Efraín Núñez

Las sanciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de los partidos políticos demuestran que les resultó caro no reportar a la instancia electoral, o hacerlo a destiempo, el informe sobre sus gastos de campaña.

Si bien ninguno de los partidos y alianzas superaron el tope de gastos establecido en 35 millones 851 mil 955 pesos, tendrán que solventar las multas con sus prerrogativas, lo que se suma a una de las más bajas votaciones de la historia del estado con un abstencionismo superior al 50 por ciento.

Como en su momento detalló e-consulta, las multas a todos los partidos políticos en Puebla tras la revisión de sus informes contables ascienden a 15 millones 816 mil 010 pesos, de las cuales la coalición Sigamos Adelante lleva el monto más alto con 9 millones 773 mil pesos, seguido del PRD con 3 millones 529 mil 395 pesos, Morena con 1 millón 373 mil 707 pesos, el PES con 983 mil 425 pesos y la coalición PRI-PVEM con 154 mil pesos.

A lo anterior hay que agregar la multa contra José Antonio Gali Fayad, por más de 800 mil pesos, derivada de las denuncias del PRI y del PRD por supuesto rebase en el tope de gastos de campaña.

El candidato no se fue solo ya que por las omisiones detectadas también se sancionará al PAN con 249 mil 796 pesos y a Nueva Alianza con 10 mil 590 pesos.

Y por si fuera poco en el punto más bajo de su credibilidad por el escándalo de un posible fraude electoral y como consecuencia de las misma sanción contra Gali, Compromiso por Puebla deberá pagar 31 mil 991 pesos. La misma cantidad que el PT y el PSI que están en riesgo de perder sus prerrogativas del próximo año y su registro, respectivamente.

Además, de las sanciones por 15 millones de pesos establecidas contra los partidos políticos por anomalías en la fiscalización, el CPP y PSI tienen que pagar 898 mil 617 pesos cada uno.

Es decir, si se suman los 31 mil 991 pesos del caso Gali con los 898 mil de las multas por la fiscalización en general, ambos partidos tendrán que pagar 930 mil 608 pesos en total.

Si bien la suma no es alta, el descrédito que trae consigo se añade al que ya traían con motivo de su baja votación en las elecciones del 5 de junio y la opacidad en el manejo de los recursos.

La buena noticia para los ciudadanos es que sí funciona el sistema de fiscalización del INE, pero la mala es que las multas serán pagadas con recursos públicos.

Faltaba más.

Se guarda Perdomo las impugnaciones en el TEEP

A 43 días de la jornada electoral del 5 de junio vale la pena preguntarle al presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) por qué no ha remitido los expedientes de los 11 recursos presentados por los partidos políticos en contra del cómputo final y los cómputos distritales.

En los pasillos del organismo se comenta que el magistrado, Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, concentra los expedientes pero aún no los turna a los otros dos magistrados, Jorge Sánchez Morales y Fernando Chevalier Raunova, para su resolución.

Lejos quedó la promesa del segundo de estos magistrados de establecer las ponencias cuanto antes.

¿Qué esperan?

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Rodríguez Perdomo nombró sin facultades a tres magistrados

En Colima Moreno Valle apoyó a MC, que ahora le paga el favor

Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), podría experimentar un rápido desgaste que merme su autoridad y termine inhabilitándolo al frente de ese órgano jurisdiccional antes de lo esperado.

Sus yerros no sólo se limitan al revés jurídico que la semana pasada le dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por haber designado —sin facultades— a una magistrada y por haber exonerado al senador Javier Lozano Alarcón de los delitos que lo inculpó el partido Movimiento Ciudadano en octubre del año pasado.

Rodríguez Perdomo fue reincidente en su ilegal conducta, pues nombró —usurpando atribuciones exclusivas del Senado de la República— no solo a una magistrada (María Luisa Rodríguez Bravo) sino a tres. El segundo fue Israel Argüello Boy, quien fungía como secretario general de Acuerdos del TEEP, y la tercera Karina Ruiz Granillo, quien era su asistente y después su secretaria instructora.

Los tres no sólo fueron designados magistrados por Rodríguez Perdomo, sino que al menos cobraron una quincena con ese carácter, lo que alguien podría considerar un delito por el daño que esos emolumentos pudieron haber causado al patrimonio del Tribunal.

Pero las irregularidades del magistrado presidente del TEEP no terminan ahí. Van desde su propio nombramiento, pues Ricardo Adrián llegó a la presidencia del órgano jurisdiccional al margen del reglamento interior del Tribunal, en concreto del artículo 8 que dice textualmente:

«El presidente durará en su cargo dos años y no puede ser reelecto para el periodo inmediato siguiente. Cada periodo dará inicio a partir de la designación como presidente y concluirá al segundo año de gestión».

Rodríguez Perdomo no puede argumentar borrón y cuenta nueva. Él era presidente del tribunal que fue renovado por el Senado y por lo tanto no podía ser reelecto como titular del mismo órgano electoral.

Por todo eso es que nuestro personaje ha comenzado a deslegitimarse como árbitro electoral, y eso que todavía no cumple un mes en el cargo.

¿Se imagina la que vendrá ahora cuando desde Casa Puebla le nombren al secretario general de Acuerdos?

EN CORTO

Cuentan los enterados que una de las razones por las cuales el partido Movimiento Ciudadano (MC) no postulará candidato a la gubernatura de Puebla, hay que ubicarla en lo ocurrido en las elecciones extraordinarias para gobernador del estado de Colima.

Y es que ahí el ejército de operadores del gobernador Rafael Moreno Valle no apoyó al candidato del PAN a la gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez, sino al abanderado de MC, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, quien quedó en tercer lugar con más del 13% de los sufragios, superando por mucho a la candidata del PRD, Martha María Zepeda del Toro, quien sólo obtuvo el 1.94% de la votación.

El tema tiene harto molestos a algunos panistas, no sólo porque el mandatario poblano ni siquiera se paró por Colima, sino porque sus operadores y una de sus incondicionales, la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides, no movieron un dedo a favor de Jorge Luis Preciado, y sí muchas manos para inflar la votación de Leoncio Morán.

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Varias son las preguntas que las secretarías de Turismo federal y estatal deben responder sobre los 250 guías generales de turismo que este lunes acreditaron, en el marco de la inauguración del Teleférico y el Mural Urbano más grande del mundo, con la presencia del secretario del ramo del gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero y el gobernador Rafael Moreno Valle.

La primera es ¿por qué se entregaron 250 credenciales federales de guías de turista si quienes tomaron y acreditaron los diferentes módulos del diplomado de 520 horas, impartido por la Facultad de Administración de la BUAP, de octubre de 2014 a octubre de 2015, sólo fueron 160 personas?

¿Quién capacitó a los elementos de la Policía Turística y a los funcionarios de la dependencia estatal que también recibieron su credencial como guía de turistas general con vigencia hasta noviembre de 2019?

La norma NOM-08-TUR-2002 que ampara dicha credencial establece en uno de sus apartados que los guías generales que tengan al español como lengua materna deben acreditar el dominio de un idioma adicional. 

¿Quién evaluó a los 160 estudiantes del diplomado en el dominio de una lengua extranjera?

La pregunta no es ociosa, pues la mayoría de los acreditados no escribe, no habla ni entiende el inglés o algún otro idioma extranjero.

¿Aceptaría la BUAP o la Secretaría de Turismo hacer públicas las evaluaciones escritas y con preguntas de opción múltiple a las que fueron sometidos los nuevos guías de turistas de Puebla?

La referida norma dice que los aspirantes deben presentar y aprobar una evaluación en las habilidades de lectura, escritura y habla, con aprobación mínima del 80%, otorgándole al promedio final del examen un porcentaje mayor de calificación a las pruebas de expresión oral.

¿Por qué este requisito fue omitido y los aspirantes únicamente fueron sometidos a un examen escrito?

¿Es así como el gobierno del estado logró un crecimiento del 700 por ciento en el número de estos profesionales, con respecto a la administración pasada, como respuesta a la creciente demanda de servicios de este ramo, que tan sólo en 2015 dejó una derrama económica de más de 12 mil millones de pesos en Puebla?

¿Así es como se asegura que estos 250 guías de turistas serán los principales promotores de los atractivos de la entidad poblana?

Son preguntas, que conste.

@edelamadrid Con una inversión de $359 mdp el teleférico es un ejemplo del fomento al desarrollo y crecimiento de la infraestructura turística

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Finalmente Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo se salió con la suya y logró quedarse con la presidencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEP), quitándole esa posibilidad al magistrado Fernando Chevalier Ruanova cuyo nombramiento sólo es por tres años.

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Un tema que debería llamar la atención de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con sede en la Ciudad de México, es la unanimidad de criterios que han mostrado los magistrados de la instancia jurisdiccional local en sus resoluciones sobre el reciente proceso electoral.

Todo lo razonan y votan igual. Bueno, casi todo. Y es que de las 375 impugnaciones y más de 110 inconformidades que fueron promovidas por candidatos, partidos y coaliciones, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) —Francisco Javier de Unanue y Bretón, Claudia Barbosa Rodríguez y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo— sólo en cuatro resoluciones han diferido.

Sin embargo los magistrados están tranquilos, pues saben que mientras las tareas de supervisión de la instancia jurisdiccional local estén a cargo de Rubén Enrique Becerra Rojas-Vértiz, en su calidad de visitador general del TEPJF están blindados y protegidos.

Y vaya que lo están.

¿O usted cree que el flamante y conspicuo visitador de la Sala Regional observará alguna anomalía o conducta irregular de los tres magistrados electorales de Puebla, si entre ellos figura su esposa Claudia Barbosa Rodríguez?

Dicha magistrada, según se dice en los corrillos del TEEP, es quien revisa los proyectos finales de las tres ponencias y algunas veces con la ayuda o colaboración de su esposo, Rubén Enrique Becerra Rojas-Vértiz, que antes de ser visitador general del TEPJF fue magistrado presidente de la Sala Regional de Monterrey.

Que el visitador debería excusarse de revisar el desempeño de los magistrados de Puebla, es cierto. Pero no lo hará, como no lo hizo en el pasado cuando fungía como presidente de la Sala Regional de Monterrey y su esposa, por recomendación suya, laboraba para el presidente del Tribunal Electoral del estado de Nuevo León como abogada proyectista.

¿O me equivoco?

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¿Sabía usted que de los 215 presidentes municipales electos de Puebla hay cerca de 30 que no saben leer ni escribir, pero que ello no será impedimento para rindan protesta el próximo 15 de febrero?

¿Y sabía que la Constitución del estado de Puebla sólo exige a diputados locales, pero no a presidentes municipales saber leer y escribir?

Pues ahora ya lo sabe.

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México, D.F., a 8 de enero de 2014.

Estimado Rodolfo Ruíz:

Con relación a la información contenida en la columna “La Corte de los milagros. Sospechosismo electoral” publicada hoy en el portal E-Consulta, le hago las siguientes precisiones:

1.- Los Tribunales y Salas Electorales de las diferentes entidades del país tienen autonomía plena, por lo que en sus decisiones no existe ninguna injerencia por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

2.- Rubén Becerra Rojasvértiz es uno de los tres visitadores del TEPJF, y fue designado como Visitador General por la Comisión de Administración, el pasado 13 de agosto, tras acumular una trayectoria de 16 años de servicio en el órgano jurisdiccional, al cual ingresó en enero de 1997, en donde se desempeñó como secretario instructor de la Sala Superior, en la ponencia del ex magistrado presidente José Luis de la Peza; fue magistrado de la Sala Regional Monterrey, la cual presidió en dos períodos que coincidieron con las elecciones presidenciales de 2006 y 2012; y ocupó el cargo de Coordinador General de Asesores del actual presidente del Tribunal Electoral.

3.- La Visitaduría Judicial es un órgano auxiliar con independencia técnica de la Comisión de Administración del TEPJF cuyo objetivo primordial  es obtener elementos que le permitan verificar que el funcionamiento de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral, con sede en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca se apeguen a los principios de imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Asimismo, tiene por objeto inspeccionar el desempeño profesional de los servidores públicos de las Salas Regionales del propio TEPJF, y proporcionar a la Comisión información precisa, actual, confiable y profesional de su desempeño.

4.- Por lo anterior, la función que realiza Rubén Becerra Rojasvértiz como funcionario del TEPJF no tiene ninguna repercusión en el trabajo de los Tribunal y Salas Electorales de las 32 entidades del país.

Le anexo el Acuerdo General que regula el funcionamiento de Visitaduría Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de abril de 2012.

ATENTAMENTE:

Lic. Ricardo Barraza Gómez

Coordinador de Comunicación Social

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