LA CORTE DE LOS MILAGROS

Publicaciones etiquetadas ‘tráfico de influencias’

¿Nadie por encima de la Ley?

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Ahora que la Secretaría de la Contraloría ya ofreció investigar un posible tráfico de influencias en la asignación de un contrato a la firma CEO Business Consulting S.C. —por recomendación de la directora de Planeación de la Secretaría de Transportes, Mónica Alicia Osorio Alarcón—, valdría la pena que agilizara sus pesquisas.

De entrada, porque tras las evidencias que aquí se publicaron hace un par de días sobre los vínculos de Mónica Osorio con la referida la empresa, de la cual fue parte de su equipo de consultores, ha comenzado una especie de cacería de brujas con el despido de la secretaria de aquélla, Aida Ramo.

Las causas de su cese se desconocen, pero se aventuran dos hipótesis: una, que se le está responsabilizando de la filtración; y dos, que ella tiene todavía más información sobre los nexos de su jefa con la firma consultora, por lo que su despido pudo tener carácter previsorio.

El secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, dijo a este espacio que Mónica Osorio sí había sido parte de CEO Business Consulting S.C., pero hace tres años se había separado de la empresa para trabajar en el gobierno del estado, sólo que por un “error” de la firma, su nombre aún aparecía en el equipo de consultores.

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El supuesto error de la empresa consultora al parecer no es tal, pues la propia directora de Planeación de la Secretaría de Transportes se presenta en su perfil de Linkedin no como funcionaria del gobierno del estado, sino como consultora de CEO Business Consulting S.C., al menos hasta la mañana de este miércoles, como se muestra en esta imagen.

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Seguramente esta evidencia será eliminada cuando alguien le diga lo que se publica en esta columna. De ahí mi respetuosa recomendación al contralor Eukid Castañón Herrera de que se ponga las pilas y agilice las investigaciones sobre este caso, antes de que otros empleados de la Dirección de Planeación corran la misma suerte que Aida Ramo, u otras evidencias que documentarían el tráfico de influencias entre la funcionaria y la firma consultora sean eliminadas.

A manera de colofón, reproduciré lo que dice el artículo 55 y su fracción I de la Ley de Obra Pública del estado de Puebla y el artículo 22 del Reglamento de Obra Pública:

LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA

ARTÍCULO 55.- Quedan impedidos para presentar propuestas o celebrar contratos de obra pública o servicios relacionados, las personas físicas o jurídicas siguientes:

1.-Aquéllas en cuyas empresas participen, los servidores públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, o que tengan un interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas en las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA

Artículo 22.- Para efectos de la fracción X del artículo 27 de la Ley, el Comité se abstendrá de vender bases a quienes se encuentren ostensiblemente en algún supuesto de los previstos en el artículo 55 de la Ley.

En caso de que el Comité se percate, en alguna de las fases posteriores del concurso, que un licitante se encuentra en algunos de los supuestos del artículo 55 de la Ley, deberá descalificarlo inmediatamente, haciéndole saber la causa y dando vista a la Contraloría. Asimismo, en caso de que ya se hubiera fallado el concurso y el licitante impedido o inhabilitado haya resultado ganador, se emitirá un acuerdo por parte del Comité declarando la nulidad del fallo y dando vista a la Contraloría.

En ninguno de los dos supuestos previstos en el párrafo anterior, procederá la devolución de las cantidades pagadas por la compra de las bases.

Eso es lo que dice la legislación, ahora habrá que esperar que la Contraloría haga su chamba y corrobore en los hechos que en Puebla nadie está por encima de la ley.

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Este jueves el periodista Andrés Beltramo ofrecerá una charla a los estudiantes y profesores de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Iberoamericana Puebla sobre la cobertura periodística en el Vaticano.

La conferencia del corresponsal de Notimex y autor del leído blog Sacro&Profano de e-consulta se efectuará a las 11 horas en el salón B-201 de la Ibero campus Puebla. La entrada es abierta a todo el público.

Este mismo ejercicio se dio este miércoles al mediodía en la UPAEP, universidad de la que es egresado Andrés Beltramo, en el marco de los festejos del 30 Aniversario de la Escuela de Comunicación.

Ahí, el periodista presentó su libro «De Benedicto a Francisco. Los 30 días que cambiario la Iglesia».

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Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Rebelión de abogados laboralistas

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Ante la creciente inconformidad de decenas de abogados laboralistas por la corrupción que priva en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por el tráfico de influencias en que incurre el subsecretario Carlos Hernández Hernández en los asuntos donde su despacho —Chet Abogados Asociados, Asesores Jurídicos Empresariales— tiene interés, éstos han comenzado a organizarse y a gestionar una entrevista con el gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas.

De hecho, el martes de hace ocho días en un restaurante de la 2 Sur y la 37 Poniente, varios de ellos se reunieron por la noche para conformar una barra de abogados especializada en asuntos laborales, y hacer llegar al gobernador electo sus quejas y denuncias sobre la administración de justicia en el Tribunal Laboral del estado.

Al encuentro asistieron los litigantes Matías Rivero Aguilar, Enrique Munive Rangel, Araceli Reyes Lemus, Armando Becerra Manchinelly, Enrique Calvo Monterrosas, Próspero Román Jiménez, Jorge Romero Herrera, Roberto Mejía Monzón, Víctor Ruiz Rodríguez, José Manuel López Rojas, Antonio Cuatle Carreón y Armando Sánchez, entre otros.

Los abogados asistentes acordaron nombrar a Matías Rivero como su enlace y vocero ante el gobernador electo, a fin de solicitarle una revisión a fondo de la actuación del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Jorge Ramos Lobato, y de los presidentes de Juntas Especiales, auxiliares, secretarios de acuerdos y actuarios que lejos de actuar con apego a derecho, se mueven en función del mejor postor o bajo la línea que les dicta el influyente subsecretario del Trabajo, Carlos Hernández.

De igual manera redactaron una lista de funcionarios del Tribunal Laboral cuya actuación deja mucho que desear en la que figuran: Marisela Rolón Hernández, presidenta de la Junta 2; Delia del Rosario Guzmán Pérez, presidenta de la Junta 3; Roberto Alonso Pavana, presidente de la Junta 4; Elizabeth Domínguez Cortez, presidenta de la Junta 6; Héctor Hugo Romero Colombres, auxiliar de la Junta 1; Ángeles Paisano Juárez, secretaria de acuerdos de la Junta 1; Norma González Cambrón, actuaria de la Junta 4; José Luis Jiménez Covarrubias, auxiliar de la Oficialía de Partes; María Esther Loeza, secretaria general B de la Sección de Amparos; Ramiro Flores Rivera, auxiliar de la Junta 2 (actualmente suspendido); y Ana Lilia Sánchez Martínez, auxiliar de la Junta 2.

Durante el encuentro los abogados también enlistaron una serie de juicios en los que tiene interés el despacho de Carlos Hernández, Chet Abogados Asociados, y en los que por lo mismo no se ejecutan los laudos o los expedientes están perdidos o simplemente congelados en espera de que los actores se cansen y desistan de sus demandas, asuntos que serán objeto de una próxima entrega.

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Por cierto.

Entre los posibles abogados que están siendo mencionados para presidir la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, encabezar la Secretaría del Trabajo y Competitividad o la subsecretaria del Trabajo anote los siguientes: Matías Rivero, Marcelo Sánchez Fernández, Violeta Lagunes Viveros, Jorge Steck Martínez, Jorge Romero Herrera y Carlos Ortiz Rosas, aunque éste dice que ya se descartó.

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Este miércoles Pablo Fernández del Campo Espinosa anunciará su declinación a participar en el proceso interno del PRI y su propósito de seguir haciendo trabajo político.

El legislador priísta es uno de los que se opuso a la imposición de Javier López Zavala como futuro dirigente estatal del PRI, posición que ahora recaerá en Juan Carlos Lastiri Quirós, quien este día renunciará a la Secretaría de Desarrollo Social del estado.

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Mario Marín García fue uno de los contados poblanos que pudieron viajar a Estados Unidos para presenciar el juego donde los Gigantes de San Francisco se coronaron campeones de la Serie Mundial de béisbol al vencer a los Rangers de Texas por cuatro juegos a 1.

El hijo mayor del gobernador Mario Marín fue visto con seis de sus amigos en las inmediaciones del estadio de Arlington al que llegó en una Suburban blanca alquilada.

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Simón dice:

«Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente».

Sócrates (470 AC-399 AC). Filósofo griego.

Corrupción y nepotismo en la JLCA*

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*Por Eduardo González

Uno de los mayores problemas que el próximo gobierno tendrá que enfrentar es la corrupción, tráfico de influencias y nepotismo que priva en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde la autoridad laboral actúa como juez y parte o movida por dinero.

Aunque los motivos son diversos, uno de los principales está vinculado con el compañero de generación del gobernador Mario Marín Torres en la escuela de Derecho de la UAP, Carlos Hernández Hernández.

Y es que el subsecretario del Trabajo no sólo nunca dejó de litigar en el tribunal laboral, a través de sus socios y pasantes, sino que a lo largo del sexenio marinista amplió su despacho de asesoría jurídica empresarial y su cartera de clientes.

La corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se manifiesta en diferentes niveles y con distintos funcionarios. Los presidentes de Junta Especial, por ejemplo, exigen a los trabajadores dinero o un porcentaje del laudo con que condenan a sus patrones a cambio de una sentencia favorable; lo mismo hacen con la parte patronal cuando se trata de demorar una ejecución, entorpecerla u obstaculizarla.

Con los auxiliares la historia se repite . Estos funcionarios, que son los encargados de elaborar los laudos o sentencias, también exigen dádivas, ya sea para agilizar o para retrasar una resolución.

Pero si un litigante, que no sea del círculo de Carlos Hernández, tiene la osadía de protestar o promover un amparo por esa demora que siempre tiene como pretexto la gran carga de trabajo que hay en el tribunal laboral, la venganza de los auxiliares se refleja en los laudos que dictan, ahora sí de manera inmediata: siempre salen en contra.

Los secretarios no se quedan atrás . Estos piden para el refresco y dependiendo del tamaño de la dádiva «buscan un huequito en la agenda», o las señalan muy lejanas, o esconden los expedientes, o difieren las audiencias aun contra la voluntad de alguna de las partes.

El último eslabón de la cadena, los actuarios, también cobran cuota para hacer una notificación o realizar alguna diligencia, emplazamiento o embargo.

Nepotismo precioso

Pero la lista de irregularidades va más allá de las mordidas, ya que la lista de familiares, recomendados o protegidos de funcionarios que cobran en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es grande.

Luis Pastrana , esposo de Catherine Mena Hernández, sobrina del subsecretario del Trabajo, se desempeñaba hasta unas semanas como actuario, antes de ser reubicado en las oficinas del DIF estatal; Georgina Sosa Pérez, actuaria de la Junta Local y Carmen Lorena Castro Quintero, secretaria de acuerdos de la Junta Especial 4, son sobrina y ahijada de Carlos Hernández; y Janice Marín, actuaria, es sobrina del gobernador Mario Marín.

En el Tribunal de Arbitraje los protegidos y recomendados del subsecretario del Trabajo son el presidente Pedro Jiménez y González; el auxiliar Andrés Badillo, quien fue pasante de su despacho; y el secretario de acuerdos, José Rodríguez.

Adrián Albarrán Mena , quien fue su secretario particular en la Subsecretaría y labora como abogado litigante en su despacho, cobra en la coordinación de asesores del ayuntamiento de Puebla; Miriam Olmos, quien funge como secretaria en su bufete, también está en la nómina de la Secretaría del Trabajo; lo mismo que Fabricio Pazos, que por las tardes labora en el despacho privado de aquel y Vinicio Hernández, quien además de ser su sobrino es su actual secretario particular.

Ahora sí que como decía el desaparecido comediante Pompín Iglesias: ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia!

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