Un personaje célebre entre los funcionarios y proveedores de la Secretaría de Salud del estado es Dionisio Rodríguez Rodríguez, compadre del titular de la dependencia, Roberto Morales Flores.

Su fama de bribón, ya proverbial en los pasillos de la Secretaría, llegó a límites de escándalo en diciembre pasado cuando a través de dos de sus empresas –Comercializadora Sevilla y DR Sagitario– se embolsó 23 millones de pesos.

Dicha cantidad cubría, supuestamente, un requerimiento de papelería y artículos de oficina solicitados por la Jurisdicción de Huejotzingo. Y digo supuestamente porque la magnitud del pedido rebasa con mucho las necesidades de la Secretaría de Salud y sus diez jurisdicciones sanitarias.

Lo escandaloso del caso no es el que requerimiento de ¡23 millones de pesos! haya sido autorizado y pagado por el recién destituido director de Finanzas y Administración, José Luis Palafox Krayevsky, sino que la papelería y los artículos de oficina ni siquiera fueron surtidos.

Así como lo lee.

El atraco fue tan descarado que tuvo intervenir la Contraloría del estado y obligar a Dionisio Rodríguez no a devolver los 23 millones de pesos, sino a entregar la mercancía, cosa que hizo hasta abril de este año.

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La ex regidora panista del ayuntamiento de Puebla, Jacqueline Littardi Meléndez, que en las pasadas elecciones locales se dejó ver en algunos actos de candidatos del PRI, es ya parte del equipo de campaña de Enrique Doger Guerrero a la gubernatura de Puebla.

Esta semana, la ex regidora en la gestión dogerista formalizó su incorporación al Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), es decir, la plataforma política utilizada por el también ex rector de la UAP para promoverse como aspirante a la gubernatura del estado.

Además de Jacqueline Littardi, se espera que en los próximos días hagan lo propio militantes priístas –identificados con el marinismo– y perredistas de Huauchinango y Villa Juárez.

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Este mediodía asumirá oficialmente la diócesis de Tlaxcala, acéfala desde 2006 tras la muerte del obispo Jacinto Guerrero Torres, Francisco Moreno Barrón, quien antes de su designación se desempeñaba como obispo auxiliar de Morelia.

Se espera a su ceremonia de consagración, en el seminario de Y griega, asistan no sólo prominentes miembros del clero mexicano, como el nuncio apostólico Christophe Pierre y 20 obispos mexicanos, sino autoridades civiles, como el gobernador panista Héctor Ortiz Ortiz y un buen de presidentes municipales de la vecina entidad.

Moreno Barrón llegará a la vivir a la diócesis de Tlaxcala, cuya sede fue totalmente remodelada con recursos del gobierno del estado (algo que parece estar de moda), y a resolver un primer conflicto religioso en San Pablo del Monte, donde los lugareños no quieren al sacerdote que les enviaron como párroco.

La diócesis tlaxcalteca se integra con 65 parroquias, 16 capillas, 165 sacerdotes, 233 religiosas y 23 religiosos.

El nuevo obispo Francisco Moreno Barrón es oriundo de Salamanca, Guanajuato, tiene 54 años, estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Morelia, y el 2 de febrero de 2002 fue ordenado obispo titular de Gaguari y auxiliar de Morelia.

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Dos poblanos figuran en la lista de 75 aspirantes a ocupar una de las tres plazas de consejeros generales del Instituto Federal Electoral (IFE), que quedarán vacantes el próximo 15 de agosto: Alfredo Figueroa Fernández y Maurcio García León.

Ambos, por cierto, serán entrevistados por los diputados que integran la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el mismo día, jueves 28 de mayo, aunque en distintas horas.

Figueroa funge actualmente como consejero local del IFE y en la anterior convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, de la que salieron como nuevos consejeros Leonardo Valdés, Benito Nacif y Marco Baños, fue uno de los finalistas con la segunda mejor calificación de los 35 que se colaron a la última ronda.

Maurcio García León, el segundo de los poblanos, fue secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, en la gestión de León Dumit Espinal, director Jurídico del Instituto Electoral del Estado, y secretario general del ayuntamiento de San Pedro Cholula en la pasada administración municipal. Es hijo del ex procurador y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando García Rosas.

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Trivia facilona.

¿Quien es el diputado federal poblano que ya incursionó en el vecino estado de Tlaxcala como concesionario de un expendio de Pemex, dedicado a la venta de gasolina y diesel?

Tres tips.

Es priísta y uno de los más influyentes por la Comisión que preside en San Lázaro.

Su inversión se ubica en el municipio de Apizaco.

Tuvo que desembolsar 200 mil pesos en mordidas para la apertura de su establecimiento.

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Ayer rindió protesta como nuevo director de Finanzas y Administración de la Secretaría de Salud Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, en sustitución de José Luis Palafox Krayevsky, quien desde hace meses había perdido la confianza del gobernador Mario Marín Torres, que lo puso ahí.

Al darle posesión de su cargo, el secretario de Salud Roberto Morales Flores exhortó a los funcionarios de la dependencia a trabajar con unidad y armonía, haciendo de lado los chismes e intrigas que afectan la imagen del gobierno y la institución.

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Desde el miércoles 7 de mayo, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) es objeto de una auditoría que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El motivo, según trascendió, son diversas omisiones en el pago de seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios en la institución universitaria por un monto de 14 millones de pesos.

Como responsables de esta irregularidad aparecen Alejandro Fernández, Urbano Ponce, Clara Elena Torres, María de los Ángeles Sánchez, Gonzalo Gómez, Alfredo Miranda y Javier Cabanas.

Se sabe que como parte de la auditoría el IMSS también investiga la existencia de algunas empresas “fantasma” utilizadas para evadir o eludir impuestos y el pago de seguridad social.

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Ayer le comentaba que se recibió en mi oficina un sobre color manila, de parte de una persona de entre 35 y 40 años que no quiso identificarse, con información interesante sobre proveedores y funcionarios de la Secretaría de Salud involucrados en pingües negocios.

En las 10 hojas tamaño carta contenidas dentro del sobre se describen de manera cronológica algunos cambios y nombramientos al seno de la Secretaría de Salud, y el rol que han jugado algunos proveedores con esos funcionarios, ya sea en su ascenso o en su caída.

A grosso modo, el informe se centra en tres funcionarios, que en distintos momentos, fueron designados como contrapeso del secretario Roberto Morales Flores. Ellos son Marco Antonio Rivera Martínez, quien fue separado de la Dirección de Operación e Infraestructura; Alejandro del Castillo Ávila, quien por unos cuantos meses fue nombrado coordinador de Administración y Finanzas; y Leopoldo Eusa Dobbie, quien actualmente despacha como director de Operación e Infraestructura.

Y en tres proveedores que, todavía hoy, siguen haciendo millonarios negocios con la venta y renta de equipo médico, hospitalario y de oficina, con contratos y pólizas de servicios de mantenimiento y con suministro de todo tipo de bienes a la Secretaría de Salud: Rafael Zabalza Veraza, Dionisio Rodríguez y Genaro Castillo Gómez.

El documento dedica especial atención en el último de los proveedores y su intrincada red de corrupción, tejida en más de un sexenio y que involucra, según esta denuncia anónima, a una docena de funcionarios de la Secretaría, entre los que figuran el secretario, jefes de departamento, almacenistas y recepcionistas.

Además se acompaña de un mensaje a este reportero y de una presunta carta enviada en enero de 2006 a Fortino Morales Pacheco, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, en la que se advierte sobre la existencia de un video que registra una conversación de negocios entre Genaro Castillo y el entonces diputado local Fernando Morales Martínez.

El anónimo, cuya información aún corroboro con funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Salud, es rico en detalles sobre los padrinos políticos de los proveedores y su modus operandi.

Según estas mismas fuentes, Rafael Zabalza se mete al año entre 250 y 300 millones de pesos por la venta y renta de equipos médicos y hospitalarios por conducto de distintas empresas en las que no siempre aparece como socio, pues se vale de diferentes prestanombres.

Lo curioso es que las empresas de Zabalza únicamente le trabajan al sector salud en Puebla.

Lo mismo sucede con el compadre de Roberto Morales, Dionisio Rodríguez, que opera a través de dos compañías: D R Sagitario y Comercializadora Sevilla, y con Genaro Castillo que tiene operando a más de diez empresas como proveedoras de la Secretaría de Salud, que lo mismo arreglan un refrigerador o dan mantenimiento a computadoras y aparatos de oficina, que surten de equipo e instrumental médico a las clínicas y hospitales de las jurisdicciones sanitarias.

Conservadoramente, Dionisio Rodríguez y Genaro Castillo se embolsan cada año, sólo como proveedores del sector salud, no menos de 50 millones de pesos, descontando por supuesto lo que salpican hacia arriba, hacia abajo y a los lados.

Pronto le tendré más información.

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