Cuatro son los candidatos que hasta el momento han manifestado su intención de suceder a Guadalupe Martínez Castillo en la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados.

Ellos son:

Rodrigo Rodríguez Soledad, supervisor en el área de transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 23 años de burócrata. Su aspiración es apoyada por algunos exsecretarios sindicales como Miguel Ángel Espinoza y Víctor Arteaga.

Fidel Sánchez. Empleado adscrito al Periódico Oficial del estado, que participó como secretario de Organización en el comité encabezado por Cecilia Montiel. Otros ex secretarios sindicales que también lo apoyan son Miguel Ángel Acuña, Jorge Bonilla, Raúl Bonilla y Martha Rodríguez.

Laureano Galindo Flores. Es representante del actual comité sindical ante el Tribunal de Arbitraje del estado. Su base se encuentra radicada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, de acuerdo con versiones de sus propios compañeros, su candidatura es respaldada por el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano.

Héctor Posadas Manzano. En dos ocasiones anteriores ha buscado la secretaría general. En 2002, el gobernador Melquiades Morales Flores le pidió no registrarse y, en 2005, el entonces secretario de Gobernación de la gestión marinista lo persuadió de que no era su momento. Héctor Posadas laboró durante 22 años en la Secretaría Particular del Gobernador, y actualmente lo hace en el área de Unidades Móviles de la Secretaría de Desarrollo Social. Es considerado el favorito de esta contienda.

Se estima que en los siguientes días saldrá un quinto aspirante, que sería el candidato a vencer pues tendría el apoyo de la secretaria general del sindicato de burócratas. Dos son los alfiles de Guadalupe Martínez para sucederla en la dirigencia del gremio: su secretario particular, Juan Carlos Aguilar Pérez, y su secretario de Finanzas Óscar Leal.

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Anoche se comunicó a este espacio un integrante de la llamada chiquillada del Puebla de La Franja, para hacernos saber que antes de que Francisco Bernat Cid decida vender sus acciones a Ricardo Henaine Mezher o a otros inversionistas locales o nacionales, primero tiene arreglar con ellos la demanda que le presentaron en el Juzgado Segundo de lo Civil, en la cual le reclaman 32 millones de pesos por cumplimiento de contrato.

La chiquillada del club camotero de primera división la componen Eduardo “Edy” Abraham, Justo “Tito” Olvera y Antonio Fernández Brito.

Este grupo argumenta que Francisco Bernat les ofreció en diciembre de 2008 una suma de 3 millones de dólares por hacerse cargo de la administración del equipo de primera división, luego de que éste decidió separarse de La Franja, para evitar mayores pleitos con Ricardo Henaine.

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Anoche hubo reunión de evaluación electoral en Casa Puebla, residencia oficial en la que se dieron cita la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente; los directivos del CISO de la BUAP; y Raúl “El Chacal” Velázquez García, del equipo de estrategas en comunicación política, marketing y campañas negras del PRI estatal, entre otros.

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Simón dice:
“No hagas cosas buena que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas”
Refrán popular.

Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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