Presionada por el escándalo que envuelve al presidente del Consejo Distrital número 4, Raúl Manuel Flores Muñoz, y por las evidencias testimoniales y documentales que echan por tierra el supuesto secuestro del que habría sido víctima la madrugada del domingo 18 de abril, la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado no tuvo más remedio que suspenderlo de sus funciones y abrirle un proceso administrativo.

Y es que hoy se sabe con toda claridad lo que aquí le habíamos anticipado desde el 21 de abril: Flores Muñoz no fue víctima de un asalto ni de un secuestro —como lo declaró ante el Ministerio Público y sus superiores jerárquicos—, sino de una borrachera que lo llevó a destruir una camioneta oficial y a poner en riesgo la vida de una subordinada suya, a la que abandonó después del trágico accidente.

Así consta en la declaración ministerial, de la capturista de capacitación del Consejo Distrital número 4, Denisse Huerta Rosas, y en la comparecencia que ésta rindió ante la Contraloría Interna del Instituto el pasado 7 de mayo.

En esta última actuación, Denisse Huerta declaró que, la noche previa al accidente, Raúl Manuel Flores la invitó al bar La Cantinera de Cholula, donde estuvieron bebiendo, junto con otros funcionarios electorales, hasta las tres de la madrugada del domingo 18 de abril. Posteriormente, éste pasó a su domicilio por una camioneta del IEE para seguir la juerga en Atlixco, donde desayunaron antes de regresar a Puebla.

Según Denisse, el accidente ocurrió en el trayecto hacia la ciudad de Puebla. El presidente del Consejo Distrital perdió el control de la unidad por el exceso de velocidad con que conducía. En su declaración, la funcionaria electoral dice que durante el accidente perdió el conocimiento y, cuando lo recobró, estaba debajo de la Nissan tipo estaquitas y pudo ver cómo salía corriendo del lugar su acompañante, abandonándola en la carretera.

Sobre estos mismos hechos, Raúl Méndez Flores declaró ante el Ministerio Público, dentro de la averiguación previa AP-875/2010/SUR, que la noche de ese sábado se encontraba laborando en tareas electorales; que el secuestro ocurrió cuando conducía un vehículo del IEE en compañía de su capturista, a quien llevaba a su casa; que un sujeto lo amagó con una pistola, le robó sus pertenencias, lo golpeó y luego — quién sabe cómo ni por qué— perdió el control de la camioneta y se salió de la carretera. El vehículo dio varias volteretas que lo llevaron a perder el conocimiento y a caer sobre unas milpas, bañado en sangre, fuera de la unidad.

De un momento a otro, Blas Villegas Lara podría dejar la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, ser inhabilitado del servicio público y sujeto a un proceso administrativo por desvío de recursos públicos federales.

Y no porque su jefa, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, vaya a ceder a las presiones de la regidora panista Marisa Ortiz Mantilla; ni por su distanciamiento con quien fuera su protector en el pasado reciente, el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez; tampoco porque haya sido incapaz de regular y controlar a las empresas propietarias de anuncios espectaculares, que en esta coyuntura electoral han hecho su agosto.

Para nada. Su renuncia en realidad está relacionada con una investigación que le sigue la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos federales, siendo director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), durante la gestión de Mario Marín Torres.

De acuerdo con fuentes confiables cercanas al caso, Blas Villegas —en complicidad con algunos funcionarios de la dependencia, como el actual director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, y el director Administrativo, Sergio Aguilar de Llano— habría simulado la ejecución de obra pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Este martes, personal de la Contraloría del estado, que coadyuva en la investigación de la Secretaría de la Función Pública, se apersonó en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para ultimar algunos detalles del reporte de auditoría.

Trascendió que el monto del desvío asciende a los ocho millones de pesos y que la mayor irregularidad estriba en la simulación de algunas obras en los municipios de San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Zacatlán, mismas que se pagaron como nuevas, aunque ya estaban realizadas.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, cargo que podría dejar en cualquier momento.

Alejandro Pérez Morales funge como director de Planeación de la Ceaspue, aunque al comienzo del gobierno marinista fue nombrado director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, de la que salió por malos manejos, situación que se repitió más adelante en el Instituto de Asistencia Pública del estado de Puebla (IAPEP), durante la gestión de José Garmilla Herrera, quien lo nombró subdirector de Administración de Negocios.

Sergio Aguilar, quien hasta hoy despacha como director Administrativo de la Ceaspue, fue funcionario de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Como se verá, puras finas personas.

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Otro funcionario estatal que también está siendo auditado por parte de la Secretaría de la Función Pública es el secretario de Salud, José Alfredo Arango García.

Hasta donde se sabe, los auditores han centrado su análisis en los recursos otorgados por la Federación al estado, a través del llamado Seguro Popular, y con los cuales se habrían adquirido mobiliario, equipo e instrumental médico, así como material de curación, ropa hospitalaria y medicamentos a sobreprecio.

La auditoría es sobre el ejercicio presupuestal del 2009, con énfasis en los últimos meses de ese año, que es cuando Arango fue nombrado secretario de Salud —en sustitución de Antonio Marín y López— y cuando la Federación liberó la mayor parte de los fondos del Seguro Popular.

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A quien todavía no le cae la Secretaría de la Función Pública, ni el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración (INM), es a la delegada estatal de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Rocío Sánchez de la Vega Escalante.

Y es que hace 15 días se le escapó de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración un colombiano, hecho que ha pretendido ocultarse a la opinión pública para no afectar la imagen de la joven funcionaria federal panista.

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Simón dice:

«Cuando llega la desgracia, nunca viene sola, sino a batallones.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Al contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, habría que abrirle un proceso administrativo por mentiroso e ineficiente en el ejercicio de su función, y por su incapacidad para que la transparencia y la rendición de cuentas sean una realidad en Puebla.

Y es que el convenio que desde diciembre de 2008 se firmó para que las solicitudes de información pública a las dependencias gubernamentales se gestionaran y se respondieran a través de la plataforma del sistema Infomex, ha quedado en letra muerta.

A 15 meses de aquel convenio, suscrito por el gobernador Mario Marín Torres y el entonces comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, en el Salón de Protocolos, aún no hay una fecha para el arranque del Infomex, no obstante las promesas del titular de la Sedecap de que ahora sí, en abril de 2010, este sistema se implementaría, como ocurre en la mayoría de las entidades del país.

El pasado mes de enero, Sánchez Ruiz prometió, por enésima ocasión, que el Infomex sería una realidad en abril, al tiempo de afirmar que si su implementación se había retrasado más de lo previsto no era por culpa del gobierno del estado, sino por los técnicos y operativos del IFAI que no lo habían concluido, ni liberado.

Cosa que, por supuesto, es falsa, y que puede documentarse con diversos oficios, en los que se comprueba que el sistema Infomex fue recibido y aceptado por la Fiscalía Anticorrupción del gobierno del estado en noviembre del año pasado.

Pero ¿qué es lo que impide que esta plataforma —que ya es usada por el ayuntamiento de Puebla— se aplique en la administración estatal, en sustitución del obsoleto Módulo de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Maipep), a cargo de la Fiscalía Anticorrupción?

Una causa, como ya se lo comenté líneas arriba, es la desidia y negligencia del contralor Sánchez Ruiz, quien desde un principio se opuso al funcionamiento del Infomex con el argumento de que el Maipep —financiado y contratado por la Contraloría a su cargo— era un sistema más acabado.

Y la otra y más importante, es que con el Infomex todas las solicitudes de información y respuestas que emitan los sujetos obligados por la Ley de Responsabilidades se tendrían que hacer públicas, lo que pondría fin a la discrecionalidad de las dependencias estatales que hoy, en la mayoría de los casos, responden con opacidad las peticiones que se les formulan so pretexto de que la información requerida es reservada o confidencial.

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Simón dice:

«Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa.»

Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español.