Ante la creciente inconformidad de decenas de abogados laboralistas por la corrupción que priva en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por el tráfico de influencias en que incurre el subsecretario Carlos Hernández Hernández en los asuntos donde su despacho —Chet Abogados Asociados, Asesores Jurídicos Empresariales— tiene interés, éstos han comenzado a organizarse y a gestionar una entrevista con el gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas.

De hecho, el martes de hace ocho días en un restaurante de la 2 Sur y la 37 Poniente, varios de ellos se reunieron por la noche para conformar una barra de abogados especializada en asuntos laborales, y hacer llegar al gobernador electo sus quejas y denuncias sobre la administración de justicia en el Tribunal Laboral del estado.

Al encuentro asistieron los litigantes Matías Rivero Aguilar, Enrique Munive Rangel, Araceli Reyes Lemus, Armando Becerra Manchinelly, Enrique Calvo Monterrosas, Próspero Román Jiménez, Jorge Romero Herrera, Roberto Mejía Monzón, Víctor Ruiz Rodríguez, José Manuel López Rojas, Antonio Cuatle Carreón y Armando Sánchez, entre otros.

Los abogados asistentes acordaron nombrar a Matías Rivero como su enlace y vocero ante el gobernador electo, a fin de solicitarle una revisión a fondo de la actuación del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Jorge Ramos Lobato, y de los presidentes de Juntas Especiales, auxiliares, secretarios de acuerdos y actuarios que lejos de actuar con apego a derecho, se mueven en función del mejor postor o bajo la línea que les dicta el influyente subsecretario del Trabajo, Carlos Hernández.

De igual manera redactaron una lista de funcionarios del Tribunal Laboral cuya actuación deja mucho que desear en la que figuran: Marisela Rolón Hernández, presidenta de la Junta 2; Delia del Rosario Guzmán Pérez, presidenta de la Junta 3; Roberto Alonso Pavana, presidente de la Junta 4; Elizabeth Domínguez Cortez, presidenta de la Junta 6; Héctor Hugo Romero Colombres, auxiliar de la Junta 1; Ángeles Paisano Juárez, secretaria de acuerdos de la Junta 1; Norma González Cambrón, actuaria de la Junta 4; José Luis Jiménez Covarrubias, auxiliar de la Oficialía de Partes; María Esther Loeza, secretaria general B de la Sección de Amparos; Ramiro Flores Rivera, auxiliar de la Junta 2 (actualmente suspendido); y Ana Lilia Sánchez Martínez, auxiliar de la Junta 2.

Durante el encuentro los abogados también enlistaron una serie de juicios en los que tiene interés el despacho de Carlos Hernández, Chet Abogados Asociados, y en los que por lo mismo no se ejecutan los laudos o los expedientes están perdidos o simplemente congelados en espera de que los actores se cansen y desistan de sus demandas, asuntos que serán objeto de una próxima entrega.

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Por cierto.

Entre los posibles abogados que están siendo mencionados para presidir la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, encabezar la Secretaría del Trabajo y Competitividad o la subsecretaria del Trabajo anote los siguientes: Matías Rivero, Marcelo Sánchez Fernández, Violeta Lagunes Viveros, Jorge Steck Martínez, Jorge Romero Herrera y Carlos Ortiz Rosas, aunque éste dice que ya se descartó.

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Este miércoles Pablo Fernández del Campo Espinosa anunciará su declinación a participar en el proceso interno del PRI y su propósito de seguir haciendo trabajo político.

El legislador priísta es uno de los que se opuso a la imposición de Javier López Zavala como futuro dirigente estatal del PRI, posición que ahora recaerá en Juan Carlos Lastiri Quirós, quien este día renunciará a la Secretaría de Desarrollo Social del estado.

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Mario Marín García fue uno de los contados poblanos que pudieron viajar a Estados Unidos para presenciar el juego donde los Gigantes de San Francisco se coronaron campeones de la Serie Mundial de béisbol al vencer a los Rangers de Texas por cuatro juegos a 1.

El hijo mayor del gobernador Mario Marín fue visto con seis de sus amigos en las inmediaciones del estadio de Arlington al que llegó en una Suburban blanca alquilada.

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Simón dice:

«Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente».

Sócrates (470 AC-399 AC). Filósofo griego.

Al equipo de Enrique Doger Guerrero se ha integrado un cercano excolaborador de Mario Marín Torres, y que presume haber sido el enlace entre Javier López Zavala y el hoy gobernador del estado de Puebla, cuando éste se desempeñaba, en el sexenio de Manuel Bartlett Díaz, como subsecretario «B» de Gobernación.

Se llama Carlos Escobar Moreno, es oriundo de Puebla, y hasta hace unas semanas vivía y laborada en Chiapas, como funcionario del gobernador perredista de aquella entidad, Juan Sabines Guerrero.

Carlos Escobar estudió derecho y en el sexenio bartlista se ligó a Mario Marín, como su secretario privado. Por aquellos tiempos también conoció a Javier López Zavala, a quien invitó a colaborar en el gobierno del estado. Sin embargo, algo no funcionó en aquella relación, motivo por el cual hoy participa en el equipo de campaña de Enrique Doger Guerrero, como operador con algunos grupos y simpatizantes del PRI en la Sierra Norte y la Mixteca poblana.

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Algo huele mal, a podrido, en la decisión de José Alfredo Arango García de mudar las oficinas de la Secretaría de Salud a un viejo edificio ubicado en la 21 Poniente 501, donde por muchos años funcionó la delegación del ISSSTE.

Y es que dicho inmueble, propiedad de los hijos del extinto doctor Miguel Martínez Villalpando, presentaba fallas estructurales, de acuerdo con un par dictámenes de Protección Civil del ayuntamiento de Puebla y un consultor externo, amén de que carecía de puertas de emergencia y sus instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias estaban totalmente rebasadas.

Por esa razón, el actual delegado del ISSSTE, Jorge Aguilar Chedraui, tomó la decisión —en diciembre de 2008— de salirse de ese edificio y cambiar las oficinas de la delegación a finales de enero de 2009.

De ahí que no deje de resultar extraño que el nuevo secretario de Salud, Alfredo Arango, haya decidido alquilar ese inmueble, con los riesgos que ello implica, en una suma superior a la que pagaba por él el ISSSTE, 120 mil pesos mensuales, y que por cierto se cubrían a una persona física.

Los enterados del entuerto, aseguran que ahí hay negocio, y que éste tiene como protagonistas al propio Alfredo Arango y a Miguel Martínez, hijo del doctor Miguel Martínez Villalpando, quien fuera director general del ISSSTEP y jefe del hoy secretario de Salud en el sexenio melquiadista.

¿Será?

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Tómelo con reserva, pero una fuente confiable, me asegura que este fin de semana podría recobrar su libertad el llamado asesino de la Hummer, que no es otro que el hijo del líder del SUTERM en Orizaba, Veracruz, Vicente García Trujeque, que en marzo pasado mató a la ama de casa María Cristina Pérez Romano, cuando conducía su lujosa camioneta en segundo grado de intoxicación etílica.

La decisión seguramente levantará una nueva ola de protestas, más que justificadas, por todas las irregularidades en que incurrieron las autoridades involucradas en el caso —agente del Ministerio Público, peritos de Tránsito, y Juez Penal de San Pedro Cholula—para favorecer al exestudiante de la UDLAP, Eduardo García García, en perjuicio de los familiares y deudos de la víctima del fatal accidente. http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25535&Itemid=181

Lo grave, lo delicado del asunto, es que el junior ya había protagonizado el 16 de mayo de 2007, otro accidente con la misma Hummer, sólo que en aquella ocasión no mató a nadie, pues sólo derrumbó un poste de Teléfonos de México.

¡Viva la impunidad y el influyentismo!

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Simón dice:

«La absolución del culpable es la condena del juez».

Publio Siro (Siglo I AC-?) Poeta dramático romano.