Rodolfo Ruiz R.

Trivia:

¿Qué diputada local anda en lo oscurito tramitando una notaría pública, con el apoyo de su jefe, el gobernador Rafael Moreno Valle, y el malestar del gremio notarial por la inexperiencia y desconocimiento de aquella en el ejercicio de conferir fe pública de contratos y actos extrajudiciales, originados en el marco del derecho privado, de naturaleza civil y mercantil?

Aquí algunos tips:

Es abogada de profesión y maestra en Relaciones Internacionales, diputada local, senadora suplente y poseedora de un ego tan grande que su inflamado curriculum es el único que se repite dos veces en el portal del Congreso del estado con frases como las siguientes:

“Su consolidación como funcionaria pública llegó con el cargo de Secretaria de la Contraloría en enero de 2011, en donde impulsó una Administración Pública moderna, eficaz y eficiente.

“Contribuyó en la elaboración de la Ley de Transparencia, logrando que ésta se colocara en la quinta mejor ley a nivel nacional, con respecto a esta materia.

“En su paso por la Contraloría, proyectó la labor de la Dependencia a nivel nacional, a través de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, de la cual fue Coordinadora de la Región Centro Golfo Istmo.

“En el Senado de la República, fue asesora del Senador Rafael Moreno Valle y de la Senadora Leticia Jasso Valencia a quienes apoyó mediante la elaboración de iniciativas de Ley y Puntos de Acuerdo”.

¡Uff!

Pronto le daré más detalles.

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Juan de Dios Bravo Jiménez, quien había renunciado a la delegación de Liconsa para sumarse a la campaña de Blanca Alcalá Ruiz a la gubernatura de Puebla, ya está de regreso en esta empresa de participación estatal mayoritaria, pero ahora como encargado de despacho.

Será hasta dentro de un mes cuando el Consejo de Administración de Liconsa que preside el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva analice si vuelve a nombrarlo delegado en Puebla.

Otros que también ya volvieron a ocupar los cargos que tenían en la administración pública federal son Cutberto Cantorán Espinosa y Adela Cerezo Bautista; el primero regresó como delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), y la segunda como delegada del Registro Agrario Nacional (RAN). Ambos habían renunciado para hacer trabajo electoral en los recientes comicios: Cutberto en la Mixteca y Adela en San Martín Texmelucan.

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Dos interesantes temas que marcan la posición de la Iglesia Católica sobre las bogas gay y los falsos sacerdotes son los que aborda el semanario Angelus, de la Arquidiócesis de Puebla, en su más reciente ejemplar que este domingo comenzará a circular en las principales parroquias y templos de la entidad.

Con el título ¿Qué es la ideología de género?, la Arquidiócesis hace un llamado a sus feligreses a defender la familia de estas ideas que buscan destruir los conceptos de familia, maternidad y matrimonio, para promover la liberación sexual de la mujer de la supuesta y agravada opresión del hombre.

El segundo texto se titula Sacerdotes piratas, y en él se advierte a los creyentes católicos de la proliferación de falsos curas que se prestan a realizar misas, a celebrar matrimonios y a impartir otros sacramentos en recintos no autorizados por la Iglesia como jardines, salones de fiesta, hoteles y ex haciendas.

En este material la Arquidiócesis da siete recomendaciones a sus feligreses para no caer en manos de estos falsos sacerdotes, que por lo general son personas que han trabajado como sacristanes o que algún tiempo estuvieron vinculados a un seminario.

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Un asunto espinoso para el gobierno del estado y del cual ha guardado un ominoso silencio, pese a las observaciones que en su momento le hizo la Auditoría Superior de la Federación, es la compra sobrefacturada de 1,690 motocultores en 2012.

El sobreprecio de estos equipos agrícolas, incluyendo sus implementos, es de escándalo, pues la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado supuestamente los adquirió en 114 mil 994 pesos cada uno, pese a que su costo real fluctúa entre 21 mil 834 y 25 mil 475 pesos.

¿Qué funcionario o funcionarios de la Secretaría de Finanzas son responsables de este fraude y daño patrimonial?, es tema que la Secretaría de la Contraloría del estado aún no responde a más de nueve meses de que se hicieron públicas estas irregularidades.

La Contraloría tampoco ha dicho qué funcionarios fueron los responsables de alterar los expedientes y falsificar en las actas de entrega-recepción las firmas de los supuestos beneficiarios de estos motocultores, que fueron comprados a sobreprecio a dos proveedores pertenecientes a un mismo grupo empresarial, Comercom SA de CV, sin que los campesinos y agricultores pudieran elegir las características, marca o empresa fabricante.

Otra cuestión que no deja de resultar extraña, por no decir sospechosa, es por qué ninguno de los últimos titulares de la Contraloría estatal —Irma Patricia Leal Islas, Eukid Castañón Herrera, María Catalina Daza Hernández y Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz— se haya tomado la molestia de investigar un posible tráfico de influencias o pago de facturas políticas de esas infladas compras de equipo agrícola.

O es normal, pregunto, que el principal proveedor de motocultores al gobierno del estado, el empresario Roberto Arandia Gutiérrez, sea el mismo que suministró el material propagandístico que Rafael Moreno Valle repartió en su campaña de gobernador a través de la misma empresa comercializadora.

A nueve meses que la Auditoría Superior de la Federación hizo del conocimiento del gobierno del estado un conjunto de anomalías en la aplicación de los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola, y por el cual se le emitió un pliego de observaciones por 107 millones 893 mil pesos, valdría la pena qué aclare varias cuestiones que a la fecha siguen en la opacidad, a saber:

¿Quién autorizó la adquisición de motocultores al cuádruple de su precio? ¿Qué funcionarios de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Rural no administraron con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola?

¿Quién autorizó el pagó a Grupo Comercom SA de CV, sin advertir el sobreprecio de los equipos que estaba suministrando al gobierno del estado?

¿Quién pagará el daño patrimonial de este fraude?

¿A quién se están comprando y a qué precios los nuevos motocultores que sigue repartiendo el gobernador Rafael Moreno Valle en sus giras de trabajo?

¿A poco al mismo Roberto Arandia Gutiérrez?

¿Esta información se hará pública o, como suele ocurrir con proveedores y empresas consentidas en este sexenio, se reservará por siete o doce años?

Conste que son preguntas.

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Este domingo estuvieron en Tehuacán echándose un molito de caderas la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el subsecretario de la dependencia, Juan Carlos Lastiri Quirós; la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes, y el actual delegado del INAES en el estado de Chiapas, Marco Antonio Balseca Romero.

El punto de encuentro fue el restaurante del hotel Villa Blanca.

Un día antes, la secretaria Rosario Robles y el subsecretario Juan Carlos Lastiri estuvieron en Oaxaca, en el cuarto informe de gobernador Gabino Cué Monteagudo.

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San Pedro Cholula, Puebla, 19 de noviembre de 2014

1. Rodolfo Ruiz Rodríguez

Autor de la columna La Corte de los Milagros

Presente

Sirva este medio para aclarar el tema al que se refiere hoy en su columna titulada «Motocultores, corrupción al descubierto» en la que se pretende confundir a sus lectores al hacer afirmaciones sin fundamento.

1. En primer lugar, debe usted saber que no existen las irregularidades que menciona, además de carecer de pruebas, las instancias correspondientes solventaron en tiempo y forma las observaciones que hizo en su momento la Auditoría Superior de la Federación.

2. Es importante que sepa que las Reglas de Operación del programa que menciona, son emitidas por el Gobierno Federal a través de la SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) mismas que esta administración ha cumplido cabalmente en beneficio de los productores.

3. Resulta imprescindible aclarar que el Gobierno del Estado no adquiere mototractores; la lógica de los programas en coejercicio con la Sagarpa, es atender a la demanda y la responsabilidad de la administración estatal es la recepción de los expedientes de los sujetos de apoyo para dictaminar la pertinencia de los mismos.

4. Es importante resaltar que las Reglas de Operación establecen que, una vez que los expedientes cumplen con los requisitos previstos en éstas, son los beneficiarios quienes eligen al proveedor, el cual, debe cumplir para el caso de maquinaria, con la certificación del OCIMA.

5. En este sentido, cabe señalar que durante 2012, sólo había una marca de motocultores que cumplía con dicha certificación, pues una empresa adicional que tenía el certificado, sólo vendía mototractores, que son equipos con características técnicas inferiores. Si los beneficiarios eligen una empresa que carezca de la certificación del OCIMA, no son susceptibles de apoyo para la adquisición de un mototractor.

6. Finalmente, reiteramos que esta administración cumplió en tiempo y forma con la solventación de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, y está en espera de que dicha Instancia emita las observaciones finales.

Sin más por el momento y en espera de que publique esta carta como corresponde al Derecho de Réplica, para que sus lectores estén correctamente informados, quedo de usted.

Atentamente

Avelino Hernández Vélez

Enlace de Comunicación Social

A los supervisores escolares de la Secretaría de Educación Pública les cayó como una patada en los bajos, la circular que este jueves reenvío el director general de Educación Superior, José Antonio Fraga Valle, advirtiéndoles que la Secretaría de la Contraloría  podría sancionarlos si en estas fiestas decembrinas ellos o su personal aceptan obsequios cuyo monto rebase los diez salarios mínimos.

La circular en cuestión está suscrita por el contralor del estado Eukid Castañón Herrera y está dirigida a los titulares de dependencias y entidades de la administración pública estatal, a quienes se conmina a remitir a la Contraloría, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de su recepción, los regalos u obsequios que superen el monto autorizado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Insuficientes los activos del Soapap

Una de las razones que más pesó en la decisión de concesionar por 30 años  los servicios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), es el monto que el gobierno del estado habría tenido que invertir en los próximos años para garantizar el suministro del vital líquido en la Angelópolis y en algunos municipios conurbados.

Se estima que esta inversión rondará los tres mil millones de pesos, cifra que la empresa ganadora de la licitación tendrá que desembolsar entre 2014 y 2017 para mantener los servicios de agua potable en la capital y comenzar a recuperar su inversión.

Dicha cantidad no podía salir de los activos del Soapap —que ascienden a más de 9 mil millones de pesos—, porque un alto porcentaje de la cartera vencida es incobrable y la mayoría de los bienes propiedad del organismo no son sujetos de enajenación por tratarse de pozos y la red de distribución del agua potable.

La cartera vencida del Soapap ascendía en diciembre de 2012 a 3 mil 43 millones de pesos, y los 447 inmuebles del organismo—de los cuales 266 no están regularizados— a 5 mil 686 millones 591 mil pesos.

Para cubrir esa inversión, el gobierno del estado o el Soapap habrían tenido que recurrir a un nuevo crédito. De ahí que se optó por la alternativa de mejor concesionar los servicios del Soapap con el propósito de que un particular inyectara los 3 mil millones de pesos que se requieren en el corto plazo para garantizar el suministro de agua potable en la capital del estado.

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Crece la oposición al líder charro Carlos Cassellis

La negativa de revisar en más de tres años los salarios de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación podría hacer crisis en los próximos días en Puebla y otras entidades del país.

En el estado el malestar de los trabajadores es aún mayor por la falta de democracia sindical, ya que su actual dirigente Carlos Cassellis Vázquez, quien se ha mantenido en la Secretaría General por ocho años ocho meses, pretende una reelección más.

La renovación de la dirigencia sindical debió llevarse a cabo en abril, pero se ha venido posponiendo  con la complicidad del dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Juan Bautista Reséndiz.

Tres son los aspirantes que podrían disputarle a Carlos Cassellis la representación sindical de los trabajadores de Puebla: Jaime Serrano Alva, del grupo del exdirigente Esteban Velázquez González; Antonio Pedraza Mayoral, quien ya ha participado en anteriores procesos; y el opositor Guadalupe González Vargas, de la planilla denominada Transformación y Transparencia Sindical.

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Observaciones hechas por la ASF en 2010, se repitieron en 2011

Salud no ejerció 371 mdp del FASSA y no hay responsables

¿Qué tan reales o tan efectivos son los procesos administrativos iniciados por la Secretaría de la Contraloría del estado para corregir o evitar que se repitan las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el uso y aplicación de distintos fondos federales?

Esta interrogante viene a cuento por las observaciones que la ASF hizo al gobierno del estado sobre el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA-2011), varias de cuales ya habían sido advertidas en la cuenta pública de 2010.

En 2011, la entidad recibió de la Federación, por concepto de transferencias de dicho fondo, la cantidad de 2 mil 226 millones 744 mil pesos, de los cuales 371 millones 534 mil pesos (equivalentes al 16.7% del total) no se ejercieron o aplicaron durante ese año, por lo que a juicio de la ASF “el Gobierno del Estado de Puebla no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política del estado en materia de salud”.

Entre las anomalías que la ASF detectó en 2010, y que en 2011 se repitieron, destacan las siguientes:

• La ausencia de mecanismos de control que aseguren un manejo adecuado y transparente de los medicamentos e insumos médicos en los diferentes centros de salud del estado.
• La entrega incompleta de ciertas claves de medicamentos contratados para abastecer los centros de salud y de medicinas prescritas en las recetas médicas de los pacientes.
• La omisión de publicar en el Periódico Oficial del estado los formatos e indicadores en los que se informe de manera pormenorizada del avance físico de las obras y acciones del FASSA.
• La negativa a convocar a las instancias técnicas locales para que evalúen el ejercicio contable y presupuestal de los recursos del FASSA 2011, trimestre por trimestre.

Estas irregularidades, que ya se habían observado en la cuenta pública de 2010, lograron solventarse en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 11-A-21000-02-0713, mediante el inicio de procedimientos de determinación de responsabilidades iniciados por la Contraloría del estado en contra de los servidores públicos involucrados en los expedientes 101/2012 BIS, 98/2012, 84/2012 y 85/2012.

¿Qué fin tuvieron o tendrán estos procesos?

¿Acaso el mismo de los iniciados con motivo de la auditoría al FASSA 2010?

¿O alguien sabe de algún funcionario de la Secretaría de Salud que haya sido sancionado, multado o suspendido por haber sido encontrado responsable de estas fallas?

Fallas o anomalías que tampoco son menores, considerando que la Secretaría de Salud dejó de ejercer en 2011 más de 371 millones de pesos que, como ya se mencionó, representan el 16.7% del total de recursos del FASSA y por los cuales se inició el procedimiento 78/2012.

O aquellas que obligaron al gobierno del estado a reintegrar a la Federación más de 5 millones que destinó al pago de vacunas, eventos y celebraciones no autorizados en la normativa del FASSA, y que dieron origen a otros dos expedientes: el 67/2012 (por más de 352 mil pesos correspondientes al pago de médicos que no acreditaron ser tales) y el 95/2012 (por otros 428 mil pesos de sueldos de un servidor público asignado a la Comisión de Arbitraje Médico, área no autorizada para ser financiada por recursos del FASSA).

EN CORTO

Tómelo con reserva, pero es probable que la composición que hoy se maneja de la LIX Legislatura local no sea definitiva, pues todavía podrían darse algunos cambios.

El PAN, que hoy tiene 14 diputados, incluyendo entre ellos al ex secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, podría llegar a 15 o 16.

Dos diputados que hoy se contabilizan como integrantes del PRD y PNA, en realidad son miembros activos del PAN: Rubén Maximiliano Huitrón Esquivel, quien llegó como el gran perdedor, y María del Rocío Aguilar Nava.

Con ellos ocurrió lo mismo que con Manzanilla: llegó al Congreso como posición de Compromiso por Puebla, a pesar de ser miembro activo del PAN.

Rubén Huitrón llegó a la coalición Puebla Unida con el padrinazgo del senador Luis Miguel Barbosa Huerta, en el distrito 25 con cabecera en Tehuacán, aun cuando su nombre figura en el padrón del PAN.

Lo mismo sucede con Rocío Aguilar, que fue registrada como cuota de PNA cuando es militante activa del PAN. Hace tres años, incluso, contendió como candidata a la presidencia municipal de Acatlán, cabecera del distrito 23.

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