LA CORTE DE LOS MILAGROS

Publicaciones etiquetadas ‘Sedecap’

Indaga la SIEDO a tres secretarios por su forma de vida

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 * Javier García Ramírez, bajo la lupa de Moreno Valle

* Blas Villegas, a punto de ser sancionado por Sedecap

* Óscar Gómez podría regresar a Puebla como funcionario

Hay secretarios que no entienden que el sexenio ya terminó , fue la queja que un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) llevó hace unos días al gobernador Mario Marín Torres, advirtiéndole de los problemas que seguramente tendrían que encarar en la entrega-recepción de la administración estatal.

Pero también de las pesquisas que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) inició en contra de tres secretarios del gabinete marinista: Javier García Ramírez, José Alfredo Arango García y Gerardo María Pérez Salazar, para corroborar por qué la forma de vida que éstos se dan no corresponde a su nivel de ingresos como servidores públicos.

La preocupación del funcionario de la Sedecap es que tales secretarios estaban dando poca importancia al tema de la entrega de la administración, al mostrar una actitud anodina en el cierre de algunos expedientes de obra y adjudicaciones que se requieren para la cuenta pública de este año, o comportándose como si el sexenio no se fuera a terminar a juzgar por los excesos en su estilo de vida.

Por respuesta el gobernador le dijo que él ya había sido muy claro con sus secretarios y colaboradores, a los que reunió al día siguiente de las elecciones del 4 de julio para hacerles saber que el PRI habría perdido las elecciones y que todos debían prepararse para entregar las oficinas, sacar los pendientes que aun tuvieran y terminar las obras inconclusas, ya que él no metería las manos por aquellos que hubieran caído en abusos como servidores públicos.

Sobre el particular habría que destacar que a mediados de la semana que concluye, el gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas estuvo en la residencia oficial de Los Pinos, y que ahí dejó entrever la posibilidad de abrir procesos administrativos y penales en contra de algunos funcionarios de la administración saliente.

En concreto —según adelantó el jueves por la mañana la Silla Rota en Twitter— de Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El leit motiv para iniciar estos procedimientos se funda en dos importantes factores: uno, la demanda de los poblanos de que los abusos y excesos cometidos por Mario Marín y sus funcionarios sean castigados y, dos, los sobrecostos de algunas obras como el nuevo Centro Expositor en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Según la encuesta que el equipo de transición de Moreno Valle mandó a realizar a la firma Parametría, el 69% de los poblanos cree que la mayoría de los funcionarios del gobernador cometió delitos; el 60% confía que el nuevo gobernador no dejará en la impunidad tales excesos, y el 51% que Mario Marín incurrió en algún delito durante su gobierno.

El segundo factor que motiva a Moreno Valle a proceder contra García Ramírez es la fundada sospecha de algunas obras de la gestión marinista que han registrado sobrecostos de hasta del 100% respecto a los contratos originalmente asignados quedarán inconclusas, como el Centro Expositor que ya suma 2,000 millones de pesos de inversión y aún no se termina.

EN CORTO

Profesionistas exitosos que en el sexenio de Melquiades Morales Flores fueron contratados como funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, pero que en la gestión Mario Marín Torres fueron echados del gobierno, están siendo localizados y reclutados por Fernando Manzanilla Prieto, coordinador general del equipo de transición del gobernador electo Rafael Moreno Valle.

Se sabe que entre los elegidos se encuentran Luis Banck Serrato, director ejecutivo de Asuntos Corporativos de la aseguradora internacional MetLife, y Óscar Gómez Cruz, extitular de la Comisión de Modernización e Innovación Gubernamental de Tabasco durante la gestión de Manuel Andrade Díaz, y actual asesor del gobernador electo de Quintana Roo, el priísta Roberto Borge Angulo.

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El exdirector general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Blas Villegas Lara, se encuentra sujeto a cuatro procedimientos administrativos —uno de los cuales podría convertirse en penal— por malversación y desvío de recursos públicos federales, dependiendo de lo que hagan o dejen de hacer en estos días el titular de la Seduop, Javier García, y el coordinador de Delegados y Comisarías de la Sedecap, Vicente Gil Luna.

De acuerdo con fuentes de la Sedecap cercanas al caso, algunas de las anomalías estarían relacionadas con adjudicaciones hechas a la empresa Orbe, de Gerardo Ornelas, la que habría vendido al organismo más de dos millones de pesos en vehículos, equipo de video, cómputo y consumibles, a sobreprecios o como si fueran nuevos sin serlo.

Otro procedimiento tendría como base la falsificación de facturas por concepto de llantas, papelería y otros insumos que jamás fueron adquiridos por el Ceaspue.

Los procedimientos administrativos podrían alcanzar a otros funcionarios del Ceaspue en la gestión de Mario Marín, como al director administrativo de la Comisión, Sergio Aguilar de Llano, y el director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, quienes habrían simulado la ejecución de obras pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla.

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Invitado por la BUAP y el Congreso del estado a través de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, el doctor Will Fowler dictará este lunes al mediodía una conferencia sobre uno de los personajes más polémicos y controvertidos en la historia política de México, Antonio López de Santa Anna.

Fowler es doctor en historia por la Universidad de San Andrews, Escocia ; especialista en pensamiento político mexicano del siglo XIX, y autor de varios textos biográficos entre ellos su más reciente libro «Santa Anna of Mexico» que le editó en 2007 la Universidad de Nebraska, Estados Unidos,

Su conferencia comenzará a las 12 horas, en el salón Miguel Hidalgo del Palacio Legislativo .

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Simón dice:

«El hombre arruinado lee su condición en los ojos de los demás con tanta rapidez que él mismo siente su caída.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Hoyo financiero: 5 lecciones, 5 propuestas

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Lecciones

1. En política, los amigos son de mentiras y los enemigos de verdad

Para muestra, las críticas de Enrique Doger Guerrero a su otrora aliado Rafael Moreno Valle. O las buenas relaciones que hasta antes de la campaña mantenía el aspirante panista con Jorge Estefan Chidiac, quien incluso lo invitó a cenar, junto con su concuño Antonio Galy Fayad, a su residencia en el fraccionamiento La Vista.

2. Nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira

Nada mejor para probarlo que los diputados de la LV Legislatura del Congreso del estado , que sin chistar aprobaron la cuenta pública de 2002 del gobernador Melquiades Morales y Rafael Moreno Valle, a la sazón secretario de Finanzas y Desarrollo Social, y hoy —siete años después— vienen a descubrir abusos, excesos y transferencias ilegales en esa gestión gubernamental.

3. Rendir cuentas ante el Congreso del estado es como hacerlo ante la carabina de Ambrosio.

Como botón de muestra, las ilegales inversiones realizadas por Rafael Moreno Valle en instrumentos de alto riesgo en el extranjero, avaladas y solventadas en su momento por la Sedecap y el Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo , pese a que el artículo 117 de la Constitución señala que las entidades federativas no pueden, en ningún caso, «contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional».

4. La discrecionalidad en la toma de decisiones y la asignación de recursos da pie a la corrupción

Un ejemplo claro es la partida denominada «Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro«, creada durante la gestión de Moreno Valle como secretario de Finanzas y de la cual se liberaron más de 193 millones de pesos, de los cuales 24 millones se canalizaron a una sola organización: Academia Metropolitana, a cargo de Luis Maldonado Venegas, exdirigente nacional de Convergencia.

Dicha partida secreta desapareció en 2002, un mes antes de que Moreno Valle dejara la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social.

5. El que escupe para arriba, en la cara le cae

Las críticas de Enrique Doger y Jorge Estefan al desempeño de su otrora aliado, el candidato de la coalición opositora, Rafael Moreno Valle, pueden convertirse en un boomerang, pues no sólo han puesto en entredicho la gestión de Melquiades Morales sino abierto la caja de Pandora para que la administración de Mario Marín sea medida con el mismo rasero que aquél.

Lo que significa que el actual mandatario tendría que explicar también cuánto se gasta o cuánto se ha gastado en asesorías, estudios de investigación, imagen y comunicación social; por qué las obras de su gobierno son tan caras y no se terminan en los tiempos previstos; y por qué la resistencia a adoptar como sistema de rendición de cuentas el Infomex, que él mismo se comprometió a implementar desde diciembre de 2008.

 Propuestas

1. Que el próximo secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado se comprometa a hacer pública su declaración patrimonial al tomar posesión del cargo, y al despedirse de él.

2. Que el próximo gobernador se comprometa a enviar una iniciativa de Ley al Congreso para unificar en una sola instancia —que goce de autonomía financiera— a todos los órganos y dependencias encargados de vigilar a los servidores públicos y de fiscalizar los recursos públicos bajo su responsabilidad, como la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y el Órgano de Fiscalización que, visto está, no sirven para nada.

3. Que el futuro contralor o auditor general de esta instancia no sea designado por el Ejecutivo del estado, sino que surja de una terna de reconocidos y prestigiados especialistas en la materia propuesta por la fracción que se convierta en la primera minoría dentro del Poder Legislativo.

4. Que las cuentas públicas del Ejecutivo y demás Poderes y organismos de gobierno se publiquen completas, es decir con las observaciones de los auditores externos y los reportes de cómo fueron solventadas, si es que así ocurrió.

5. Que se implemente de inmediato el Infomex como sistema de rendición de cuentas y como plataforma para que las autoridades respondan las solicitudes de información pública que se les hacen, en lugar del inútil y obsoleto Módulo de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Maipep), a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

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Simón dice:

«Son siempre más sinceras las cosas que decimos cuando el ánimo se siente airado que cuando está tranquilo.»

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC). Escritor, orador y político romano.

Ineptitud

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Al contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, habría que abrirle un proceso administrativo por mentiroso e ineficiente en el ejercicio de su función, y por su incapacidad para que la transparencia y la rendición de cuentas sean una realidad en Puebla.

Y es que el convenio que desde diciembre de 2008 se firmó para que las solicitudes de información pública a las dependencias gubernamentales se gestionaran y se respondieran a través de la plataforma del sistema Infomex, ha quedado en letra muerta.

A 15 meses de aquel convenio, suscrito por el gobernador Mario Marín Torres y el entonces comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, en el Salón de Protocolos, aún no hay una fecha para el arranque del Infomex, no obstante las promesas del titular de la Sedecap de que ahora sí, en abril de 2010, este sistema se implementaría, como ocurre en la mayoría de las entidades del país.

El pasado mes de enero, Sánchez Ruiz prometió, por enésima ocasión, que el Infomex sería una realidad en abril, al tiempo de afirmar que si su implementación se había retrasado más de lo previsto no era por culpa del gobierno del estado, sino por los técnicos y operativos del IFAI que no lo habían concluido, ni liberado.

Cosa que, por supuesto, es falsa, y que puede documentarse con diversos oficios, en los que se comprueba que el sistema Infomex fue recibido y aceptado por la Fiscalía Anticorrupción del gobierno del estado en noviembre del año pasado.

Pero ¿qué es lo que impide que esta plataforma —que ya es usada por el ayuntamiento de Puebla— se aplique en la administración estatal, en sustitución del obsoleto Módulo de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Maipep), a cargo de la Fiscalía Anticorrupción?

Una causa, como ya se lo comenté líneas arriba, es la desidia y negligencia del contralor Sánchez Ruiz, quien desde un principio se opuso al funcionamiento del Infomex con el argumento de que el Maipep —financiado y contratado por la Contraloría a su cargo— era un sistema más acabado.

Y la otra y más importante, es que con el Infomex todas las solicitudes de información y respuestas que emitan los sujetos obligados por la Ley de Responsabilidades se tendrían que hacer públicas, lo que pondría fin a la discrecionalidad de las dependencias estatales que hoy, en la mayoría de los casos, responden con opacidad las peticiones que se les formulan so pretexto de que la información requerida es reservada o confidencial.

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Simón dice:

«Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa.»

Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español.

Que siempre sí

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Ayer la decía que la única posibilidad de que la coalición opositora Compromiso por Puebla postulara a Amy Camacho Wardle como candidata a la alcaldía capitalina sería que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN la designara por dedazo, ahorrándose la elección interna y dejando colgados de la brocha al senador Humberto Aguilar Coronado y al diputado local con licencia Eduardo Rivera Pérez.

Pues este escenario —que ayer le pronosticaba como imposible, dado el malestar que hay entre la militancia panista de Puebla—, podría hacerse realidad si entre este miércoles y jueves la dirigencia nacional del PAN no emite la convocatoria respectiva para el proceso interno.

Y es que de acuerdo con los tiempos previstos en el Código de Instituciones y Procesos Electorales, el plazo para las precampañas se agota el 21 de marzo, lo que significa que si antes de esta semana no hay convocatoria, el proceso interno del PAN para elegir candidato a la presidencia municipal de Puebla quedaría suspendido.

Sí, suspendido. Porque no habría tiempo para organizar una elección en el municipio de Puebla con centros de votación sólo para miembros activos, ni tampoco para que los aspirantes panistas a suceder a Blanca Alcalá Ruiz —los ya citados Humberto Aguilar y Eduardo Rivera— tuvieran al menos tres semanas de precampaña.

Esta situación no es desconocida para la dirigencia estatal del PAN, ni tampoco para los operadores de los aspirantes panistas a la presidencia municipal de Puebla, que temen un albazo por parte del Comité Ejecutivo Nacional a favor de la empresaria y directora del parque zoológico Africam Safari, Amy Camacho.

Y sus temores son fundados por las largas y evasivas del dirigente nacional panista, César Nava Vázquez; del presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, José Espina von Roehrich; y del secretario general adjunto de Fortalecimiento Interno del CEN, Alfredo Rivadeneira Hernández, quienes no atinan a darles una fecha de cuándo, por fin, se publicará la ansiada convocatoria.

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El diputado panista José Manuel Janeiro Fernández presentó este martes una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) en contra del secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, y tres de los subsecretarios de la dependencia: Juan Alberto Armendáriz Martínez, de Ingresos; David Villa Issa, de Egresos; y Jorge Luis Mendoza Velarde, de Administración.

En su denuncia, el legislador sostiene que los cuatro funcionarios violaron e incumplieron la Ley de Coordinación Hacendaria del estado de Puebla –que sustituyó la Ley para el Federalismo Hacendario, también conocida como Ley Bartlett— que los mismos diputados priístas propusieron y aprobaron en el Congreso local en marzo de 2009.

Dicha legislación establece que los funcionarios arriba citados tenían obligación de crear el Sistema de coordinación hacendaria del estado y sus municipios, y de constituir la Asamblea de funcionarios hacendarios del estado, con la participación de los presidentes y tesoreros de los 217 ayuntamientos de la entidad, con el propósito de fijar lineamientos y políticas encaminadas a optimizar y potenciar los recursos fiscales –federales y estatales— destinados a los municipios del territorio poblano.

Esta es la segunda denuncia que el diputado Janeiro Fernández promueve ante la Sedecap en contra del secretario de Finanzas y algunos subsecretarios de la dependencia.

En la primera, presentada en marzo de 2009, el legislador panista acusó a dichos funcionarios de ocultar información sobre los distintos fondos del ramo 28 asignados a los 217 municipios de la entidad, asunto que le generó una andanada de críticas, pero que finalmente logró su propósito, pues a partir del año pasado la Secretaría de Finanzas publica trimestralmente esos reportes en su página de internet.

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Simón dice:

«Humano es errar; pero sólo los estúpidos perseveran en el error».

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

Chucho Morales será dirigente nacional de la CNC

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* Chucho Morales será dirigente nacional de la CNC
* Auditores de Sedecap investigan transas en Ceaspue
* Luis Enrique Palacios, nuevo secretario electoral panista

En el transcurso de las próximas semanas, Jesús Morales Flores comenzará a perder interés en la contienda interna del PRI por la gubernatura de Puebla, para dedicarle mayor atención a su cargo como coordinador general de Secretarías Regionales y Delegados de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Y no porque las encuestas, que tanto ha criticado, lo hayan convencido de que no tiene ninguna oportunidad de convertirse en el sucesor de Mario Marín Torres en Casa Puebla, o porque esté valorando declinar a favor de Javier López Zavala, Blanca Alcalá Ruiz o Enrique Doger Guerrero.

La verdad es que Jesús Morales Flores comenzará a tomar distancia de la puja por la gubernatura, porque este fin de semana logró el consenso de los principales actores políticos del PRI a nivel nacional, para ser electo presidente de la Confederación Nacional Campesina, en sustitución de Cruz López Aguilar.

Su futuro nombramiento cuenta hoy con el aval de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, Beatriz Paredes Rangel; del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones Rivera; del actual dirigente de la CNC, el ya citado Cruz López; y del exgobernador y senador de la República, Melquiades Morales Flores.

Otro actor que también respaldará a Chucho Morales en su intención de lograr la presidencia nacional de la CNC, es el gobernador Mario Marín Torres.

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A propósito.

Jesús Morales Flores debería tener más cuidado en la selección de sus promotores en algunas regiones y distritos de la entidad como Tepexi de Rodríguez, donde han aparecido más de una veintena de bardas en apoyo de su aspiración al gobierno del estado, firmadas por un tal Victoriano Miranda.
El hecho no tendría nada de particular si no fuera por dos pequeños detalles: uno, es que el firmante renunció al PRI hace más de cinco años para ser regidor del PVEM en la anterior administración municipal de Tepexi y, dos, que el susodicho personaje está acusado de violar a una menor de edad.

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El exsecretario de Salud en la primera mitad del sexenio marinista, Roberto Morales Flores, es otro de los promotores de su hermano Jesús, como aspirante a la gubernatura de la entidad.

Hace unos días fue captado en el centro de Ciudad Serdán haciendo talacha proselitista, en compañía de algunos priístas de la región, como el líder municipal de la CNOP, Juan Manuel Guarneros, quien se supone es uno de los promotores del “Proyecto Z” en la zona.

INTRAMUROS
La presencia de un grupo de auditores de la Sedecap en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento ha generado inquietud en algunos funcionarios cercanos al exdirector del organismo, Blas Villegas Lara, quien actualmente despacha como director de la Agencia de Protección al Ambiente del ayuntamiento de Puebla.

Dicha inquietud es resultado de algunos anónimos enviados a los auditores para que centren sus arqueos en ciertas empresas, facturas y compras, con las cuales podrían acreditarse algunos delitos en perjuicio de las finanzas y patrimonio del organismo, como peculado, desvío y malversación de recursos públicos.

Según una de estas notas, en el Ceaspue no sólo existe una mafia que extorsiona a los constructores y empresas con contratos de obra, sino un contubernio con algunos proveedores de servicios —como Gerardo Ordonelas Alcántara— que cobran por productos y servicios que jamás entregan o suministran.

La mafia estaría integrada por el que fuera chofer de Blas Villegas, César Abraham Rodríguez, quien se encarga de cobrar las comisiones a las constructoras; por el director de Planeación, Víctor Agustín Pérez Morales, llamado el Ice Man; y por el director Administrativo, Sergio Aguilar de Llano.

En otro anónimo recibido por los auditores, se dice que las mayores irregularidades se concentran en una partida de 20 millones de pesos, de recursos federales indirectos, que está siendo comprobada con facturas falsas o apócrifas —como una de 60 mil pesos que ampara el gasto de copias fotostáticas y de planos— o que corresponden a empresas que en realidad no existen.

Hay que decir que una de estas notas se acompañó con un disco electrónico, con fotografías de algunas casas y algunas camionetas Hummer, atribuidas a Blas Villegas, a César Abraham Rodríguez y, a una secretaria del área de contabilidad y obra pública de la Secretaría de Finanzas y Administración.

EN CORTO
Luis Enrique Palacios Martínez fue designado secretario de Elecciones en la última sesión del Comité Directivo Estatal del PAN, efectuada el jueves por la noche.

Su nombramiento contó con el respaldo de casi todos los miembros de la dirigencia, con excepción de Jesús Alejandro Cortés Carrasco, “El Chuy”, quien se abstuvo en la votación.

Y es que según este personaje, que dentro del CDE del PAN representa los intereses del senador Rafael Moreno Valle, asegura que el nuevo secretario de Elecciones es un distinguido simpatizante de la señora Ana Teresa Aranda Orozco.

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Simón dice:

“Para hacerse una posición en el mundo, es preciso hacer todo lo posible para hacer creer que ya se tiene”.
François de la Rochefoucauld (1613-1680). Escritor francés.

Divide Lastiri Quirós a diputados poblanos por el «Proyecto Z»

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* Rafa Zabalza patrocina comida política en la Secretaría de Salud

A menos de cuatro semanas de haber arrancado funciones, la bancada priísta poblana en el Congreso de la Unión está lejos de convertirse en una de las más importantes e influyentes, a pesar de ser una de las más numerosas LXI Legislatura federal, sólo por debajo de las bancadas del estado de México y Veracruz.

Varios son los factores que han mermado su presencia en la naciente legislatura, a saber:

Uno de éstos, sino es que el más importante, es la inexperiencia y falta de liderazgo de su coordinador Juan Carlos Lastiri Quirós, a quien además no conocen, ni identifican los miembros de la burbuja parlamentaria priísta.

El desconocimiento que de él tienen actores como Francisco Rojas Gutiérrez, Beatriz Paredes Rangel o Emilio Chuayffet Chemor, ha propiciado la marginación de los diputados priístas poblanos en el reparto de los mejores cubículos u oficinas dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro o que éstos fueran enviados a la penúltima fila del salón de sesiones, en el llamado Bronx Legislativo.

La poca ascendencia política que tiene sobre la mayoría de sus compañeros legisladores, ha provocado que algunos de ellos, como Fernando Morales Martínez —hijo del exgobernador Melquiades Morales Flores—, prácticamente lo ignoren o desatiendan sus llamados, es decir, que actúen como si fueran diputados independientes.

O que otros, que más o menos atendían sus recomendaciones, comiencen a tomar distancia, sobre todo después del jueves cuando les anunció que en su calidad de zavalista, buscaría que los trabajos y acciones de la bancada poblana se tradujeran en beneficios para el «Proyecto Z».

Y el problema para Juan Carlos Lastiri es que de los 15 diputados priístas poblanos, hay por lo menos cuatro que no creen que el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, sea la mejor opción del PRI para ganar las elecciones de gobernador del próximo año: Alberto Jiménez Merino, Óscar Aguilar González, María del Carmen Izaguirre Francos y Juan Pablo Jiménez Concha.

Otra circunstancia que también ha contribuido a mermar el peso político de los priístas poblanos es la cada vez más remota posibilidad de que alguno de sus integrantes presida alguna comisión importante en la LXI Legislatura.

Dos de los que más oportunidades tenían de encabezar alguna comisión relevante, Alberto Jiménez Merino y Ardelio Vargas Fosado, han perdido terreno frente a otros actores, como consecuencia de los cambios en el gabinete del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

La salida de Alberto Cárdenas Jiménez de la Secretaría de Agricultura complicó los planes para que Jiménez Merino presidiera la Comisión de Agricultura; ahora el favorito para hacerse de esta comisión es el líder nacional cenecista, Cruz López Aguilar.

Con Ardelio Vargas sucedió lo mismo. Era el favorito para encabezar la Comisión de Seguridad Pública, incluso con el apoyo del Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, pero ahora que éste dejó el gabinete calderonista, han comenzado a valorarse otras opciones.

Un último factor, que también suma a la merma del grupo parlamentario de Puebla, es la presencia de Mercedes del Carmen Guillén Vicente en la LXI Legislatura. Y es que ante la poca o nula influencia de Juan Carlos Lastiri en los temas de la agenda legislativa nacional, los diputados poblanos prefieren recurrir a la delegada del CEN del PRI y operadora política de Beatriz Paredes Rangel para por lo menos saber cuál será línea a seguir.

EN CORTO
Después de que la justicia federal resolvió —en forma definitiva— negar a Antonio Juárez Acevedo el amparo que promovió para echar abajo su destitución como comisionado de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), la Contraloría del estado ya no tiene ningún pretexto para destituirlo y sancionarlo, como se lo instruyó el Congreso del estado.

En otras palabras, la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) y su titular Víctor Manuel Sánchez Ruiz, tendrán que demostrar que la justicia se aplica sin excepciones, y que aquellos funcionarios que en Puebla violan y se burlan de la ley, como ocurrió con Juárez Acevedo, que ocultó su pertenencia a una agrupación política nacional como Plataforma Cuatro para llegar a la CAIP, son castigados.

Ojalá el contralor no vaya a salir con otro pretexto, para sancionar a quien por más de cuatro años cobró sueldo con servidor público, a sabiendas de la ilegalidad de su nombramiento en un organismo, supuestamente garante de la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Ejecutivo estatal.

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Juan Carlos Mondragón Quintana no será candidato de unidad a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN. Entre el lunes y viernes se registrará como candidato alternativo el exdiputado local Juan Francisco Menéndez Priante.

El registro de aspirantes a sustituir a Rafael Micalco Méndez se cierra el viernes 25 de septiembre, y los consejeros estatales tendrán que elegir al que será su futuro presidente para los próximos tres años el sábado 10 de octubre.

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Como una cachetada con guante blanco debe interpretarse la negativa de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, de participar en la reunión del próximo viernes a la que Alejandro Armenta Mier convocó a los aspirantes de su partido a la gubernatura de la entidad.

La alcaldesa capitalina reiteró que mientras el PRI no emita su convocatoria y se instale la Comisión de Procesos Internos, lo cual ocurrirá hasta enero del año entrante, ella se mantendrá al margen de la contienda del tricolor por la gubernatura de Puebla.

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Este viernes se reunieron a comer en un salón social del boulevard Circunvalación 621, de la colonia San Manuel, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, con su homólogo de la Secretaría de Salud, José Alfredo Arango García, y el líder sindical de la dependencia Malcom Ramírez Martínez.

A la comida asistieron también funcionarios de la Secretaría de Salud y representantes de la organización sindical, con el propósito de apoyar la candidatura de López Zavala a Casa Puebla.

Testigos del encuentro resaltaron dos puntos: uno, que la comida se efectúo en horario de oficina y, dos, que ésta fue patrocinada por el principal proveedor de la Secretaría de Salud, Rafael Zabalza Veraza, presente en la reunión.

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Simón dice:

«El hombre odia a quien le hace sentir su propia inferioridad». Conde de Chesterfield (1694-1773). Político y escritor inglés.

Arango y Zabalza, adjudicaciones amañadas

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Ayer le decía que con el arribo de Alfredo Arango García a la Secretaría de Salud los problemas de corrupción en esta dependencia no se acabarían, pues la mafia de proveedores que gira en torno a Rafael Zabalza Veraza hará su agosto en lo que resta del 2009, al quedarse con los principales contratos de compras.

Hoy le tengo nuevos detalles de las millonarias requisiciones —cinco, por lo menos— que Alfredo Arango entregará por adjudicación directa a Rafael Zabalza y prestanombres, a partir de la próxima semana.

Las primeras dos requisiciones (por un monto de 3 millones 353 mil 680 pesos y 13 millones 994 mil 394 pesos) están destinadas a dotar de mobiliario e instrumental médico a los hospitales integrales de la Secretaría de Salud. Una está registrada con el número 548 y la otra con el número 557.

Dos más (por 37 millones 791 mil 640 pesos y 27 millones 45 mil 534 pesos) van dirigidas a los Centros de Salud: la 611 corresponde a la adquisición de equipo médico y de laboratorio, y la 635 a la adquisición de instrumental médico.

La última requisición, registrada bajo el número 687, también va destinada a los hospitales integrales. Contempla la compra de equipo médico y de laboratorio por 35 millones 817 mil 243 pesos.

Debido al monto de dichos contratos, éstos deberían concursarse mediante licitación pública.

Pero eso no ocurrirá. Se adjudicarán de manera directa a las empresas de Rafael Zabalza y prestanombres, entre las que figuran: Grupo Iruña SA de CV, Servicios Hospitalarios Castillo SA de CV, Suministros e Ingeniería Hospitalaria, Ingeniería y Proyectos Ambientales SA de CV, y Multiservicios Industriales Afere SA de CV.

Los detalles de cómo será burlada la Ley de Adquisiciones sólo los conocen unos cuantos; los mismos que el jueves 13 de agosto se reunieron a desayunar con Alfredo Arango en El Che Garufa de la Avenida Juárez, a saber:

Jorge Mendoza Velarde, subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas; Ambrosio Bret Sierra, encargado del Despacho de los Asuntos Relacionados con las Adjudicaciones; y Vicente Gil Luna, coordinador general de Delegaciones y Comisarías de la Sedecap.

Lo que todos esos funcionarios deberían aclarar, antes de justificar la urgencia de las compras, es por qué el sistema y el software pagado por la Sedecap en más de 30 millones de pesos para el control administrativo y financiero de la Secretaría de Salud, no se usó para prevenir esta situación, si se supone fue adquirido precisamente con ese propósito.

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El protagonismo de Edgar Salomón Escorza, funcionario recién nombrado como delegado estatal del DIF en San Martín Texmelucan, no tarda en meter en problemas a su jefa, Margarita García de Marín, ni a su padrino político, Mario Marín García.

Y es que en nombre de ellos, y del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, se promociona con los programas y apoyos del gobierno y el DIF como el favorito de Casa Puebla a la presidencia municipal de Texmelucan.

Como parte de su precampaña, Edgar Salomón distribuye entre los vecinos y dirigentes políticos del municipio un video, que también suele ponerse en los antros y video-bares de San Martín, donde aparece entregando apoyos y despensas en nombre del DIF y la señora García de Marín.

El sábado 22 de agosto, por ejemplo, engañó a la clase política priísta de San Martín, invitándola a un desayuno en el salón Maxims con el presidente del Congreso del estado, José Othón Bailleres —de quien fue secretario particular—, y el diputado Enrique Marín Torres, cuando en realidad ni uno ni otro estaban confirmados. En cambio, Edgar Salomón aprovechó para promoverse como candidato a la alcaldía de Texmelucan.

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Simón dice:

«Para hacer negocios no se requiere ingenio; basta con no tener delicadeza.»

Caballero de Bruix (1728-1780). Escritor francés.

Ahora cumpla señor contralor

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Mientras la Contraloría del estado informaba ayer en un comunicado oficial su determinación de «blindar los programas sociales» y de «aplicar todo el peso de la ley» a los servidores públicos que —“abusando de su cargo”— utilicen o desvíen recursos públicos con fines partidistas, en la Academia de Policía se celebraba una reunión con este claro sesgo electoral.

Dicho cónclave fue encabezado por la directora de la Unidad de Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática (UDAPI) de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Janeth Bustamante Abdala, y a ella asistieron funcionarios administrativos y mandos medios de la Policía Estatal, Policía Auxiliar, Academia Estatal de las Fuerzas de Seguridad Pública, Dirección General de Centros de Readaptación Social y Cuerpo de Bomberos, entre otros.

En la reunión, Janeth Abdala llamó a los funcionarios a trabajar por el PRI y sus candidatos a diputados federales, al tiempo de entregarles un paquete de formularios —denominados formatos de promovidos—, que no son otra cosa que hojas que deben repartir y recoger entre los empleados de gobierno, una vez que éstos proporcionen una lista de nombres, direcciones y teléfonos de amigos y familiares que se comprometan a votar por el tricolor en las próximas elecciones federales.

A los formatos se les debe anexar copia de la credencial de elector de cada familiar o amigo “promovido”.

Durante el encuentro —que tuvo lugar al mediodía de este miércoles en el auditorio de la planta baja de la Academia de Policía, ubicada en la 10 Oriente, entre 9 y 11 Norte—, la directora de la UDAPI de la Secretaría de Seguridad instruyó a los funcionarios a ser cuidadosos con este programa, para no incurrir en acciones que pudieran dar pie a delitos electorales o denuncias por desvío de recursos públicos y coacción del voto.

Janeth Abdala instó a los administrativos y mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública a no utilizar en sus conversaciones telefónicas o por radio palabras o mensajes acerca de las elecciones federales del domingo 5 de julio. “Nunca hablen de credencial o elecciones, siempre deben referirse al tema como programa especial y hacer los cambios por teléfono”, los instruyó.

Según el boletín 786 emitido ayer por la Sedecap, el gobierno estatal despliega un conjunto de acciones para blindar electoralmente los programas sociales y para “aplicar todo el peso de la ley —sin excepciones— a los servidores públicos que, abusando de las facultades que les confiere su cargo, usen recursos para desviarlos hacia propósitos partidarios”.

Entre estas acciones, de acuerdo con el mismo comunicado, figuran cursos sobre las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos, para cumplir debidamente sus actividades administrativas con honestidad, transparencia y la correcta rendición de cuentas, bajo el entendido de que los programas sociales del gobierno no son de ningún partido político, ni candidato.

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Simón dice:

“Cuando un hombre estúpido hace algo que le avergüenza, siempre dice que cumple con su deber”.

George Bernard Shaw (1856-1950). Escritor irlandés.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

La última y nos vamos

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Ocurrió el martes por la mañana, durante un desayuno que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ofreció a los reporteros de la fuente en el hotel City Express del Paseo de San Francisco.

Después de los agradecimientos y parabienes por la Navidad y el año nuevo, el equipo de Comunicación Social de la alcaldesa organizó una rifa de regalos, y uno de los obsequios ––un ipod nano de 4 gigas–– se lo sacó el periodista Carlos Gómez Marín.

Al momento de la entrega, ––del ipod, por supuesto––, Rosa María Lechuga, jefa de prensa del secretario de Desarrollo Social Municipal, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, sugirió una foto.

La presidenta y el reportero accedieron.

Bromista, Carlos Gómez dijo sí. “Una foto como si estuviéramos en campaña para la gubernatura”.

Blanca Alcalá siguió el juego: “No, mejor como en campaña para el Senado, ¿no?”

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La noche del miércoles tuvo lugar en Casa Puebla el brindis del gabinete legal y ampliado del gobernador Mario Marín Torres.

Pero a diferencia de años anteriores ––y dicen que a sugerencia de doña Margarita García de Marín–– los funcionarios no acudieron solos, sino acompañados de su familia, es decir de sus cónyuges ––esposa o esposo, no sean mal pensados–– e hijos.

En ese marco, antes del brindis y la posterior cena en Casa Puebla, se llevó a cabo una tradicional posada cacahuatera, que incluyó piñatas, aguinaldos, villancicos y ponche, pero sin piquete.

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De los convivios de fin de año que hubo en diferentes dependencias y organismos del gobierno del estado, cuentan que uno de los mejores fue el de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), que encabeza Javier López Zavala, pues además de la comida y los aparatos electrodomésticos que ese día se rifaron, se regalaron dos vehículos nuevos de paquete.

El banquete tuvo lugar la tarde del miércoles en el Centro de Convenciones de San Francisco, y fue presidido por el gobernador Mario Marín Torres, quien, generoso, obsequió un vehículo adicional, del ya se había sorteado entre el personal sindicalizado y de confianza de la SDS.

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Ayer llegó al buzón de este blog, una denuncia anónima por tráfico de influencias y desvío de recursos que involucra a por lo menos dos secretarios del gabinete estatal, uno de los cuales tiene bajo su tutela el combate a la corrupción.
Aquí el correo electrónico:

A quien corresponda

Me refiero a la corrupción que se vislumbra y lo poco que se hace al respecto en la Secretaría del Trabajo y Competitividad de Puebla (STC), administrada por el ex presidente del Congreso del estado, Pericles Olivares Flores.

Entre los múltiples servicios que otorga la STC, figura el Programa de Fomento al Autoempleo, por el que la dependencia compra maquinaria y equipo para apoyar a personas que quieran autoemplearse en un negocio.

Por cada proyecto se otorgan entre 25 y 125 mil pesos.

Para dicho Programa se supone que la Secretaría debe invitar a varios proveedores de maquinaria y equipo. Sin embargo, al director de la Secretaria del Trabajo y Competitividad, Alfredo W. Sánchez Ruiz, se le olvidó hacerlo y de mutuo acuerdo con el director Administrativo, Víctor Manuel Carrasco Hernández, sólo favorece a un selecto grupo de compadres, entre cuyas empresas figuran: Comercializadora Quiroz,  Comercializadora de Artículos General 2000, y Kektor Co.
 
Alfredo W. Sánchez Ruiz es dueño de  Refriaires de Puebla S.A, de C.V., ubicada en la 13 Poniente No 501-A de Puebla, y a la vez proveedor de la STC. Se autocompra, pero puede hacerlo siendo hermano de Víctor Manuel Sánchez Ruiz, el honorable titular de la SEDECAP.
 
Ahora bien, como en todas las historias siempre hay varios funcionarios públicos que se hacen de la vista gorda, como es el caso de el C. P. Germán Mignón González, coordinador de Desarrollo Humano y Administración de Recursos y la abogada Dulce Lilia Rivera Aranda
 
Atentamente: transparencia ciudadana.

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Este blog se tomará unas inmerecidas vacaciones de fin de año.

Por su paciencia gracias.

Opacidad financiera

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Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

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Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

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Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

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Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

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Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

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