Uno de los grandes pendientes del presidente Enrique Peña Nieto y la partidocracia mexicana es el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, más allá del discurso.

La Presidencia, por un lado, no ha rendido el informe de austeridad que desde marzo debió presentar en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el compromiso de realizar ahorros equivalentes al 5 por ciento de su gasto corriente.

Los senadores, por su parte, juegan al gato y al ratón con las millonarias partidas que reciben a través de sus bancadas. Por un lado promueven iniciativas para transparentarlas y hacerlas públicas pero, por otro, se valen de cualquier subterfugio legal o administrativo para mantenerlas bajo reserva o en la peor de las opacidades.

Y los diputados federales salientes pretenden autoasignarse para el 2014 en que dejarán sus curules un bono de desempeño por un millón  de pesos, independiente de los recursos que recibirán por concepto de fondo de ahorro, aguinaldo proporcional y demás “subvenciones extraordinarias”, como la que recibieron hace unos días por haber sacado adelante el paquete de leyes de la Reforma Energética.

En lugar de llevar a cabo ahorros presupuestales y acciones concretas en materia de austeridad, los diputados y senadores del país no sólo gastan más cada año, sino de manera menos transparente, sobre todo tratándose de recursos destinados a sus grupos parlamentarios.

En 2006 las subvenciones recibidas por los senadores en su conjunto ascendieron a 335.4 millones de pesos, en 2009 subieron a 405.5 millones y en 2013 llegaron a 487.8 millones de pesos, sin que a la fecha se conozca en forma oficial y detallada a qué exactamente se aplicaron.

¿Cuántos de estos millones no habrán ido a parar a pachangas como las celebradas en enero pasado por el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villareal, y algunos de sus más allegados correligionarios?

¿Por qué los mexicanos tendríamos que pagar ese tipo de fiestecitas en exclusivas y lujosas mansiones de playa, con música de banda y sexoservicio incluido con exóticas bailarinas de table dance?

El presupuesto de egresos del Congreso de la Unión se ha elevado casi 30% en los últimos cuatro años. En 2010 su presupuesto autorizado fue de 9,550 millones de pesos, y el de 2014 asciende a 12,381 millones.

De esta última cantidad, 6,796 millones corresponden a la Cámara de Diputados, misma que en 2015 pretende aumentar su presupuesto a 8,821 millones, es decir en un 30 por ciento, con el propósito de incluir ahí un bono de 1 millón para cada uno de los 500 legisladores que la integran.

De las partidas o subvenciones etiquetadas para los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados poco se sabe, salvo que éstas nunca son menores a las del ejercicio anterior.

En el periodo de marzo de 2010 a febrero de 2011 tales partidas sumaron 728.6 millones de pesos, según la investigadora del CIDE María Amparo Casar Pérez en su investigación ¿Cómo y cuánto gasta la Cámara de Diputados?

¿A cuánto subirán estos opacos recursos en el presupuesto de 2015?

Los enterados aseguran que estos ya alcanzan los 1,000 millones, pero que nadie a ciencia cierta sabe a qué se aplican con todo y que el 7 de febrero el presidente Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, por la cual todas las fracciones parlamentarias deberían informar del uso y destino de estas partidas.

En fin: mucho ruido y pocas nueces en transparencia y rendición de cuentas.

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Este jueves la Universidad Iberoamericana de Puebla será sede del foro «Pensar, decir y manifestarse; los derechos humanos y la vigilancia de las comunicaciones«.

El foro se dividirá en dos mesas: en la primera la Red en Defensa de los Derechos Digitales expondrá los 13 principios de vigilancia de las comunicaciones y los derechos humanos: y en la segunda se analizará la llamada Ley Bala y se hará un recuento de los daños que dejó el desalojo violento de pobladores de Chalchihuapan el pasado 9 de julio.

Estas dos mesas se efecuarán por la mañana y el mediodía, la primera de 9 a 11 y la segunda de 11 a 13 horas.

Como parte del foro se impartirá un taller sobre telecomunicaciones a la luz de las últimas reformas en la materia que impartirá la presidenta nacional de la Amedi, Aleida Calleja, de 15 a 19 horas.

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Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

 

Twitter: @periodistasoy

 

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

La verdad es que Moreno Valle perdió una gran oportunidad de refrendar en los hechos su compromiso de convertir a la CAIP en un ente ciudadano y de hacer de este organismo un garante de la transparencia y la rendición de cuentas.

De nada sirve una comisión controlada por el gobierno o compuesta por comisionados que estén más ocupados o preocupados en cuidar las espaldas a las autoridades en turno, que en garantizar el derecho a la información y el correcto uso y aplicación de los recursos públicos.

Eso y la Carabina de Ambrosio es exactamente lo mismo.

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Hace un par de días, mi colega Arturo Luna Silva publicó un trascendido en el sentido de que el actual secretario de Desarrollo Económico del estado, José Antonio López Malo Capellini, se andaba promoviendo como director del nuevo Centro Expositor de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Sin embargo, fuentes allegadas al sector me dicen que si bien sí existen posibilidades de que un exsecretario de Desarrollo Económico asuma esa responsabilidad, éste no sería López Malo, sino el que fue titular de la dependencia en el sexenio de Melquiades Morales Flores.

Es decir, el empresario mueblero Antonio Zaraín García.

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A propósito.

Me cuentan que Antonio López Malo no quiere problemas con la próxima administración, por lo que ya se amarró el dedo antes de que se lo machuquen con una auditoría que saque sus trapitos sucios al sol.

Para evitarse problemas, el secretario de Desarrollo Económico contrató los servicios de un despacho externo ligado a un personaje muy cercano al gobernador electo, Rafael Moreno Valle, para que audite y avale su desempeño al frente de esa dependencia del Ejecutivo del estado.

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El secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla, está molesto en extremo por la publicación del libro «Huey Atlixcáyotl, 45 años de identidad cultural«, editado por su dependencia, y que se presentó con bombo y platillo en Atlixco a finales del mes pasado.

La molestia de Bonilla es mayúscula, pues la obra presenta evidentes y graves faltas de ortografía y sintaxis y un diseño gráfico sin pies ni cabeza.

Además, los contenidos sobre la historia del festival son cuestionables, ya que no tomaron en cuenta, ni por asomo, el trabajo que desde su fundación realiza el antropólogo Raymond Estage Noel, «Cayuqui«.

Alejandro Montiel ya pidió una explicación a Jaime Mesa Castelán por dictaminar favorablemente un libro con tales errores y autorizar su publicación, que evidentemente desprestigia a la Secretaría.

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Simón dice:

«Todas las cosas fingidas caen como flores marchitas, porque ninguna simulación puede durar largo tiempo.»

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

El gobierno de Mario Marín comenzó a gastarse el préstamo una semana después de perder la elección del 4 de julio. Y eso Villa Issa no tiene cómo desmentirlo ¿O si?

La secuela de contradicciones en la que han incurrido los secretarios de la actual administración estatal para ocultar lo que Janeiro ha documentado es larga.

De entrada, hay que decir que en el paquete fiscal enviado a la Cámara de Diputados a finales del año pasado, la Secretaría de Finanzas jamás pudo justificar por qué solicitaba autorización para un crédito por 2 mil 500 millones de pesos cuando sólo acreditaba proyectos por 2 mil 100 millones.

Otra incoherencia entre lo que informan las autoridades y lo que en realidad hacen fue documentada en días pasados por el periódico El Columnista, cuando publicó el contrato suscrito por el gobierno del estado y Bancomer para que el primero pudiera disponer de una línea de crédito por la cantidad mencionada.

Dicho contrato fechado en abril puso en evidencia al secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, quien a finales de mayo declaró a Intolerancia que el gobierno todavía estaba evaluando a qué institución solicitaría el préstamo. (Vea el contrato aquí)

Pero la burla no quedó ahí.

El secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas se sumó a la cargada la semana pasada, al afirmar que la administración de Mario Marín tomaría en septiembre la decisión de usar o no la línea de crédito, no obstante que en julio la Secretaría de Finanzas ya se había gastado 2 mil 370 millones de pesos, como se prueba en los documentos exhibidos por el legislador panista.

Con qué cara David Villa Issa llama mentiroso a José Manuel Janeiro y calificar de infundadas sus aseveraciones si el mentiroso ha sido precisamente él

Con qué cara y autoridad moral puede hablar de transparencia, si él y su oficina son ejemplo de opacidad en materia de rendición de cuentas, al rechazar cualquier solicitud de información pública sobre los gastos del gobierno de Mario Marín Torres.

Villa Issa —conocido en la burbuja marinista como El Cuñadito— es un personaje siniestro que no sólo exige el despido de periodistas incómodos como Ernesto Aroche Aguilar, sino que condiciona el pago de publicidad gubernamental a cambio de mantener en secrecía las operaciones de la Subsecretaría a su cargo.

Y es también quien en la recta final del sexenio marinista ofrece liquidar al 100% los convenios de «ampliación de información» con algunos medios, siempre que sus dueños y directivos se comprometan a blindarlo de las críticas o acusaciones que en el futuro puedan venir en su contra.

Por todo eso la pregunta inicial de este post: ¿Usted le cree a Villa? Yo tampoco.

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Simón dice:

Cínico: un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada.

Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.

Al contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, habría que abrirle un proceso administrativo por mentiroso e ineficiente en el ejercicio de su función, y por su incapacidad para que la transparencia y la rendición de cuentas sean una realidad en Puebla.

Y es que el convenio que desde diciembre de 2008 se firmó para que las solicitudes de información pública a las dependencias gubernamentales se gestionaran y se respondieran a través de la plataforma del sistema Infomex, ha quedado en letra muerta.

A 15 meses de aquel convenio, suscrito por el gobernador Mario Marín Torres y el entonces comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, en el Salón de Protocolos, aún no hay una fecha para el arranque del Infomex, no obstante las promesas del titular de la Sedecap de que ahora sí, en abril de 2010, este sistema se implementaría, como ocurre en la mayoría de las entidades del país.

El pasado mes de enero, Sánchez Ruiz prometió, por enésima ocasión, que el Infomex sería una realidad en abril, al tiempo de afirmar que si su implementación se había retrasado más de lo previsto no era por culpa del gobierno del estado, sino por los técnicos y operativos del IFAI que no lo habían concluido, ni liberado.

Cosa que, por supuesto, es falsa, y que puede documentarse con diversos oficios, en los que se comprueba que el sistema Infomex fue recibido y aceptado por la Fiscalía Anticorrupción del gobierno del estado en noviembre del año pasado.

Pero ¿qué es lo que impide que esta plataforma —que ya es usada por el ayuntamiento de Puebla— se aplique en la administración estatal, en sustitución del obsoleto Módulo de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Maipep), a cargo de la Fiscalía Anticorrupción?

Una causa, como ya se lo comenté líneas arriba, es la desidia y negligencia del contralor Sánchez Ruiz, quien desde un principio se opuso al funcionamiento del Infomex con el argumento de que el Maipep —financiado y contratado por la Contraloría a su cargo— era un sistema más acabado.

Y la otra y más importante, es que con el Infomex todas las solicitudes de información y respuestas que emitan los sujetos obligados por la Ley de Responsabilidades se tendrían que hacer públicas, lo que pondría fin a la discrecionalidad de las dependencias estatales que hoy, en la mayoría de los casos, responden con opacidad las peticiones que se les formulan so pretexto de que la información requerida es reservada o confidencial.

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Simón dice:

«Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa.»

Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español.

* Marcelina Sánchez mantiene la opacidad en el IEE

* Los antecedentes panistas de Geudiel Jiménez Flores

Una semana de mucha tensión e intensas negociaciones, por hacerse de la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Puebla, y por ende de la coalición opositora Compromiso por Puebla, tendrán los precandidatos Humberto Aguilar Coronado y Eduardo Rivera Pérez, junto con sus respectivos equipos de campaña.  

Y es que a ciencia cierta, ninguno de los dos precandidatos panistas despunta sobre el otro, lo que podría incidir en que las encuestas que en estos días se aplican —por encargo del CEN del PAN— para determinar al que sería nominado como candidato de unidad, no cumplan su objetivo.

Ya sea porque la diferencia entre uno y otro sea igual o menor al margen de error de los estudios demoscópicos contratados, o porque algunos de los dos no acepte los resultados de las encuestas.

En tal escenario, se abren dos posibilidades: una, que el candidato del PAN surja de la elección prevista para el sábado 20 de marzo, con la participación sólo de miembros activos, y otra que el CEN suspenda el proceso y designe a uno de los dos, o a un tercero en discordia, tal como quieren los dirigentes de los otros partidos integrantes de la coalición opositora.

El senador con licencia Humberto Aguilar Coronado, que tiene como principales aliados a los grupos de Genaro Ramírez Rojas, Ángel Alonso Díaz Caneja y Luis Paredes Moctezuma, le apuesta a ganar las encuestas contratadas por el CEN del PAN.

En cambio, su contendiente, el diputado local con licencia Eduardo Rivera Pérez, quien también confía en que las encuestas del CEN lo pongan a la cabeza, no descarta llegar hasta la elección interna, convencido de que sus simpatizantes y operadores —muchos de los cuales controlan los resortes y las estructuras de mando del partido— lo harán ganar.

INTRAMUROS

La transparencia sigue siendo una asignatura pendiente en el Instituto Electoral del Estado (IEE), por la opacidad que prevalece en materia de licitaciones, compras y contrataciones de bienes y servicios.

En la página de transparencia del IEE, la última acta del Comité de Adquisiciones es de diciembre de 2009, y el último acuerdo de febrero de 2009.

 El tema no deja de ser delicado, y más cuando se supone que con Marcelina Sánchez Muñoz al frente del Comité de Adquisiciones la situación iba mejorar, lo que hasta el momento no se ve.

Por lo pronto, ha trascendido que la directora general del IEE ha incurrido en algunas anomalías como adjudicaciones directas de bienes que tuvieron que licitarse en forma pública, compras fraccionadas de papelería y otros insumos, y concursos por invitación donde no hay ninguna correspondencia en los precios, ni en los productos que se cotizan los proveedores convocados.

EN CORTO 

Las empresas contratadas por el CEN del PAN para medir a sus dos precandidatos a la alcaldía poblana —Humberto Aguilar y Eduardo Rivera— y, quizás, a otros aspirantes propuestos por el movimiento Puebla de Acuerdo son: GEA-ISA y GP Mark.

Ambas encuestadoras habrían aplicado sus cuestionarios este fin de semana, en diversas secciones electorales de la capital del estado, con el propósito de que entreguen sus resultados a la dirigencia nacional panista antes del miércoles.

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Hace tres años, el joven Geudiel Jiménez Flores, quien hoy busca la candidatura a la alcaldía de San Pedro Cholula como militante del PVEM, fue uno de los simpatizantes y activistas del candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla, Antonio Sánchez Díaz de Rivera.

Incluso algunos panistas lo recuerdan como uno de los artífices que hicieron posible la participación de la cantante y vedette cubana Niurka y del actor y cantante Kalimba en el cierre de campaña de Antonio Sánchez en el zócalo de la Angelópolis, en noviembre de 2007.

En aquella campaña, al hijo del expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Geudiel Jiménez Covarrubias, se le encargó la promoción del candidato panista en algunas unidades habitacionales de la ciudad, y la conformación de un grupo de jóvenes asignados al cuidado de casillas, tareas en las que por cierto no dio muy buenos resultados.

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Francisco Monterrosas Sosa, quien se desempeña actualmente como presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño de Puebla (Canacope), fue nombrado representante regional de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) para los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, en la última reunión nacional de esta organización empresarial.

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 El jueves por la noche se presentó con gran éxito, a juzgar por la nutrida concurrencia de invitados, la nueva revista ambiance, cuya dirección general recae ahora en Domingo Antonio Fernández Brito.

ambiance, es un magazine de sociales, espectáculos, cultura, deportes y entretenimiento, fundado por Roberto Zataraín Leal, pero que hoy vive un relanzamiento con la llegada de nuevos socios y colaboradores.

En su nuevo Consejo de Administración participan, además de Antonio Fernández Brito, Máximo Caso Rotzinger, Miguel Ángel Menéndez de la Llave y Alejandro Osorio Sánchez, algunos de ellos identificados con el llamado Grupo Diamante, dedicado a la construcción de condominios, y a la venta de oficinas y locales comerciales en Boca del Río, Veracruz.

En su número de marzo, ambiance destaca tres entrevistas con la cantante Yuri, el financiero Alberto de la Fuente y el empresario textil Justo Olvera, así como dos artículos de fondo bajo la firma de José Luis Sánchez Solá «Chelís» sobre el futuro de la Franja, y América Soto López sobre las coaliciones electorales.

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Las acusaciones de corrupción y extorsión que la regidora María Isabel Ortiz Mantilla lanzó hace unos días en contra del director de la Agencia de Protección al Ambiente, Blas Villegas Lara, y del cuerpo de inspectores de esa dependencia, podrían estar influenciadas por un asunto particular, tras el problema en que se habrían visto involucrados algunos familiares suyos, de apellido Orta, que colocaron en un semáforo de la 23 Sur y 13 Poniente publicidad de una taquería.

Hasta donde se sabe, hace un par de semanas, familiares de la regidora panista golpearon a un inspector de nombre Armando Salas, por haber retirado de ese semáforo del barrio de Santiago una manta que promocionaba los tacos El Pastorcito, hecho que derivó en la detención de tres jóvenes que fueron llevados en una patrulla de Seguridad Pública al Juez Calificador, que los multó con 400 pesos.

Los jóvenes —Jesús Orta Cabrera, Luis Miguel y Jorge Alejandro Mora Orta— se dijeron también familiares del exsenador Germán Sierra Sánchez, hecho que quedó asentado en el acta levantada por el juez calificador ante el cual fueron remitidos, y en el reporte del inspector golpeado.

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Hasta el cierre de este blog aún no se despejaba la duda sobre quién sería el candidato que el PAN llevaría a la quinta posición de la lista de candidatos al Congreso del estado por la vía plurinominal de la coalición opositora Compromiso por Puebla.

Como se sabe, las posiciones 1, 2 y 3 de esa lista corresponden al PRD, PANAL y Convergencia, mientras que las restantes al PAN.

De éstas, la cuarta fue asignada por el CDE para su expresidente Juan Carlos Espina von Roehrich y la sexta a la exregidora del municipio de Puebla, Ana María Jiménez.

La quinta se la peleaban Rafael von Rasfeld, Fernando Meneses Morán y Blanca Jiménez, entre otros.

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Simón dice:

«La suerte no es más que la habilidad de aprovechar las ocasiones favorables».

Orison Swett Marden (1850-1924) Escritor de libros de autoayuda.

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NOTA ACLARATORIA:

Sobre el trascendido publicado y firmado por usted en la Columna «La Corte de los Milagros», el día lunes 15 de marzo de 2010 y en el que hace referencia a mi persona, quiero precisar lo siguiente:

Como es de conocimiento público, el jueves 11 de Marzo de 2010, durante la celebración de la Sesión Ordinaria de Cabildo, presenté un Punto de Acuerdo firmado por 10 regidores de todas las fracciones, mismo que fue aprobado por unanimidad y que incluye:

PRIMERO.-Se instruye al Director de la Agencia de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, suspender las actividades de la denominada «Unidad de Supervisión Inmediata» hasta que se presente el informe del Contralor a que se refiere el punto anterior.

SEGUNDO.-Se instruye al Contralor Municipal para que investigue todos los actos relacionados con la denominada «Unidad de Supervisión Inmediata» de la Agencia de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio con la finalidad de determinar si su actuación se realiza con apego a la Reglamentación Municipal aplicable, debiendo remitir su informe al pleno en una Sesión de Cabildo subsecuente.

-Quiero señalar que a la fecha no he recibido copia de la notificación, por la cual el Secretario del Ayuntamiento de Puebla debe hacer del conocimiento de este Punto de Acuerdo tanto al Contralor Municipal, así como al Ing. Blas Villegas Lara, titular de la Agencia de Protección al Ambiente.

-Ratifico que de ninguna forma guardo algún tipo de parentesco familiar con el ciudadano Jesús Orta Cabrera, mismo que fue agredido de forma física por Armando Guadalupe López Salas el pasado 1 de marzo del año en curso; según consta en la denuncia número AP-471/2010/SUR y en la queja en la Contraloría del Municipio de Puebla, bajo el número 47/2010.

-Quiero ser clara al señalar que el acercamiento que se dio entre el ciudadano Jesús Orta Cabrera y una servidora, se debe únicamente a la intención de servir a los ciudadanos sin distingo alguno y con la finalidad de dar puntual seguimiento a mis funciones como servidor público.

-Lamentamos la forma de operar de algunos servidores públicos de esta administración municipal, los cuales manifiestan su malestar compartiendo información falsa, cuando se ven afectados en sus negocios particulares, antes de dar cumplimiento a su labor de servidores públicos, sobre todo tratando de ocupar esto como distractor y haciendo a un lado el cumplimiento de un Punto de Acuerdo, aprobado por unanimidad en Cabildo.

-Por otro lado es importante mencionar que la Unidad de Supervisión Inmediata (USI), no se encuentra considerada en el organigrama de la Agencia de Protección al Ambiente del Municipio de Puebla -aprobado por el Cabildo Municipal y publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 31 de diciembre de 2008- y por consecuencia cualquier función que desempeñen los «supervisores» adscritos a la USI, se encuentra fuera de la ley; tal es el caso del señor Armando Guadalupe López Salas.

-Sin más por el momento, ruego a usted se publique la presente en el espacio donde se hizo referencia a mi persona, con la intención de aclarar los hechos.

Presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente

En casa de la ecologista Verónica Mastretta, a un costado del Club Campestre Mayorazgo, se reunieron anoche Jorge G. Castañeda, Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastretta Guzmán con los principales integrantes del movimiento Puebla de Acuerdo.

Al encuentro acudieron la directora del parque zoológico Africam Safari, Amy Camacho Wardle; el expresidente municipal de Puebla, Gabriel Hinojosa Rivero; el empresario Gerardo Navarro Montero, y el urbanista Francisco Vélez Pliego.

Durante la reunión, se ponderó la conveniencia de impulsar un frente electoral amplio que evite la continuidad del grupo marinista, en la persona de Javier López Zavala; de postular figuras ciudadanas en la planilla de regidores y síndico del ayuntamiento de Puebla y en las fórmulas de candidatos a diputados al Congreso del estado, y de que los partidos que se coaliguen suscriban un compromiso a favor de la democratización de las instituciones, la transparencia y la rendición de cuentas.

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A instancias del obispo católico maronita de México, George Saad Abi Younes, fumaron la pipa de la paz el regidor priísta Julián Haddad Ferez y el párroco de Nuestra Señora de Líbano, Charbel Chahín Hard.Ambos personajes, que el sábado habían protagonizado un pleito por la oficina del templo maronita, ubicado a un costado del Centro Mexicano Libanés, se reunieron este miércoles en el hotel Presidente Intercontinental para zanjar sus diferencias.

Por tal razón la sesión a la que habían sido convocados los integrantes del Consejo Directivo del Libanés, para analizar el caso y la posible expulsión del regidor de Industria y Comercio del ayuntamiento de Puebla, a petición de algunos miembros de la colonia, se suspendió.

　

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A propósito de expulsiones.

La diputada local perredista Irma Ramos Galindo podría ser sancionada, incluso con la expulsión de las filas del sol azteca, acusada de traición y de colaboracionismo con el PRI y el gobierno de Mario Marín Torres, por oponerse y boicotear la coalición entre su partido y Acción Nacional en los comicios locales de julio próximo.

Lo anterior trascendió durante la reunión que el dirigente nacional del PRD y líder de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega Martínez, encabezó la tarde noche de ayer con los cuadros de su partido en las instalaciones del hotel Marriot.

　

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Al correo personal y al facebook del coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del estado, Eduardo Rivera Pérez, han llegado mensajes intimidatorios que amagan con involucrarlo en un supuesto lío de faldas.

El emisor de tales mensajes se hace pasar como un marido celoso, que acusa a Eduardo Rivera de propasarse con su mujer durante los eventos que éste sostuvo el día sábado, con simpatizantes panistas en el salón social Ardizana, y con cristianos de la asociación Convicción Mexicana por la Democracia, en un local de la 13 oriente número 11 en el Centro Histórico de la Ciudad.

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Simón dice:

«El tiempo saca a luz todo lo que está oculto y encubre y esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor».

Quinto Horacio Flaco (65 AC-8 AC). Poeta latino.

Quintuplican los costos de las realizadas por la comuna
Mario Marín García, futuro notario por la capital

Uno de los secretos mejor guardados por la actual administración estatal es el costo final de las obras públicas.

En la página de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SEDUOP) esta información simplemente brilla por su ausencia. En el apartado de Convocatorias a concursos o licitaciones, los links que supuestamente llevarían a los resultados de las asignaciones están rotos o desactivados.

La única forma de acceder a los costos de las obras es vía los boletines de prensa, emitidos por la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado o la Dirección de Comunicación Social de la propia dependencia.

Esta opacidad o falta de transparencia no es casual, ni involuntaria.

Por el contrario, tiene la intención de ocultar al ciudadano y a los especialistas en la construcción los sobrecostos que tienen algunas de las obras que realiza el gobierno del estado, en particular la SEDUOP y su titular Javier García Ramírez.

Para demostrarlo basta llevar a cabo un simple comparativo, por ejemplo, entre las unidades o canchas deportivas efectuadas por el gobierno de Mario Marín Torres y la gestión de Blanca Alcalá Ruiz.

La diferencia de precios, como se verá, resulta abismal.

Hasta el pasado mes de febrero, la actual administración estatal había construido 30 nuevas unidades deportivas, que constan ––en términos generales–– de cancha de fútbol, de pasto natural o sintético; de dos canchas de usos múltiples, que pueden utilizarse para básquetbol o voleibol; y de una pista de atletismo.

El costo de cada unidad deportiva fluctuó entre siete y 15 millones de pesos. La variación en los precios depende de varias cosas, como el tamaño de la cancha y el tipo de pasto que se le pone; la pista de atletismo, que puede ser de gravilla o de tartán, y si ésta consta de gradas, iluminación y sanitarios.

La gestión de Blanca Alcalá construyó el año pasado ocho nuevas canchas de fútbol de pasto sintético, dos pistas de trote y tres canchas de usos múltiples.

En la unidad habitacional Manuel Rivera Anaya, el ayuntamiento de Puebla pagó 1.8 millones de pesos por dos canchas de pasto sintético, una pista de trote y una cancha de usos múltiples; en la unidad habitacional San Bartolo, 1.03 millones de pesos, por una cancha de futbol de pasto sintético, una pista de trote y la dignificación de la cancha de usos múltiples ya existente; y en el Polideportivo José María Morelos y Pavón pagará 1.9 millones de pesos por las obras de mantenimiento y rehabilitación de ese complejo cercano al barrio de Xonaca.

En la unidad habitacional San Ramón, la cancha de pasto sintético le costó 811 mil pesos; en la unidad habitacional La Flor, 729 mil pesos; en la unidad habitacional La Victoria 186 mil; en la unidad habitacional Amalucan, 243 mil; y en la unidad habitacional Villa Frontera, 180 mil pesos.

Tales costos, en comparación con los del Gobierno del Estado, son abismales.

Aquí le dejo un par de muestras: la unidad deportiva de Chalchicomula de Sesma, que tendrá un costo de 15 millones de pesos , y la unidad deportiva de Chignahuapan, en la que se invertirán 14 millones de pesos.

Ambas obras fueron puestas en marcha por el gobernador el año pasado, una el 30 de agosto y otra el 10 de diciembre, y ambas contarán ––una vez que se concluyan–– con cancha de fútbol, dos canchas de usos múltiples y una pista de atletismo, además de gradas, sanitarios y alumbrado.

EN CORTO
Con el aval de su señor padre, Mario Marín García ha comenzado a gestionar una notaría pública en la ciudad de Puebla.

De hecho, trascendió que esta semana, en un Juzgado de lo Civil, se llevará a cabo una diligencia testimonial de personas que dicen conocer al hijo del gobernador del estado como una persona apta y capaz para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El asunto, por supuesto, levantará ámpula entre abogados y notarios, así como en partidos políticos que no desaprovecharán la ocasión para llevar agua a su molino en pleno proceso electoral federal.

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De un momento a otro se conocerán nuevos ajustes y nombramientos en la Secretaría de Salud del estado, dependencia en la que se mantendrá como titular Antonio Marín y López, por recomendación del secretario del ramo a nivel federal, José Ángel Córdova Villalobos.

De buena fuente, le puedo adelantar que por lo pronto el gobernador Marín colocará al frente de la Dirección de Atención a la Salud, en lugar de Jorge George Sánchez, a una persona muy cercana a sus afectos, y que el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano ya estableció contacto con el líder sindical Malcom Ramírez Martínez para pedirle le baje a sus protestas.

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El secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, estuvo este sábado en Huauchinango y Xicotepec de Juárez.

Llegó a bordo de un helicóptero del gobierno del estado, acompañado del director de la Policía Judicial, Hugo Isaac Arzola Muñoz.

En Huauchinango inauguró la feria del lugar, en representación del gobernador Mario Marín, y en Xicotepec asistió a una comida organizada por René Lechuga Fosado con motivo de su cumpleaños, y que reunió a la clase política de esa región de la Sierra Norte de Puebla.

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El Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación determinó declarar improcedentes los recursos de inconformidad promovidos por Rafael Palacios Vega y Selim Alberto Núñez Ledesma en contra del PRI, que les negó su registro como precandidatos a diputados federales por los Distritos 6 de Puebla y 7 de Tepeaca.

Palacios Vega se inconformó, primero ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI y luego ante el Tribunal Electoral, pero sin agotar la primera instancia, por lo su recurso fue desechado.

En el caso de Núñez Ledesma, el Tribunal Electoral determinó que su impugnación carecía de validez, por no haber recurrido primero ante las instancias partidistas procedentes.

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Simón dice:

“Hay personas a las que la fortuna no les procura más que miedo de perderla”

 Conde de Rivarol, escritor francés.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Que tal como se había aquí adelantado, el discurso y la conferencia del presidente del Centro Empresarial de Puebla, Luis Mora Velasco, y la investigadora del ITAM, Denise Dresser, en contra del gobierno del estado y el gobernador Mario Marín Torres, estuvieron duros, durísimos.

El dirigente patronal aprovechó su intervención en la Asamblea Semestral Ordinaria de Coparmex Puebla para censurar la falta de transparencia que priva en el gobierno marinista; la sumisión del Legislativo al Ejecutivo estatal; el atraso y el alto costo de las obras públicas que aquí se construyen; la desaparición del Comité de Adquisiciones y del Comité de la Feria sin que se haya informado qué paso con los activos de este último organismo; la corrupción en la Secretaría de Salud en la compra de medicamentos y en la construcción de hospitales, y que Puebla se ubique en los últimos lugares en aprovechamiento escolar pese a que el gobierno destina el 45% de su presupuesto al sector educativo.

La periodista e investigadora Denise Dresser no se quedó atrás. Y en su conferencia ¿Por qué es tan difícil modernizar a México?, caracterizó a Mario Marín como el ejemplo vivo de la impunidad de que gozan ciertos políticos mexicanos que pueden violentar el Estado de Derecho sin que nada les pase y nadie los sancione.

La reacción del secretario de Desarrollo Económico del estado, José Antonio López Malo Capellini, ante las denuncias del presidente de Coparmex Puebla, fue de enfado, y lo manifestó retirándose del evento tan pronto Luis Mora concluyó su discurso, instando a los presentes a dar la espalda a los políticos que sólo buscan el poder por el poder mismo o que llevan sus complejos al gobierno.

Quienes también pasaron un mal rato, por las agudas y puntuales críticas de Denise Dresser al PRI y a sus principales dirigentes, fueron el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, quien clausuró la asamblea del sindicato patronal poblano.

Un aspecto cuestionable en el mensaje de Luis Mora fue la ausencia de autocrítica hacia las cámaras y organismos empresariales, que no sólo han perdido representatividad y autoridad moral entre la Iniciativa Privada, sino que se han convertido en grupos de presión por los cuales sus dirigentes se hacen de obras y contratos de servicio, puestos en la administración pública, cargos de elección popular y otras prebendas.

¿O no?

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Que a Josefina Buxadé Castelán trataron de persuadirla para que no buscara su permanencia en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), a cambio de ofrecerle una asesoría o puesto dentro del organismo con una encomienda muy específica: instrumentar dentro del gobierno del estado el sistema Infomex.

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Que la periodista Blanca Lilia Ibarra Cadena es la aspirante con más posibilidades para quedarse con el lugar que dejará vacante Josefina Buxadé en la CAIP, ahora que los priístas voten en contra de su continuidad como comisionado del organismo dizque garante de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla.

Tiene a su favor varios factores: su experiencia y conocimiento en la materia; su condición de mujer (que mucho influirá ahora que otra mujer saldrá de la Comisión); su desempeño como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla; su oficio como comunicadora y publirelacionista, y sus buenas relaciones con la clase política gobernante.

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Trivia:

¿Qué secretario del gabinete marinista se puso el miércoles hasta las chanclas, aprovechando la ausencia de su jefe, el gobernador Mario Marín Torres, quien después de comer en Izúcar de Matamoros voló a la ciudad de México para participar en la sesión de Consejo Político Nacional del PRI?

Un tip: el susodicho es miembro del Consejo Político Nacional del PRI, a cuya sesión evidentemente no asistió, pese que ahí se aprobó utilizar la convención de delegados como método de selección de los futuros candidatos del tricolor a diputados federales por el principio de mayoría relativa.

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Que en los próximos días saldrán a la luz nuevas encuestas electorales, entre ellas las de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, que ubican a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, como la aspirante mejor posicionada para contender por la gubernatura del estado como candidata del PRI en los comicios locales de 2010.

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El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, marcó a las autoridades estatales y diputados locales el derrotero que deben seguir para salir del embrollo en que se encuentran metidos con el descrédito del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y las impugnadas reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí el recetario que Lujambio perfiló durante su conferencia “Información pública, instrumento de control ciudadano” ante los directivos y socios del Club de Empresarios de Puebla:

Revisar y corregir algunos aspectos de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que van en sentido contrario a las reformas que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 7° constitucional.

Convertir a la CAIP en órgano garante de la transparencia a nivel estatal con competencia sobre el Poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos de la entidad, para evitar que en Puebla existan más de 220 comisiones de transparencia que funcionen con criterios diferentes y hasta antagónicos.

Impulsar la creación de órganos garantes en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos.

Sustituir el módulo electrónico con que actualmente cuenta el portal de transparencia del gobierno del estado para recibir y responder las solicitudes de información pública, por el sistema Infomex creado por el IFAI, y que opera en ocho estados y que está en vías de aplicarse en 21 entidades federativas más. Sobre este punto, Lujambio expresó que el gobernador Mario Marín ya expresó este día su interés por adoptar el Infomex.

Restituir la confianza y credibilidad de la CAIP como garante de la transparencia y árbitro entre ciudadanos y autoridades en caso de controversias. Y aunque el presidente del IFAI fue muy cuidadoso en no emitir comentarios sobre Juárez Acevedo, con su exposición dejó más que claro que lo mejor que le puede ocurrir a la CAIP es que éste se vaya y sea sustituido por un personaje que goce de amplio prestigio social.

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Pero en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal, organizada por el ayuntamiento de Puebla en colaboración con la UAP, la UPAEP, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey y el IFAI, también trascendieron malas noticias.

La primera es que el proceso que el Congreso del estado le sigue el ilegítimo e ilegal Antonio Juárez Acevedo como presidente de la CAIP no será fast track, sino largo, tortuoso y burocrático.

Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que encabeza el priísta Pablo Fernández del Campo, no quieren dar pie a que el mañoso Juárez Acevedo se ampare contra el proceso de remoción y prolongue su permanencia al frente de la CAIP por secula seculorum.

Y quienes marcan la línea y los tiempos de la agenda legislativa quieren empatar la salida de Juárez Acevedo con la de la comisionada incómoda de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán, que en diciembre concluye el periodo de cuatro años para el cual fue nombrada por el Congreso del estado.

Otra mala noticia es que la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, en contra de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría resolverse hasta dentro de cuatro o seis meses.

Y la última: la mayoría priísta que controla el Congreso del estado muestra poca, pero muy poca disposición de impulsar como sustitutos de Juárez Acevedo y Josefina Buxadé a personajes independientes, de prestigio social y académico y con autoridad moral, pues su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no es más que de dientes para fuera.

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Los policías estatales y agentes de vialidad están que trinan contra el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón Rodríguez, luego de que el miércoles ordenara detener a cuanta camioneta Lincoln estuviera en circulación, ante la sospecha de que los jefes de los sicarios que el sábado por la madrugada fueron linchados en el municipio de Tlapanalá andaban por la capital del estado.

El malestar de los agentes de tránsito es más que justificado, pues cómo los instruían a detener una camioneta con criminales abordo y armados hasta las cachas, mientras en general Ayón, el coronel José Luis Sobreira Hernández y el director de Seguridad Vial, Carlos Arroyo Salamanca, dirigían las operaciones por radio y desde la comunidad de su oficina.

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Este viernes estará en Puebla el ex procurador General de la República y ex procurador de Justicia en el Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga.

Oficialmente, Morales Lechuga viene a la capital como presidente de la Fundación “Gonzalo Río Arronte”, para donar al área de radiología del Hospital Universitario un tomógrafo axial y para dictar una conferencia magistral titulada “México en la encrucijada del siglo XXI”.

La ponencia de también rector de la Escuela Libre de Derecho –de la cual por cierto es egresado, lo mismo que el presidente Felipe Calderón Hinojosa– tendrá lugar a las 10:30 horas en el Paraninfo del edificio Carolino.

Sin embargo, Morales Lechuga se reunirá a comer en privado con el gobernador Mario Marín Torres y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, para que en corto les comparta sus experiencias en materia de seguridad y procuración de justicia, ahora que el crimen organizado azota a la entidad.

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El de hoy será un día difícil para el ilegal e ilegítimo presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, como anfitrión de la IX Asamblea Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), que hoy inicia sus trabajos a las 9:30 horas en el Centro de Convenciones.

¿Con qué calidad y autoridad moral Juárez Acevedo puede ser anfitrión de los representantes de los institutos y comisiones garantes de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información de todo el país, si hoy está más que confirmado que su nombramiento como comisionado de la CAIP es ilegal, por haber militado y sido dirigente de la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro?

A ver si el capricho de sus padrinos y protectores políticos de tratar de sostenerlo al frente de la CAIP hasta diciembre, en que concluye el periodo de la comisionada Josefina Buxadé Castelán, no se convierte en un escándalo nacional.

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Cuatro son las firmas que el ayuntamiento y la coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia evalúan para que analicen y dictaminen el proyecto ejecutivo presentado por la empresa Relleno Sanitarios (RESA) para continuar con la operación y explotación del relleno sanitario de Chiltepeque durante los próximos 15 años.

Las firmas en cuestión son: Fundación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, Ingeniería y Desarrollo Sustentable, Ingeniería para el Control de Residuos Municipales e Industriales (Incremi), y Toda Arquitecto.

Hasta ahora la favorita es Incremi.

Y la gran duda: ¿Cuánto nos costará su diagnóstico?

No hay que olvidar que Incremi fue el despacho contratado por la gestión de Enrique Doger Guerrero que dijo, con base en levantamientos topográficos y estimaciones volumétricas, que el relleno sanitario de Chiltepeque agotaría su capacidad de recepción de desechos en septiembre u octubre de 2008, y luego nadie le hizo caso.

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