El gobernador Rafael Moreno Valle tendrá que valorar –y en serio– la permanencia de Facundo Rosas Rosas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Si decide mantenerlo, como todo parece indicar, valdría la pena que de inmediato pidiera un reporte de quiénes integran su equipo de escoltas: los llamados Delfines.

Y es que el próximo escándalo en materia policíaca podría alcanzarlo cuando se conozca el origen, los antecedentes y la evaluación de los integrantes de su equipo de escoltas en los exámenes de control de confianza.

Facundo Rosas ya tiene alguna información y ha decidido actuar en consecuencia, reubicando a algunos delfines pertenecientes al equipo de escoltas del mandatario estatal con el alcalde José Antonio Gali Fayad y con otros funcionarios del gobierno del estado.

Ahora que regrese de vacaciones, Moreno Valle lo primero que debería indagar es quiénes de los que lo cuidan han acreditado el examen de control de confianza, qué vínculos o relación tenían con el ex director de la Policía estatal, Marco Antonio Estrada López y con el ex jefe de Grupo Operaciones Especiales, Tomás Mendoza Lozano.

Ah y también los estudios que tienen y si los certificados que presentaron para comprobar estos no son documentos apócrifos o falsificados.

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Otro escándalo que podría empañar la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle y del Congreso local, en la recta final del sexenio, habría que ubicarlo en el Instituto Electoral del Estado.

Y es que la confianza y credibilidad del máximo órgano electoral de la entidad, ya de por sí bastante mermadas por la sumisión y falta de independencia de la mayoría de sus consejeros, no solo podría irse a los suelos por culpa de su presidente Armando Guerrero Ríos, sino poner en entredicho la legalidad y legitimidad de las autoridades emanadas del último proceso local electoral.

La próxima semana le tendré aquí mayores detalles.

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* Mantenerlo no será una señal de debilidad, sino de encubrimiento

* Ponen candados al PRI para las coaliciones y los avala

Difícilmente el gobernador Rafael Moreno Valle anunciará a su regreso de vacaciones el cese de Facundo Rosas Rosas como secretario de Seguridad Pública del estado, a pesar de las evidencias que implican a éste en el robo y protección de una banda dedicada a la venta de combustible extraído ilegalmente de los ductos de Pemex que cruzan la entidad.

Motivos para sustituir a Facundo Rosas no le deben faltar al mandatario estatal, pero se rehusará a hacerlo –al menos en el corto plazo– para no dar una señal de debilidad frente a sus críticos y adversarios políticos en la recta final del sexenio.

Sin embargo en el pecado puede llevar la penitencia ahora que han comenzado a filtrarse o develarse hechos que involucran a mandos policiacos no solo con el robo de combustible, sino con la protección de casinos ilegales, la trata de blancas o personas, el robo de vehículos y autopartes, y la protección de redes del crimen organizado.

La permanencia de Facundo Rosas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puede enviar a los ciudadanos un mensaje peor que el que Moreno Valle busca evitar sacándolo de su gabinete.

El gobernador podría no parecer débil dejando a Facundo Rosas, pero se mostraría insensible ante el reclamo social que exige que ese tipo de conductas policíacas de colusión y complicidad con la delincuencia organizada se sancionen con todo el peso de la ley o, peor aun, como encubridor de funcionarios policiacos corruptos, abusivos o ineficientes.

Lo peor que le puede ocurrir a Puebla es perder la seguridad que tiene en comparación con otros estados del país, varios de ellos colindantes.

Y el camino más corto para hacerlo es la impunidad, es decir, no hacer lo necesario para que los delincuentes y sus cómplices –y más si son policías de alto rango– sean castigados.

Puede que Facundo Rosas nada tenga que ver con las operaciones ilícitas de sus subordinados Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, pero nadie podrá quitarle la responsabilidad de haberlos contratado ni de haberlos promovido a uno como director de la Policía Estatal y a otro como jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la SSP.

EN CORTO

Uno de los mayores desaciertos del PRI en la discusión y aprobación de las recientes reformas constitucionales en materia electoral fue haber avalado que los partidos nacionales de nueva creación no puedan coaligarse o postular un candidato común en las elecciones para gobernador de Puebla del año entrante.

A diferencia de lo ocurrido en los comicios locales de 2013, donde se permitió que partidos primerizos estatales como Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI) pudieran suscribir alianzas electorales o registrar candidatos impulsados por otros partidos, esta posibilidad se cerró en 2016.

Los enterados aseguran que esta prohibición tenía clara dedicatoria para el PRI, pero también para el partido de Andrés Manuel López Obrador: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Para el PRI porque le canceló la posibilidad de buscar un acuerdo electoral con los pastores de las iglesias cristianas, que son los principales impulsores del Partido Encuentro Social (PES), que en las recientes elecciones federales del 7 de junio logró amarrar su registro al obtener más del 3% de la votación nacional.

Y para Morena porque le obliga a participar solo en las elecciones para la minigubernatura del año entrante. Morena se convirtió en las recientes elecciones federales en la tercera fuerza política de la entidad, y en los comicios locales del año entrante podría aspirar a algo más encabezando un frente amplio de partidos de izquierda con el PRD y Movimiento Ciudadano, además de otras organizaciones.

En la sesión del 9 de julio donde se aprobaron por unanimidad las reformas y adiciones a la Constitución del estado no dejó de llamar la atención el voto a favor de los legisladores del grupo parlamentario del PRI.

Pero sobre todo que ninguno de ellos subió a tribuna para inconformarse con el segundo párrafo de la fracción V del artículo 4 de la Constitución del estado que textualmente dice: El partido político nacional o local que participe por primera ocasión en una elección local no podrá formar frentes, coaliciones o fusiones, ni postular candidaturas en común.

La duda es: ¿por qué antes si y ahora no? ¿Será porque los partidos estatales que giran en torno al morenovallismo ya brincaron esta condición?

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La ASF exige al gobierno el reembolso de más de 7 mdp

Un tema que por fin deben abordar y resolver las autoridades estatales, luego de la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de exigir al gobierno del estado el reintegro de 7 millones 152 mil de pesos que se aplicaron el año pasado para evaluar a 2,768 policías auxiliares, es el estatus de esta corporación.

Y es que en Puebla los efectivos de la Policía Auxiliar, cuyo nombre correcto es Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, no son en estricto sentido policías aunque tengan uniforme y usen armas largas y cortas amparadas por la licencia colectiva 38, que sólo aplica para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

El año pasado el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la SSP, justificaron el despido de más de 120 integrantes de esta corporación con el prurito de que no habían acreditado los exámenes de control de confianza a que fueron sometidos, y hoy nos enteramos por el Diario Oficial de la Federación que éstos ni siquiera tenían que haber sido evaluados.

Así las cosas sería importante que el contralor del estado, Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, explicara no sólo quién cometió la pifia de obligar a los integrantes de la Policía Auxiliar a evaluarse, por lo que el estado tuvo que devolver a la federación más de siete millones de pesos más intereses, sino que nos dijera, tal como lo dispuso la ASF, a qué funcionarios estatales ya les inició un procedimiento por el Pliego de Observaciones derivado del expediente SC.SAGC.DSGG.DJQD/10C.10.11/25.201413-A-2100-0499-06-001 de la ASF, y por el despido de más de 120 elementos.

Y ya metido en esos terrenos que investigara las causas por las cuales la Corporación ha venido perdiendo en las últimas semanas y meses importantes contratos con entidades y empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las tiendas de conveniencia Oxxo, y la tienda departamental Liverpool, así como con bancos y otras dependencias del gobierno del estado.

Y finalmente por qué los efectivos de la Corporación usan las armas asignadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Secretaría de Seguridad Pública del estado (rifles R-15, escopetas calibre 12 y 20, pistolas escuadra Prieto Beretta 9 mm y revolver 38 especial) para la protección de particulares y por qué los elementos que las tienen bajo su resguardo casi siempre trabajan como escoltas o guardaespaldas de políticos, funcionarios, empresarios e influyentes.

¿Sólo por qué a diferencia del común de los mortales estos tienen para pagar 2,500 pesos mensuales por policía auxiliar?

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Mtro. Rodolfo Ruíz Rodríguez

Director General de E-consulta.com

Presente

Estimado director:

Por este conducto le saludo, al tiempo que aclaro la información publicada en su medio, dentro de la Columna La Corte de los Milagros, del pasado 30 de marzo del presente titulada “Policías auxiliares, exentos del examen de control de confianza”, haciendo de su conocimiento lo siguiente:

1. Los guardias que integran la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana son sujetos a los exámenes de Evaluación y Control de Confianza, con base en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en sus artículos 24, 25 y 26. Conforme al decreto de creación de este Organismo Público Descentralizado, en su artículo 3 y el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, apartado V, fracción XLVI y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el artículo 152.

2.- En cuanto al costo de las 2 mil 768 evaluaciones de control de confianza realizadas a personal de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, la Auditoría Superior de la Federación hace la observación de que no debieron utilizarse recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para su pago, sino recursos propios del organismo descentralizado, con base en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación FASP 2013; por lo tanto, es importante informar a usted y a sus apreciables lectores que el pago de las evaluaciones de Control de Confianza fue reintegrado por la Corporación al Consejo Estatal de Seguridad Pública, instancia encargada de restituirlo a la Federación.

3. La Corporación es un Órgano Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno (SGG) del Estado de Puebla, que brinda servicios de seguridad bajo el establecimiento de un convenio previo, tanto para el caso de personas morales, como físicas, reiterando que no existe escolta a funcionarios o tarifas preferenciales, como dice en la nota. A mayor  abundamiento las tarifas por prestación de servicios están publicadas en la ley de ingresos del estado, en cuanto al uso de armas de fuego de la corporación, se cuenta con la licencia colectiva 38. En los términos de la legislación vigente.

4.- Con relación a los servicios de la corporación, le informo que el número de clientes se ha incrementado en los ultimos tres años en más del 30 por ciento, e incluso se tiene una lista de usuarios en espera para la concertación de convenios, sustentados en la confianza lograda precisamente con estas evaluaciones. Los casos que usted refiere, por citar un ejemplo, la tienda Liverpool decidió contratar una empresa de seguridad a nivel nacional, no obstante tenemos contratos para algunos de sus establecimientos en el estado. Cabe hacer mencion, que las tiendas OXXO no renovaron su contrato desde el año 2011 debido a que no requerian los servicios de seguridad.

En atención a sus lectores, le agradezco la oportuna aclaración y quedo de Usted.

ATENTAMENTE

“Acciones que Transforman”

1. Puebla De Zaragoza, A 30 De Marzo De 2015

Mtro. Alfonso Sánchez Montiel

Director General Corporación Auxiliar de Policía de

Protección Ciudadana

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Algo anda mal en la Secretaría de Seguridad Pública del estado y con los nuevos funcionarios que del brazo de su titular Facundo Rosas Rosas creen que de la noche a la mañana pueden convertir a oficinistas, mecánicos, mariachis, secretarias y músicos en policías, a los que un día pueden mandar a un operativo para dispersar a manifestantes, contener un amotinamiento o vigilar un banco.

Lo anterior viene a cuento por una reunión que Facundo Rosas tuvo con personal de confianza y administrativo de la Policía Estatal —que ha sido habilitado en tareas operativas propias de los uniformados—, el viernes 16 de agosto en el Auditorio de la Academia Estatal de Policía.

El tono del encuentro estuvo marcado por el citatorio que se les giró, en el que se subrayó que la junta tenía carácter obligatorio, por lo que los faltistas se harían acreedores a una boleta de arresto de 36 horas.

A la convocatoria respondieron más de 150 empleados, entre secretarias, contadores, abogados y personal de las áreas administrativas y de recursos humanos, así como mariachis, mecánicos e integrantes de la Banda de Música de la Policía Estatal, algunos de los cuales incluso no encontraron asiento en el Auditorio de la Academia.

Por la Secretaría de Seguridad Pública del estado estuvieron además de Facundo Rosas, el subsecretario de Coordinación y Operación Policial, Raúl Gómez de la Cruz; el director general de la Policía Estatal Preventiva, Alejandro Óscar Santizo Méndez; y el director de Operaciones Policiales, Raymundo Soto Sánchez.

El secretario de Seguridad Pública fue al grano, les dijo que estaba harto de las filtraciones a medios de comunicación y que no quería ver más periodicazos “porque entonces si me van a conocer”. En su perorata encaró a los mariachis y a los miembros de la Banda Sinfónica y la Orquesta de Policía que un par de días antes denunciaron en El Sol de Puebla que estaban siendo obligados realizar entrenamientos y prácticas policiacas, incluso con equipo antimotines, pese a que habían sido contratados como músicos.

Facundo Rosas les dijo que todos eran policías y que las plazas que ocupaban y por las cuales cobraban un sueldo correspondían a un uniformado, por lo que “ya no la hagan de pedo” con chismes y periodicazos.

En la reunión intervinieron algunos empleados, secretarias, mecánicos y músicos de la Mixteca —que forman parte del Mariachi de la Secretaría de Seguridad Pública, la Sinfónica y la Orquesta—, quienes reiteraron que fueron contratados para hacer labores de oficina, reparar un vehículo o tocar un instrumento, y no para realizar prácticas policiales, cuidar un banco o evitar la toma de oficinas como Casa Aguayo.

Facundo les dijo que si no estaban de acuerdo entonces renunciaran, pues las plazas que tenían eran de policías, por lo que siempre que hiciera falta los iban a requerir, además de que por eso se había tomado la decisión de entrenarlos, adiestrarlos e involucrarlos en operativos y prácticas policiales.

Ahora entiende por qué la Policía Estatal Preventiva funciona como funciona y por qué los uniformados son incapaces de contener los asaltos a cuentahabientes afuera de los bancos.

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Si el proceso para nombrar a los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) ha sido opaco y discrecional, el iniciado para elegir al nuevo miembro de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) raya en el misterio, el tapadismo y la confidencialidad.

Esta situación va más allá del absurdo por tratarse, precisamente, del organismo garante de la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas públicas en el estado de Puebla.

Para empezar está la escasa difusión dada a la convocatoria emitida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LVIII Legislatura local. En el portal del Congreso del estado y la CAIP recién apareció hasta el sábado por la tarde, en el límite del plazo legal.

Lo paradójico del caso es que dentro de las bases de la convocatoria no se estipula —a diferencia de lo que sí se establece en la Ley de Transparencia, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso del estado— la posibilidad de que las organizaciones no gubernamentales especialistas en la materia, las asociaciones de profesionistas y las instituciones académicas participen en la evaluación y audiencias a que deben someterse los candidatos postulados.

A eso se suma que la presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del estado, la diputada Josefina Buxadé Castelán, se ha negado a abrir al escrutinio público el proceso de selección del nuevo comisionado o comisionada de la CAIP con el pretexto de que en la convocatoria no se agendaron audiencias ni sesiones públicas.

El registro de propuestas se mantendrá abierto hasta el 15 de noviembre. Desde esa fecha hasta el 30 de noviembre la documentación de los postulados será revisada, y quienes cumplan con los requisitos pasarán a entrevistas con los diputados miembros de la Comisión de Transparencia, como segundo filtro, a fin de integrar una terna que será sometida al análisis y discusión del pleno del Congreso del estado.

Sin embargo, en ninguna de las bases de la convocatoria se plantea el compromiso de que la designación del nuevo integrante de la CAIP se abra, por completo o en alguna de sus etapas, a la participación de la sociedad civil o las organizaciones especialistas en la materia.

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Poca, muy poca voluntad han demostrado hasta el momento el secretario de Seguridad Pública del estado, Ardelio Vargas Fosado, y el director de la Policía Estatal Preventiva, Ricardo Ariel Vera Lira, para facilitar la identificación del comandante y los tres efectivos que la noche del sábado levantaron, golpearon y asaltaron a los periodistas Jesse Brena García, de Milenio Puebla, y Gerardo Rojas González, de e-consulta.com

A diferencia del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Amadeo Lara Terrón, que desde el domingo puso a disposición de los periodistas agraviados fotos tanto de los jefes como de los uniformados que la noche del sábado estaban en activo, en la Secretaría de Seguridad Pública del estado ello no ha ocurrido.

Los reporteros han expresado ante diferentes instancias, como el procurador Víctor Carrancá Bourget; el director para la Atención Delitos Relacionados con los Servidores Públicos, Benjamín Albores Manzo, y el subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, Mario Rincón González, que podrían identificar a sus agresores. Pero hasta el momento la Policía Estatal se ha rehusado a abrir los registros fotográficos de su personal o los expedientes con las cédulas únicas de identificación policial (CUIP), que por ley todo efectivo debe llenar antes de portar un arma de fuego.

El pretexto es que en sus archivos no existen fotos de todos los policías.

¿Y entonces para qué sirven las pruebas y exámenes de control de confianza o la tan cacareada Plataforma México? ¿Acaso son pura faramalla? ¿O es que en Puebla hay efectivos que portan armas de fuego sin contar siquiera con su CUIP?

Lo que en realidad parece no existir es voluntad política por parte de Ardelio Vargas y Ricardo Ariel Vera para facilitar el reconocimiento del comandante y los policías que, después de asaltar a los reporteros de e-consulta.com y Milenio Puebla, los abandonaron en un lote ubicado baldío en las inmediaciones de Ciudad Judicial en las primeras horas del domingo.

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A diferencia de lo que se creía, el festejo de 15 años de la hija de Jorge Estefan Chidiac y su esposa Astrid López Gargallo, en el salón Tres Marías de Camino Real a Cholula, no fue una reunión de políticos y empresarios ligados al secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Y es que la mamá de la quinceañera y organizadora de la celebración cuidó que al evento sólo acudieran familiares, amigos, padrinos y compañeros de colegio de Karime Estefan López.

Entre los contados políticos invitados a la fiesta estuvieron el secretario de Infraestructura del gobierno del estado, José Antonio Gali Fayad, y su hijo, el diputado Antonio Gali López, tío y primo de la quinceañera, así como la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el coordinador de los diputados federales poblanos del PRI, Carlos Sánchez Romero, que son compadres de Jorge Estefan y su señora Astrid López.

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Simón dice:

“Lo oscuro acabamos viéndolo; lo completamente claro lleva más tiempo.”

Edward Roscoe Murrow (1908-1965) Comentarista y reportero estadounidense.

* Bulás, jefe de la Oficina de la Gubernatura; J. Pablo Piña, Consejero Jurídico

* Cabalán Macari, secretario de Administración, y Luis Maldonado a la SEP

* Aguilar Chedraui será secretario de Salud y Gali Fayad de Infraestructura

A 71 días de que Rafael Moreno Valle Rosas rinda protesta como el primer gobernador de oposición en la historia política reciente de la entidad, su equipo de colaboradores está más o menos definido.

Aún faltan algunos nombres, y también que entre en funciones la LVIII Legislatura del Congreso del estado para que mediante una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública se modifique la actual estructura y se conforme una nueva organización del gobierno y sus dependencias.

La entrante administración tiene previsto, como ya se ha dicho, fusionar algunas secretarías, desaparecer otras, crear nuevas estructuras y extinguir algunos fideicomisos y dependencias.

Se creará —por ejemplo— la Secretaría de Infraestructura que absorberá parte de lo que hoy tienen las secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), y Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Carreteras de Cuota de Puebla (CCP) y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

La Secretaría de Infraestructura, que tendrá como titular a José Antonio Gali Fayad, será la encargada de hacer la obra pública del estado, desde caminos y carreteras, hasta escuelas y hospitales.

Otras dependencias del Ejecutivo que se fusionarán en una sola serán: la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Cultura (SC); así como la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría del Trabajo y Competitividad.

La primera tendrá como titular al senador y exdirigente nacional de Convergencia Luis Maldonado Venegas, y la segunda al diputado federal Pablo Rodríguez Regordosa.

Amy Camacho Wardle será nombrada secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN), dependencia que posiblemente cambie de denominación al incorporar las funciones de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, que hoy forma parte de la SDUOP.

Fernando Manzanilla Prieto será nombrado secretario general de Gobierno, figura que hoy no existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública, con funciones y atribuciones de jefe de gabinete. Será algo más que un secretario de Gobernación.

Entre sus posibles subsecretarios, coordinadores y directores generales estarán Néstor Gordillo Castillo, Ludivino Mora Tejeda, Mario Rincón González y Eric Lara Martínez.

Otros personajes que también se sumarán al gabinete de Moreno Valle son Jorge Aguilar Chedraui, quien será nombrado secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud del estado de Puebla (SSEP), a pesar de no ser médico ni contar con maestría o especialidad en el área; Ardelio Vargas Fosado, quien encabezará la Secretaría de Seguridad Pública, y Eukid Castañón Herrera, que se hará cargo de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap).

Al equipo de Eukid Castañón posiblemente se incorpore como subsecretaria Irma Patricia Leal Islas.

La Secretaría de Finanzas y Administración se dividirá en dos. El secretario de Finanzas será Cuauhtémoc Sánchez Osio y el secretario de Administración José Cabalán Macari Álvaro, dirigente estatal del Partido Nueva Alianza (PANAL).

A la Secretaría de Finanzas se integrará también Eduardo Tovilla Lara como subsecretario de Egresos.

La Secretaría de Administración, que funcionará como la Oficialía Mayor del gobierno, tendrá bajo su responsabilidad la nómina y las áreas de recursos humanos y recursos materiales, así como de compras y contrataciones de todas las dependencias del Ejecutivo, por lo que de ella dependerá la actual Coordinación General de Adjudicaciones.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también se dividirá y cambiará de denominación. Será sólo Secretaría de Transportes y su titular será Bernardo Huerta Couttolenc. Las áreas relacionadas con el diseño y construcción de carreteras y el mantenimiento de caminos pasarán a la Secretaría de Infraestructura.

Juan Pablo Piña Kurczyn, quien actualmente se desempeña como titular del Programa de Agravios a Periodistas y Profesionales Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, será nombrado consejero jurídico. Juan Pablo es hijo del exgobernador Mariano Piña Olaya y la investigadora jurídica de la UNAM, Patricia Kurczyn Villalobos.

Moreno Valle tiene previsto crear una nueva estructura, la Oficina de la Gubernatura, que no será sólo un staff que concentre al personal y las funciones que hoy realizan la Secretaría Particular, la Coordinación de Asesores, la Coordinación de Giras y la oficina de Ayundantía.

La Oficina de la Gubernatura será un símil de la Oficina de la Presidencia que funciona en el gobierno federal y por la que pasaron Juan Camilo Mouriño antes de ser secretario de Gobernación, y Patricia Flores Elizondo, quien llegó a ser conocida como la vicepresidenta.

Actualmente esta oficina la encabeza el exsecretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, y es la encargada de coordinar las acciones de los diferentes gabinetes para cumplir, en tiempo y forma, los objetivos planteados por el Ejecutivo Federal; coordinar las acciones relacionadas con la agenda estratégica, alinear las políticas públicas y el PND a un proyecto de largo alcance, con miras al año 2030, y coordinar los trabajos de proyectos especiales asignados por el Presidente.

En Puebla, la Oficina de la Gubernatura estará a cargo del panista tehuacanero José Manuel Bulás Montoro, quien se ha desempeñado como secretario particular de Alberto Cárdenas Jiménez en la Secretaría de Agricultura y Ganadería; asesor de Desarrollo Económico y Relaciones de Gobierno en la presidencia de la República, y jefe de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente.

Norberto Tapia Latisnere, quien actualmente despacha como director general de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, será nombrado director de Comunicación Social, y Marcelo García Almaguer director del Sistema de Información y Comunicación (Sicom) del gobierno del estado.

Norberto Tapia es un comunicador y político cercano al titular de la SEP, Alonso Lujambio Irazábal; a la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, y al ex vocero de la Presidencia de la República, Maximiliano Cortázar Lara. Se ha desempeñado como Coordinador de Medios de la Coordinación General de Comunicación Social; director general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, y director general de Enlace Parlamentario del Senado de la República.

Además del Sicom, a Marcelo García se le encargaría la estrategia e imagen publicitaria del próximo gobierno.

De acuerdo con las fuentes consultadas, es posible que Luis Banck Serrato no llegue como secretario de Desarrollo Social, por una serie de compromisos y pendientes con la aseguradora internacional MetLife, en la que se desempeña como director ejecutivo de Asuntos Corporativos.

Otras secretarías en las que tampoco hay definición son Desarrollo Rural y Turismo, en el caso de esta última debido a que es probable que desaparezca, se fusione o se convierta en Subsecretaría.

EN CORTO

Mario Riestra Piña será quien coordine a los diputados del Partido Acción Nacional en la próxima legislatura.

La decisión ya se tomó hace unos días con el aval del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana.

Inicialmente, el jueves 11 de noviembre en el marco de una cena en la Casona de Palafox, Juan Carlos Espina von Roehrich, Rafael Von Raesfeld Porras y Mario Riestra se pusieron de acuerdo en que éste último fuera el coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul en la LVIII Legislatura.

La decisión se comunicó el martes siguiente al dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón, quien en uso de sus facultades la ratificó, al tiempo de designar a Juan Carlos Espina y a Jesús Salvador Zaldívar Benavides como vicecoordinadores de la fracción.

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Simón dice:

«No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico.»

Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.

Presionada por el escándalo que envuelve al presidente del Consejo Distrital número 4, Raúl Manuel Flores Muñoz, y por las evidencias testimoniales y documentales que echan por tierra el supuesto secuestro del que habría sido víctima la madrugada del domingo 18 de abril, la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado no tuvo más remedio que suspenderlo de sus funciones y abrirle un proceso administrativo.

Y es que hoy se sabe con toda claridad lo que aquí le habíamos anticipado desde el 21 de abril: Flores Muñoz no fue víctima de un asalto ni de un secuestro —como lo declaró ante el Ministerio Público y sus superiores jerárquicos—, sino de una borrachera que lo llevó a destruir una camioneta oficial y a poner en riesgo la vida de una subordinada suya, a la que abandonó después del trágico accidente.

Así consta en la declaración ministerial, de la capturista de capacitación del Consejo Distrital número 4, Denisse Huerta Rosas, y en la comparecencia que ésta rindió ante la Contraloría Interna del Instituto el pasado 7 de mayo.

En esta última actuación, Denisse Huerta declaró que, la noche previa al accidente, Raúl Manuel Flores la invitó al bar La Cantinera de Cholula, donde estuvieron bebiendo, junto con otros funcionarios electorales, hasta las tres de la madrugada del domingo 18 de abril. Posteriormente, éste pasó a su domicilio por una camioneta del IEE para seguir la juerga en Atlixco, donde desayunaron antes de regresar a Puebla.

Según Denisse, el accidente ocurrió en el trayecto hacia la ciudad de Puebla. El presidente del Consejo Distrital perdió el control de la unidad por el exceso de velocidad con que conducía. En su declaración, la funcionaria electoral dice que durante el accidente perdió el conocimiento y, cuando lo recobró, estaba debajo de la Nissan tipo estaquitas y pudo ver cómo salía corriendo del lugar su acompañante, abandonándola en la carretera.

Sobre estos mismos hechos, Raúl Méndez Flores declaró ante el Ministerio Público, dentro de la averiguación previa AP-875/2010/SUR, que la noche de ese sábado se encontraba laborando en tareas electorales; que el secuestro ocurrió cuando conducía un vehículo del IEE en compañía de su capturista, a quien llevaba a su casa; que un sujeto lo amagó con una pistola, le robó sus pertenencias, lo golpeó y luego — quién sabe cómo ni por qué— perdió el control de la camioneta y se salió de la carretera. El vehículo dio varias volteretas que lo llevaron a perder el conocimiento y a caer sobre unas milpas, bañado en sangre, fuera de la unidad.

Un buen jalón de orejas fue el que se llevaron varios funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de Puebla, el viernes de la semana pasada, por parte de la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz.

La alcaldesa capitalina llamó a sus secretarios y coordinadores generales a redoblar esfuerzos y a no distraerse de sus funciones por cuestiones políticas y electorales, al tiempo de advertirles que no tolerará ningún acto de corrupción o desvío de recursos.

Hasta donde se sabe, el regaño de la presidenta municipal de Puebla fue general, aunque con clara dedicatoria para cuatro de sus secretarios: Juan de Dios Bravo Jiménez, de Gobernación; Víctor Manuel Giorgana Jiménez, de Desarrollo Social; Fernando Ariza de la Fuente, de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad; y Andrés Vicente Ruiz Celio, de Seguridad Pública y Tránsito.

Blanca Alcalá estaría inconforme con Juan de Dios Bravo por las facilidades que ha brindado a ciertas organizaciones de vendedores ambulantes en el Centro Histórico de la Ciudad, y en las inmediaciones del nuevo hospital del IMSS en La Margarita; con Víctor Giorgana, por dedicar más tiempo a su promoción personal, en aras de la presidencia municipal, que en sacar con éxito algunos programas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Social.

Con Fernando Ariza por desatender y aflojar el paso en la Secretaría de Desarrollo Económico, en su afán de ganarse el afecto del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y colarse a la campaña de éste a la gubernatura, y con el general Ruiz Celio, por la descoordinación y diferencias que mantiene con algunos subordinados de la Secretaría de Seguridad Pública.

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Este miércoles estuvo en Puebla el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, quien acompañado por la secretaria general del partido, Hortensia Aragón Castillo, se reunió con los miembros del comité ejecutivo estatal del sol azteca y los representantes de algunas corrientes perredistas locales.

Foto Rodolfo Pérez

El encuentro tuvo lugar en el hotel Best Western, y ahí Jesús Ortega pudo percatarse del poco ánimo que priva entre los perredistas locales para suscribir una alianza con el PAN en los comicios para gobernador del año próximo.

A decir de fuentes cercanas a la reunión, el dirigente nacional del PRD confirmó algunas de las versiones y sospechas que ya traía: que la mayoría de las corrientes y miembros del comité ejecutivo estatal del partido están cooptados por gobierno marinista o bajo la influencia de algunos actores políticos del PRI, como Javier López Zavala.

Tras la comida, trascendió que una de las corrientes se pronunció porque en caso de una alianza PAN-PRD en las elecciones de julio de 2010, los panistas lleven mano en la nominación del candidato a gobernador, y los perredistas en la designación del candidato a la presidencia municipal con el empresario Antonio Kuri Alam.

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Este jueves, el rector de la Universidad de las Américas (UDLAP) y los 24 presidentes de los organismos y cámaras del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla firmarán un convenio colaboración y capacitación.

La firma de convenio tendrá lugar en el Aula Magna del Colegio José Gaos, a las 8:30 horas y será suscrito por el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista, y por el presidente del CCE, Gabriel Huerta Ortega.

Se sabe que como parte del convenio, el área de consultores de la UDLAP brindará asesoría y capacitación a los organismos empresariales para que éstos sean más competitivos, generen fuentes de empleos y contribuyan a que la entidad sea receptora de inversión nacional y extranjera.

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Simón dice:

«Hay tres maneras de arruinarse: las mujeres, el juego y los técnicos. La más placentera, las mujeres. La más rápida, el juego. Pero la más segura, los técnicos».

Georges Pompidou (1911-1974). Político francés

Mientras la Contraloría del estado informaba ayer en un comunicado oficial su determinación de «blindar los programas sociales» y de «aplicar todo el peso de la ley» a los servidores públicos que —“abusando de su cargo”— utilicen o desvíen recursos públicos con fines partidistas, en la Academia de Policía se celebraba una reunión con este claro sesgo electoral.

Dicho cónclave fue encabezado por la directora de la Unidad de Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática (UDAPI) de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Janeth Bustamante Abdala, y a ella asistieron funcionarios administrativos y mandos medios de la Policía Estatal, Policía Auxiliar, Academia Estatal de las Fuerzas de Seguridad Pública, Dirección General de Centros de Readaptación Social y Cuerpo de Bomberos, entre otros.

En la reunión, Janeth Abdala llamó a los funcionarios a trabajar por el PRI y sus candidatos a diputados federales, al tiempo de entregarles un paquete de formularios —denominados formatos de promovidos—, que no son otra cosa que hojas que deben repartir y recoger entre los empleados de gobierno, una vez que éstos proporcionen una lista de nombres, direcciones y teléfonos de amigos y familiares que se comprometan a votar por el tricolor en las próximas elecciones federales.

A los formatos se les debe anexar copia de la credencial de elector de cada familiar o amigo “promovido”.

Durante el encuentro —que tuvo lugar al mediodía de este miércoles en el auditorio de la planta baja de la Academia de Policía, ubicada en la 10 Oriente, entre 9 y 11 Norte—, la directora de la UDAPI de la Secretaría de Seguridad instruyó a los funcionarios a ser cuidadosos con este programa, para no incurrir en acciones que pudieran dar pie a delitos electorales o denuncias por desvío de recursos públicos y coacción del voto.

Janeth Abdala instó a los administrativos y mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública a no utilizar en sus conversaciones telefónicas o por radio palabras o mensajes acerca de las elecciones federales del domingo 5 de julio. “Nunca hablen de credencial o elecciones, siempre deben referirse al tema como programa especial y hacer los cambios por teléfono”, los instruyó.

Según el boletín 786 emitido ayer por la Sedecap, el gobierno estatal despliega un conjunto de acciones para blindar electoralmente los programas sociales y para “aplicar todo el peso de la ley —sin excepciones— a los servidores públicos que, abusando de las facultades que les confiere su cargo, usen recursos para desviarlos hacia propósitos partidarios”.

Entre estas acciones, de acuerdo con el mismo comunicado, figuran cursos sobre las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos, para cumplir debidamente sus actividades administrativas con honestidad, transparencia y la correcta rendición de cuentas, bajo el entendido de que los programas sociales del gobierno no son de ningún partido político, ni candidato.

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Simón dice:

“Cuando un hombre estúpido hace algo que le avergüenza, siempre dice que cumple con su deber”.

George Bernard Shaw (1856-1950). Escritor irlandés.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

¿Sabe usted qué político poblano asistió ayer a Iztapalapa a la firma de un convenio –sin precedente, según el comunicado oficial de la Presidencia de la República– entre la Secretaría de Seguridad Pública y el ISSSTE, para otorgar 22 mil créditos de vivienda a policías federales de todo el país?

Si le menciono que el senador Rafael Moreno Valle Rosas acudió a ese acto, quizás no le diga gran cosa, pero si le cuento que en el mismo participaron además el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, la dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales; el director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, y el líder nacional de la FSTE, Joel Ayala Almeida, como que la cosa cambia, ¿no?

¿O usted cree que la asistencia de Moreno Valle a esa firma de convenio fue una simple casualidad?

Espero que no.

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Alrededor de 50 trabajadores que actualmente laboran como checadores y cajeros en el Centro Comercial Angelópolis están a punto de ser despedidos, sin liquidación ni finiquito de por medio, una vez que empiecen a funcionar las nuevas casetas y máquinas de cobro del servicio de estacionamiento que ofrece esta plaza comercial a sus usuarios y clientes.

De hecho, se sabe que sus jefes ya les recomendaron buscarse otra chamba, pues lo más seguro es que antes del 30 de junio les den las gracias, sin siquiera pagarles una compensación.

¿Y las autoridades laborales?

¡Bien, gracias!

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El trato selectivo –¿o discriminatorio?– del jefe de prensa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Hugo Meza Guerrero, hacia algunos medios de comunicación, le generó ayer tremendo conflicto.

Hugo Meza se había organizado para llevar a La Célula a un grupo de reporteros, a fin de que acompañaran a su jefe, Javier García Ramírez, a supervisar el avance de los trabajos de esa magna obra que se realiza en el municipio de Oriental.

Sin embargo, y como era previsible, algunos reporteros que carecían de invitación se presentaron al sitio de partida, Casa Aguayo, lo que molestó al jefe de prensa, quien de manera poco comedida los bajó de la camioneta.

Así, los únicos que hicieron el viaje en la Suburban que los trasladó a La Célula fueron Pilar Bravo, Marco Aurelio Mirón, Violeta García, Patricia Alvarado y Fernando Mendoza, reporteros de Tribuna, Intolerancia, El Sol de Puebla, El Heraldo de Puebla, Puebla sin Fronteras e Imagen Poblana.

Los reporteros excluidos del pool de prensa fueron Joseline Santos y José Luis Moctezuma, de Al portador y ACIR, respectivamente.