Hasta julio, Blanca Alcalá pagaba a 34 “asesores”
Roberto Domínguez, ¿al arzobispado de Puebla?

Si mucho se criticó en la gestión de Enrique Doger Guerrero la abultada nómina del ayuntamiento de Puebla, sobre todo de algunas áreas, en los casi ocho meses que van de la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el personal, los sueldos y salarios de la burocracia municipal siguen creciendo.

En la primera quincena de febrero, la oficina de la presidencia municipal tenía 42 empleados y el gasto en nómina de éstos ascendía a 323 mil pesos mensuales, pero en la primera quincena de julio el número creció a 58 empleados y el gasto se disparó a 708 mil pesos.

Lo mismo pasó con la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que pasó de 20 a 37 empleados, y de 323 mil pesos a 625 mil pesos mensuales, y la oficina de Políticas Públicas e Innovación Gubernamental que de 7 empleados creció a 65, y su nómina aumentó de 154 mil pesos a 826 mil pesos mensuales.

De la primera quincena de febrero a la primera quincena de julio la nómina del Cabildo se incrementó en 75 mil pesos mensuales, la de Sindicatura en 173 mil pesos, la de Gobernación Municipal en 210 mil, la de Desarrollo Social en 246 mil, la de Gestión Urbana y Obra Pública en 429 mil, la de Desarrollo Económico en 224 mil, y la de Administración en 526 mil.

En ese mismo periodo, las únicas dependencias donde el personal no creció, sino que disminuyó, lo mismo que el costo de su nómina fueron la Secretaría del ayuntamiento, la Tesorería, la Contraloría, la Coordinación de Comunicación Social, y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La plantilla de personal de la Secretaría del ayuntamiento se redujo de 212 a 205 empleados, y la nómina mensual en 75 mil pesos; en Tesorería hubo 47 plazas menos y una disminución de 66 mil pesos; en Contraloría 12 plazas menos y un ahorro de 41 mil pesos, y en Comunicación Social 6 plazas menos y un desembolso menor en nómina de 27 mil pesos mensuales.

En la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal el personal en nómina también disminuyó de febrero a julio, al pasar de 1,153 a 1,121 plazas, con un ahorro de casi 50 mil pesos mensuales.

A pesar de estas reducciones, la nómina del gobierno municipal de Blanca Alcalá hoy es mayor con respecto al mes de febrero en que asumió el cargo.

De acuerdo con el reporte proporcionado por la Dirección de Recursos Humanos del ayuntamiento al reportero Erick Almanza, con base en la solicitud de información registrada bajo el folio 67108, en febrero había 1,684 empleados de base, 597 pensionados y 2,174 empleados de honorarios, mientras que en agosto existían 1,593 trabajadores con base, 618 pensionados y 2,594 contratados bajo el régimen de honorarios.

En febrero, el costo mensual de la nómina ascendía a 33 millones 241 mil pesos, en julio de disparó a 40 millones 316 mil pesos y en agosto a 39 millones 534 mil pesos.

Pero si el incremento en la nómina es criticable, más lo es la lista de 34 asesores adscritos a la Presidencia Municipal, con sueldos que van de los 20 mil a los 35 mil pesos mensuales.

Hasta el mes de julio, en la lista se asesores de la presidenta municipal de Puebla figuraban Luz María Aguirre Barbosa, José Octavio Castilla Kuri y María Antonia Martínez Silva, con 35 mil pesos mensuales cada uno;

Óscar René Carrillo Solís, Héctor Javier Cesín Rojas, María González Hernández, Joaquín Maldonado Ibargüen y José A. Martínez Hernández, con 30 mil pesos cada uno;

Miguel Ángel Ponce Morales y José Raúl Castillo y Ramírez, con 27 mil 416 pesos y 27 mil pesos mensuales, respectivamente;

Eduardo Alcántara Montiel, Sergio Arroyo Granados, Jerónimo Ramón Balderas Ruiz, Demetrio Canseco Enríquez, Felipe de Jesús Flores Núñez, Carlos Gallardo Arroyo, Juvenal González González, José Gutiérrez y Herrera, Ricardo Mejía López, Israel Ramírez Minor, José Javier Ramírez Ponce, Rodolfo Reyes Coria, Francisco Valencia Ponce y Margarita Vázquez Rico, con 25 mil pesos mensuales cada uno;

También Mariana Navarrete Little, con 24 mil pesos; y Arturo Bertado Flores, Libya Carrillo Romero, Marcela Domínguez Cuanalo, P. González Rubio Martínez, Ramón López Rubí, Rafael Morales Juárez, Yolanda Robles de la Torre y Miguel Rodríguez Valtierra, con 20 mil pesos mensuales cada uno.

EN CORTO
Un obispo poblano que a la fecha no ha sido mencionado como posible sucesor de Rosendo Huesca Pacheco al frente de la Arquidiócesis de Puebla, pero que podría dar la sorpresa es Óscar Roberto Domínguez Couttolenc.

El actual obispo de Tlapa de Commonfort, Guerrero, tiene 52 años y ha sido misionero de la Iglesia Católica en países de África.

Roberto Domínguez ingresó al Seminario del Instituto de María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras en 1972, y 11 años más tarde se ordenó como sacerdote.

Antes de que el Papa Benedicto XVI lo nombrara obispo de Tlapa, en marzo de 2007, Roberto Domínguez estuvo como vicario en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, en Monterrey; como misionero en Ngong, Kenia, y como director administrativo de la Universidad Intercontinental de México y Vicario General de la Congregación Misioneros de Guadalupe.

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El viernes por la tarde, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López designó a Rodolfo Carrillo Luna como coordinador de Servicios de Salud, en sustitución de Ricardo Villa Issa.

Rodolfo Carrillo es cirujano militar y se ha desempeñado como director general de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y como miembro de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

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Entre los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de San Pedro Cholula no han caído nada bien las intenciones del ex munícipe Juan Pablo Jiménez Concha de hacerse de la nominación del PRI a la diputación federal por el distrito 10, y menos cuando parte de su estrategia de posicionamiento está basada en criticar la gestión del actual presidente municipal, Francisco Covarrubias Pérez.

El malestar de los actuales funcionarios cholultecas radica en que buena parte de los reclamos que hoy enfrentan tienen su origen en problemas y rezagos acumulados en la anterior administración municipal, que no sólo redujo a la mitad las participaciones a las 13 juntas auxiliares, sino que incumplió con una serie de obras que Jiménez Concha prometió realizar durante su trienio.

A esta situación hay que agregar el hecho de que funcionarios que vienen de la pasada administración, como el director de Gobernación, Fernando Ortiz Aldana y la directora de Cultura, Guadalupe Galindo Vega, lejos de sumarse e integrarse al equipo de Francisco Covarrubias se la pasan jugando al solitario en su oficina, o promoviendo a Jiménez Concha como aspirante a la diputación federal.

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Ayer, el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, quiso aprovechar el Día de la Raza para reunir a 2 mil campesinos en las instalaciones de la SDS en la colonia Humboldt, pero sólo llegaron 500.

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La apertura de un bar en Xicotepec de Juárez, a unos cuantos metros del templo de San Juan Bautista podría generarle a la Secretaría de Gobernación del estado y a su titular Mario Montero Serrano un pleito innecesario con la Iglesia Católica, por culpa uno de sus subordinados.

Y es que el bar es propiedad ni más ni menos que de Alán Santos Valderrábano y su hermano Iván, este último delegado de Gobernación en Xicotepec.

El bar “El Gallo”, que no es nuevo, se localizaba a tres cuadras de donde hoy pretende ser reubicado, en la avenida principal, a 60 metros de la iglesia de San Bautista y en las inmediaciones de varios centros escolares.

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Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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A manera de broma, esta es la pregunta que no pocos funcionarios de los Servicios de Salud del estado de Puebla se hacen sobre la negativa de Antonio Marín López de firmar el acta de entrega-recepción de la Secretaría a su cargo.

Y es que a 12 días haber rendido protesta como titular de la dependencia, Marín López no ha tenido tiempo de recibir oficialmente la oficina por parte de quien quedó como encargado de despacho a la renuncia de Roberto Morales Flores a la Secretaría de Salud, Ricardo Villa Issa, ni de firmar el acta correspondiente.

El problema es que su omisión constituye una violación del artículo 27 de Ley Orgánica de la Administración Pública del estado y del reglamento interior que fija un plazo de cinco días para llevar a cabo el proceso de entrega-recepción.

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Esta semana o la siguiente, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática por fin podría tomar una decisión sobre las elecciones de dirigentes estatales del sol azteca que fueron impugnadas, entre ellas la de Puebla.

De buena fuente, puedo adelantarle que la impugnación del triunfo obtenido por Miguel Ángel de la Rosa Esparza en los comicios del domingo 16 de marzo no pasará, por lo que éste será ratificado como presidente del Comité Ejecutivo Estatal, lo que no dejará conforme a la actual presidenta del partido, María Elena Cruz Gutiérrez, quien de hecho ya tiene asegurada una posición en Convergencia.

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Trivia:

¿Quién es el funcionario estatal metido en pingüe negocio con las estructuras de acero y las láminas que existían en el extinto recinto ferial y que fueron desmontadas por la empresa encargada de las obras del nuevo Centro Expositor en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, para llevarlas al estado de Guanajuato en la construcción de naves industriales?

Un tip: el susodicho quiere ser diputado federal, proyecto en el que ya trabaja con al menos tres consultoras de la capital del país -porque en las locales no cree ni les paga cuando éstas le advierten que su posicionamiento e intención de voto es muy bajo en el distrito de Atlixco- y cuyos servicios son cubiertos con dinero público del estado.

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Por cierto, a la reunión que ayer el gobernador Mario Marín Torres tuvo con los diputados federales de Puebla y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja, para presentar los proyectos que desean sean incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2009, no acudió el secretario de Finanzas y Administración del estado, Gerardo María Pérez Salazar, sino quien en los hechos maneja la dependencia, el subsecretario de Egresos, David Villa Issa.

La reunión, como se anticipó, estuvo desangelada, pues de los 20 miembros que integran la Comisión de Egresos sólo estuvieron 6, entre ellos el presidente y el secretario, aunque el primero llegó tarde.

Ambos recibieron del ejecutivo una carpeta de los proyectos y obras que las autoridades de Puebla esperan sean consideradas en el Presupuesto de Egresos del año entrante por más de 9 mil millones de pesos.

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Ignora quiénes son Villa Issa, George y Eusa 
Margina comuna al PAN de festejos patrios

Antonio Marín López tuvo un mal comienzo como secretario de Salud del estado.

Y no me refiero sólo a lo anecdótico, después de que el viernes por la tarde se presentó a sus oficinas y los vigilantes del edificio no lo dejaban entrar, con el consabido: “¿Y usted quién es?” o cuando más tarde tuvo que solicitar 200 pesos prestados para pagar un taxi que lo llevara a su domicilio.

No. Para nada. Aludo a su primer encuentro –o, mejor dicho, desencuentro– con los coordinadores, directores, subdirectores, jefes de jurisdicciones sanitarias y jefes departamentales de la Secretaría de Salud, el sábado al mediodía.

En esa reunión, a la que asistieron unas 150 personas, Antonio Marín no sólo mostró un talante soberbio y displicente que no se le conocía, sino su ignorancia sobre coyunturas y personajes en la dependencia, de la que ya fue titular, pero hace diez años, en las postrimerías del sexenio de Manuel Bartlett Díaz.

Sobrado, el nuevo secretario de Salud dijo que él no pidió venir a Puebla, sino que se lo pidieron, y que en esa circunstancia él le puso al gobernador Mario Marín Torres varias condiciones antes de aceptar el nombramiento, entre ellas la posibilidad de remover libremente a los funcionarios y empleados de confianza de la Secretaría de Salud.

“He girado instrucciones al área de Recursos Humanos para que elabore un formato de renuncia y se firme con esta fecha en blanco”, fueron las palabras del médico hematólogo a los cerca de 150 servidores públicos que el sábado acudieron a la Secretaría de Salud para conocer a su nuevo jefe.

El mensaje de Marín López no sólo dejó un mal sabor de boca entre el personal, por las amenazas y contradicciones en que incurrió, sino que evidenció su desconocimiento del sector y la Secretaría.

A los coordinadores, directores, subdirectores, jefes departamentales y jefes jurisdiccionales les dijo que llegaba a la Secretaría de Salud sin gente, con el ánimo de buscar la unidad y sumar esfuerzos, pero al mismo tiempo les exigió a todos su renuncia y les comunicó su decisión de revisar si los nombramientos y ascensos escalafonarios que hoy tienen o han conseguido en los últimos años, podrán mantenerlos.

Sin haber firmado siquiera el acta de entrega-recepción, el nuevo secretario anunció que recortará gastos de celular, combustible y mantenimiento vehicular, ya que hay muchos coches en la calle con el logotipo de la Secretaría que fuera de horarios de oficina son utilizados como transporte familiar.

Otra cuestión que sorprendió a los asistentes de la sabatina reunión, fueron sus críticas tanto al organigrama como a la estructura operativa de los Servicios de Salud, y su ignorancia de que uno y otro no obedecían a un capricho o decisión discrecional de su antecesor en el cargo, Roberto Morales Flores, sino a resolutivos de la máxima autoridad en la dependencia: la Honorable Junta de Gobierno.

El colmo de su desconocimiento –y que pudo ser captado por todos los presentes– fue cuando, al revisar la estructura médica, preguntó quién era el coordinador de Servicios de Salud (Ricardo Villa Issa), quién el director de Atención a la Salud (Jorge George Sánchez), quién el coordinador de Administración y Finanzas (cargo actualmente acéfalo) y quién el director de Operación e Infraestructura (Leopoldo Eusa Dubbie).

Pregunto: ¿Puede alguien con esa ingenuidad y candor resolver los graves, gravísimos problemas, que hoy enfrenta la Secretaría de Salud del estado, por conflictos internos y pugnas de grupos, falta de presupuesto y personal, y corrupción y desvío de recursos públicos?

EN CORTO
Este día el grupo parlamentario del PAN hará llegar a la alcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, su inconformidad por haberlos excluido de las guardias de honor ante el lábaro patrio, en el patio del Palacio Municipal con motivo de los festejos de la Independencia de México.

Para los diputados panistas tal situación constituye una elemental falta de cortesía y protocolo por parte de la Presidencia Municipal, que es la encargada de organizar las guardias que cada año se realizan en la sede del ayuntamiento de Puebla.

De acuerdo con el programa oficial, los únicos legisladores locales invitados a montar una guardia ante la bandera nacional son el presidente del Congreso, José Othón Bailleres Carriles, y los priístas Jorge Alfonso Ruiz Romero, Bárbara Ganime Bornne, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Luis Alberto Arriaga Lila, Malinali Aurora García Ruiz y María Angélica Hernández Hernández, todos ellos diputados con distritos en la capital del estado.

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Este sábado ingresó de urgencia al Hospital Ángeles de Puebla, el secretario de Trabajo y Competitividad del estado, Pericles Olivares Flores, donde hasta anoche aún permanecía.  Se le asignó el cuarto 301.
De acuerdo con los primeros reportes, el ex presidente del Congreso del estado fue sometido a una cirugía para corregirle una hernia hiatal.
Se sabe, como dato curioso, que por esta misma situación han sido hospitalizados en los últimos 30 días el secretario de Desarrollo Económico, Antonio López Malo Capellini, y su subsecretario de Promoción Industrial, José Cornish Zamora.
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El expresidente municipal de Puebla aprovechó la Feria de Cholula y la fiesta de la Virgen de los Remedios, la más importante que se realiza en la región, y en la que lugareños y fuereños reviven el ancestral trueque en la Plaza de La Concordia, para hacerse presente como aspirante a la gubernatura del estado.

Durante su recorrido, que se inició en San Nicolás de Los Ranchos, donde ofreció una conferencia en el plantel que ahí tiene la UNIDES, Enrique Doger Guerrero estuvo acompañado por el ex presidente y ex diputado local cholulteca Alejandro Oaxaca Carreón.
Doger recorrió la feria, y durante su corrido aceptó la invitación de un profesor universitario para echarse unos tacos de cecina.
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Dicen los enterados que la propuesta de nombrar a Antonio Marín López como secretario de Salud del estado, en sustitución de Roberto Morales Flores, no partió originalmente de Puebla, sino del propio secretario del ramo a nivel federal, José Ángel Córdova Villalobos, cuando le hicieron llegar una terna de prospectos.
Esta, de acuerdo con la misma fuente, estaba integrada por Alfredo Arango García, director actual del Issstep; Ricardo Villa Issa, encargado de despacho de la Secretaría de Salud y coordinador de Servicios de Salud, y María Teresa Justo Janeiro, ex directora del Issstep y ex jefa de Servicios de Salud.
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A propósito.
Como parte de la natural reestructuración que tendrá que darse en el sector salud con el arribo de Antonio Marín López a la Secretaría del ramo, no descarte que el actual encargado de despacho regrese al Issstep, pero como director general, en sustitución de Alfredo Arango, y que éste sea sembrado en alguna posición revelante de la región de Tehuacán como posible aspirante a diputado federal  por el distrito 15.
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Quien ya también quiere dejar heredero en Tehuacán es el actual diputado federal panista, René Lezama Aradillas, en la persona de José Manuel Bulás Montoro, secretario particular del secretario de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez.
Por lo pronto este lunes, en un espacio radiofónico pagado por René Lezama, y conducido por Jaime Vázquez Miranda, el hijo del ex dirigente municipal del PAN, José Bulás, fue promovido sin ningún recato como un fuerte prospecto a la diputación federal.
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Vienen más cambios en la Secretaría de Salud
Lilia Vélez Iglesias, al consejo editorial de Notimex

De las diferentes lecturas que pueden hacerse de la comida de Mario Montero Serrano con motivo de su cumpleaños número 54, una inequívoca es que el marinismo aún no define quién será su hombre fuerte para las elecciones de gobernador en el 2010.

Esta situación me lleva a concluir que el llamado “delfín” del marinismo, el actual secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, podría estar perdiendo terreno frente a otros aspirantes o que el gobernador estaría abriéndose a otras alternativas que hasta hace poco parecían descartadas.

Uno de los primeros dilemas que los marinistas tendrán que resolver en el proceso de sucesión gubernamental es quién los representará en la contienda interna del tricolor, si el secretario de Gobernación o el secretario de Desarrollo Social.

Y es que no necesariamente el precandidato que surja del actual grupo gobernante tiene asegurada la nominación del PRI, pues lo más probable es que después de las elecciones federales de julio del 2009 otros priístas —ajenos a la burbuja marinista— se incorporen a la puja por Casa Puebla.

Entre éstos no habría que excluir a Blanca Alcalá Ruiz, con todo y que haya firmado ante notario público que sería presidenta municipal de tres años; al diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, y al ex diputado federal y líder cenecista Jesús Morales Flores.

Si Mario Marín tendrá, a diferencia de los últimos gobernadores de la entidad, desde Alfredo Toxqui  Fernández de Lara hasta Melquiades Morales Flores, la capacidad de dejar como sucesor al aspirante de su preferencia, es algo que aún está por verse.

Hasta ahora la constante es que gobernador no pone gobernador, y que Mario Marín tendrá que optar, como en su momento lo hicieron Manuel Bartlett Díaz y Melquiades Morales Flores, no por su favorito sino por el priísta que ofrezca las mayores garantías de triunfo en las elecciones del 2010.

EN CORTO

A sabiendas de que la remoción de Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud del estado podría interpretarse como un signo de ruptura con el melquiadismo, operadores del gobernador Mario Marín Torres se pusieron en contacto la semana pasada con el senador Melquiades Morales Flores para aclarar cualquier malentendido.

Melquiades Morales fue localizado en Singapur, y vía telefónica se le hizo saber que el gobernador Marín había tomado la decisión de aceptar la renuncia que en días pasados le presentó Roberto Morales como secretario de Salud.

La noticia, a decir de los enterados, no fue del agrado del ex gobernador.

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¿Quiénes más se irán con Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud?

Entre los probables funcionarios de la Secretaría de Salud que en el transcurso de los próximos días también dejarán la dependencia, una vez que se confirme la renuncia de su jefe, y la designación de un nuevo secretario o secretaria, anote usted los nombres de Javier Chávez Román, Javier Stefanoni Dossetti, Jorge Goerge Sánchez y Fortino Morales Pacheco.

Chávez Román fungía como secretario particular de Roberto Morales, Javier Stefanoni como su asesor, Jorge George como director de Atención a la Salud, y Fortino Morales como su operador de medios de comunicación.

Éste último, por cierto, nunca salió de la nómina de la Secretaría de Salud, tras su remoción como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría, pues se le reubicó en el Centro de Atención de Enfermedades Infecciosas como auxiliar administrativo, con la venia de Roberto Morales y del director de Administración y Finanzas de la Secretaría, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes.

A la lista habría que añadir los nombres de otros cinco o seis delegados de jurisdicciones sanitarias, plenamente identificados con Roberto Morales, y en abierta pugna con el coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y el director de Operación e Infraestrutura, Leopoldo Eusa Dubbie.

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Entre algunos de los organizadores de la marcha  “Iluminemos México” causó malestar el intento de algunas organizaciones y personajes que en Puebla quisieron darle un sesgo religioso o tomar el control de la manifestación ciudadana realizada el sábado para exigir de las autoridades mayor seguridad y eficacia contra el combate a la delincuencia.

Este intento, fallido al final, fue protagonizado por Francisco Javier del Castillo Guerrero, a través de dos agrupaciones, Sociedad en Movimiento y Red de Participación Social (Repaso), de escasa presencia en la entidad.

Javier del Castillo y algunos de sus seguidores llegaron al reloj del Gallito antes de las 18 horas y se pusieron al frente de la manifestación, llevando su propio sonido, pese a que los organizadores de la marcha —entre otros, Verónica Mastretta Guzmán, Javier Maldonado Moctezuma, Amy Camacho y Gabriel Hinojosa Rivero— habrían acordado que sólo habría un sonido, que se trataría de una protesta silenciosa y pacífica, y sin consignas políticas, partidistas o religiosas.

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Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la agencia de Notimex, la poblana Lilia María Vélez Iglesias fue designada como integrante de su consejo editorial consultivo, junto con otros 12 destacados intelectuales, académicos y periodistas del país como Ana Cecilia Terrazas Valdés, Dorangélica De la Rocha Almazán, Rubén Esaud Ocampo Castañares, Raúl Rodríguez Cortés, Héctor Moreno Valencia, Omar Raúl Martínez Sánchez, Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, José de Jesús Castellanos López, Ingrid Catalina Negrete Rosales, Patricia Montelongo y de la Parra, Carlos Enrique Orozco Martínez y Luis Enrique Mercado Sánchez.

Lilia Vélez se desempeña actualmente como coordinadora de la carrera de Periodismo de la UPAEP, coordinadora estatal de la organizacion México Abierto y defensora de los derechos del lector del periódico Síntesis.

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* Nadie entiende por qué no renuncia, ni lo renuncian
* Palafox Krayesvky… y la Durango blanca 2007, apá?

Nadie en la Secretaría de Salud entiende por qué el gobernador Mario Marín Torres mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores, cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, y por qué el hermano del ex gobernador Melquiades Morales tampoco renuncia, si en la Secretaría no es más que una figura decorativa.

Roberto Morales perdió desde hace meses el control de las dos principales áreas en que operativamente se divide la Secretaría de Salud: la Coordinación General de Servicios de Salud y la Coordinación General de Administración y Finanzas.

En la primera le clavaron, en agosto de 2007, al hermano del poderoso subsecretario de Egresos del estado, Ricardo Villa Issa, y éste a su vez, nombró como subordinados suyos a gente que se trajo del ISSSTEP. A Martha Vargas González la hizo jefa de Enlace y Seguimiento Operativo, y a Román de Ita, subdirector de Servicios Médicos, en sustitución de Armando Acevedo Méndez.

Paralelamente, Carlos Martínez Valeriano, brazo derecho del secretario al frente del Seguro Popular, se fue de la dependencia, lo mismo que su segundo de a bordo, Eduardo Hernández Martínez, quien fue reemplazado por Francisco Cajica.

Del área médica, el único funcionario de confianza que le dejaron al hermano del ex gobernador Mequiades Morales es Jorge George Sánchez, director de Atención a la Salud.

En la Coordinación de Administración y Finanzas, actualmente acéfala tras la remoción de Alejandro del Castillo Ávila, el panorama para Roberto Morales es aún más desolador.

Los directores adscritos a ella nunca han estado bajo las órdenes del secretario. Y de ello pueden dar constancia el ex director de Operación a Infraestructura, Marco Antonio Rivera Martínez, el recién removido director de Administración y Finanzas,  José Luis Palafox Krayevsky, y su sustituto en el cargo Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, así como el actual director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie.

En estas circunstancias, es obligado preguntar: ¿Quién es responsable de lo que pasa en la Secretaría de la Salud? ¿El secretario? ¿Los funcionarios que le fueron impuestos como cuña? ¿O el responsable de mantener a Roberto Morales como secretario de Salud, pero quitándole todo margen de maniobra?

EN CORTO

Hasta el jueves de la semana pasada el destituido director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, José Luis Palafox Krayevsky, seguía sin entregar la oficina que por casi dos años ocupó, al igual que la camioneta Durango 2007, color blanco, que tenía asignada como funcionario de la dependencia, mientras su sustituto en el cargo, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, anda como alma en pena por los pasillos de la Secretaría. Y eso, dicen, que se trata de un recomendado del contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz.

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A propósito.
Cuentan que en la auditoría que se le practica a José Luis Palafox le han descubierto una docena de cuentas bancarias y de inversión, pero cuyos fondos provienen de la Secretaría de Salud. En los próximos días le tendré más detalles.

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Un funcionario que en la Secretaría del Trabajo y Competitividad practica justamente lo contrario de lo que se supone debe combatir esta dependencia es Gabriel Herrera Cinto, subcoordinador del Programa Capacitación en la Práctica Laboral.

El servidor público en cuestión no sólo se vale de su cargo para hostigar –incluso sexualmente– a los instructores bajo su mando,  sino que los obliga, so pena de reportalos con malas notas, a que lo provean de refrescos, cigarros, botanas y hasta de alimentos después de los horarios de oficina.

Entre los inspectores hartos de esta situación y sus abusos figuran María del Carmen Lázaro Alarcón, Norma Patricia Corro Vázquez, Eda García Díaz y Marco Antonio Pérez.

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