemas están relacionados y el PRI podría capitalizarlos en los comicios locales del año entrante.

En diferentes ejercicios demoscópicos de evaluación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, una constante es que sólo el gobernador Rafael Moreno Valle obtiene calificaciones aprobatorias. En las encuestas, el presidente saliente, Felipe Calderón, algunas veces pasa de panzazo y en otras sale reprobado. Lo mismo sucede con el alcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, y con la mayoría de los ediles de las principales cabeceras distritales como Tehuacán, Atlixco, San Pedro Cholula, Tecamachalco y Huauchinango.

Durante la gestión de Moreno Valle, la obra pública de alto impacto o beneficio social se ha concentrado en la capital y San Andrés Cholula, en perjuicio de regiones importantes como Tehuacán, San Martín Texmelucan, la Mixteca, la Sierra Norte y la Sierra Negra, que ahora sólo pueden contar con la ayuda del gobierno del estado si le ceden la administración de sus fondos y aportan el 50% del costo de las obras que pretendan llevar a cabo en sus municipios.

Tales disposiciones, lejos de ser un incentivo que aliente las coinversiones Estado-Municipio, se han convertido un obstáculo, ya que los presidentes municipales no quieren perder los recursos que obtienen vía participaciones federales, ni dejar que otras instancias sean las que decidan a qué empresas o constructoras se adjudican o asignan los contratos a realizar en sus comunidades.

La consecuencia de esta negativa es la ausencia de obra pública importante a cargo de los ayuntamientos, y la percepción de los ciudadanos de que tales autoridades no hacen nada, ya sea por ineptitud o porque se roban el dinero que ingresa a las arcas municipales.

El problema de esta situación es que los más afectados son los alcaldes emanados de la coalición Compromiso por Puebla, que además son los que gobiernan los municipios más grandes y con más habitantes y electores de la entidad, con excepción de San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Tepeaca y Teziutlán, que fueron ganados por el PRI en las elecciones locales de 2010.

EN CORTO

Con fecha 31 de octubre fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) el proceso de renovación del Instituto Electoral del Estado (IEE), que concluyó el pasado 23 de octubre con el nombramiento de nueve consejeros propietarios y nueve suplentes.

José Ignacio Sarabia Aguilar promovió un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, inconforme porque su nombre no fue incluido en lista final de 36 candidatos a consejeros votada en el pleno de la LVIII Legislatura del Congreso del estado.

Su recurso quedó asentado en el expediente SUP-JDC-3138-2012 por el secretario general de acuerdos del Tepjf, quien lo turnó al magistrado Flavio Galván Rivera.

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El ex dirigente estatal del PRI y ex coordinador estatal de campaña de Enrique Peña Nieto, Alejandro Armenta Mier, se fue este domingo a Washington para participar como observador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

Fue invitado por la Universidad George Washington, institución con la que mantiene un vínculo permanente por los seminarios que anualmente ofrece en marketing electoral y comunicación política.

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Ante la sorpresa de Marcos Salame y sus socios de La Vista Country Club, las protestas de los condóminos y residentes de este exclusivo conjunto residencial han ido en aumento. De entrada, ya consiguieron una carta del fundador del fraccionamiento, Carlos Peralta Quintero, en la cual se deslinda de los abusos de los nuevos inversionistas y de sus acciones para cambiar la densidad poblacional y los usos de suelo, en complicidad con las autoridades municipales de San Andrés Cholula.

Además han desplegado, dentro de sus propiedades, mantas de protesta por la creciente inseguridad en el fraccionamiento, la construcción de casas y multifamiliares fuera de reglamento, y modificaciones en la densidad poblacional de esta Unidad de Desarrollo Urbano identificada como SA-33 dentro del Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Zona Centro-Poniente del estado de Puebla.

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Este viernes, como se lo había anticipado, el empresario José Chedraui Budib participó en una comida del grupo La Amistad con el presidente electo Enrique Peña Nieto en el Distrito Federal, en la residencia del empresario Emilio Checa Curi, ex presidente del Centro Libanés de la Ciudad de México.

Al evento acudieron, además de algunos de los colaboradores más cercanos de Peña Nieto, empresarios como Arturo Elías Ayub y Jaime Camil, así como políticos de la talla de Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República.

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Simón dice:

«La queja trae descrédito»

Baltasar Gracián (1601-1658), escritor español.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN aún no se decide si se inconforma en contra la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que echó abajo la designación como método de selección de candidatos a diputados y senadores en 140 distritos y en 23 entidades, o sí acepta este resolutivo y elige a sus candidatos mediante convenciones distritales y estatales.

Los dirigentes panistas de Puebla están a favor de aceptar la resolución del TEPJF, a pesar de que ninguno de sus miembros cuestionó en su momento el método de designación directa, a diferencia de lo ocurrido en entidades como el estado de México, Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal.

Por el contrario, la decisión del Tribunal Electoral no fue bien recibida por algunos funcionarios y colaboradores panistas del gobernador Rafael Moreno Valle que ya daban por amarrada su designación como candidatos a diputados federales, entre ellos Blanca Jiménez Castillo, directora del Instituto Poblano de las Mujeres, y Néstor Octavio Gordillo Castillo, secretario de Desarrollo Social, por los distritos 9 y 11 de la capital, respectivamente.

Si el CEN del PAN decide inconformarse con el resolutivo del TEPJF, ampliando sus razones y motivos para que sus candidatos no sean electos en convenciones democráticas, sino designados, las posibilidades de que este cuestionado método de selección vaya a prosperar tampoco parecen muy amplias.

En tal circunstancia sería mejor que aquellos que hasta ahora han menospreciado a la militancia panista comiencen a voltear a ella, pues no vaya a suceder que finalmente tengan que ir a una convención distrital y sean otros los elegidos.

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A propósito.

Un dato que llama la atención de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que las denuncias sobre afiliación apócrifa y amenazas recibidas por Ana Teresa Aranda que fueron utilizadas como argumento de la Comisión de Elecciones para justificar el método de designación directa simplemente fueron ignoradas.

Y es que los magistrados del TEPJF no encontraron relación de causalidad entre las denuncias interpuestas por la dirigencia estatal y municipal y las amenazas recibidas por la señora Aranda con la falta de unidad interna en el Partido Acción Nacional.

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Ahora que el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, anda con tiempo de sobra ante la inactividad del organismo, éste se ha dedicado a reunirse con dirigentes partidistas y aspirantes a cargos de elección popular para orientarlos sobre el proceso electoral federal y cómo promoverse sin riesgo de violentar la legislación correspondiente.

Para sus asesorías, suponemos que a título gratuito, Sánchez Morales suele reunirse en el Club de Empresarios de Puebla o en algún otro restaurante del hotel Presidente Intercontinental.

Entre los asesorados por el consejero presidente del IEE figuran el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana, y el diputado federal y aspirante a senador Fernando Morales Martínez.

Lo curioso de Sánchez Morales es que éste se muestra muy sabiondo del proceso electoral federal y poco enterado sobre el tema local, pues en la última sesión del Consejo General del IEE se le preguntó si ya se sabían publicado en el Periódico Oficial del Estado las reformas al Código Electoral de Puebla y éste no supo qué responder.

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Simón dice:

“El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan.”

Arnold J. Toynbee (1889-1975) Historiador inglés.

El libro-reporte que Alejandro Armenta Mier entregó la noche del lunes a los miembros del Consejo Político Estatal del PRI sobre su gestión al frente del partido y su responsabilidad en el triunfo del proceso electoral federal de 2009 y en la derrota de los comicios locales de 2010 es más bien vago y omiso en temas torales.

Un ejemplo es el capítulo V dedicado a las elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado de julio de este año, donde Armenta apenas y menciona las dificultades y fracturas que su partido vivió para nominar a Javier López Zavala como candidato a la gubernatura.

Lo más que llegar a decir es que López Zavala no fue el único aspirante en registrarse, pero que el otro precandidato en hacerlo —Enrique Doger Guerrero— fue descalificado el mismo día que solicitó su registro debido a que la Comisión Estatal de Procesos Internos dictaminó que no cumplía con los requisitos estatutarios, hecho que más tarde —el 20 de febrero de 2010— avalaría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Fuera de esa mención, el informe del dirigente saliente del tricolor es indolente sobre la figura de López Zavala y los problemas que antes y durante el proceso electoral el PRI tuvo que encarar, primero para desterrar entre sus militantes la idea de que el exsecretario de Desarrollo Social fue producto de una imposición de Mario Marín y luego para convencer a los electores de que el oriundo de Chiapas era mejor opción que el candidato de la coalición opositora Rafael Moreno Valle Rosas.

El reporte de Armenta es también omiso acerca de los chantajes a que el PRI y López Zavala fueron sometidos por aquellos precandidatos que amagaron con irse a otros partidos si no les daban algo a cambio.

Por el contrario, el dirigente saliente del PRI sostiene que hubo un «proceso de concertación, inclusión y acuerdo» para integrar «en altos cargos de responsabilidad en la campaña a quienes habían manifestado su interés legítimo de ser candidatos a la gubernatura: El Lic. Jesús Morales Flores, fue Coordinador General de la Campaña: el Lic. Víctor Hugo Islas Hernández, Coordinador de Promoción al Voto; el Lic. Jorge Estefan Chidiac coordinador (con minúsculas) de Políticas Públicas; el Dr. Enrique Doger Guerrero, Coordinador de Promoción al Voto para el Área Metropolitana; el Ing. Alberto Amador Leal, Coordinador Ejecutivo Estatal de la CNOP.»

Sin en el afán de molestar pregunto: ¿Es ésta una verdad concreta?

A mí me parece que no. Que se trata más bien de una justificación de Armenta para explicar cómo fue que López Zavala tuvo que ceder espacios y repartir el pastel antes de tiempo a sus rivales del PRI para que no se fueran con Moreno Valle o se mantuvieran dentro de las filas priístas.

Otro renglón del reporte donde la verdad concreta se esconde en las sobras de la vaguedad es el relativo a las encuestas que el PRI o el gobierno del estado pagaron para evaluar el nivel de penetración de la estrategia de campaña y el posicionamiento de sus candidatos.

Sin dar nombres ni mencionar empresas, el presidente saliente del PRI reconoce que los despachos contratados partieron de premisas falsas y trabajaron con muestras reducidas, amén de que no consideraron la volatilidad del elector o no ponderaron adecuadamente variables como el voto dividido, por lo que estos estudios resultaron inútiles o poco confiables.

Textualmente en la página 90 de su informe manifiesta:

«En un balance objetivo, es preciso aceptar que en nuestro caso, por la calidad de la información con la que trabajamos sustentada en encuestas telefónicas inducidas, fuimos incapaces de prever el impacto de los cambios vertiginosos en la opinión pública«.

Lamentablemente Armenta no aclara en su libro-reporte a qué encuestadoras se refiere: si a Consulta Mitofsky de Roy Campos, a Indicadores de Elías Aguilar o a ambas, por lo que la verdad concreta que intenta develar se queda en algo tan vago o etéreo como aquella frase cantinflesca con la que cerró su último discurso como presidente estatal del PRI: «En Puebla no perdimos las elecciones. Nos las ganaron».

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Simón dice:

«La mentira es un triste sustituto de la verdad, pero es el único que se ha descubierto hasta ahora.»

Elbert Hubbard (1856-1915) Ensayista estadounidense.

Zavala requiere triunfo holgado para evitar la judicialización

Canacope, activismo empresarial en coyuntura electoral

¿Quién gana y quién pierde si las elecciones para gobernador de Puebla se judicializan?

Hace unos días tuve contacto con un especialista en derecho electoral, que me alertó sobre algunos hechos que la coalición opositora Compromiso por Puebla, y su candidato a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, podrían argüir como razones para impugnar y anular las elecciones del próximo 4 de julio.

El abogado en cuestión me entregó algunas notas –elaboradas por Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata, exmagistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— sobre cómo se construyó el concepto de causa abstracta de nulidad de una elección, y de los factores que los llevaron a recurrir a esta tesis en las elecciones para gobernador de Tabasco del año 2000.

En lo personal, no descarto la posibilidad de que las elecciones para gobernador de Puebla terminen resolviéndose en el Tribunal Electoral, aunque me parece que este escenario sólo se configuraría, si —y solo si— la diferencia entre el candidato ganador y su más cercano contendiente fuera muy poca, de menos de 50 mil votos, y los candidatos de la coalición opositora ganaran algunas plazas importantes, como Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, Teziutlán, Huauchinango, Tepeaca, Tecamachalco, San Pedro y San Andrés Cholula.

Este escenario, que hoy vislumbro lejano más no imposible, supondría que de aquí al día de la jornada electoral, la contienda entre los candidatos a la gubernatura Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle se cerrará, a grado tal que la ventaja de la Alianza Puebla Avanza sobre la coalición Compromiso por Puebla se redujera a cinco o menos puntos de diferencia.

Dejando de lado mi hipótesis, vuelvo al tema del especialista en derecho electoral y a los hechos que, desde su perspectiva, podrían dar pie a que Moreno Valle y los partidos que lo apoyan recurran a la causal abstracta para anular la elección local del primer domingo de julio:

1. Las evidencias, recogidas por algunos medios de comunicación, de que el gobierno del estado no está siendo neutral en este proceso, y de que algunas estructuras electorales del PRI o al servicio de su candidato a la gubernatura son operadas por funcionarios públicos en funciones como los subsecretarios de Gobernación, Silvia Tanús Osorio y Joe Hernández Corona, y otros delegados de las secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Gobernación.

2. El derroche publicitario en que han incurrido algunos candidatos de la Alianza Puebla Avanza, como Mario Montero Serrano, que ha tapizado la ciudad, sus bardas y los medallones de los autobuses de transporte urbano con su retocada fotografía y la frase estoy contigo.

3. La acusación de Germán Alejandro López Brun  de que el gobernador Mario Marín Torres lo dejó fuera del Tribunal Electoral del Estado (TEE) por haberse opuesto a que el personal de este órgano jurisdiccional participara, en febrero de 2006, en la marcha que se organizó para apoyarlo, en el escándalo originado por su conversación con el empresario Kamel Nacif Borge tras la detención de la periodista Lydia Cacho, y la negativa del Congreso del estado de reinstalarlo como magistrado del TEE, a pesar de haber obtenido el amparo de la justicia federal.

4. La incorporación al equipo de campaña y cuarto de guerra del candidato Javier López Zavala, de funcionarios que hasta hace poco formaban parte del staff de comunicación social y asesoría política del gobierno del estado como Javier Sánchez Galicia, Elías Aguilar García, Raúl Velázquez García, y Gabriel González Molina.

5. El oscuro origen de los recursos utilizados por el candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Puebla, Rodolfo Huerta Espinoza , para pagar decenas de anuncios espectaculares en la ciudad, más de los que tiene el panista Eduardo Rivera Pérez, y contratar espacio en medios para criticar a los candidatos de la coalición conformada por el PAN, el PRD, el PANAL y Convergencia.

6. El uso de información privilegiada, contratada por el gobierno del estado, para provecho del PRI y sus candidatos en la elaboración de sus propuestas de campaña, como el reciente estudio sobre Competitividad que se pagó a Roberto Newell (Audio), director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y que fue incluido en la plataforma de compromisos de López Zavala como Alianza por el Empleo, la Inversión, y la Competitividad Responsable.

Los resultados de esa investigación, que colocan a Puebla en los últimos lugares en materia de competitividad a nivel nacional, fueron expuestos el jueves 22 de los corrientes por Jorge Estefan Chidiac, coordinador de Políticas Públicas del candidato de la Alianza Puebla Avanza, en el marco de un acto partidista efectuado en el auditorio del Complejo Cultural Universitario.

7. El uso del slogan publicitario de las campañas del gobierno del estado «Puebla Avanza» como denominación de la alianza formada por el PRI y el PVEM para estas elecciones , que la coalición Compromiso por Puebla impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado por considerar que éste generaba inequidad en la competencia electoral.

Si estos siete puntos contribuyen o no a la construcción de la causal abstracta de nulidad, es una cuestión que los magistrados locales y federales del Tribunal Electoral tendrán que resolver, lo que me parece oportuno destacar es que a estas alturas del proceso hay quienes ya piensan en judicializar el resultado de los comicios.

Un detalle que a mi juicio no deben perder de vista los asesores jurídicos de Moreno Valle y la coalición opositora es que los nuevos magistrados del TEPJF, empezando por su presidenta María del Carmen Alanís Figueroa, han externado su desacuerdo con esa polémica causal abstracta de nulidad, dándola por finiquitada, por no fundarse en causales establecidas expresamente en la ley.

EN CORTO

La Cámara de Comercio, Turismo y Servicios en Pequeño de Puebla (Canacope) será el primer organismo empresarial en reunirse con los principales candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla de la Alianza Puebla Avanza y la coalición Compromiso por Puebla.

Ello sin duda tiene que ver con el dinamismo y liderazgo de su presidente Francisco Monterrosas Sosa, quien a diferencia de otros dirigentes empresariales dedica tiempo a la Canacope, sin desatender su negocio de franquicias.

El Consejo Directivo de la Canacope tiene previsto sesionar el 29 de abril con el panista Eduardo Rivera Pérez, después de que el viernes 16 de abril lo hizo con el priísta Mario Montero, a quien por cierto le reclamaron que en el mercado Mario Marín se tolere la venta de mercancía ilegal y piratería.

El 7 de mayo los socios de la Cámara de Comercio se reunirán con el candidato de la Alianza Puebla Avanza a la gubernatura, Javier López Zavala, y el 11 de mayo con el abanderado al mismo cargo de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle.

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Algo raro sucede con la licitación convocada por el Instituto Electoral del Estado para la compra de material electoral: urnas y mamparas. Y es que la convocatoria se publicó en total sigilo, con un plazo de tres días (21, 22 y 23 de abril) para la compra de las bases.

¿Será que se trata de un concurso con dedicatoria?

Es pregunta, que conste.

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Simón dice:

«Las actitudes son más importantes que las aptitudes.»

Winston Churchill (1874-1965) Primer ministro británico en la Segunda Guerra Mundial.

La luna de miel que por meses mantuvieron el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, y el representante del PRI y ahora de la Alianza Puebla Avanza ante ese órgano electoral, José Alarcón Hernández, ya se terminó.

O al menos ésa es la impresión que tienen la mayoría de los consejeros electorales, que en los últimos días han visto con sorpresa como José Alarcón se exaspera con Jorge Sánchez y cómo el priísta se ha convertido en su principal crítico, a propósito del informe administrativo y financiero del año 2009 que la próxima semana será puesto oficialmente a la consideración del Consejo General del Instituto.

El miércoles, en mesa de trabajo, José Alarcón dijo que ya sabía que en 2007 el contrato para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se había adjudicado de manera irregular a la empresa Grupo Proisi y que ahora no iba a permitir que esta situación se repitiera.

Y ayer jueves, otra vez en mesa de trabajo, José Alarcón dejó entrever anomalías en el informe financiero que Jorge Sánchez rendirá ante el Consejo General del IEE, las cuales, según dijo, lo llevarán a revisar con detalle los informes del consejero presidente de los ejercicios presupuestales de 2009 y 2008.

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El proceso que se sigue en el Instituto Electoral del Estado (IEE) para adjudicar el contrato del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a una de las cuatro empresas que se inscribieron para esa licitación, no está siendo muy claro.

De entrada, no se entiende por qué el consejero presidente Jorge Sánchez Morales dice que aún le faltan más de cuatro millones de pesos, de los 9.6 millones que dice haber presupuestado para cubrir los servicios de la empresa que resulte ganadora del concurso.

Y es que tres de las cuatro empresas que pujan por el contrato del PREP presentaron cotizaciones por debajo de 13 millones de pesos.

La propuesta económica de Grupo Proisi asciende a 10 millones 850 mil pesos; la de Plásticos y Metales MYC, a 10 millones 950 mil; y la de Podernet, a 9 millones 200 mil pesos.

DSI Elecciones, la cuarta empresa participante, estimó el monto de sus servicios en 19 millones 400 mil pesos.

Otro detalle que llama la atención de este proceso es que el Comité de Adquisiciones del IEE haya aceptado el registro de una empresa sin experiencia en el ramo, como Plásticos y Metales MYC, que en realidad se dedica a fabricar material electoral, como urnas y mamparas, pero que además tiene como presentador a un alto funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo es el director general de Sistemas, Víctor Guerra Ortiz.

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En el acto donde Mariano González Zarur rindió protesta como candidato de la alianza PRI-PVEM a la gubernatura de Tlaxcala, el pasado martes, Enrique Doger Guerrero recibió una invitación del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, para sumarse a la campaña de los candidatos de su partido, pero en aquella entidad.

Juguetón, Fidel Herrera le dijo al expresidente municipal de la Angelópolis: creo que mejor deberías ayudarnos en Veracruz, porque en Puebla no te aprovechan.

Por cierto. Me cuentan que en la concentración donde González Zarur rindió protesta como candidato a la gubernatura de la Alianza Unidos por Tlaxcala, y al que acudieron como invitados importantes figuras del priísmo nacional como Beatriz Paredes Rangel, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Emilio Gamboa Patrón, y los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y de Veracruz, Fidel Herrera, Mario Marín Torres y Enrique Doger ni siquiera se saludaron, pese a que ambos compartieron el presidium, junto con Javier López Zavala.

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Simón dice:

«Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada.»

Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) Escritor francés.

Entre los miembros de la dirigencia estatal del PAN y su candidato a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, hay un auténtico malestar en contra de Denisse Ortiz Pérez, quien por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será candidata a diputada local de la coalición Compromiso por Puebla en el distrito 2 de la capital.

Y es que Denisse, cuñada incómoda de Eduardo Rivera Pérez, refrendó con su juicio lo que siempre ha creído de los actuales dirigentes del PAN: que son unos pendejos.

Previo a su registro como precandidata, el presidente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana, le pidió que no se inscribiera, pues había la intención de designar en ese distrito del nororiente de la capital a Mariana Mendivil Arrieta, hija de un prominente constructor ligado al PRI, Mario Mendivil Blanco.

Lo mismo hizo Juan Carlos Mondragón y Rafael Moreno Valle con el precandidato que se perfilaba como favorito, Enrique Rojas Márquez, a quien incluso le prometieron ascenderlo en el IMSS Puebla, donde ya labora, además de darle un cargo en la próxima administración estatal.

Éste se puso difícil, pues era la segunda vez que lo bajaban de una candidatura. La primera fue en las elecciones federales de 2009, donde tuvo que ceder su candidatura al presidente saliente de la Coparmex Puebla, Luis Mora Velasco, en el distrito 6 de la ciudad de Puebla.

Denisse Ortiz no sólo impugnó ante el TEPJF la decisión de la dirigencia estatal y nacional de su partido de dejarla fuera de la candidatura a la diputación local, sino que refrendó sus críticas en contra de Mondragón, Moreno Valle y el secretario general del partido, Marcos Castro Martínez.

Y por lo visto, a juzgar por la decisión del Tribunal Electoral, tenía razón.

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Algo absurdo pasa con los candidatos de la coalición opositora en Tehuacán.

Resulta que el expresidente de la junta auxiliar de San Diego Chalma, Lucio Rangel Mendoza, quien había ganado las elecciones internas del PAN, finalmente no fue registrado como candidato propietario a diputado local, sino una desconocida: Elizabeth Imelda Gómez Ramírez.

Después de mucho preguntar sobre tal mujer, los panistas descubrieron que es la esposa de Lucio Rangel y que éste se inclinó por ella cuando le dijeron que, por cuota de género, una mujer debía ser la propietaria y él, suplente.

La dirigencia estatal del PAN había propuesto como propietaria a la esposa del exsenador Fernando Herrero Arandia, Beatriz Sinc de Herrero, pero el ex presidente de San Diego Chalma no la aceptó ni creyó aquello de que renunciaría después de ganar la elección.

«Si quieren una mujer como propietaria, entonces que sea mi esposa, porque ella sí va a renunciar y no la esposa de Herrero», dicen que dijo Lucio Rangel, al tiempo de amenazar a los dirigentes de su partido con abandonar el PAN y las filas de la coalición opositora si le jugaban chueco.

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Otro candidato de la coalición opositora que tampoco las trae consigo es Eliseo Lezama Prieto de Tehuacán.

Resulta que a pesar de haber ganado la nominación del PAN no le están dando margen de maniobra para nombrar a los miembros de su planilla de regidores y síndico, por lo que el PANAL y el PRD quieren reventarlo.

Los del PANAL quieren dos posiciones: una que ya tiene Arnulfo Hernández Juárez y otra para un miembro del SNTE; y el dirigente local perredista también pide dos posiciones: una para él, Lázaro Anaya Altamirano, y otra para quién sabe quién.

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Una más.

Pablo Melgarejo, quien en los comicios de hace tres años contendió como candidato del PAN a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, está por anunciar su salida de las filas del blanquiazul en protesta por la nominación de Dolores Parra a la alcaldía, a propuesta del dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres.

Y otro que está por seguir su ejemplo es Antonio González, consejero estatal del PAN y líder regional del PAN en Tecamachalco.

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Simón dice:

«Más traiciones se cometen por debilidad que por un propósito firme de hacer traición.»

François de la Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, acaba de llevarse un nuevo revés, ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Resulta que después de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) falló en favor del representante del PAN, Rafael Guzmán Hernández, la queja que le presentó por haberlo dejado fuera de la sesión del pasado 27 de febrero, Jorge Sánchez quiso echar abajo esa resolución.

Y para lograrlo se valió del representante del Partido Nueva Alianza, Ricardo Mosqueda Lagunes, para inconformarse ante el Tribunal Electoral de la Federación.

El recurso interpuesto por Mosqueda en contra de la resolución de los magistrados del Tribunal estatal quedó registrado en el expediente número SUP-JRC 034/2009.

Dicho recurso se resolvió el jueves de la semana pasada en la Sala Superior del TEPJF, la que determinó —para desgracia del alicaído presidente del IEE— confirmar en todas sus partes la resolución del Tribunal estatal, lo que abre la posibilidad de que Jorge Sánchez sea sancionado por sus actitudes revanchistas.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación requirió al Congreso del estado el acta de la sesión donde se aprobaron las reformas constitucionales en materia electoral.

El auto del máximo tribunal del país es de fecha 23 de junio, y el Congreso tuvo un plazo de dos días naturales para remitir el referido documento, lo cual ocurrió el viernes 26.

Por lo anterior, se estima que la resolución de la Suprema Corte sobre la fecha en que habrán de celebrarse las elecciones locales del 2010, para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso, se sabrá en una o dos semanas.

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La mayoría priísta en el Congreso del estado ya más o menos sabe que el fallo de la Suprema Corte será adverso, con lo que las elecciones del 2010 se adelantarían del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, es decir, poco menos de cuatro meses.

Y en tal virtud la Comisión de Gobernación ya tiene preparado un borrador de las reformas y adiciones que habría que realizar a la Constitución del estado y al Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Dicho borrador considera el inicio del proceso electoral en la segunda semana de noviembre de 2009, en vez de marzo del 2010.

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Simón dice:

“Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo”.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.