Uno de los grandes pendientes del presidente Enrique Peña Nieto y la partidocracia mexicana es el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, más allá del discurso.

La Presidencia, por un lado, no ha rendido el informe de austeridad que desde marzo debió presentar en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el compromiso de realizar ahorros equivalentes al 5 por ciento de su gasto corriente.

Los senadores, por su parte, juegan al gato y al ratón con las millonarias partidas que reciben a través de sus bancadas. Por un lado promueven iniciativas para transparentarlas y hacerlas públicas pero, por otro, se valen de cualquier subterfugio legal o administrativo para mantenerlas bajo reserva o en la peor de las opacidades.

Y los diputados federales salientes pretenden autoasignarse para el 2014 en que dejarán sus curules un bono de desempeño por un millón  de pesos, independiente de los recursos que recibirán por concepto de fondo de ahorro, aguinaldo proporcional y demás “subvenciones extraordinarias”, como la que recibieron hace unos días por haber sacado adelante el paquete de leyes de la Reforma Energética.

En lugar de llevar a cabo ahorros presupuestales y acciones concretas en materia de austeridad, los diputados y senadores del país no sólo gastan más cada año, sino de manera menos transparente, sobre todo tratándose de recursos destinados a sus grupos parlamentarios.

En 2006 las subvenciones recibidas por los senadores en su conjunto ascendieron a 335.4 millones de pesos, en 2009 subieron a 405.5 millones y en 2013 llegaron a 487.8 millones de pesos, sin que a la fecha se conozca en forma oficial y detallada a qué exactamente se aplicaron.

¿Cuántos de estos millones no habrán ido a parar a pachangas como las celebradas en enero pasado por el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villareal, y algunos de sus más allegados correligionarios?

¿Por qué los mexicanos tendríamos que pagar ese tipo de fiestecitas en exclusivas y lujosas mansiones de playa, con música de banda y sexoservicio incluido con exóticas bailarinas de table dance?

El presupuesto de egresos del Congreso de la Unión se ha elevado casi 30% en los últimos cuatro años. En 2010 su presupuesto autorizado fue de 9,550 millones de pesos, y el de 2014 asciende a 12,381 millones.

De esta última cantidad, 6,796 millones corresponden a la Cámara de Diputados, misma que en 2015 pretende aumentar su presupuesto a 8,821 millones, es decir en un 30 por ciento, con el propósito de incluir ahí un bono de 1 millón para cada uno de los 500 legisladores que la integran.

De las partidas o subvenciones etiquetadas para los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados poco se sabe, salvo que éstas nunca son menores a las del ejercicio anterior.

En el periodo de marzo de 2010 a febrero de 2011 tales partidas sumaron 728.6 millones de pesos, según la investigadora del CIDE María Amparo Casar Pérez en su investigación ¿Cómo y cuánto gasta la Cámara de Diputados?

¿A cuánto subirán estos opacos recursos en el presupuesto de 2015?

Los enterados aseguran que estos ya alcanzan los 1,000 millones, pero que nadie a ciencia cierta sabe a qué se aplican con todo y que el 7 de febrero el presidente Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, por la cual todas las fracciones parlamentarias deberían informar del uso y destino de estas partidas.

En fin: mucho ruido y pocas nueces en transparencia y rendición de cuentas.

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Este jueves la Universidad Iberoamericana de Puebla será sede del foro «Pensar, decir y manifestarse; los derechos humanos y la vigilancia de las comunicaciones«.

El foro se dividirá en dos mesas: en la primera la Red en Defensa de los Derechos Digitales expondrá los 13 principios de vigilancia de las comunicaciones y los derechos humanos: y en la segunda se analizará la llamada Ley Bala y se hará un recuento de los daños que dejó el desalojo violento de pobladores de Chalchihuapan el pasado 9 de julio.

Estas dos mesas se efecuarán por la mañana y el mediodía, la primera de 9 a 11 y la segunda de 11 a 13 horas.

Como parte del foro se impartirá un taller sobre telecomunicaciones a la luz de las últimas reformas en la materia que impartirá la presidenta nacional de la Amedi, Aleida Calleja, de 15 a 19 horas.

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La verdad es que Moreno Valle perdió una gran oportunidad de refrendar en los hechos su compromiso de convertir a la CAIP en un ente ciudadano y de hacer de este organismo un garante de la transparencia y la rendición de cuentas.

De nada sirve una comisión controlada por el gobierno o compuesta por comisionados que estén más ocupados o preocupados en cuidar las espaldas a las autoridades en turno, que en garantizar el derecho a la información y el correcto uso y aplicación de los recursos públicos.

Eso y la Carabina de Ambrosio es exactamente lo mismo.

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Hace un par de días, mi colega Arturo Luna Silva publicó un trascendido en el sentido de que el actual secretario de Desarrollo Económico del estado, José Antonio López Malo Capellini, se andaba promoviendo como director del nuevo Centro Expositor de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Sin embargo, fuentes allegadas al sector me dicen que si bien sí existen posibilidades de que un exsecretario de Desarrollo Económico asuma esa responsabilidad, éste no sería López Malo, sino el que fue titular de la dependencia en el sexenio de Melquiades Morales Flores.

Es decir, el empresario mueblero Antonio Zaraín García.

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A propósito.

Me cuentan que Antonio López Malo no quiere problemas con la próxima administración, por lo que ya se amarró el dedo antes de que se lo machuquen con una auditoría que saque sus trapitos sucios al sol.

Para evitarse problemas, el secretario de Desarrollo Económico contrató los servicios de un despacho externo ligado a un personaje muy cercano al gobernador electo, Rafael Moreno Valle, para que audite y avale su desempeño al frente de esa dependencia del Ejecutivo del estado.

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El secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla, está molesto en extremo por la publicación del libro «Huey Atlixcáyotl, 45 años de identidad cultural«, editado por su dependencia, y que se presentó con bombo y platillo en Atlixco a finales del mes pasado.

La molestia de Bonilla es mayúscula, pues la obra presenta evidentes y graves faltas de ortografía y sintaxis y un diseño gráfico sin pies ni cabeza.

Además, los contenidos sobre la historia del festival son cuestionables, ya que no tomaron en cuenta, ni por asomo, el trabajo que desde su fundación realiza el antropólogo Raymond Estage Noel, «Cayuqui«.

Alejandro Montiel ya pidió una explicación a Jaime Mesa Castelán por dictaminar favorablemente un libro con tales errores y autorizar su publicación, que evidentemente desprestigia a la Secretaría.

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Simón dice:

«Todas las cosas fingidas caen como flores marchitas, porque ninguna simulación puede durar largo tiempo.»

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

Lecciones

1. En política, los amigos son de mentiras y los enemigos de verdad

Para muestra, las críticas de Enrique Doger Guerrero a su otrora aliado Rafael Moreno Valle. O las buenas relaciones que hasta antes de la campaña mantenía el aspirante panista con Jorge Estefan Chidiac, quien incluso lo invitó a cenar, junto con su concuño Antonio Galy Fayad, a su residencia en el fraccionamiento La Vista.

2. Nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira

Nada mejor para probarlo que los diputados de la LV Legislatura del Congreso del estado , que sin chistar aprobaron la cuenta pública de 2002 del gobernador Melquiades Morales y Rafael Moreno Valle, a la sazón secretario de Finanzas y Desarrollo Social, y hoy —siete años después— vienen a descubrir abusos, excesos y transferencias ilegales en esa gestión gubernamental.

3. Rendir cuentas ante el Congreso del estado es como hacerlo ante la carabina de Ambrosio.

Como botón de muestra, las ilegales inversiones realizadas por Rafael Moreno Valle en instrumentos de alto riesgo en el extranjero, avaladas y solventadas en su momento por la Sedecap y el Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo , pese a que el artículo 117 de la Constitución señala que las entidades federativas no pueden, en ningún caso, «contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional».

4. La discrecionalidad en la toma de decisiones y la asignación de recursos da pie a la corrupción

Un ejemplo claro es la partida denominada «Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro«, creada durante la gestión de Moreno Valle como secretario de Finanzas y de la cual se liberaron más de 193 millones de pesos, de los cuales 24 millones se canalizaron a una sola organización: Academia Metropolitana, a cargo de Luis Maldonado Venegas, exdirigente nacional de Convergencia.

Dicha partida secreta desapareció en 2002, un mes antes de que Moreno Valle dejara la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social.

5. El que escupe para arriba, en la cara le cae

Las críticas de Enrique Doger y Jorge Estefan al desempeño de su otrora aliado, el candidato de la coalición opositora, Rafael Moreno Valle, pueden convertirse en un boomerang, pues no sólo han puesto en entredicho la gestión de Melquiades Morales sino abierto la caja de Pandora para que la administración de Mario Marín sea medida con el mismo rasero que aquél.

Lo que significa que el actual mandatario tendría que explicar también cuánto se gasta o cuánto se ha gastado en asesorías, estudios de investigación, imagen y comunicación social; por qué las obras de su gobierno son tan caras y no se terminan en los tiempos previstos; y por qué la resistencia a adoptar como sistema de rendición de cuentas el Infomex, que él mismo se comprometió a implementar desde diciembre de 2008.

 Propuestas

1. Que el próximo secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado se comprometa a hacer pública su declaración patrimonial al tomar posesión del cargo, y al despedirse de él.

2. Que el próximo gobernador se comprometa a enviar una iniciativa de Ley al Congreso para unificar en una sola instancia —que goce de autonomía financiera— a todos los órganos y dependencias encargados de vigilar a los servidores públicos y de fiscalizar los recursos públicos bajo su responsabilidad, como la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y el Órgano de Fiscalización que, visto está, no sirven para nada.

3. Que el futuro contralor o auditor general de esta instancia no sea designado por el Ejecutivo del estado, sino que surja de una terna de reconocidos y prestigiados especialistas en la materia propuesta por la fracción que se convierta en la primera minoría dentro del Poder Legislativo.

4. Que las cuentas públicas del Ejecutivo y demás Poderes y organismos de gobierno se publiquen completas, es decir con las observaciones de los auditores externos y los reportes de cómo fueron solventadas, si es que así ocurrió.

5. Que se implemente de inmediato el Infomex como sistema de rendición de cuentas y como plataforma para que las autoridades respondan las solicitudes de información pública que se les hacen, en lugar del inútil y obsoleto Módulo de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Maipep), a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

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Simón dice:

«Son siempre más sinceras las cosas que decimos cuando el ánimo se siente airado que cuando está tranquilo.»

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC). Escritor, orador y político romano.

Al contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, habría que abrirle un proceso administrativo por mentiroso e ineficiente en el ejercicio de su función, y por su incapacidad para que la transparencia y la rendición de cuentas sean una realidad en Puebla.

Y es que el convenio que desde diciembre de 2008 se firmó para que las solicitudes de información pública a las dependencias gubernamentales se gestionaran y se respondieran a través de la plataforma del sistema Infomex, ha quedado en letra muerta.

A 15 meses de aquel convenio, suscrito por el gobernador Mario Marín Torres y el entonces comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, en el Salón de Protocolos, aún no hay una fecha para el arranque del Infomex, no obstante las promesas del titular de la Sedecap de que ahora sí, en abril de 2010, este sistema se implementaría, como ocurre en la mayoría de las entidades del país.

El pasado mes de enero, Sánchez Ruiz prometió, por enésima ocasión, que el Infomex sería una realidad en abril, al tiempo de afirmar que si su implementación se había retrasado más de lo previsto no era por culpa del gobierno del estado, sino por los técnicos y operativos del IFAI que no lo habían concluido, ni liberado.

Cosa que, por supuesto, es falsa, y que puede documentarse con diversos oficios, en los que se comprueba que el sistema Infomex fue recibido y aceptado por la Fiscalía Anticorrupción del gobierno del estado en noviembre del año pasado.

Pero ¿qué es lo que impide que esta plataforma —que ya es usada por el ayuntamiento de Puebla— se aplique en la administración estatal, en sustitución del obsoleto Módulo de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Maipep), a cargo de la Fiscalía Anticorrupción?

Una causa, como ya se lo comenté líneas arriba, es la desidia y negligencia del contralor Sánchez Ruiz, quien desde un principio se opuso al funcionamiento del Infomex con el argumento de que el Maipep —financiado y contratado por la Contraloría a su cargo— era un sistema más acabado.

Y la otra y más importante, es que con el Infomex todas las solicitudes de información y respuestas que emitan los sujetos obligados por la Ley de Responsabilidades se tendrían que hacer públicas, lo que pondría fin a la discrecionalidad de las dependencias estatales que hoy, en la mayoría de los casos, responden con opacidad las peticiones que se les formulan so pretexto de que la información requerida es reservada o confidencial.

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Simón dice:

«Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa.»

Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español.

En casa de la ecologista Verónica Mastretta, a un costado del Club Campestre Mayorazgo, se reunieron anoche Jorge G. Castañeda, Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastretta Guzmán con los principales integrantes del movimiento Puebla de Acuerdo.

Al encuentro acudieron la directora del parque zoológico Africam Safari, Amy Camacho Wardle; el expresidente municipal de Puebla, Gabriel Hinojosa Rivero; el empresario Gerardo Navarro Montero, y el urbanista Francisco Vélez Pliego.

Durante la reunión, se ponderó la conveniencia de impulsar un frente electoral amplio que evite la continuidad del grupo marinista, en la persona de Javier López Zavala; de postular figuras ciudadanas en la planilla de regidores y síndico del ayuntamiento de Puebla y en las fórmulas de candidatos a diputados al Congreso del estado, y de que los partidos que se coaliguen suscriban un compromiso a favor de la democratización de las instituciones, la transparencia y la rendición de cuentas.

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A instancias del obispo católico maronita de México, George Saad Abi Younes, fumaron la pipa de la paz el regidor priísta Julián Haddad Ferez y el párroco de Nuestra Señora de Líbano, Charbel Chahín Hard.Ambos personajes, que el sábado habían protagonizado un pleito por la oficina del templo maronita, ubicado a un costado del Centro Mexicano Libanés, se reunieron este miércoles en el hotel Presidente Intercontinental para zanjar sus diferencias.

Por tal razón la sesión a la que habían sido convocados los integrantes del Consejo Directivo del Libanés, para analizar el caso y la posible expulsión del regidor de Industria y Comercio del ayuntamiento de Puebla, a petición de algunos miembros de la colonia, se suspendió.

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A propósito de expulsiones.

La diputada local perredista Irma Ramos Galindo podría ser sancionada, incluso con la expulsión de las filas del sol azteca, acusada de traición y de colaboracionismo con el PRI y el gobierno de Mario Marín Torres, por oponerse y boicotear la coalición entre su partido y Acción Nacional en los comicios locales de julio próximo.

Lo anterior trascendió durante la reunión que el dirigente nacional del PRD y líder de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega Martínez, encabezó la tarde noche de ayer con los cuadros de su partido en las instalaciones del hotel Marriot.

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Al correo personal y al facebook del coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del estado, Eduardo Rivera Pérez, han llegado mensajes intimidatorios que amagan con involucrarlo en un supuesto lío de faldas.

El emisor de tales mensajes se hace pasar como un marido celoso, que acusa a Eduardo Rivera de propasarse con su mujer durante los eventos que éste sostuvo el día sábado, con simpatizantes panistas en el salón social Ardizana, y con cristianos de la asociación Convicción Mexicana por la Democracia, en un local de la 13 oriente número 11 en el Centro Histórico de la Ciudad.

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Simón dice:

«El tiempo saca a luz todo lo que está oculto y encubre y esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor».

Quinto Horacio Flaco (65 AC-8 AC). Poeta latino.

No son pocas las personalidades de Puebla que han visto con simpatía la conformación de una coalición electoral PAN-PRD, y la intención de un grupo de ciudadanos de impulsar un cambio de fondo, que destierre algunos usos y prácticas de la clase política dominante, a partir de la renovación del Poder Ejecutivo, el Congreso del estado y las 217 Presidencias Municipales de la entidad en los comicios del próximo 4 de julio.

Entre las figuras que han conocido, de voz de los aliancistas, el proyecto de conformar un frente amplio opositor que busque derrotar al PRI en las elecciones de julio, para impulsar un gobierno de transición que privilegie la democratización de las instituciones, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones, destacan el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa y el rector de la Ibero Puebla, el jesuita David Fernández Dávalos.

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Una fórmula que en definitiva ha sido rechazada por los impulsores de la alianza «Puebla de Acuerdo», por los dirigentes del PAN a nivel nacional y estatal, y por el coordinador del frente de izquierda Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA), Manuel Camacho Solís, es la integrada por Rafael Moreno Valle Rosas para gobernador y Enrique Doger Guerrero, para presidente municipal de Puebla.

Varias fueron las razones para vetarla, aunque casi todas se focalizaron en la figura de Enrique Doger.

Los panistas fueron los que mayor oposición mostraron a la candidatura de Doger. Dijeron que si ésa era la condición de los perredistas, entonces preferían ir solos. Lo podemos aceptar como candidato a diputado local, incluso por la vía plurinominal, pero no como abanderado de la coalición a la presidencia municipal de Puebla.Los aliancistas también mostraron sus reservas hacia el exmunícipe capitalino, pues afirmaron que el candidato a la alcaldía debía ser una figura ciudadana, alguien que atrajera a la sociedad civil, y no un priísta inconforme con la imposición de López Zavala como candidato de su partido.

Los dirigentes del PRD y del DIA tampoco se desgastaron en defenderlo. Éstos dijeron que en una reunión con sus cuadros locales, Enrique Doger les pidió cien millones de pesos, para ir como candidato a la gubernatura de una coalición de izquierda.

Sin embargo, panistas y aliancistas estuvieron de acuerdo en sumarlo al proyecto, para derrotar al PRI en las elecciones del 4 de julio.

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Otro personaje que si bien no ha sido vetado como candidato a la alcaldía de Puebla, por parte de los impulsores partidistas de la coalición PAN-PRD y los aliancistas de la asociación Puebla de Acuerdo, es el diputado Eduardo Rivera Pérez.

Al coordinador de la bancada panista en el Congreso del estado se le cuestiona su origen yunquista y su bajo potencial de voto, según diversas encuestas, algo que el propio Eduardo Rivera ha reconocido en las reuniones en que ha participado para construir la coalición PAN-PRD, al lado de su dirigente estatal, Juan Carlos Mondragón Quintana.

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Entre los dirigentes nacionales y locales del PAN, la participación de Ana Teresa Aranda Orozco en la contienda interna de su partido por la candidatura a la gubernatura es percibida con preocupación, pues creen que la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno foxista no sólo abona muy poco a un acuerdo con el PRD y otros partidos como el PT, Convergencia y el PANAL, sino que su discurso podría llevar a dinamitar los avances que hasta el momento se tienen para conformar un frente amplio opositor antimarinista.

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Si bien es cierto que algunos dirigentes locales del PRD, PT y Convergencia, que se han manifestado contrarios a una coalición electoral con el PAN, están siendo maiceados en Casa Aguayo o por operadores del «Proyecto Z», esta situación tampoco es generalizada.

Dentro de la izquierda hay cuadros que se oponen a la alianza por principios ideológicos, y otros como el convergente José Juan Espinosa Torres por diferencias personales con Rafael Moreno Valle Rosas, desde que ambos militaban en las filas del PRI.

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Simón dice:

«Las personas no son ridículas sino cuando quieren parecer o ser lo que no son».

Giacomo Leopardi (1798-1837) Poeta y erudito italiano.

Los policías estatales y agentes de vialidad están que trinan contra el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón Rodríguez, luego de que el miércoles ordenara detener a cuanta camioneta Lincoln estuviera en circulación, ante la sospecha de que los jefes de los sicarios que el sábado por la madrugada fueron linchados en el municipio de Tlapanalá andaban por la capital del estado.

El malestar de los agentes de tránsito es más que justificado, pues cómo los instruían a detener una camioneta con criminales abordo y armados hasta las cachas, mientras en general Ayón, el coronel José Luis Sobreira Hernández y el director de Seguridad Vial, Carlos Arroyo Salamanca, dirigían las operaciones por radio y desde la comunidad de su oficina.

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Este viernes estará en Puebla el ex procurador General de la República y ex procurador de Justicia en el Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga.

Oficialmente, Morales Lechuga viene a la capital como presidente de la Fundación “Gonzalo Río Arronte”, para donar al área de radiología del Hospital Universitario un tomógrafo axial y para dictar una conferencia magistral titulada “México en la encrucijada del siglo XXI”.

La ponencia de también rector de la Escuela Libre de Derecho –de la cual por cierto es egresado, lo mismo que el presidente Felipe Calderón Hinojosa– tendrá lugar a las 10:30 horas en el Paraninfo del edificio Carolino.

Sin embargo, Morales Lechuga se reunirá a comer en privado con el gobernador Mario Marín Torres y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, para que en corto les comparta sus experiencias en materia de seguridad y procuración de justicia, ahora que el crimen organizado azota a la entidad.

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El de hoy será un día difícil para el ilegal e ilegítimo presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, como anfitrión de la IX Asamblea Nacional Ordinaria de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), que hoy inicia sus trabajos a las 9:30 horas en el Centro de Convenciones.

¿Con qué calidad y autoridad moral Juárez Acevedo puede ser anfitrión de los representantes de los institutos y comisiones garantes de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información de todo el país, si hoy está más que confirmado que su nombramiento como comisionado de la CAIP es ilegal, por haber militado y sido dirigente de la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro?

A ver si el capricho de sus padrinos y protectores políticos de tratar de sostenerlo al frente de la CAIP hasta diciembre, en que concluye el periodo de la comisionada Josefina Buxadé Castelán, no se convierte en un escándalo nacional.

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Cuatro son las firmas que el ayuntamiento y la coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia evalúan para que analicen y dictaminen el proyecto ejecutivo presentado por la empresa Relleno Sanitarios (RESA) para continuar con la operación y explotación del relleno sanitario de Chiltepeque durante los próximos 15 años.

Las firmas en cuestión son: Fundación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales, Ingeniería y Desarrollo Sustentable, Ingeniería para el Control de Residuos Municipales e Industriales (Incremi), y Toda Arquitecto.

Hasta ahora la favorita es Incremi.

Y la gran duda: ¿Cuánto nos costará su diagnóstico?

No hay que olvidar que Incremi fue el despacho contratado por la gestión de Enrique Doger Guerrero que dijo, con base en levantamientos topográficos y estimaciones volumétricas, que el relleno sanitario de Chiltepeque agotaría su capacidad de recepción de desechos en septiembre u octubre de 2008, y luego nadie le hizo caso.

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Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

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Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

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Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

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Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

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Lo reitero: la transparencia y la rendición de cuentas no es un asunto de leyes, ni de fiscalías anticorrupción, sino de voluntad. Sí, de voluntad política.

A juzgar por la iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentada por el grupo parlamentario del PRI, en Puebla no hay voluntad, al menos del partido gobernante y sus autoridades, por transparentar el ejercicio de gobierno.

Como no la ha habido para agilizar la remoción del deslegitimado –¿e ilegal?– presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo; para acatar lo que hoy establece la normatividad vigente en materia de adquisiciones y obra pública; para adoptar el sistema Infomex, como lo están haciendo la mayoría de los estados, o para responder sin ambigüedades o subterfugios las solicitudes de información que se hacen a los entes sujetos de la Ley de Transparencia.

La iniciativa del PRI no sólo se limita a cumplir de manera muy apretada con la reforma al artículo 6° constitucional, sino que incluye “candados” que constituyen un retroceso, una contrareforma.

Para muestra un botón.

En la reforma al artículo 6° constitucional aprobada por el Congreso de la Unión se estableció que “La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo.”

Sin embargo, en la iniciativa priísta la posibilidad del uso de sistemas remotos queda cancelada, pues en Puebla el recurso de revisión, ante una negativa de información, tiene que ser ratificado personalmente por el promovente, lo que viola el espíritu de la reforma constitucional.

Y ya ni hablar de la acotada figura de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, que sigue como un órgano auxiliar del Ejecutivo, y sin facultades para sancionar a los sujetos obligados que se nieguen, con razón o sin razón, a entregar la información pública, y subrayo lo pública, que se les requiera.

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