¿Será que la fama de transa del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, es tan grande que ya hasta la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado tomó el control sobre el manejo de los recursos con los que este organismo solventará el inicio del proceso electoral ordinario 2010?

No es broma.

Así consta en el oficio D.P104/6173/2009 enviado por el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, al presidente del IEE, que incluye varias desagradables noticias. Entre ellas, que no recibirá los 17 millones 486 mil pesos solicitados como ampliación presupuestal; que los consejeros tampoco podrán cobrar un bono extraordinario este año ni el siguiente; que no tendrá dinero para invitar a comer a periodistas o columnistas; y ni siquiera para su convivio de fin de año.

Lo más delicado del asunto —y que pone en entredicho la supuesta independencia y autonomía de gestión del máximo órgano electoral del estado— es que ahora Gerardo Pérez Salazar determina cómo y en qué deben gastarse los recursos adicionales del Instituto.

En el oficio de marras le indica a Jorge Sánchez Morales que de los 2 millones 523 mil pesos, que por lo pronto recibirá el IEE, 2 millones 43 mil debe canalizarlos a la contratación de 89 trabajadores eventuales dentro de la partida 4301 (servicios personales y plazas eventuales); 338 mil pesos a la partida 4302 (transferencia para materiales y suministros); y 140 mil pesos a la partida 4303 (transferencias servicios generales).

Pero eso no es todo.

El secretario de Finanzas le advierte que cualquier nueva solicitud de ampliación debe ir acompañada de una relación detallada de los consumibles y bienes muebles necesarios para el IEE; de los servicios y bienes inmuebles que se vayan a contratar o arrendar; del personal que vaya a requerir viáticos, así como justificar el motivo del viaje; y negociar con el Periódico Oficial del estado la publicación de aquellas convocatorias y acuerdos que deban difundirse en ese órgano informativo.

Y eso que apenas la Secretaría de Finanzas autorizó 2.5 de los 17.4 millones de pesos requeridos por el IEE. Imagínese cuando Sánchez Morales pida el resto.

***

Una cuestión que, a decir de los conocedores del tema, subyace en esta posición del secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, es que su relación con el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, está muy deteriorada.

Y es que Jorge Sánchez habría alentado la denuncia presentada por la dirigencia estatal de Convergencia en contra de Pérez Salazar, por desvío de recursos públicos y violación del artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Según esta versión, el presidente del IEE pretendía utilizar esta inconformidad para negociar con el secretario de Finanzas mayores recursos para el Instituto Electoral del Estado, a cambio de parar o congelar cualquier investigación en su contra.

***

Simón dice:

«Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico; cuando se necesita, se necesita urgentemente».

Upton Sinclair (1878-1968). Novelista y escritor estadounidense.

Un bien informado reportero de la ciudad de México me comenta que off the record, el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, sí mencionó el nombre de Mario Marín Torres como uno de los 10 gobernadores priístas con los que se reunió para pactar el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones presidenciales de julio de 2006.

En esa conversación de lunes por la tarde y fuera de grabadoras, Manuel Espino citó dos nombres más de gobernadores, los de Eduardo Bours Castelo, de Sonora, y Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz.

El ex dirigente nacional panista dijo que el pacto con los 10 gobernadores priístas se efectuó en distintos momentos, pero en todos los casos después del segundo debate presidencial, cuando ya era más que claro que el priísta Roberto Madrazo Pintado no tenía ninguna posibilidad de ganar en las elecciones del 2 de julio.

***
¿Por qué el ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, jura y perjura que sólo autorizó la construcción de 3,300 viviendas para el fraccionamiento Jardines de La Montaña, en el encinar del cerro de La Calera, y la empresa constructora Alteq, de la que son socios Vicente Bortoni y Federico Bautista, tiene un permiso para edificar 7,720 casas?

¿Si Enrique Doger no firmó, como dice esa autorización de enero de 2008, entonces quién lo hizo por él?

¿Acaso su fiel secretario en el ayuntamiento de Puebla, Ignacio Mier Velasco?

***
¿Qué secretario de despacho del gabinete marinista, con fama de financiero, pretende malbaratar, perdón, concesionar, las autopistas Tlaxco-Tejocotal y la libre a Teziutlán, en menos de una cuarta parte de lo que costaron en el sexenio del gobernador Melquiades Morales Flores?

¿Será cierto, como dice, que esa es la mejor alternativa para financiar las obras de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan?

¿O será que quiere hacer su vaquita antes de salir del gabinete para buscar una diputación federal?

***
¿A qué atribuir que la administración municipal de Enrique Doger Guerrero se haya gastado en el 2007 la friolera de 43 millones de pesos en pago de gasolina, y la gestión de Blanca Alcalá Ruiz sólo se gastará 30 millones de pesos por el mismo concepto?

¿A poco de veras la gestión de Blanca Alcalá es muy eficiente y ahorradora?

¿No será que los gastos de aquél estaban también muy inflados, o sobrefacturados como tantas otras cosas, como los arrendamientos de inmuebles, los celulares y los equipos de radiocomunicación?

***
¿Qué ex dirigente empresarial metido de asesor de Enrique Doger Guerrero en el ayuntamiento de Puebla se encargaba de agendarle algunas entrevistas con columnistas y corresponsales extranjeros acreditados en México?

¿Cómo se ganó este ex presidente del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) el apoyo de Dolly Mascareñas, corresponsal de la revista Times y presidenta de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en México?

***
¿A cuánto ascienden los millonarios contratos que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado ha cubierto a la firma IQUIA para la modernización de las oficinas recaudadoras, los equipos y el sistema de cobro electrónico de impuestos?

¿Qué relación guarda esta empresa consultora con el director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y con el subsecretario del ramo, Juan Alberto Armendáriz Martínez?

***
Para críticas, opiniones y aportaciones haga clic aquí.

Si Eduardo Kuri Chedraui y Alejandro Couttolenc Villar creían que los abusos y fraudes que cometieron a su paso por la Cámara Textil y la Asociación de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala se iban a quedar impunes o en un simple escándalo mediático, el martes por la noche pudieron comprobar que no.

Ambos habían solicitado reunirse con los actuales presidentes de la Cámara y la Asociación, Alfredo Martínez Rodríguez y Alfonso Ventura Moreno, para aclarar —según ellos— los malos entendidos que hoy tienen en la peor crisis, sino es que en la quiebra, a dos de los organismos industriales más importantes de la entidad.

El encuentro se realizó, en el edificio sede de ambos organismos, pero con la participación de los ex presidentes de la Cámara e integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, entre ellos Erasto de Ita Abed, Manuel Gancedo del Río y Jesús Migoya Junco.

Y la reunión fue de lo más aspera, pues salieron a relucir ahí un conjunto de irregularidades  y quebrantos, en perjucio del patrimonio de la Cámara y sus socios, que podrían sumar los 2 millones de dólares.
Tales anomalías han sido documentadas por el despacho Deloitte & Touche, contratado para auditar las gestiones de Kuri y Couutolenc, y entre éstas —de acuerdo con lo publicado por la columnista Rubi Soriano en Milenio Puebla— figuran la desparición de los libros de contabilidad de los ejercicios 2003 y 2005, la existencia de facturas apócrifas por un millón de pesos por la adquisición de equipo de laboratorio, el pago de gastos personales y cuentas de restaurante por más de un millón de pesos con las tarjetas de crédito de la Cámara, y la desaparición de un automóvil asignado a la exdirectora de la Exintex, Patricia Bazán.

A la lista de irregularidades se suman la apertura de 7 cuentas adicionales, además de la que llevaba el tesorero Jesús Migoya; la expedición de varios cheques a favor del ex contador de la Cámara por importes superiores a los cien mil pesos; el embargo por parte de la Secretaría de Hacienda de un terreno de 20 mil metros cuadrados en la llamada Ciudad Textil, destinado a la construcción del Instituto Textil para la Capacitación; la pérdida de acreditación del laboratorio de la Cámara, y la pérdida de la próxima Exintex, que ahora será organizada por Messe Frankfurt  en el World Trade Center de la ciudad de México.
La junta terminó con un mal sabor de boca para ambas partes.

Para Kuri y Couttolenc porque poco lograron aclarar de las anomalías que se les imputan, y porque tampoco consiguieron su propósito de que el actual presidente de la Cámara, Alfredo Martínez, se desdijera de las declaraciones que hizo sobre el estado en que le dejaron las finanzas y el patrimonio del organismo.

Y para los directivos de la Cámara y su Comisión de Honor y Justicia porque confirmaron que tanto Alejandro Couttolenc como Eduardo Kuri no sólo no están dipuestos a reponer lo que malversaron, sino porque incluso ya hasta están preparados para un largo litigio judicial, con la asesoría del abogado Carlos Meza Viveros, una vez que sean demandos por la vía civil o penal.

***

Para comentarios, críticas o aportaciones haga clic aquí.

Aun cuando la consejera Olga Lazcano Ponce no ha tenido acceso a las auditorías de la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado (IEE), ni a la realizada por el auditor externo Freysinier Morin, en el análisis que el viernes pasado presentó sobre el ejercicio presupuestal del 2007, resulta que llegó a las mismas conclusiones que éstos, en el sentido de que la administración del organismo es un fiasco nauseabundo.

Y es que la peste de la corrupción, según su reporte, está presente en varias partidas, transferencias, cuentas y compras.

Un ejemplo es la partida 2201 denominada Alimentación para el personal de las dependencias y entidades del IEE.

El presupuesto original autorizado para esta partida fue de 5 millones 44 mil pesos. Sin embargo, al término del 2007, el monto ejercido ascendió 7 millones 90 mil pesos, lo que refleja un sobregiro del 40.56%.

Pero el gasto por consumo de alimentos del Instituto Electoral del Estado y en particular de la oficina del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, fue aún mayor, sólo que éste –como ayer se lo comenté– se dispersó en otras partidas, como la 3601 “Gastos de Propaganda e Imagen Institucional”, la 3702 “Viáticos nacionales” y la 3810 “Gastos de representación”.

Me explico.

De la partida 3601, por un monto de 13 millones 174 mil pesos, 145 mil 925 pesos, es decir el 15%, también corresponden a gastos de alimentación.

Lo mismo sucede con la partida 3810 para Gastos de representación que se autorizó por un monto de 220 mil pesos, pero que a diciembre de 2007 llegó a 460 mil. De éstos, se estima que 213 mil pesos se justificaron con facturas de comida y restaurantes.

En suma: de los 5 millones 44 mil pesos que el Consejo General del IEE aprobó para el gasto de comida, resulta que el monto que al final se ejerció rebasó los 7.5 millones de pesos, lo que representa un sobrejercicio presupuestal de 3.4 millones o, si se prefiere, de 54.5%

Otro ejemplo que ilustra con creces la forma en que se manejaron los recursos del IEE en 2007 es la partida 2101 “Materiales y útiles de oficina”, por un total de 1 millón 559 mil pesos.

Según los registros contables de esta partida, hubo 2246 compras menores a 10 mil pesos, 33 por arriba de los 10 mil y una superior a los 100 mil pesos.

Lo anterior significa que la Dirección de Administración fraccionó intencionalmente estas compras para evitar pasarlas por el Comité de Adquisiciones del IEE.

De otra manera no se entiende cómo de los 2280 asientos contables en números negros, únicamente 33 sean por cantidades mayores de 10 mil pesos y sólo una superior a los 100 mil pesos.

Lo más curioso de estas compras fraccionadas es que el nombre del proveedor de los materiales y artículos de oficina del IEE no más no aparece.

¿Por qué será?

***
Para comentarios, críticas o aportaciones haga clic aquí.

Una pregunta recurrente entre algunos empresarios y panistas poblanos interesados en el escándalo que se generó por la donación de más de 105 vehículos a la Fundación Cáritas, y por los cuales esta institución de beneficencia privada obtuvo 200 mil pesos, cuando el avalúo de estos automotores era superior a los 3 millones de pesos, es cómo quedó la relación entre el arzobispo Rosendo Huesca Pacheco y el ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

El tema para los empresarios está aderezado de cierto morbo, debido a que el puente o vínculo entre ambos personajes era uno de los suyos: Alejandro Carreto Ceballos, el dueño de la fábrica de candiles El Arte Francés, y que en los corrillos políticos y patronales es conocido como Don Candelabro.

Carreto Ceballos, quien fue dirigente de la Coparmex Puebla y presidente del Comité de la Feria en el sexenio de Guillermo Jiménez Morales, fue incluido en la nómina de asesores del ayuntamiento dogerista, y una de sus funciones, sino es que la principal, era servir de enlace entre Doger y Huesca.

De ahí el morbo de ciertos empresarios, ligados ideológicamente al PAN, por saber cómo Don Candelabro le hará para deshacer ese entuerto maquinado por personajes cercanísimos al ex edil que involucraron al Arzobispado y a la Iglesia Católica, vía la Fundación Cáritas, en un escándalo de corrupción.

***
Muy a su pesar, Manuel Bartlett no tuvo más remedio que llegar al Club de Empresarios, donde ayer dictó la conferencia Reforma energética y sus alcances, en un automóvil deportivo, color blanco y de dos plazas, marca Mercedes Benz, conducido por su ex secretario de Gobernación y próximo dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros.

“A poco me vas a llevar en eso… voy a hacer el ridículo”, le comentó el ex gobernador al también notario público número 56 de Puebla, poco después de abandonar el edificio Carolino, para trasladarse al hotel Presidente Intercontinental.

Apenado, Carlos Meza le suplicó: “No me haga el desaire”, y entonces Bartlett no tuvo más alternativa que subirse al deportivo Mercedes, con todo y su traje de nacionalista a ultranza.

***
Mientras las autoridades de Puebla y Veracruz siguen echándose la bolita sobre el lugar donde fue hallado el cadáver de  la sobrina del arzobispo de Xalapa, Karina Reyes Luna, las evidencias de que esta estudiante de la UPAEP, de la carrera de Diseño y Producción Publicitaria, pudo haber sido secuestrada en la capital poblana son crecientes.

Por lo pronto se sabe, y con certeza, que Karina Reyes asistió el jueves a clases y que ese mismo día partió con destino a Xalapa, ciudad en la que viven sus padres, y a la que ya no llegó.

Una de las líneas de investigación que siguen las autoridades veracruzanas es la del novio y su hermano, quien al parecer tendría antecedentes penales.

¿Si la sobrina del arzobispo Hipólito Reyes Larios estudiaba en Puebla, de dónde podría ser su novio?

¿Acaso también de Puebla?

¿Y si Karina Reyes estudiaba en la UPAEP?

¿Entonces…?

Para críticas, comentarios o aportaciones haga clic aquí

La relación del  presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, con los representantes de algunos partidos políticos acreditados ante el organismo es cada vez más difícil.

En la mesa de trabajo de ayer, el representante del PAN no sólo volvió a cuestionar la opacidad con que se conducen el presidente del IEE y la encargada de la Dirección de Administración, sino que también exigió una explicación acerca de por qué la oficina de Jorge Sánchez rebasó los topes que se le fijaron en 2007 por concepto de telefonía celular en más de 300 por ciento.

El consejero presidente del IEE no pudo salir al paso de los cuestionamientos, pues se ausentó de la mesa de trabajo por dizque un viaje a la ciudad de México.

***
Trivia

¿A qué influyente secretario del gabinete marinista no le agradó nada el nombramiento de Sonia Hidalgo como directora de Normatividad y Licencias de la SCT, en sustitución de Rocío Deyanira Méndez?

Dos tips:

El secretario en cuestión no es enemigo de Sonia Hidalgo, aunque sí es muy cercano a la ex funcionaria que fue removida, Rocío Deyanira Méndez.

Esta última no fue designada en el cargo de Normatividad y Licencias por el anterior titular de la SCT, Rómulo Arredondo Gutiérrez, sino por un secretario de mayor peso político.

***
Entre los delegados federales se cruzan apuestas sobre quiénes serán removidos de sus puestos en el transcurso de las próximas semanas.

Hasta ahora, los momios se inclinan hacia el delegado del Infonavit, Felipe Mojarro; de la Profepa, Pedro Rubén Rodríguez; de Liconsa, Víctor Manuel Sobrado y de la SEP, Alfonso Vicente.

Otro que también se dice que más tarde que temprano tendrá que dejar la Delegación de la Secretaría de Economía es Miguel Ángel Mantilla.

¿Sabían o no sabían los funcionarios dogeristas cuánto costaban los lotes de autos, muebles de oficina y equipo de cómputo y comunicación, donados a la Fundación Cáritas?

La respuesta es sí.

Sí lo sabían y con detalle.

Y es que antes de que fueran desincorporados del patrimonio del ayuntamiento 163 vehículos y 4 mil 56 bienes, entre artículos y muebles de oficina, equipo de cómputo y aparatos de comunicación, la Secretaría de Administración a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales realizó un avalúo de cada una de las piezas que serían donadas.

Dichos avalúos constan en las copias certificadas que el secretario general de la gestión dogerista, Ignacio Mier Velasco, envió al gobernador Mario Marín Torres y al presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Othón Bailleres Carriles, en enero de 2008. 

En ambos oficios remitidos por Ignacio Mier claramente se lee “… envío copia certificada DICTAMEN Y ACTA DE CABILDO, POR EL QUE SE DESINCORPORAN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL LOTES INTEGRADOS POR “EQUIPO DE CÓMPUTO”, “MOBILIARIO DE OFICINA”, “EQUIPO DE COMUNICACIÓN” Y “VEHÍCULOS AUTOMOTORES” DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PUEBLA, DESCRITOS EN LOS AVALÚOS ORDENADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES… ”

Dos cuestiones llaman la atención de estos oficios, una relativa a los avalúos y, otra, a la dependencia que los realizó: la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sobre los primeros, hay que decir que sólo el lote de 163 vehículos automotores donado a Cáritas valía más de 3 millones 430 mil pesos.

La segunda cuestión es aún más reveladora, pues el director de Recursos Materiales y Servicios Generales que efectuó tales avalúos fue Luciano Javier Martínez, el mismo que días después firmaría junto con el tesorero José María Esquivel Silva y la jefa del Departamento de Control Vehicular, Patricia Morales Ríos, el acta de entrega-recepción de los bienes transferidos a Cáritas.

Y el mismo también del que hace unos días se deslindó el ex secretario particular y ex secretario de Administración del ayuntamiento dogerista, Enrique Chávez Estudillo “Kío”, afirmando que si bien lo conocía, no metía las manos al fuego por él.

Si Luciano Javier Martínez fue quien realizó los avalúos de los bienes desincorporados y el que firmó el acta de entrega-recepción de esa transferencia a Cáritas, ¿por qué no le informó al presidente de la fundación, Mariano Saavedra Burgos, el costo estimado de los lotes transferidos?

¿Acaso no se trataba de una donación de buena fe,  como dice Enrique Doger Guerrero?

Si no lo hizo, creo que no había tan buena fe, y si lo hizo, entonces creo que don Mariano Saavedra fue más corrupto que ingenuo al aceptar por todos los bienes donados una suma de 200 mil pesos.

¿O no?

La verdad legal. Jurídicamente el ex alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, no tiene mucho de qué preocuparse sobre la donación de lotes de vehículos automotores, equipo de cómputo, mobiliario de oficina y equipo de comunicación a la Fundación Cáritas.

Y es que legalmente los funcionarios municipales que participaron en la desincorporación de la supuesta chatarra municipal están protegidos con actas, contratos, recibos y oficios, que demuestran que fue Cáritas, a través de su presidente Mariano Saavedra Burgos, la que recibió los bienes muebles donados, la que propuso a la empresa que los adquirió, la que aceptó el pago de 200 mil pesos, y la que firmó de conformidad.

Así consta en el contrato de compra-venta de chatarra celebrado entre Cáritas y Prestadora de Servicios Independientes o Generales, fechado el 23 de enero de 2008; en el oficio donde el presidente de la Fundación designa a dicha empresa para recoger los bienes “inservibles”, suscrito el 25 de enero; en el acta de entrega-recepción por parte del ayuntamiento de Puebla a la institución de beneficencia privada, del 29 de enero, y en el recibo de conformidad por la cantidad de 200 mil pesos que el mismísimo Mariano Saavedra firmó de su puño y letra el 29 de enero.

En suma: los funcionarios del ayuntamiento que participaron en esta transacción están protegidos, al menos legalmente.

La verdad moral. En la realidad, la desincorporación de bienes “inservibles” o “chatarra” fue un negocio de no menos de 3 millones de pesos, en el que estarían involucrados el ex tesorero José María Esquivel Silva; el ex director de Recursos Materiales, Luciano Javier Martínez, y la ex jefa del Departamento de Control Vehicular, Patricia Morales Ríos.

En dicha transa tuvo una participación directa, con pleno conocimiento de causa o como tonto útil, el contador Mariano Saavedra, y subrayo lo de contador para enfatizar que el presidente de la Fundación no es un neófito en la materia o un profesionista poco familiarizado con el costo de los bienes donados.

Un detalle que revela la mala fe de principio a fin en el proceso de donación es que en todos los documentos suscritos por las partes hay omisión intencionada sobre el detalle de los bienes desincoporados del patrimonio municipal, es decir, no aparece por ningún lado un inventario o relación de los autos, computadoras, muebles de oficina y equipo de comunicación donados.

A poco a un contador público en activo se le pudo haber escapado ese detalle.

La verdad, es difícil creerlo.

Como también resulta increíble pensar que se trató de una omisión involuntaria, por parte de los funcionarios municipales, no haber incorporado al expediente de la donación el acta de Cabildo del 11 de diciembre de 2007 y el anexo 3 que supuestamente incluye una relación pormenorizada de los 105 vehículos chatarra, y de los lotes de muebles de oficina y equipo de cómputo inservible.

A poco al representante de la Contraloría municipal, Raúl Luis Tlatoa Tecuanhuehue, también se le pasó tan insignificante detalle.

La verdad es que todas esas omisiones lo único que confirman es que se trató de una transa cometida con premeditación, alevosía y ventaja.

***
El próximo 14 de junio, el notario público Héctor Jiménez y Meneses celebrará en Atlixco sus 40 años de afiliación y militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional.

Y para el festejo ha organizado una comida, para lo cual ha girado singulares invitaciones, pues en el reverso de éstas aparece su credencial de afiliación como miembro activo del tricolor, fechada el 14 de junio de 1968 y firmada por Alfonso Martínez Domíguez y Enrique Olivares Santana, presidente y secretario general del CEN del PRI.

***
Desde hace un par de semanas, la columna política que tiene a la vista se transformó en blog, con el propósito de lograr una mayor interacción con sus lectores y cibernautas.

En la parte final de cada entrega, después de los tags –etiquetas que sirven para ubicar los asuntos y personajes de cada columna– aparece un apartado para comentarios que usted puede utilizar para manifestar sus puntos de vista o aportar mayor información sobre el tema o los temas abordados.

Lo único que tiene que hacer es escribir su nombre, correo electrónico y opinión, y ésta se publicará de inmediato.

No omito decirle que por política editorial, todo comentario redactado con lenguaje soez, difamatorio o irrespetuoso, que involucre cuestiones de vida privada, lesione la dignidad de las personas o se escude en el anonimato para  dañar honras o reputaciones, será editado.

Así es que adelante y bienvenidos sus comentarios.