• En Cholula se autorizan obras y vialidades de manera discrecional
• Consejeros electorales pagan 100 mil pesos por su defensa jurídica

Rodolfo Ruiz R.

Algo raro, muy raro, viene ocurriendo en la relación entre el Ejecutivo, el Congreso local y la presidencia municipal de San Andrés Cholula.

Da la impresión que se trata de un asunto de mutuas complicidades en beneficio de funcionarios estatales y el alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano Arias, y su hermano José Guillermo Margarito, quien también fue alcalde en el trienio 2002-2005.

De entrada no deja de sorprender que el viernes el Congreso del estado haya aprobado un dictamen elaborado por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado por el cual se establece que Guillermo Paisano no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron en la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2003 y por la cual ya había sido sancionado.

Sobre todo después de que el auditor David Villanueva Lomelí le había anticipado a Leoncio Paisano que su hermano sería multado con más de 100 millones de pesos e inhabilitado del servicio público por otros 12 años.

Otra cuestión que llama la atención es la negativa del ayuntamiento sanandreseño por publicar la nueva carta urbana del municipio, pese a los cerca de tres millones de pesos que se han gastado en su actualización. La gestión de Miguel Ángel Huepa Pérez pagó 2 millones de pesos al despacho del arquitecto Mauricio Romano del Valle para que revisara y modernizara la carta urbana, y el gobierno Leo Paisano contrató a un segundo despacho, al que le pagó 800 mil pesos, para que hiciera el mismo trabajo.

Tal situación, se dice, ha permitido al alcalde Leoncio Paisano, a su hermano Guillermo y algunos de sus principales colaboradores, manejar con discrecionalidad el otorgamiento de usos de suelo —comerciales, mixtos y residenciales, sin apegarse a los criterios de densidad vigentes—, la expedición de licencias de construcción y el canje de áreas de donación.

La construcción de un Centro Integral de Servicios (CIS) y un Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) en el predio denominado Xaltepec es otro asunto extraño en la relación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de San Andrés Cholula.

Extraño porque la construcción de ambos inmuebles, a cargo de la administración morenovallista, se lleva a cabo en un predio que formalmente no pertenece al estado, ni al municipio de San Andrés, y en el cual se han invertido más de 20 millones de pesos.

Leoncio Paisano tiene que explicar quién autorizó y cómo se otorgaron los permisos para edificar un CIS y un CESSA en un terreno del que aún no existen escrituras a favor del municipio cholulteca.

Otro tema que tampoco se entiende es por qué el gobierno del estado no sólo ha sido tan complaciente con el ayuntamiento de San Andrés para liberar los predios afectados por la construcción de la Radial que cruzará la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, sino qué ha tolerado que los Paisano hagan negocio con los afectados por esa vialidad, pagándoles de más, condonando el pago de adeudos e impuestos, negociando licencias de construcción y cambios de uso de suelo, o la construcción de recámaras o locales comerciales.

Dicha obra, para la que existe un monto autorizado de casi 38 millones de pesos, de los cuales 26.5 millones serán aportados por el gobierno del estado dentro del programa 70-30, está detenida desde diciembre de 2014.

La Radial tendría que haber iniciado en enero de 2015 y haberse concluido en seis meses, sin embargo la obra continúa detenida por los moches que los Paisano tratan de obtener en las negociaciones con el centenar de supuestos afectados por la construcción de esa vialidad en San Bernardino Tlaxcalancingo, lo que tiene hartos molestos a los vecinos de esa junta auxiliar.

¿Hasta qué punto esta tolerancia y benevolencia del Congreso local hacia los Paisano está supeditada a los permisos que el ayuntamiento de San Andrés ha dado para la construcción de 4 kilómetros de calles laterales en ambos sentidos de la Vía Atlixcáyotl a partir de la caseta de cobro?

¿Con quién están vinculadas las constructoras e inmobiliarias favorecidas con usos de suelo y licencias de construcción que la gestión de Leo Paisano ha otorgado o está por autorizar para decenas de terrenos ubicados después de la caseta de cobro, a los que ahora se podrá acceder por las laterales que ahí se construyen? ¿A poco los únicos beneficiados son los Posada Cueto y sus socios de Proyecta? ¿No será que entre los favorecidos por el ayuntamiento de San Andrés hay también varios funcionarios estatales a través de sociedades anónimas y prestanombres?

Conste que son preguntas.

EN CORTO

Con la novedad que cinco de los siete consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) decidieron, por recomendación del presidente del organismo  y la ex magistrada Claudia Barbosa Rodríguez, recurrir a los servicios del despacho Reyes y Castillo Consultores para su defensa ante el Instituto Nacional Electoral (INE), frente a las denuncias promovidas en su contra por diversos partidos políticos acusándolos de parcialidad a favor de la coalición Sigamos Adelante.

Entre los socios de la firma figura el abogado Iván Castillo Estrada, quien además de haberse desempeñado como secretario de estudio y cuenta en diversos Tribunales Colegiados de Circuito y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es amigo del esposo de la consejera y ex magistrada Claudia Barbosa. Me refiero a Rubén Enrique Becerra Rojas-Vertiz, ex visitador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y asesor del presidente del organismo.

Cada consejero pagará por su defensa ante el INE la módica cantidad de 100 mil pesos.

Los únicos consejeros que decidieron defenderse al margen del despacho Reyes y Castillo Consultores son Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo y José Luis Martínez López.

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Tómelo con reserva pero una buena fuente me informa que la mayor parte del predio donde se ubican las instalaciones de Puebla Comunicaciones (lo que antes era el Sicom), en la Vía Atlixcáyotl antes de llegar a Cúmulo de Virgo en sentido de Norte a Sur, ya fue vendido a un particular.

Trascendió que incluso en los próximos días el personal que labora en este organismo gubernamental ya no podrá entrar ni usar el estacionamiento, ya que se abrirá una nueva entrada. Según esta versión –no confirmada pero tampoco desmentida– Puebla Comunicaciones se quedó con el edifico y el jardín que da hacia la Vía Atlixcáyotl.

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Zavala requiere triunfo holgado para evitar la judicialización

Canacope, activismo empresarial en coyuntura electoral

¿Quién gana y quién pierde si las elecciones para gobernador de Puebla se judicializan?

Hace unos días tuve contacto con un especialista en derecho electoral, que me alertó sobre algunos hechos que la coalición opositora Compromiso por Puebla, y su candidato a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, podrían argüir como razones para impugnar y anular las elecciones del próximo 4 de julio.

El abogado en cuestión me entregó algunas notas –elaboradas por Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata, exmagistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— sobre cómo se construyó el concepto de causa abstracta de nulidad de una elección, y de los factores que los llevaron a recurrir a esta tesis en las elecciones para gobernador de Tabasco del año 2000.

En lo personal, no descarto la posibilidad de que las elecciones para gobernador de Puebla terminen resolviéndose en el Tribunal Electoral, aunque me parece que este escenario sólo se configuraría, si —y solo si— la diferencia entre el candidato ganador y su más cercano contendiente fuera muy poca, de menos de 50 mil votos, y los candidatos de la coalición opositora ganaran algunas plazas importantes, como Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, Teziutlán, Huauchinango, Tepeaca, Tecamachalco, San Pedro y San Andrés Cholula.

Este escenario, que hoy vislumbro lejano más no imposible, supondría que de aquí al día de la jornada electoral, la contienda entre los candidatos a la gubernatura Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle se cerrará, a grado tal que la ventaja de la Alianza Puebla Avanza sobre la coalición Compromiso por Puebla se redujera a cinco o menos puntos de diferencia.

Dejando de lado mi hipótesis, vuelvo al tema del especialista en derecho electoral y a los hechos que, desde su perspectiva, podrían dar pie a que Moreno Valle y los partidos que lo apoyan recurran a la causal abstracta para anular la elección local del primer domingo de julio:

1. Las evidencias, recogidas por algunos medios de comunicación, de que el gobierno del estado no está siendo neutral en este proceso, y de que algunas estructuras electorales del PRI o al servicio de su candidato a la gubernatura son operadas por funcionarios públicos en funciones como los subsecretarios de Gobernación, Silvia Tanús Osorio y Joe Hernández Corona, y otros delegados de las secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Gobernación.

2. El derroche publicitario en que han incurrido algunos candidatos de la Alianza Puebla Avanza, como Mario Montero Serrano, que ha tapizado la ciudad, sus bardas y los medallones de los autobuses de transporte urbano con su retocada fotografía y la frase estoy contigo.

3. La acusación de Germán Alejandro López Brun  de que el gobernador Mario Marín Torres lo dejó fuera del Tribunal Electoral del Estado (TEE) por haberse opuesto a que el personal de este órgano jurisdiccional participara, en febrero de 2006, en la marcha que se organizó para apoyarlo, en el escándalo originado por su conversación con el empresario Kamel Nacif Borge tras la detención de la periodista Lydia Cacho, y la negativa del Congreso del estado de reinstalarlo como magistrado del TEE, a pesar de haber obtenido el amparo de la justicia federal.

4. La incorporación al equipo de campaña y cuarto de guerra del candidato Javier López Zavala, de funcionarios que hasta hace poco formaban parte del staff de comunicación social y asesoría política del gobierno del estado como Javier Sánchez Galicia, Elías Aguilar García, Raúl Velázquez García, y Gabriel González Molina.

5. El oscuro origen de los recursos utilizados por el candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Puebla, Rodolfo Huerta Espinoza , para pagar decenas de anuncios espectaculares en la ciudad, más de los que tiene el panista Eduardo Rivera Pérez, y contratar espacio en medios para criticar a los candidatos de la coalición conformada por el PAN, el PRD, el PANAL y Convergencia.

6. El uso de información privilegiada, contratada por el gobierno del estado, para provecho del PRI y sus candidatos en la elaboración de sus propuestas de campaña, como el reciente estudio sobre Competitividad que se pagó a Roberto Newell (Audio), director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y que fue incluido en la plataforma de compromisos de López Zavala como Alianza por el Empleo, la Inversión, y la Competitividad Responsable.

Los resultados de esa investigación, que colocan a Puebla en los últimos lugares en materia de competitividad a nivel nacional, fueron expuestos el jueves 22 de los corrientes por Jorge Estefan Chidiac, coordinador de Políticas Públicas del candidato de la Alianza Puebla Avanza, en el marco de un acto partidista efectuado en el auditorio del Complejo Cultural Universitario.

7. El uso del slogan publicitario de las campañas del gobierno del estado «Puebla Avanza» como denominación de la alianza formada por el PRI y el PVEM para estas elecciones , que la coalición Compromiso por Puebla impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado por considerar que éste generaba inequidad en la competencia electoral.

Si estos siete puntos contribuyen o no a la construcción de la causal abstracta de nulidad, es una cuestión que los magistrados locales y federales del Tribunal Electoral tendrán que resolver, lo que me parece oportuno destacar es que a estas alturas del proceso hay quienes ya piensan en judicializar el resultado de los comicios.

Un detalle que a mi juicio no deben perder de vista los asesores jurídicos de Moreno Valle y la coalición opositora es que los nuevos magistrados del TEPJF, empezando por su presidenta María del Carmen Alanís Figueroa, han externado su desacuerdo con esa polémica causal abstracta de nulidad, dándola por finiquitada, por no fundarse en causales establecidas expresamente en la ley.

EN CORTO

La Cámara de Comercio, Turismo y Servicios en Pequeño de Puebla (Canacope) será el primer organismo empresarial en reunirse con los principales candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla de la Alianza Puebla Avanza y la coalición Compromiso por Puebla.

Ello sin duda tiene que ver con el dinamismo y liderazgo de su presidente Francisco Monterrosas Sosa, quien a diferencia de otros dirigentes empresariales dedica tiempo a la Canacope, sin desatender su negocio de franquicias.

El Consejo Directivo de la Canacope tiene previsto sesionar el 29 de abril con el panista Eduardo Rivera Pérez, después de que el viernes 16 de abril lo hizo con el priísta Mario Montero, a quien por cierto le reclamaron que en el mercado Mario Marín se tolere la venta de mercancía ilegal y piratería.

El 7 de mayo los socios de la Cámara de Comercio se reunirán con el candidato de la Alianza Puebla Avanza a la gubernatura, Javier López Zavala, y el 11 de mayo con el abanderado al mismo cargo de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle.

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Algo raro sucede con la licitación convocada por el Instituto Electoral del Estado para la compra de material electoral: urnas y mamparas. Y es que la convocatoria se publicó en total sigilo, con un plazo de tres días (21, 22 y 23 de abril) para la compra de las bases.

¿Será que se trata de un concurso con dedicatoria?

Es pregunta, que conste.

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Simón dice:

«Las actitudes son más importantes que las aptitudes.»

Winston Churchill (1874-1965) Primer ministro británico en la Segunda Guerra Mundial.

Mientras en Puebla, el PRI y el PAN se pelean la gubernatura, en Tlaxcala los operadores electorales de la lideresa nacional priísta, Beatriz Paredes Rangel, no están con el candidato de su partido a la gubernatura, Mariano González Zarur, sino con la candidata del presidente Felipe Calderón y de la profesora Elba Esther Gordillo, Adriana Dávila Fernández.

Entre los operadores electorales de Beatriz Paredes que ya trabajan con la exdiputada federal panista destacan Daniel Herrera Murga, Enrique Padilla Sánchez, Elia Sánchez González y Adalberto Campusano Rivera.

Estos cuatro personajes si bien laboran para el gobierno del neopanista Héctor Ortiz Ortiz, en los hechos responden a los intereses de la presidenta del CEN del PRI, tanto que en recientes procesos electorales, como el de Colima, se llevó a algunos de ellos, como Daniel Herrero, a operar la elección del hoy gobernador colimense, Mario Anguiano Moreno.

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Este lunes podrían presentarse las primeras impugnaciones ante el Tribunal Electoral en contra de la coalición opositora Compromiso por Puebla, por parte de perredistas que finalmente no fueron postulados como candidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

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A propósito.

Otro político avecindado en Puebla, pero con chamba en Tlaxcala, es el nayarita Víctor Cánovas Moreno, a quien cada vez se le ve menos en la coordinación de asesores del gobernador Héctor Ortiz.

Los enterados aseguran que tal circunstancia obedece a que Víctor Cánovas ya está metido en la campaña a la gubernatura de Puebla de su vecino en el fraccionamiento Las Fuentes, el panista Rafael Moreno Valle Rosas.

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No lo cuente en voz alta, pero resulta que funcionarios del gobierno del estado de Puebla están siendo capacitados por el vidente Ángel Farpón Orozco —en su centro de capacitación, ubicado entre las colonias El Cerrito y Villa Encantada— para interpretar los astros, y prevenir siniestros y otras tragedias producto de los cambios climáticos y la influencia de los campos electromagnéticos del sol sobre la tierra.

Hasta donde se sabe, el metafísico y arqueastrónomo —como se hace llamar—goza de buena reputación entre algunos iniciados marinistas, pues no sólo predijo que su jefe sería gobernador de Puebla, y que Blanca Alcalá Ruiz se convertiría en la primera alcaldesa de la capital, sino que además es una autoridad latinoamericana en el tema de la interpretación de las profecías mayas.

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Este lunes podrían presentarse las primeras impugnaciones ante el Tribunal Electoral en contra de la coalición opositora Compromiso por Puebla, por parte de perredistas que finalmente no fueron postulados como candidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

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Simón dice:

«El futuro es algo que cada cual alcanza a un ritmo de sesenta minutos por hora, haga lo que haga y sea quien sea».

Clive Staples Lewis (1898-1963) Escritor británico.

Este viernes, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) sesionará en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado (TEE), mientras se terminan de evaluar los daños causados por el último temblor a la sede del primer organismo.

Tal situación no tendría nada de particular, si no fuera porque en la sesión de este día el representante del PAN, Rafael Guzmán Hernández, buscará poner en aprietos al consejero presidente del Instituto, Jorge Sánchez Morales, con un tema espinoso.

Me refiero a la resolución emitida por el Tribunal Electoral el viernes de la semana anterior sobre la queja interpuesta por el propio Rafael Guzmán en contra de Jorge Sánchez por su negativa de dejarlo participar en aquella sesión del pasado 27 de febrero.

El representante del PAN demandó que el presidente del IEE fuera sancionado por la arbitraria exclusión de que fue objeto, y que lo acordado en aquella sesión quedara sin efecto.

El TEE resolvió darle la razón en el punto de su exclusión, pero rechazó anular lo discutido y aprobado en dicha sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

La resolución del Tribunal ha despertado en algunos consejeros y representantes partidistas cierto interés morboso, pues nadie sabe cómo reaccionará el consejero presidente del IEE cuando ésta se ponga a consideración del pleno, o qué nuevos argumentos empleará para minimizarla, estando en la sede de los tres magistrados electorales que, por unanimidad, fallaron en su contra.

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Ayer por la tarde me pasaron la versión de un supuesto enfrentamiento, al término de un partido de fútbol de la Liga Española entre Roberto Marín Torres —hermano mayor del gobernador del estado— y el exjugador del Puebla de la Franja, Aurelio “El Coreano” Rivera.

Lo primero a precisar es que tal enfrentamiento nunca existió.

Ciertamente Aurelio Rivera soltó un par de cachetadas guajoloteras, el sábado anterior en los campos de la colonia Emiliano Zapata, pero no a Roberto Marín, sino a un jugador del equipo de veteranos del DIF, de nombre Antonio Arellano.

Y que el incidente fue resultado de un intenso y disputado partido entre el Deportivo Marín, del que forma parte el hermano mayor del gobernador, y la oncena del DIF que perdió el encuentro futbolero por marcador de cuatro goles a uno, y del cual es jugador “El Coreano” Rivera.

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Un aspirante a la gubernatura de la entidad que ha comenzado a reunirse con columnistas y periodistas de la capital del país, para hacerles saber que él será el sucesor de Mario Marín Torres en Casa Puebla, es el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, quien la semana pasada se entrevistó con Salvador García Soto, autor de la columna Serpientes y Escaleras de El Universal.

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No se sabe bien a bien qué fue lo que más lo irritó, pero el presidente del Puebla de la Franja, Francisco Bernat Cid, corrió ayer a José Luis Sánchez Solá “Chelís” como director técnico del equipo camotero.

Unos dicen que fue su declaración, en el sentido de que el gobernador Mario Marín era su jefe, y su posterior reunión con éste y el resto de los jugadores del equipo en Casa Puebla, y otros que su aparición en un video en apoyo de los candidatos del PRI a diputados federales por los distritos 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de Puebla.

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Simón dice:

“La venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno”.
Walter Scott (1771-1832). Escritor británico.

Quintuplican los costos de las realizadas por la comuna
Mario Marín García, futuro notario por la capital

Uno de los secretos mejor guardados por la actual administración estatal es el costo final de las obras públicas.

En la página de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SEDUOP) esta información simplemente brilla por su ausencia. En el apartado de Convocatorias a concursos o licitaciones, los links que supuestamente llevarían a los resultados de las asignaciones están rotos o desactivados.

La única forma de acceder a los costos de las obras es vía los boletines de prensa, emitidos por la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado o la Dirección de Comunicación Social de la propia dependencia.

Esta opacidad o falta de transparencia no es casual, ni involuntaria.

Por el contrario, tiene la intención de ocultar al ciudadano y a los especialistas en la construcción los sobrecostos que tienen algunas de las obras que realiza el gobierno del estado, en particular la SEDUOP y su titular Javier García Ramírez.

Para demostrarlo basta llevar a cabo un simple comparativo, por ejemplo, entre las unidades o canchas deportivas efectuadas por el gobierno de Mario Marín Torres y la gestión de Blanca Alcalá Ruiz.

La diferencia de precios, como se verá, resulta abismal.

Hasta el pasado mes de febrero, la actual administración estatal había construido 30 nuevas unidades deportivas, que constan ––en términos generales–– de cancha de fútbol, de pasto natural o sintético; de dos canchas de usos múltiples, que pueden utilizarse para básquetbol o voleibol; y de una pista de atletismo.

El costo de cada unidad deportiva fluctuó entre siete y 15 millones de pesos. La variación en los precios depende de varias cosas, como el tamaño de la cancha y el tipo de pasto que se le pone; la pista de atletismo, que puede ser de gravilla o de tartán, y si ésta consta de gradas, iluminación y sanitarios.

La gestión de Blanca Alcalá construyó el año pasado ocho nuevas canchas de fútbol de pasto sintético, dos pistas de trote y tres canchas de usos múltiples.

En la unidad habitacional Manuel Rivera Anaya, el ayuntamiento de Puebla pagó 1.8 millones de pesos por dos canchas de pasto sintético, una pista de trote y una cancha de usos múltiples; en la unidad habitacional San Bartolo, 1.03 millones de pesos, por una cancha de futbol de pasto sintético, una pista de trote y la dignificación de la cancha de usos múltiples ya existente; y en el Polideportivo José María Morelos y Pavón pagará 1.9 millones de pesos por las obras de mantenimiento y rehabilitación de ese complejo cercano al barrio de Xonaca.

En la unidad habitacional San Ramón, la cancha de pasto sintético le costó 811 mil pesos; en la unidad habitacional La Flor, 729 mil pesos; en la unidad habitacional La Victoria 186 mil; en la unidad habitacional Amalucan, 243 mil; y en la unidad habitacional Villa Frontera, 180 mil pesos.

Tales costos, en comparación con los del Gobierno del Estado, son abismales.

Aquí le dejo un par de muestras: la unidad deportiva de Chalchicomula de Sesma, que tendrá un costo de 15 millones de pesos , y la unidad deportiva de Chignahuapan, en la que se invertirán 14 millones de pesos.

Ambas obras fueron puestas en marcha por el gobernador el año pasado, una el 30 de agosto y otra el 10 de diciembre, y ambas contarán ––una vez que se concluyan–– con cancha de fútbol, dos canchas de usos múltiples y una pista de atletismo, además de gradas, sanitarios y alumbrado.

EN CORTO
Con el aval de su señor padre, Mario Marín García ha comenzado a gestionar una notaría pública en la ciudad de Puebla.

De hecho, trascendió que esta semana, en un Juzgado de lo Civil, se llevará a cabo una diligencia testimonial de personas que dicen conocer al hijo del gobernador del estado como una persona apta y capaz para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El asunto, por supuesto, levantará ámpula entre abogados y notarios, así como en partidos políticos que no desaprovecharán la ocasión para llevar agua a su molino en pleno proceso electoral federal.

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De un momento a otro se conocerán nuevos ajustes y nombramientos en la Secretaría de Salud del estado, dependencia en la que se mantendrá como titular Antonio Marín y López, por recomendación del secretario del ramo a nivel federal, José Ángel Córdova Villalobos.

De buena fuente, le puedo adelantar que por lo pronto el gobernador Marín colocará al frente de la Dirección de Atención a la Salud, en lugar de Jorge George Sánchez, a una persona muy cercana a sus afectos, y que el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano ya estableció contacto con el líder sindical Malcom Ramírez Martínez para pedirle le baje a sus protestas.

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El secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, estuvo este sábado en Huauchinango y Xicotepec de Juárez.

Llegó a bordo de un helicóptero del gobierno del estado, acompañado del director de la Policía Judicial, Hugo Isaac Arzola Muñoz.

En Huauchinango inauguró la feria del lugar, en representación del gobernador Mario Marín, y en Xicotepec asistió a una comida organizada por René Lechuga Fosado con motivo de su cumpleaños, y que reunió a la clase política de esa región de la Sierra Norte de Puebla.

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El Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación determinó declarar improcedentes los recursos de inconformidad promovidos por Rafael Palacios Vega y Selim Alberto Núñez Ledesma en contra del PRI, que les negó su registro como precandidatos a diputados federales por los Distritos 6 de Puebla y 7 de Tepeaca.

Palacios Vega se inconformó, primero ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI y luego ante el Tribunal Electoral, pero sin agotar la primera instancia, por lo su recurso fue desechado.

En el caso de Núñez Ledesma, el Tribunal Electoral determinó que su impugnación carecía de validez, por no haber recurrido primero ante las instancias partidistas procedentes.

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Simón dice:

“Hay personas a las que la fortuna no les procura más que miedo de perderla”

 Conde de Rivarol, escritor francés.

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