Ocurrió el jueves 30 de octubre en el restaurante de moda de los políticos, El Burladero, por la temporada del mole de caderas y espinazos.

Al lugar llegaron los periodistas del Grupo 2 de Julio —Enrique Montero Ponce, Javier López Díaz, Carlos Martín Huerta Macías y Felipe Flores Nuñez— y el gobernador Mario Marín Torres acompañado de su director y su subdirector de Comunicación Social, Javier Sánchez Galicia e Ismael Ríos.

Después de una larga, pero larga sobremesa, Marín hizo ahí una confesión electoral a sus invitados de cara al 2011: que los gobernadores priístas estaban conformando un bloque y que este inclinaría la balanza de la sucesión presidencial.

Sí, así como lo lee, y que este bloque no apoyaría al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto y tampoco al presidente de la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones Rivera, sino a la actual presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel.

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Ayer fue despedido de la dirección editorial de El Universal, Raymundo Rivapalacio.

En su lugar fue nombrado el periodista Jorge Zepeda Patterson, quien se desempeñaba como director del semanario Día Siete, suplemento dominical de la misma casa editorial.

Jorge Zepeda fue subdirector de El Universal cuando la dirección editorial del rotativo, decano de la prensa nacional, estuvo en manos de Roberto Rock.

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Los dirigentes seccionales del SNTE siempre han criticado a los disidentes de tener en su movimiento a personas que no son profesores o que vienen de otros estados.

Pero ellos incurren en el mismo error que critican, al contar también con cachirules.

Una prueba es el oficio enviado el 27 de octubre por el secretario de Organización de la Sección 51, Gumercindo Herrera Rivera, al director de la Universidad Pedagógica Nacional campus Puebla, José Pedro Valdez.

En dicho oficio, el dirigente seccional informa que Isaí Bastían Martínez no fue a clases del 15 al 22 de octubre por encontrarse en resguardo de las instalaciones de la Sección 51 del SNTE.

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Para los interesados en seguir de cerca la sucesión en el Arzobispado de Puebla, deben saber que el domingo estuvo en esta capital monseñor Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, obispo de Tlapa de Commonfort, Guerrero.

Y que su visita a la Angelópolis, de donde es oriundo, no obedeció sólo a cuestiones familiares.

Monseñor Óscar Roberto Domínguez aprovechó su estancia en Puebla para reunirse con el arzobispo Rosendo Huesca Pacheco y atender una invitación de éste para disfrutar de la comida árabe en el Centro Mexicano Libanés.

El actual obispo de Tlapa, como ya se anticipó en este blog, puede convertirse en el sucesor de don Rosendo Huesca, de quien, por cierto, recibió su ordenación sacerdotal el 11 de agosto de 1983.

De acuerdo con el diario en internet Católica Digital, Óscar Roberto Domínguez ingresó en 1972 al Seminario del Instituto Santa María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras, mejor conocido como Misioneros de Guadalupe, y 11 años más tarde, después de obtener la licenciatura en Filosofía y Teología, se hizo sacerdote.

Se ha desempeñado como vicario de la parroquia Santa María Madre de la Iglesia, en Monterrey, misionero en la diócesis de Ngong, Kenia, ecónomo general de los Misioneros de Guadalupe, director administrativo y jurídico de la Universidad Intercontinental, y Vicario General de su congregación.

Otros datos de su biografía, que aparecen en Wikipedia, refieren que el 27 de marzo de 2007 el papa Benedicto XVI lo nombró obispo de Tlapa y que su ordenación episcopal se efectuó el 11 de junio del mismo año, siendo consagrado por el cardenal Norberto Rivera Carrera, el arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca, y el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala Castro.

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Mire usted lo que aparece en el blog que la escritora Ángeles Mastretta tiene alojado en el portal del diario español de El País, a propósito de su ciudads natal, los políticos que la gobiernan, su hermana Verónica, el retiro del Parque del Arte a Puebla Verde y la intención de las autoridades poblanas de cambiar el uso de suelo de predios que hoy son reserva ecológica para edificar en ellos exclusivos fraccionamientos y centros comerciales de lujo:

«Ella (Verónica) toda es así. Y tiene fe. En sí misma y en el fuego que puede despertarse en los otros. Cree posible convencer a los moradores de una ciudad que de tanto ser gobernada por vándalos ha creado una mayoría de personas escépticas a las que cuando no rige el miedo, rige la desidia, de que es posible cambiar. De que urge cambiar el modo en que los ciudadanos se relacionan con los gobernantes, las calles y ni se diga el paisaje frente al que viven.»

«Los políticos en Puebla no están dispuestos a responder por qué se les hace tan fácil convertir la tierra destinada a ser parque público en Centro Comercial o, peor aún, en sitios para lo que llaman vivienda media que acaba siendo vivienda y media de preferencia para quienes se buscan y pagan su amistad».

«Ya parece normal que a la gente no le importe si la ciudad esté sucia o limpia, si al estado lo gobierna una pandilla de bandoleros feos, pero capaces de retratarse en las páginas de sociales vestidos como bien les sugieren las revistas de modas y responder preguntas vanas con respuestas cretinas.»

Su blog titulado Puerto libre comenzó a publicarse en El País el pasado 10 de octubre.

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Tómelo con reserva, pero algunos miembros del PAN han comenzado a explorar la posiblidad de construir una candidatura alternativa a la Rafael Moreno Valle Rosas a la gubernatura de Puebla.

La opción de estos panistas, identificados como el Grupo Tehuacán, la encabeza el actual delegado del Infonavit, Felipe de Jesus Mojarro Arroyo.

Entre sus miembros más activos habría que mencionar al delegado de la Sedesol, René Lezama Aradillas; al director regional de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Fernando Herrero Arandia; al director local de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Beristáin Gómez; al secretario particular de Alberto Cárdenas Jiménez, José Manuel Bulas Montoro; y al secretario de Seguridad Pública del municipio de Puebla y ex director de Reincorporación Social por el Empleo de la Secretaría de Gobernación federal, Raúl Arandia Jiménez.

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Que así como la «comandante Paloma«, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, es la encargada de cuidar y promover a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, como posible sucesora de Mario Marín Torres en la gubernatura de la entidad, don Maximiliano Silerio Esparza es el responsable de hacer lo propio pero con el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La primera se vale de su posición como delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y el segundo de su condición de secretario regional del mismo CEN del PRI.

Según el columnista Ricardo Morales, la «comandante Paloma» suele aprovechar sus encuentros con miembros del gabinete estatal para magnificar los logros de la gestión de Blanca Alcalá y vender la idea de que la primera alcaldesa en la historia de Puebla es la favorita de la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel.

Y según este reportero, o séase yo, don Max ha deslizado el comentario de que el gobernador Marín le ha dicho, en petit comité, que se sentiría más cómodo con López Zavala que con Mario Montero.

¿Quién influirá más en el ánimo de Beatriz Paredes: la comandante Paloma o don Max?

¿De veras López Zavala creera eso de que Blanca Alcalá no debe ser incluida en la lista de aspirantes priístas a la gubernatura, por aquello de que se comprometió ante notario público a ser presidenta municipal de tres años?

¿Y si el partido se lo demanda?

¿Y si las circunstancias se le acomodan como se le acomodaron en el proceso del 2007?

¿Y si el PAN postula a Rafael Moreno Valle para la gubernatura y a la señora Ana Teresa Aranda para la alcaldía?

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Que el presidente municipal de Chignahuapan, Luis Ángel Carrasco Gasca, ha cobrado notoriedad entre los miembros de la Comisión Política y el Consejo Político Estatal del PRI, no sólo por su cercanía y abierta identificación con el «Proyecto Z«, sino porque suele acudir a estas reuniones partidistas muy bien acompañado e incluso con alguna amiga adicional para lo que se ofrezca.

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Trivia electoral:

¿A qué aspirante priísta a la gubernatura podría estallarle un escándalo cuando se hagan públicas algunas fotografías en las que aparece acompañado de personajes identificados con el tráfico de drogas en un municipio limítrofe de Puebla con Veracruz?

Un par de tips.

1. El susodicho fue captado con esos indeseables personajes —de los que quizás ignoraba sus vínculos y actividades— en una cabalgata.

 2. Las imágenes en cuestión podrían estar en posesión, sino es que ya lo están, de un cercano colaborador del senador Rafael Moreno Valle, con presencia y contactos en esa parte de la Sierra Norte de Puebla.

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La encuesta publicada ayer por Intolerencia e interpretada por el director general de ese diario, Enrique Nuñez Quiroz, merece otras lecturas, más allá de aquella de la que batalla rumbo a Casa Pueba se cierrra y de que la puja por la sucesión gubernamental está centrada en el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

Diez son las lecturas que haría de la encuesta difundida ayer por Intolerancia:

1. Que si bien en el PAN hay más o menos claridad de que Rafael Moreno Valle es el aspirante a la gubernatura mejor posicionado entre el electorado, en el PRI no existe la misma certeza, sobre todo considerando el rubro de confianza, donde Javier López Zavala cae hasta la cuarta posición, superado por el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez.

2. Que el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, está aún muy lejos de posicionarse entre los electores y los priístas, como el Plan «B», en caso de que Mario Marín descartara de último momento la nominación de López Zavala a la gubernatura.

3. Que a unque el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, jura y perjura que no tiene ningún interés por involucrarse en la sucesión de Casa Puebla, su incursión en la encuesta de Intolerancia —medio en que tiene algo más que influencia— confirma lo contrario.

4. Que a pesar de las campañas mediáticas en contra del ex alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, éste sigue manteniendo un respetable nivel de confianza y potencial de voto, pues en el primer rubro se ubica 1.2% debajo de López Zavala y en el segundo rubro apenas 4.8, y eso que el ex rector de la UAP ha optado por un perfil bajo en tanto el Congreso del estado le aprueba la cuenta pública de su útimo año de ejercicio legal como presidente muncipal.

5. Que si los panistas de veras quisieran ganar las elecciones del 2010 deberían decidirse por postular a Moreno Valle como candidato a la gubernartura, y a la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, Ana Teresa Aranda, como candidata a la presidencia municipal de Puebla.

6. Que la mejor dupla del PRI para la gubernatura y la alcaldía poblana estaría integrada por el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez.

7. Que en un escenario de alta competencia electoral y golpeteo político, Mario Marín podría sacrificar a su delfin, el titular de la SDS, Javier López Zavala, para inclinarse por la actual presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y/o el rector de la UAP, Enrique Agüera.

8. Que si Enrique Doger no obtiene la nominación del PRI a la gubernatura, lo más probable es que éste trate de vender caro su capital político —nada despreciable— tanto al PRI como a Moreno Valle, considerando que es el cuarto aspirante más conocido a nivel estatal, el quinto con más confianza y el cuarto con mayor potencial de voto.

9. Que si Enrique Agüera no aceptará la nominación priísta a la alcaldía, y a López Zavala se le complicará la postulación a la gubernatura, el PRI podría optar por lanzar a Blanca Alcalá a Casa Puebla y al actual secretario de Desarrollo Social a la presidencia municipal de la capital del estado.

10. Que hoy por hoy el PAN tiene en el senador Moreno Valle a su mejor activo para la gubernatura, y éste en el blanquiazul un lastre, considerando que el 53.4% de los electores cree que el PRI ganará en el 2010 las elecciones de gobernador del estado.

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Ahora también saldrán a protestar contra MMT 
Destapan a Jiménez Merino en Izúcar de Matamoros
Javier García va por el Colegio de Ingenieros

A nadie debería sorprender que en el transcurso de los próximos días, en el marco de las marchas y protestas por la implementación de la Alianza por la Calidad Educativa, el movimiento magisterial disidente, que en Puebla fue alentado por algunos funcionarios públicos y operadores priístas, con el propósito de debilitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a su influyente presidenta, Elba Esther Gordillo Morales, se radicalice.

Y es que una fracción de los disidentes no sólo ha tomado distancia de quienes en principio auspiciaron el Consejo Democrático Magisterial Poblano —entiéndase los secretarios de Desarrollo Social y de Educación Pública, Javier López Zavala y Darío Carmona García, a través del secretario general de la CNOP, Gonzalo Amador Juárez Uribe y el también ex dirigente de la sección 23 del SNTE, Cutberto Cantorán Espinoza—, sino que ahora se presta para manifestarse en contra del gobernador Mario Marín Torres, so pretexto de su respaldo a la Alianza por la Calidad Educativa.

La noche del viernes, maestros identificados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el PRD y otros grupos de izquierda, sesionaron en las instalaciones del Suntuap, y ahí acordaron continuar con las movilizaciones iniciadas en la capital y en otras regiones de la entidad.

A la reunión acudieron alrededor de 60 profesores pertenecientes a las delegaciones de Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio y Teziutlán, algunos de ellos vinculados a la Coordinadora de Oaxaca.

Tres fueron los principales acuerdos a los que llegaron:
1) Mantener el movimiento, pero ahora en contra del gobierno del estado para obligarlo a retractarse de su apoyo a la Alianza por la Calidad Educativa, suscrita entre el SNTE y la SEP a nivel federal.
2) Construir comités de enlace e información para acercarse a las bases magisteriales, centros de trabajo y zonas escolares.
3) Iniciar una estrategia legal para hacer frente a la Alianza impulsada por la SEP federal y Elba Esther Gordillo.
 
No está de más apuntar que dicho encuentro alertó a las autoridades estatales, sobre todo al titular de la SEP, Darío Carmona, que no quiere correr con la misma suerte de sus homólogos de Morelos y Cuernavaca.

Por tal razón, al día siguiente, hizo llegar al gobernador Mario Marín un informe de lo ocurrido en las instalaciones del Suntuap, y de las acciones que los disidentes preparan ahora contra el gobierno del estado.

Lo único que le faltó decir en sus tarjetas a Darío Carmona es que los dirigentes seccionales del SNTE, en especial Erick Lara Martínez, también están molestos con él y con López Zavala, por haber alentado la disidencia, valiéndose de algunos ex secretarios generales de la Sección 23 y 51 del SNTE, y que en días pasados, bajo el cobijo de la CNOP constituyeron el Frente de Organizaciones Magisteriales y Ciudadanas (Fromac), con el apoyo de antielbistas de Puebla y otras entidades del país.

EN CORTO
Un festejo con sabor a destape, no se sabe si para la diputación federal por el distrito de Izúcar o rumbo a Casa Puebla, fue el que los amigos de Alberto Jiménez Merino le organizaron el sábado con motivo de su cumpleaños número 49.

A la comilona, efectuada en las instalaciones de la Feria de Izúcar de Matamoros, acudieron más de dos mil personas, entre ellas el secretario de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses Rojas, quien asistió con la representación del gobernador Mario Marín; el presidente de Canacintra Puebla, Charles Mtanous Abboud; los diputados Rocío García Olmedo y Luis Alberto Arriaga Lila; el subsecretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Lastiri Quirós, y el ex secretario de Economía en el sexenio bartlista Mario Riestra Venegas.

Otros invitados al festejo del secretario de Desarrollo Rural fueron algunos presidentes municipales de la región, los dirigentes de las uniones de productores de caña y maíz, Efraín García Bello y Gabriel Conrado;  el presidente del Consejo de Administración de Intolerancia, Rodrigo López Sainz de Juambelz, y empresarios y productores agropecuarios.

En su discurso de felicitación, Valentín Meneses dijo que Jiménez Merino era un motivo de orgullo y ejemplo para los campesinos poblanos, por su origen, tenacidad y formación académica, gracias a la cual incluso llegó a la rectoría de la Universidad de Chapingo.

El titular de la SCT apuntó que en Puebla el voto verde está con Mario Marín y con Jiménez Merino, quien como servidor público y representante popular es ampliamente conocido no sólo en la región de Izúcar, sino en Huauchinango, la Sierra Norte, Acatlán, Piaxtla y otros municipios de la Mixteca.

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Con todo el respaldo del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez, Armando López de la Vega se perfila como el próximo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla (Cicepac).

El apoyo del Señor de la Recta hacia su director de Proyectos Especiales es tan evidente, que éste no ha dudado en recurrir a contratistas y proyectistas de la SDUOP para conseguir adhesiones o integrar su planilla.

Entre los posibles aliados de López de la Vega anote usted los nombres de Sebastián Serrano, profesor de tiempo completo de la UAP y director responsable de obra del nuevo Centro Expositor que se construye en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe; Carlos González, contratista de la SDUOP en obras como del Hospital General de la Zona norte y el Hospital de Issstep, y Ricardo Olea, vicepresidente en el anterior comité directivo del Cicepac y contratista de la SDUOP y el ayuntamiento de Puebla.

Entre los ingenieros y constructores que ya echan las campanas a vuelo por el arribo de Armando López a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles destacan Salvador Gómez Galeana, Jesús Alarcón Cardoso, Jesús Haces Alarcón, Isidoro Bolaños, Nicolás Ojeda Ortega y Ernesto Lira.

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Si alguna institución debe explicar a los poblanos los abusos y transas que se han cometido al amparo de las 1,081 hectáreas expropiadas por el gobierno federal en la zona conocida como Angelópolis, y que fueron transferidas al gobierno del estado en 1992, a través del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, es Bancomer.

Sí, me refiero a la institución bancaria que hace las veces de fiduciario en ese fideicomiso, y cuya misión es —o mejor dicho, debería ser— la de vigilar y garantizar el cumplimiento de los objetivos del decreto origen de esa expropiación.

La reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl (antes Solidaridad) se creó como un instrumento de ordenamiento urbano y equilibrio ecológico para la zona metropolitana de Puebla, con el propósito de dotar de vivienda de interés social a cerca de 10 mil familias.

De más está decir que de esa meta, supuestamente prioritaria, no se llegó siquiera al 1%, pues los dos únicos desarrollos que encajan en esta categoría —Vivah 98 y la colonia Gobernadores— comprenden menos de 10 hectáreas.

Por el contrario, la reserva territorial —que abarca a los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula— ha sido fuente de millonarios e inconfesables negocios de funcionarios y directivos del fideicomiso que, coludidos con empresarios y especuladores inmobiliarios, han desvirtuado los objetivos sociales que le dieron origen.

De las 1,081 hectáreas de la reserva, al menos 161 —equivalentes al 14.8%— estaban destinadas al rubro de preservación ecológica. En la actualidad el número de hectáreas con este uso de suelo suman 56, incluyendo las 24 hectáreas que hoy Ricardo Henaine Mezher pretende vender en 400 millones de pesos.

Otra meta incumplida por el Fideicomiso —y de la cual el fiduciario, es decir, BBVA-Bancomer es responsable— está relacionada con la infraestructura vial en la zona.

La propuesta original contemplaba la construcción de 263 hectáreas de vialidades; hoy, la infraestructura vial apenas llega a 100 hectáreas, lo que explica los problemas de tránsito y saturación de vehículos en las horas pico.

Paradójicamente, el sector comercial ha sido el más beneficiado. Según el Programa Subregional de Ordenamiento Territorial expedido en el gobierno de Manuel Bartlett Díaz las áreas comerciales y de servicios abarcarían menos de 70 hectáreas, es decir, el 6.45% de la reserva.

Actualmente los comercios y servicios se extienden sobre 167 hectáreas y siguen creciendo, al igual que los desarrollos residenciales y arquitectónicos de tipo medio y alto, muchos de los cuales pertenecen a funcionarios del gobierno del estado y ex directivos del fideicomiso de la reserva territorial, como el ex secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del gobierno melquiadista, Federico Bautista Alonso.

De ahí la pregunta inicial: ¿Y Bancomer apá?

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El hermano del ex delegado del CEN del PRI en Puebla, Maximiliano Silerio Esparza, salió ileso de un atentado ocurrido ayer en su natal Durango, en el que murieron los dirigentes de la Unión Ganadera de aquella entidad, David Avitia Torres y Manuel Berumen Berumen.

Matías Silerio Esparza, tesorero de la Unión Ganadera, y quien viajaba en el asiento trasero de la Suburban blanca que fue atacada con fusiles AR-15 y AKA 47, fue el único sobreviviente de esa agresión del crimen organizado.

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A nadie le debe sorprender que en el transcurso de las próximas semanas, las relaciones —hasta ahora amistosas e institucionales— entre el gobierno del estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entren en un periodo de crisis y desgaste, en el marco de la sucesión de Casa Puebla.

De hecho, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, con el apoyo de sus comités seccionales, ha registrado cómo en los últimos días, maestros disidentes de Elba Esther Gordillo han sido cobijados en Puebla para crear un frente antielbista o alentados  para sumarse a marchas en contra del dirigente de la Sección 23, Erick Lara Martínez.

Desde la perspectiva del SNTE, estas acciones son alentadas por el llamado delfín del gobernador Mario Marín Torres, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y operadas por el secretario de Educación Pública, Darío Carmona García, y el secretario general del sector popular del PRI en Puebla, Gonzalo Amador Juárez Uribe.

¿Con qué propósito?

Básicamente con dos objetivos: uno, debilitar al SNTE y a los dirigentes de su estructura conformada por comités seccionales, comités regionales, comités delegacionales y representantes de escuela y, dos, evitar que la estructura del Sindicato se vuelque a favor del senador Rafael Moreno Valle Rosas, como potencial candidato del PAN y el PANAL, a la gubernatura del estado en los comicios del 2010.

Para el secretario general de la Sección 23, las acciones que López Zavala ha emprendido para dividir y confrontar al SNTE, mediante la creación del Frente de Organizaciones Magisteriales y Ciudadanas (Fromac), son consecuencia del apoyo que en días pasados expresó la maestra Gordillo a las aspiraciones de Moreno Valle para convertirse en el sucesor de Mario Marín en Casa Puebla.

López Zavala no desconoce la capacidad de operación de algunos dirigentes del SNTE que antes trabajaron para el PRI, como el actual secretario general de la Sección 23.

En las elecciones federales de 2006, cuando López Zavala aún era secretario de Gobernación del estado le auguró a Erick Lara —entonces secretario de Conflictos de Primaria de la Sección 23— que el PANAL no obtendría en Puebla más de 10 mil votos.

El hoy dirigente de la Sección 23 tomó las palabras de López Zavala como un reto, y en los comicios presidenciales del 2006 logró que el PANAL alcanzara 108 mil sufragios, cifra que superó un año después, en las elecciones locales de presidentes municipales, con 152 mil votos.

Lo anterior explica por qué en las manifestaciones y protestas realizadas aquí en Puebla por maestros inconformes de las regiones de Teziutlán y Libres tengan como blanco de su crítica, además de la maestra Gordillo, las reformas a la Ley del ISSSTE y la Alianza para la Calidad de la Educación, al dirigente seccional de la 23 Erick Lara.

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Uno de los pendientes —y vaya que lo es— del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, con la calidad educativa y la excelencia académica, son las escuelas incorporadas a la máxima casa de estudios, que andan por la calle de la amargura en materia de acreditaciones y programas de calidad.

Y es que no es posible que el 97% de los programas de licenciatura de la UAP cuenten con alguna certificación, ya sea del COPAES, CIEES o Conacyt, y la situación de las doce instituciones de educación superior incorporadas a ella —y que incluso se publicitan con su logo— sea totalmente diferente.

¿O cómo entender que la UAP presuma que el 97% de sus programas de licenciatura son de calidad y, en cambio, las escuelas pertenecientes a su Sistema de Educación Superior Incorporado no cuenten siquiera con uno? ¿O es que el discurso de la calidad sólo aplica para los que votan en la UAP, mas no para los alumnos y docentes de sus 12 instituciones incorporadas? ¿O es que la UAP también se siente orgullosa de sus universidades patito?

Ojalá y no.

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Trivia:

¿Alguien sabe en manos de quién quedaron la residencia y los dos vehículos que el Comité Directivo Estatal del PRI rifó en el proceso local electoral del 2007, como una estrategia para allegarse recursos para su campaña política?

Los boletos fueron acomodados entre funcionarios públicos de la administración estatal, de primero y segundo niveles, así como entre candidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

La respuesta es todo un escándalo.

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El próximo 3 de septiembre, el secretario de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Javier Lozano Alarcón, vendrá a poner en marcha el llamado Movimiento Laboral 2008, organización local que agrupa a dirigentes empresariales, líderes sindicales, académicos y funcionarios del sector, cuyo objetivo es propiciar una cultura laboral apegada a valores como la competitividad, la puntualidad, la equidad y la justicia en la distribución de la riqueza.

Dicho movimiento será coordinado en Puebla por el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y el delegado de la Secretaría del Trabajo, Carlos Ortiz Rosas.

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Y hasta mañana.

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“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, y eso es precisamente lo que pasa con el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien ayer, para variar, desestimó las denuncias que hizo el secretario de Salud Roberto Morales Flores, y las que se han hecho en contra de éste, atribuyéndolas a diferencias personales y no a cuestiones de corrupción.

En la Secretaría de Salud claro que hay corrupción, y claro que hay auditorías en proceso, aunque no para sancionar a los responsables, sino para encubrir los abusos y desvíos de quienes los han cometido.

Si el contralor dice que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, sería bueno que explicara entonces por qué hay desabasto de medicinas en las jurisdicciones sanitarias, y al mismo tiempo se sacan de ahí 52 toneladas de medicamentos y material de curación caducados, contaminados o echados a perder.

Por qué la Tesorería de la Federación está exigiendo a la Secretaría de Salud la devolución de 47 millones de pesos de recursos no ejercidos en 2007 más 1 millón 102 mil pesos por concepto de intereses.

O cómo van las auditorías que lleva a cabo su dependencia sobre los pedidos y pagos que se hicieron a favor de Comercializadora Sevilla S.A. de C.V., y José Arturo Cedeño Díaz, por los contratos GESFAC-192/2007 y GESFAC 158/2007 sobre el suministro de papelería y ropa desechable por montos de 21 millones 187 mil pesos y 29 millones 509 mil pesos, respectivamente.

Y por qué su coordinador de delegados, Vicente Gil Díaz, acepta invitaciones a comer, en horas de oficina, con los principales proveedores de la Secretaría de Salud como Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez.

¿No será que la corrupción también lo salpica?

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Aunque finalmente Luis Paredes Moctezuma ya no se presentó el martes a denunciar ante la Procuraduría General de la República al ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, por traición, sedición, rebelión, sabotaje, terrorismo y conspiración en perjuicio del Estado mexicano, de buena fuente le puedo confiar que el ex alcalde de Puebla está siendo alentado por la actual dirigencia nacional panista –entiéndase Germán Martínez Cázares– para golpear a Espino y sus aliados yunquistas.

Y en ese contexto no le extrañe que el mismo Paredes sea el medio para terminar con el vergonzoso amasiato que mantienen el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Mario Marín Torres, ahora que se acercan las elecciones federales y la sucesión gubernamental.

Un dato que me permite arribar a esta conclusión es la demanda que, finalmente, ya no presentó Luis Paredes en contra Manuel Espino, en la que también incluía al gobernador Mario Marín como cómplice del ex dirigente nacional del PAN, en las elecciones del 2006, y como aliado de algunos jefes locales de El Yunque, que pretendían enviarlo a la cárcel por supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión como alcalde de la capital poblana.

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Para denunciar y hacer del conocimiento de las autoridades federales la forma en que la Dirección Regional del INEGI, a cargo de Jorge Valdovinos Espinosa, viene contratando a personal directivo de este Instituto, la semana pasada se hizo llegar a la Oficina de la Presidencia de la República y a la Secretaría de la Función Pública esta queja, que ya se investiga:

“Con el pretexto de la autonomía del INEGI, la Dirección Regional con sede en Puebla, ha empezado a realizar nombramientos de funcionarios en puestos que de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tendrían que haber  sido concursados y fueron realizados por designación de las autoridades del INEGI.

“La semana pasada el M.V.Z. Jorge Valdovinos Espinosa, Director Regional (Calle Italia 75 Centro Comercial Plaza San Pedro, Puebla, Puebla, tel  01 22 23 00 41,  e-Mail jorge.valdovinos@inego.org.mx), presentó como la nueva Directora de Estadística (nivel directora de área) a la Mtra. Margarita Romero Centeno ( margarita romero@ inegi.org.mx), y a la Subdirectora  María Agustina Costa Genazzi ( maria.costa@ inegi,org.mx) y a un nuevo Jefe de Departamento, nombramientos que de acuerdo a lo mencionado en la Ley arriba mencionada, deben ser concursados.

“De acuerdo a la Ley que establece la autonomía al INEGI, menciona que debe nombrarse una Junta de Gobierno, misma que establecerá la normatividad interna, entre otras, la de recursos humanos, a no haberse nombrado esta Junta, la Casta Dorada de la burocracia del INEGI, realiza el acomodo de sus piezas, para seguir manteniéndose con el control del INEGI.

“Uno de los principales cuestionamientos del personal del INEGI, ante estos nombramientos es el de que la nueva Subdirectora no pasa un examen de capacidad mínimo para ocupar este puesto, ya que, del manejo de la computadora solo sabe el de los juegos especialmente el del solitario”.

La denuncia en cuestión no sólo quedó registrada bajo el folio 36422, sino que su autora recibió, con fecha viernes 25 de julio, el acuse correspondiente por parte de la Oficina del Presidente Calderón.

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Para mayor información sobre el tema principal de hoy, le recomiendo se remita a las siguientes columnas:

Roberto Morales Flores, acotado, pero sigue en Salud

Dudas metódicas

Salud, mafia de proveedores

¡Ay Dionisio!

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Para que sus críticas, aportaciones o comentarios aparezcan en este blog, haga clic aquí.

Por Fernando Pérez Corona

Pese a las buenas intenciones de tener una avanzada ley local de transparencia, la mayoría priísta tiene “la instrucción de Los Fuertes” de sólo cumplir con lo mínimo exigido por el Congreso de la Unión. Es la lectura que puede darse a las declaraciones del presidente de la Comisión de Transparencia Jorge Ruiz Romero, respecto a que la propuesta priísta es la “única” que cumple con los requerimientos constitucionales. Sería una sorpresa la inclusión de algunos rubros de la llamada “propuesta ciudadana” en el documento final.

¿Por qué la mayoría priísta estaría en contra de ampliar el escenario local en la materia? ¿Por qué sólo cumplir con lo mínimo, sin importar que a más opacidad, más especulaciones de la sociedad sobre posibles irregularidades en el servicio público?

En el año 2005, Libertad de Información (Limac), la Universidad del Centro de México, Innovación México, el Centro Universitario de la Ciénega y United States Agency International Depelopment (USAID) publicaron la primera edición del libro Derecho de Acceso a la Información Pública en México, el cual tuvo la intención de conformar un “décalogo para el marco normativo del derecho a la información pública”, aunque después también permitió que se detectaran 17 aspectos generales.

La investigación iniciada después que en 2002 se publicó la Ley Federal, comprendió 24 leyes estatales, entre ellas la de Puebla, publicada el 16 de agosto de 2004 en el Periódico Oficial. Además, evaluó a cada una de las normas. Nuestra ley ocupó el deshonroso antepenúltimo lugar, tan sólo después de Nuevo León y Veracruz. Sin embargo, a la fecha la opacidad ha mejorado y estamos a sólo un escalón de llegar al sótano. Y eso puede suceder el próximo 20 de este mes, fecha límite establecida por el Poder Legislativo para que las leyes locales realicen las modificaciones necesarias para ajustarse a la Carta Magna.
Las razones: nuestra ley sólo aplica en el gobierno estatal, pese a que deberían estar incluidos todos los sujetos que ejerzan un gasto público (los tres poderes, organismos autónomos, universidades, partidos y organizaciones políticas, organismos no gubernamentales, ayuntamientos…).

Nuestra ley tiene acotada la “información de oficio”, es decir, el gobierno estatal publica datos mínimos y escuetos en la materia. Un ejemplo: salarios, pues sólo ofrece un tabulador de remuneraciones. No hay posibilidades de conocer balances generales y estados financieros, costo de viajes, viáticos y otros  gastos realizados por servidores públicos.

Nuestra ley carece también del término “máxima publicidad”. Exige al solicitante de información una redacción precisa de sus requerimientos, en vez de poner a disposición todos los datos sobre el tema en cuestión.

Nuestra ley tampoco cuenta con un “órgano garante”, el cual –como su nombre lo advierte– garantice el libre ejercicio del derecho a la información, por lo que requiere autonomía constitucional, pues si su campo de acción se circunscribe al del Poder Ejecutivo (como en la actualidad) deja indefensas a las personas frente a los sujetos obligados; es decir, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), encabezada por Antonio Juárez Acevedo, es juez y parte.

Nuestra ley no prevé la “afirmativa ficta”, una de las principales sanciones concebidas ante el silencio de la autoridad y refiere a que cuando un funcionario deja de contestar una petición en tiempo y forma se entiende que contestó en forma positiva, por lo que estaría obligado a proporcionar todos los datos que tenga en la materia.

Todo esto y más le falta a nuestra ley. ¿Cuál sería el argumento priísta para rechazar estos conceptos? ¿Cuál es el argumento para mantener la opacidad en el gobierno estatal y en todas aquellos organismos y personas con uso de recursos públicos? ¿Pesará todavía la crítica social, no la periodística, entre los legisladores, sobre todo de extracción tricolor, para ofrecer una norma de avanzada? ¿Es posible mantener la ley no escrita de Carlos Salinas: “ni los veo ni los oigo”?

Y a todo esto, ¿la sociedad está enterada de que hay una ley de transparencia local? ¿Hay promoción de la CAIP? ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno estatal organizó una campaña mediática en este sentido? En lugar de hacer encuestas sobre la popularidad del Ejecutivo, ¿no sería mejor elaborar una sobre el conocimiento de la gente respecto a transparencia?

Si entre la sociedad persiste la ignorancia, ahí se encuentra la respuesta sobre por qué el contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, no ha recibido en tres años ni una sola protesta ciudadana, y de ahí partiría la explicación sobre por qué a la CAIP sólo han llegado este año 17 recursos de revisión, de los cuales una docena fueron promovidos por el reportero Ernesto Aroche.

A tres años de la entrada en vigor, la ley local está a años luz del perfil ideal, incluso a una distancia similar a la propuesta ciudadana hecha la semana pasada. ¿A qué le apostará la mayoría priísta? Porque no hay que darle muchas vueltas, la mayoría legislativa tiene la última palabra… y hasta el momento, no les han dicho si es posible cambiar de rumbo. Ojalá y sí.

En corto

Y ya que hablamos de transparencia, no está de más resaltar que el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, estuvo entre los invitados a la fiesta de cumpleaños “nice” del gobernador Mario Marín Torres en el rancho El Capricho. ¿Habrán hablado de sus posibilidades para seguir en el organismo? ***** Por cierto, el festejo dejó varias interrogantes. Para empezar. ¿quién llegó en helicóptero hasta la propiedad de José Hannan? Otra: ¿de qué hablaron el mandatario y Javier López Zavala en el recorrido que realizaron a solas a bordo de la unidad del Ejecutivo, entre las ciudades de Puebla y Atlixco? Y le seguimos: ¿Cuánto cobró Armando Manzanero por cantar en el convite?  Y habría más. *****  Hablando del cumpleaños 54 de Marín, ¿por qué en el salón Country usaron a la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla como si fuera grupo musical de bodas y quinceaños? ¿No había un plan B? ¿Nos van a salir que los integrantes de la OSEP querían ofrecerle este regalo al mandatario y que por eso no se usaron recursos públicos? Por cierto que en el inmueble de la colonia San Manuel destacó que el líder municipal Carlos Meza prácticamente pasó desapercibido entre los casi 5 mil invitados. La escena contrastó con el recibimiento que tuvo el dirigente estatal tricolor, Alejandro Armenta, quien tardó mucho tiempo en llegar a su mesa. Ambos se dieron un abrazo sobrio en la entrada al inmueble. ***** Este domingo “Desde la fe”, órgano informativo de la Arquidiócesis de México, sorprendió al hablar de la iglesia “Pare de sufrir”, la cual, hay que decirlo, está reconocida por la Secretaría de Gobernación. En su artículo principal rechaza que “Pare de sufrir” forme parte de la Iglesia Católica; incluso, resalta que fue fundada por el brasileño Edir Macedo Becerra, “religioso ex presidiario, acusado y encarcelado por fraude, charlatanería y malversación”. ¿La crítica causará alguna reacción en TV3, donde transmiten los programas de Macedo Becerra? ****** En breve el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que en Puebla está representado por José Luis Armenta Mier, pondrá en marcha el programa de Financiamiento a la Infraestructura Social Municipal, que concede créditos a municipios de alta y muy alta marginación. ***** Para terminar, tan sólo una anotación. Hace un año, justo el 6 de julio, murió la columna “Un día en la vida”; próximamente retomaré este género. Esta vez, válgase el palomazo. Mañana regresa Rodolfo Ruiz a este espacio.

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