* Jorge Sánchez, trata de imponer nuevo director en el IEE

* Fernando Morales, el diputado desobediente del PRI

La «gran obra» de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz —un Viaducto Elevado, si así puede llamarse una vialidad de 1,500 metros de longitud sobre el boulevard Atlixco—, podría convertirse, paradójicamente, en uno de sus peores yerros, por tratarse de una obra poco prioritaria, que endeudará las ya de por sí comprometidas finanzas del ayuntamiento con 180 millones de pesos adicionales, pero que además es rechazada por los vecinos y comerciantes de la zona.

El llamado Viaducto Elevado es una obra polémica en términos políticos, financieros y técnicos. Políticamente, porque la alcaldesa ha pretendido utilizarla para catapultar sus aspiraciones a la gubernatura, mientras que sus críticos y detractores —en particular el exalcalde Enrique Doger Guerrero y el regidor priísta Enrique «Kío» Chávez Estudillo— han buscado que, so pretexto de la obra y el crédito que contratará el ayuntamiento, Blanca Alcalá se comprometa públicamente a concluir su gestión de tres años.

En el plano técnico, el Segundo Piso que se planea sobre el boulevard Atlixco, es también controversial, empezando por el nombre. ¿Puede denominarse Viaducto Elevado una avenida de escasos 1,500 metros de longitud, que irá de la calle Matamoros, en la colonia La Paz, hasta el puente que cruza el Río Atoyac, casi enfrente de la plaza comercial JV San José?

Los segundos pisos se han diseñado como una alternativa para resolver problemas crónicos de tránsito en una ciudad, pero para que funcionen es necesario que éstos se conecten a vialidades menos congestionadas, lo que no ocurrirá con el Viaducto Elevado cuya rampa de salida va a desahogar en el Puente de la Juventud, que a horas pico está convertido en un nudo gordiano.

Un segundo piso corto no resolverá ningún problema de tránsito, si manda los congestionamientos viales va de una zona conflictiva a otra zona conflictiva.

De ahí la conveniencia de que antes de que se inicien los trabajos, el ayuntamiento —a través del secretario de Gestión Urbana y Obras Públicas, Jorge Rodríguez y Morgado— ponga del conocimiento de los especialistas, los estudios de origen y destino actualizados —no los que se hicieron en el sexenio de Manuel Bartlett—, así como el proyecto ejecutivo de la obra.

El monto que la administración de Blanca Alcalá Ruiz tiene previsto gastarse en el llamado Viaducto Elevado, 280 millones de pesos, de los cuales 180 millones saldrán de un nuevo crédito bancario, es igualmente debatible.

De entrada, porque tal obra no es percibida por quienes vivimos en la capital como altamente prioritaria.

Nadie niega los graves problemas de tránsito que existen en la zona, pero la intención de hacer un segundo piso parece más una obra de relumbrón y orgullo personal, que una alternativa eficiente y eficaz para terminar con los congestionamientos viales que a horas pico se registran en los cruceros del boulevard Atlixco con la 25 y la 31 Poniente, y con el Circuito Juan Pablo II.

Si Blanca Alcalá quiere dejar huella a su paso por el gobierno de la ciudad, sería mejor que no aumentara la deuda del ayuntamiento, que gestionara del gobierno de Mario Marín y de la Federación mayores recursos para pavimentación de calles y alumbrado público, y que se concretara a cumplir las promesas que hizo en campaña.

¿O acaso ya se le olvidaron?

Cuando todos los consejeros y representantes de partidos políticos daban por hecho la ratificación de José Antonio Bretón Betanzos, como director general del Instituto Electoral del Estado (IEE), el viernes por la tarde el consejero presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, le giró un memorandum solicitándole dos cosas: uno, desocupar la oficina que desde el 12 de septiembre de 2003 ocupa y, dos, que hiciera la entrega de la misma a la Contraloría Interna.

El presidente del IEE tomó esa decisión a espaldas de sus homólogos, que en diferentes mesas de trabajo le plantearon discutir la ratificación o salida de José Antonio Bretón, a lo que éste siempre se rehusó.

Ahora el tema se analizará el martes, en sesión del Consejo General, y la intención de Jorge Sánchez es nombrar un nuevo director general, sin antes poner a la consideración de los consejeros y representantes de partidos políticos la ratificación del director saliente.

El problema es que tal decisión vulnera los derechos de José Antonio Bretón, quien tendría derecho a ser ratificado, en términos del artículo 96 del código electoral vigente, amén de que ésta contradice algunas jurisprudencias de la Suprema Corte, que refieren que en aquella instancia donde un nombramiento está por vencer y existe la posibilidad de la ratificación, lo primero que debe hacerse es revisar y evaluar el desempeño del que ocupa el cargo.

En ese escenario, lo más probable es que en la terna de candidatos que el presidente del IEE someta la consideración del Consejo General para ocupar el cargo de director general, éste incluya el nombre de José Antonio Bretón, para que primero se discuta el desempeño de éste y se evalúe la conveniencia de ratificarlo o no en el puesto.

Fernando Morales Martínez se ha convertido en un legislador incómodo para el coordinador formal y la coordinadora real de los diputados federales poblanos en San Lázaro, Juan Carlos Lastiri Quirós y Mercedes del Carmén Guillén Vicente, respectivamente.

Y es que aprovechando sus conectes, el hijo del exgobernador Melquiades Morales Flores prácticamente se ha deslindado de Lastiri y de Paloma, sobre todo de ésta última con quien no mantiene una buena relación desde la campaña política.

La aún delegada del CEN del PRI tuvo varias diferencias con Fernando Morales a causa de su protagonismo y de su comportamiento como «pobre niño rico» durante el reciente proceso electoral, de ahí que el hijo de Melquiades ha optado no sólo por ignorar sus llamados e invitaciones, sino por hablar mal de ella con otros legisladores del Congreso de la Unión.

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La declaración que este domingo hizo Blanca Alcalá, en el sentido de que será hasta enero cuando defina si participa o no en la contienda por la gubernatura, revela dos cosas: una, que sí aspira a sustituir a Mario Marín en Casa Puebla, aunque el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, diga lo contrario y, dos, que su expectativa de alcanzar la nominación depende, en buena medida, de lo que ocurra con Javier López Zavala de aquí hasta fin de año.

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Simón dice:

«Los políticos son siempre lo mismo. Prometen construir un puente aunque no haya río».

Nikita Jruschov (1894-1971) Presidente de la URSS.

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los comicios locales para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado se celebren el primer domingo de julio de 2010, la LVII Legislatura tendrá un máximo de tres semanas para adecuar el Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Esto significa un trabajo a marchas forzadas por parte de los diputados locales que producirá, sin lugar a dudas, una reforma light y al vapor, pues el único y fundamental propósito será adelantar —sin grandes cambios ni mejoras— cuatro meses el calendario electoral.

Si antes el proceso electoral iniciaba —según el artículo 186 del código electoral vigente— en la segunda semana de marzo del año de la elección, ahora tendrá que arrancar en la segunda semana de noviembre del año previo al de la elección, pues la preparación de los comicios seguirá siendo de ocho meses.

Eso implica adelantar las tareas del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), que en ese periodo debe sesionar e integrar los Consejos Distritales y Municipales, fijar topes de gastos de precampaña y campaña, vigilar la realización de las mismas, recibir las solicitudes de registro de candidatos, integrar y capacitar a los funcionarios de casilla, y mandar a elaborar la papelería electoral.

Los partidos políticos también se verán obligados a acelerar sus procesos internos, pues bajo las nuevas reglas electorales que el Congreso del estado aprobará —a más tardar el jueves 13 de agosto—, las precampañas comenzarán en enero o febrero.

En esas circunstancias, lo más probable es que los registros de candidatos a los distintos cargos de elección popular se efectúen durante el mes de abril, para que las campañas de 60 días se desarrollen del 1 de mayo al 30 de junio.

De tal manera que durante las tres semanas que los diputados locales tendrán para adecuar el Código de Instituciones y Procesos Electorales —una vez que la Suprema Corte les notifique de manera oficial su resolución—, se dejarán de lado cuestiones ajenas al calendario.

¿A qué me refiero?

A que permanecerán como temas pendientes la obsoleta e inequitativa distritación del estado; la confusa fórmula de asignación de diputados y regidores de representación proporcional, que hoy cobija la sobrerrepresentación del partido triunfante y premia a los partidos minoritarios; la partidización de los consejeros electorales; y el oscuro presidencialismo que priva al seno del IEE, por citar sólo cuatro aspectos.

Estas cuestiones, al igual que otras lagunas del código vigente en materia de precampañas, no serán corregidas por falta de tiempo, pero también por ausencia de voluntad política para hacerlo rápido y bien.

De ahí mi afirmación de que la próxima reforma electoral será, si no light y al vapor, cuando menos cosmética.

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Simón dice:

“Lo que se hace con precipitación nunca se hace bien; obrar siempre con tranquilidad y calma”.
San Francisco de Sales (1566-1622) Obispo y Doctor de la Iglesia.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, acaba de llevarse un nuevo revés, ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Resulta que después de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) falló en favor del representante del PAN, Rafael Guzmán Hernández, la queja que le presentó por haberlo dejado fuera de la sesión del pasado 27 de febrero, Jorge Sánchez quiso echar abajo esa resolución.

Y para lograrlo se valió del representante del Partido Nueva Alianza, Ricardo Mosqueda Lagunes, para inconformarse ante el Tribunal Electoral de la Federación.

El recurso interpuesto por Mosqueda en contra de la resolución de los magistrados del Tribunal estatal quedó registrado en el expediente número SUP-JRC 034/2009.

Dicho recurso se resolvió el jueves de la semana pasada en la Sala Superior del TEPJF, la que determinó —para desgracia del alicaído presidente del IEE— confirmar en todas sus partes la resolución del Tribunal estatal, lo que abre la posibilidad de que Jorge Sánchez sea sancionado por sus actitudes revanchistas.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación requirió al Congreso del estado el acta de la sesión donde se aprobaron las reformas constitucionales en materia electoral.

El auto del máximo tribunal del país es de fecha 23 de junio, y el Congreso tuvo un plazo de dos días naturales para remitir el referido documento, lo cual ocurrió el viernes 26.

Por lo anterior, se estima que la resolución de la Suprema Corte sobre la fecha en que habrán de celebrarse las elecciones locales del 2010, para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso, se sabrá en una o dos semanas.

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La mayoría priísta en el Congreso del estado ya más o menos sabe que el fallo de la Suprema Corte será adverso, con lo que las elecciones del 2010 se adelantarían del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, es decir, poco menos de cuatro meses.

Y en tal virtud la Comisión de Gobernación ya tiene preparado un borrador de las reformas y adiciones que habría que realizar a la Constitución del estado y al Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Dicho borrador considera el inicio del proceso electoral en la segunda semana de noviembre de 2009, en vez de marzo del 2010.

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Simón dice:

“Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo”.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Podría la Corte apresurar reforma electoral
Va José Juan Espinosa a debate nacional

Esta semana Francisco Bernat Cid comenzará un largo y tortuoso proceso para recuperar sus acciones del Puebla de la Franja y para vender el equipo de fútbol de primera división a Ricardo Henaine Mezher u otros inversionistas locales o nacionales.

Salvo sorpresa de última hora, Bernat acudirá antes del viernes, con su nuevo abogado Fernando Castillo Pacheco, a solicitar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el levantamiento de la providencia precautoria sobre sus bienes y acciones, ordenada por el Juzgado Noveno de lo Civil.

Previo a eso, pondrá a disposición de la Oficialía de Partes del Poder Judicial la suma de 9 millones 700 mil pesos, que el administrador provisional del equipo, Ricardo Henaine, le reclama.

Antes de hacer ese pago en el Tribunal, Bernat firmará un contrato de promesa de venta de acciones en beneficio de un futuro inversionista del club Puebla, contrato al que anexará como garantía de cumplimiento la agencia automotriz Chrysler de Plaza Loreto.

Sobre ambas operaciones el gobernador Mario Marín Torres está ampliamente informado, así como sobre los inversionistas locales y nacionales que estarían interesados en adquirir al Puebla de La Franja, entre los que sobresalen Julián Ventosa Aguilera y Olegario Vázquez Raña.

El monto de la operación aún no se ha definido, en buena medida por las demandas y conflictos que aún persisten entre los miembros de la directiva del club camotero.

Francisco Bernat pretende resolver sus diferencias legales con Ricardo Henaine antes de que concluya julio, mes en el que debe celebrarse la asamblea anual ordinaria de accionistas, donde se aprueban los estados financieros de la empresa y el monto de utilidad a recibir por cada socio o si éstas (las utilidades) se reinvierten en el equipo.

La tirada de Bernat, una vez que resuelva estos escollos, es vender sus acciones de las empresas Futbol Soccer —propietaria de las cartas de los jugadores del Puebla y de los derechos ante la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (Femexfut)— y Futbol Total, en 11 millones de dólares.

Sin embargo, la transacción final —prevista hacia finales de octubre— podría andar por los 7 ó los 8 millones de dólares.

INTRAMUROS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría resolver en cualquier momento la controversia impulsada por las dirigencias del PAN, PRD y Convergencia sobre la reforma constitucional aprobada por el Congreso del estado, que mantuvo como fecha de las próximas elecciones locales para gobernador el segundo domingo de noviembre de 2010.

El pasado 8 de junio, el máximo tribunal del país cerró el periodo de instrucción, es decir el plazo que los actores involucrados tuvieron para presentar argumentos y pruebas a favor o en contra de la referida reforma.

Lo más probable es que la Suprema Corte declare inconstitucional la reforma aprobada por la LVII Legislatura local, lo que meterá al Congreso del estado en un apuro, pues ahora tendrá que cambiar la Constitución del estado y el Código Electoral, así como publicar en el Periódico Oficial del estado las nuevas modificaciones, en estricto apego a la reforma constitucional federal, antes de que concluya el mes de agosto de 2009.

EN CORTO
Este lunes vence el plazo para que los partidos políticos acrediten ante el Consejo Local del IFE y los Consejos Distritales a sus representantes de casillas.

Hasta ayer domingo, el PAN tenía problemas en algunos distritos de Puebla y en el 1 de Huauchinango, donde no cubría el 100% de las casillas con un representante. Por lo que hace al segundo representante y a los suplentes de éstos, la situación era aún peor, pues la cobertura fluctuaba en niveles que iban del 50 al 70%.

Uno de los problemas que el PAN enfrenta en este proceso electoral es que no pocos de sus representantes quieren que el día de la jornada comicial les paguen entre 200 y 300 pesos.

Éstos arguyen dos situaciones: una es que el PRI sí paga este servicio a sus representantes de casilla y, dos, que en las elecciones federales de 2006, el hoy senador Rafael Moreno Valle Rosas ya también lo hizo en algunos distritos de la entidad.

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El dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, protagonizará este lunes un debate por televisión con César Nava Vázquez del PAN, Guillermo Lerdo de Tejada del PRI, entre otros.

El debate tendrá lugar en las instalaciones del Ajusto de TV Azteca, y se transmitirá por cadena nacional de 15 a 16 horas por el canal 40.

La polémica girará en torno a la participación de los jóvenes en política.

La decisión de incluir a José Juan Espinosa en ese debate partió del dirigente nacional de Convergencia, Luis Maldonado Venegas.

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Este domingo se celebró en el estadio Azteca de la ciudad de México, que lució a reventar, el 35 aniversario de Antorcha Campesina. El acto fue encabezado por el dirigente nacional de esta organización, el poblano Aquiles Córdova Morán, quien tuvo como invitados especiales a los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, así como a la senadora María de los Ángeles Moreno.

Entre los políticos locales invitados a la celebración antorchista estuvieron el diputado federal Alberto Amador Leal; el secretario adjunto del CEN del PRI, Jaime Alcántara Silva, y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

Al arribar al presidium, Peña Nieto saludó a Doger Guerrero con un cálido: “¡Quiúbole tocayo, cómo estas!

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Este lunes el Consejo Local del Instituto Federal Electoral dejará sin efecto la sanción económica por 16 mil 440 pesos le que impuso al candidato del PRI a diputado federal por el distrito 1 de Huauchinango, Ardelio Vargas Fosado, por la colación anticipada e irregular de propaganda en muebles de equipamiento carretero.

Esta resolución podría sentar un precedente, y favorecer a otros candidatos del PAN y Convergencia que también han sido multados por colocar propaganda en lugares prohibidos o fuera de tiempo, como Eduardo Morales Garduño y José Juan Espinosa Torres.

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Simón dice:

“Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo”.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Un detalle en el que hasta ahora sólo unos cuantos panistas han reparado, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva adelantar cuatro meses las elecciones locales del 2010, con lo que éstas se realizarían el primer domingo de julio y no el segundo domingo de noviembre, es el relativo a los adherentes de este partido, que también participan en los procesos internos para elegir gobernador.

Para nadie en el PAN es un secreto que el senador Rafael Moreno Valle Rosas tendría en los adherentes, más que en los miembros activos del partido, una de sus fortalezas para hacerse de la nominación panista al gobierno del estado.

La razón es simple: una buena parte de los miembros activos del PAN desconfía del senador Moreno Valle por su pasado priísta, y otra lo percibe como advenedizo, oportunista y poco comprometido con los principios doctrinarios e ideológicos del blanquiazul.

De ahí la apuesta de Moreno Valle y sus operadores políticos por los adherentes y por credencializar al mayor número de éstos de cara a las elecciones locales del 2010.

El problema para el senador es que si la Suprema Corte decide que las elecciones de Puebla se celebren en julio y no en noviembre de 2010, el tiempo que tendría para afiliar adherentes se le acorta drásticamente.

Por principios de cuentas, el listado nominal de electores quedaría cerrado el 4 de agosto de 2009, en términos del inciso B) del artículo 36 TER de los Estatutos del PAN, que reza así:

“Artículo 36 TER: La selección de candidatos a cargos de elección popular de carácter federal, estatal y municipal se realizará conforme a las siguientes bases generales:

B) El listado nominal de electores se cerrará seis meses antes de la fecha legalmente prevista para el inicio de las precampañas. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá sesenta días para revisar y hacer observaciones. La Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros resolverá, conforme al procedimiento previsto en el reglamento, las inconformidades que se presenten en relación con la integración del listado nominal de electores a más tardar noventa días antes de la elección correspondiente. Concluido el plazo, el listado nominal adquirirá carácter de definitivo.”

Y es que si las elecciones locales se adelantan para el 4 de julio del 2010, las precampañas de los partidos políticos también se adelantarían.

En el caso del PAN, con base en la reforma constitucional federal en materia electoral, su precampaña iniciaría el 4 de febrero y concluiría el 4 de abril, es decir 90 días antes de la elección constitucional.

Así las cosas, la decisión de la Suprema Corte de adelantar cuatro meses las elecciones locales puede convertirse en un boomerang para el senador Moreno Valle, ya que tendría muy poco tiempo para inscribir adherentes que puedan participar y apoyarlo en los centros de votación que se instalen en las 26 cabeceras distritales de la entidad el día de la jornada interna del PAN.

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Tómelo con reserva, pero el secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar, ya se apuntó como aspirante del PRI a la presidencia municipal de Puebla.

Por lo pronto se sabe que ha buscado acercamientos con funcionarios y colaboradores de la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz para hacerles saber su aspiración, pedirles información y solicitar su apoyo, ahora que decida hacer pública su intención de suceder a su jefa en el ayuntamiento de Puebla.

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Simón dice:

“En el sueño se revela el problema vital de un individuo en forma simbólica”.
Alfred Adler (1870-1937) Psicólogo y psiquiatra austriaco.

PAN, PRD y Convergencia podrían ganar controversia
Mario Montero, de Gobernación, ya valora ese escenario

En el transcurso de los próximos días, la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) podría emitir un fallo que sólo precipitará los tiempos de la sucesión gubernamental en Puebla, lo que dejará fuera de la carrera priísta a figuras como la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz y al rector de la BUAP Enrique Agüera Ibáñez —aunque este último ya estaba más afuera que adentro— sino que además metería a los principales partidos y actores políticos en un torbellino electoral.

El viernes por la noche, el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, se mostraba preocupado por lo que se avecina: un resolutivo adverso al gobernador Mario Marín Torres y a la mayoría priísta en el Congreso del estado, que desatendieron la reforma constitucional federal en materia electoral.

En concreto, en el punto relativo a la fecha en que deben celebrarse los próximos comicios locales para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la Unión y lo publicado por el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, en lo concerniente al inciso a) de la fracción IV del reformado artículo 116 constitucional, “las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda”, año que en el caso de Puebla corresponde al 2010.

Este aspecto de la reforma se quiso ignorar en Puebla, a partir de alargar el proceso local electoral de noviembre de 2007 hasta agosto de 2008, so pretexto de las elecciones extraordinarias en el municipio de Felipe Ángeles.

Mediante esta argucia, la mayoría priísta en la LVII Legislatura local se negó a modificar el Código de Instituciones y Procesos Electorales de la entidad, y en particular el artículo 19 que fija como fecha de las elecciones el segundo domingo de noviembre.

Como ya es sabido, PAN, PRD y Convergencia se fueron a una controversia constitucional ante la Suprema Corte, juicio que está por resolverse en el transcurso de los siguientes días.

Si el fallo, como se prevé, es contrario al gobernador y al Congreso del estado, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro meses, para celebrarse el primer domingo de julio y no el segundo domingo de noviembre.

Este escenario no sólo alteraría el calendario electoral, sino que precipitaría los tiempos de la sucesión gubernamental, pues ahora los partidos tendrían que tener listos —o cuando menos perfilados— a  sus candidatos a la gubernatura en febrero o marzo del año entrante, y no en mayo o junio, como tradicionalmente ocurría.

Dicha circunstancia eliminaría por default a Blanca Alcalá Ruiz, pues la presidenta municipal tendría que dejar el ayuntamiento de Puebla —olvidándose de su compromiso ante notario público de concluir su gestión de tres años— casi a la par de rendir su segundo informe de labores.

Otro que también quedaría descartado es Enrique Agüera Ibáñez, pues no podría buscar la reelección en la rectoría de la BUAP, para luego renunciar cuatro o cinco meses después a fin de estar en condiciones de contender por la gubernatura de Puebla como candidato del PRI.

El secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, sería el más favorecido, no sólo por el posicionamiento electoral y mediático que hoy tiene, sino por la campaña paralela que a la par de los candidatos a diputados federales viene realizando a lo largo y ancho del territorio poblano.

El fallo de la SCJN adelantando cuatro meses los comicios locales del próximo año también beneficiaría al senador Rafael Moreno Valle Rosas, en el caso del PAN, debido a que hoy por hoy es el aspirante a la gubernatura mejor rankeado, en términos de conocimiento y potencial electoral.

Otro aspecto no menos importante en un escenario de sucesión gubernamental adelantada son las elecciones federales previstas para dentro de 35 días, por los resultados que podrían arrojar y la interpretación que éstos tendrían en la carrera por Casa Puebla.

Y es que si el PRI pierde ocho o más distritos, sus probabilidades de ganar la gubernatura, y la mayoría de las presidencias municipales y diputaciones al Congreso del estado se irían a la baja, y las del PAN a la alza, sobre todo es un escenario donde el candidato del tricolor fuera Javier López Zavala y el del blanquiazul, Rafael Moreno Valle.

Así las cosas, habrá que estar muy pendientes del fallo de la Suprema Corte y de lo que ocurra en las elecciones del 5 de julio, pues una y otra circunstancia marcarán el derrotero de la lucha por Casa Puebla.

EN CORTO
Por diversas razones que no vale la pena enunciar aquí, mi cuenta anterior de rruiz@e-consulta.com.mx ha quedado inhabilitada. Dejó de operar hace un par de semanas. Ahora mi nueva dirección de correo electrónico es rruiz@e-consulta.com, sin el mx. La cuenta de periodistasoy@hotmail.com sigue activa y funcionando.