No son pocas las personalidades de Puebla que han visto con simpatía la conformación de una coalición electoral PAN-PRD, y la intención de un grupo de ciudadanos de impulsar un cambio de fondo, que destierre algunos usos y prácticas de la clase política dominante, a partir de la renovación del Poder Ejecutivo, el Congreso del estado y las 217 Presidencias Municipales de la entidad en los comicios del próximo 4 de julio.

Entre las figuras que han conocido, de voz de los aliancistas, el proyecto de conformar un frente amplio opositor que busque derrotar al PRI en las elecciones de julio, para impulsar un gobierno de transición que privilegie la democratización de las instituciones, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones, destacan el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa y el rector de la Ibero Puebla, el jesuita David Fernández Dávalos.

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Una fórmula que en definitiva ha sido rechazada por los impulsores de la alianza «Puebla de Acuerdo», por los dirigentes del PAN a nivel nacional y estatal, y por el coordinador del frente de izquierda Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA), Manuel Camacho Solís, es la integrada por Rafael Moreno Valle Rosas para gobernador y Enrique Doger Guerrero, para presidente municipal de Puebla.

Varias fueron las razones para vetarla, aunque casi todas se focalizaron en la figura de Enrique Doger.

Los panistas fueron los que mayor oposición mostraron a la candidatura de Doger. Dijeron que si ésa era la condición de los perredistas, entonces preferían ir solos. Lo podemos aceptar como candidato a diputado local, incluso por la vía plurinominal, pero no como abanderado de la coalición a la presidencia municipal de Puebla.Los aliancistas también mostraron sus reservas hacia el exmunícipe capitalino, pues afirmaron que el candidato a la alcaldía debía ser una figura ciudadana, alguien que atrajera a la sociedad civil, y no un priísta inconforme con la imposición de López Zavala como candidato de su partido.

Los dirigentes del PRD y del DIA tampoco se desgastaron en defenderlo. Éstos dijeron que en una reunión con sus cuadros locales, Enrique Doger les pidió cien millones de pesos, para ir como candidato a la gubernatura de una coalición de izquierda.

Sin embargo, panistas y aliancistas estuvieron de acuerdo en sumarlo al proyecto, para derrotar al PRI en las elecciones del 4 de julio.

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Otro personaje que si bien no ha sido vetado como candidato a la alcaldía de Puebla, por parte de los impulsores partidistas de la coalición PAN-PRD y los aliancistas de la asociación Puebla de Acuerdo, es el diputado Eduardo Rivera Pérez.

Al coordinador de la bancada panista en el Congreso del estado se le cuestiona su origen yunquista y su bajo potencial de voto, según diversas encuestas, algo que el propio Eduardo Rivera ha reconocido en las reuniones en que ha participado para construir la coalición PAN-PRD, al lado de su dirigente estatal, Juan Carlos Mondragón Quintana.

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Entre los dirigentes nacionales y locales del PAN, la participación de Ana Teresa Aranda Orozco en la contienda interna de su partido por la candidatura a la gubernatura es percibida con preocupación, pues creen que la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno foxista no sólo abona muy poco a un acuerdo con el PRD y otros partidos como el PT, Convergencia y el PANAL, sino que su discurso podría llevar a dinamitar los avances que hasta el momento se tienen para conformar un frente amplio opositor antimarinista.

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Si bien es cierto que algunos dirigentes locales del PRD, PT y Convergencia, que se han manifestado contrarios a una coalición electoral con el PAN, están siendo maiceados en Casa Aguayo o por operadores del «Proyecto Z», esta situación tampoco es generalizada.

Dentro de la izquierda hay cuadros que se oponen a la alianza por principios ideológicos, y otros como el convergente José Juan Espinosa Torres por diferencias personales con Rafael Moreno Valle Rosas, desde que ambos militaban en las filas del PRI.

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Simón dice:

«Las personas no son ridículas sino cuando quieren parecer o ser lo que no son».

Giacomo Leopardi (1798-1837) Poeta y erudito italiano.

Por Eduardo González Soto

He aquí dos visiones de la rendición de cuentas públicas:

A diferencia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado con las cuentas públicas del gobernador Mario Marín Torres, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí reveló el resultado de la revisión que hizo a los recursos ejercidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa durante 2007.

Los resultados no fueron muy halagadores para la administración federal, pues le fueron detectadas irregularidades por 60 mil 723.5 millones de pesos.

Sin embargo en Puebla la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos es una constante, pese a que de acuerdo con el OFS, todas las entidades salen limpias y corrigen las observaciones que en un principio les son hechas.

El 22 de julio de 2008 el Congreso  del estado aprobó la cuenta pública del gobierno del estado respecto al ejercicio fiscal de 2007, en el que se manejaron más de 44 mil millones de pesos.

Pero al informe de la revisión que el OFS publicó en su portal de internet le fueron recortados los capítulos I, II y IV, precisamente aquellos en los que se mencionaban los montos, ya no dígase detallados, sino generales de las observaciones hechas a las diferentes instancias de la administración estatal.

e-consulta solicitó el 22 de octubre de 2008 el informe completo sobre la revisión al Poder Ejecutivo a través de la solicitud de transparencia 171/2008, pero la información fue clasificada por el OFS como reservada por 7 años , y además, se argumentó que su divulgación comprometería la “estabilidad” y “gobernabilidad” de la entidad.

A través de un trabajo periodístico , se publicó en diciembre de 2008 en este mismo medio que el monto de las observaciones hechas por el OFS a la administración de Mario Marín Torres ascendió a 13 mil 809 millones de pesos, aunque todas y cada una de las partidas fue justificada hasta llegar a cero.

Entonces, ¿cuál era el riesgo que corría el estado por dar a conocer los montos en cada dependencia?

Y una vez que se publicaron, ¿ocurrió algún incidente que puso en peligro la estabilidad y gobernabilidad en Puebla?

Si estos argumentos se trasladaran a la administración federal, ¿entonces nos quedaremos sin presidente “del empleo” en los 3 años y medio que restan del sexenio?

¿Una ola de inestabilidad e ingobernabilidad lo derrocará?

¿Por qué el titular de la AFS cuyo sueldo es pagado con recursos públicos sí puede publicar las irregularidades en la administración de Calderón Hinojosa, y el titular del OFS en Puebla –que recibe un salario con el mismo origen- no quiere develar las de la administración estatal?

¿No acaso el concepto de transparencia gubernamental es el mismo en Puebla que en el resto del país?

Al parecer no.

¿Es acaso una cuestión de discrecionalidad en el manejo del erario público, de protección a funcionarios y de nula independencia de los poderes de gobierno?

Al parecer sí.

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Salvo sorpresa de última hora, pero de última hora, Blanca Lilia Ibarra Cadena será nombrada este jueves comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla.

Lo malo del asunto, que no de su persona, es que su designación no se acordó en la Gran Comisión del Congreso local, ni se negoció entre las fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura, sino en la Secretaría de Gobernación del estado.

Ahí, en esa dependencia del Poder Ejecutivo, Mario Montero Serrano cabildeó con los panistas el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y ahí, él y sus asesores jurídicos, minimizaron los riesgos de una eventual impugnación por parte de la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán, quien se registró para continuar como comisionada de la CAIP por otros seis años.

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A propósito de Montero y los panistas.

Cuentan que en el desayuno privado que el gobernador Mario Marín Torres sostuvo con los diputados locales y dirigentes estatales del PAN, Rafael Micalco Méndez sacó a relucir su antizavalismo.

Y es que al final del encuentro, el presidente del PAN le dijo al gobernador, a manera de despedida, que con Mario Montero en la Secretaría de Gobernación el diálogo y la interlocución entre su partido y el gobierno del estado habían mejorado.

El elogio hacia Montero fue tan desmedido que hasta el secretario de Gobernación se incomodó.

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Este jueves la bancada del PAN solicitará que la Comisión Inspectora y/o la Comisión de Hacienda y Patrimonio investiguen un probable daño patrimonial a las arcas del estado, derivado de los financiamientos contratados por Carreteras de Cuota de Puebla (CCP).

El diputado Manuel Janeiro Fernández cuestionará en tribuna un primer crédito contratado a Banobras en 2004 por 500 millones de pesos, con dos años de gracia. Por este préstamo, Carreteras de Cuota ha pagado a la fecha 154 millones de pesos, pero aún adeuda 445 millones de pesos.

El segundo crédito se trata de un financiamiento bursátil a 15 años por 520 millones de pesos, por el cual CCP ha pagado por concepto de refinanciamiento e intereses 240 millones de pesos, sin que su deuda original haya disminuido de manera significativa, pues ésta asciende a la fecha a 511 millones de pesos.

Pero el asunto no para ahí, pues de acuerdo con Manuel Janeiro, Carreteras de Cuota quiere se le autorice un nuevo crédito de hasta por 1,054 millones de pesos, para liquidar los otros dos y renegociar mejores condiciones de pago con el nuevo acreedor.

El problema es que Carreteras de Cuota no puede explicar por qué si las dos deudas que actualmente tiene suman 956 millones de pesos, pretende contratar un crédito de hasta 1,054 millones de pesos para cubrirlas.

La diferencia de casi 100 millones de pesos no es poca cosa, como tampoco las comisiones por prepagado que sus actuales acreedores le exigen y que rondan por los 65 millones de pesos.

Lo que Manuel Janeiro demandará este jueves es que el nuevo crédito sí se contrate, pero que éste se concurse de manera abierta para que el gobierno del estado y Carreteras de Cuota de Puebla obtengan las mejores condiciones y se eviten nuevos daños patrimoniales como los arriba descritos con los financiamientos contratados en las postrimerías del sexenio melquiadista.

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Manda a decir Roy Campos Ezquera, presidente y director de Consulta Mitofsky, que en Puebla no ha realizado ninguna encuesta electoral con miras a las elecciones de gobernador del estado, por lo que desconoce por anticipado los resultados o cifras que pudieran publicarse en estos días sobre el tema.

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El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, marcó a las autoridades estatales y diputados locales el derrotero que deben seguir para salir del embrollo en que se encuentran metidos con el descrédito del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y las impugnadas reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí el recetario que Lujambio perfiló durante su conferencia “Información pública, instrumento de control ciudadano” ante los directivos y socios del Club de Empresarios de Puebla:

Revisar y corregir algunos aspectos de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que van en sentido contrario a las reformas que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 7° constitucional.

Convertir a la CAIP en órgano garante de la transparencia a nivel estatal con competencia sobre el Poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos de la entidad, para evitar que en Puebla existan más de 220 comisiones de transparencia que funcionen con criterios diferentes y hasta antagónicos.

Impulsar la creación de órganos garantes en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos.

Sustituir el módulo electrónico con que actualmente cuenta el portal de transparencia del gobierno del estado para recibir y responder las solicitudes de información pública, por el sistema Infomex creado por el IFAI, y que opera en ocho estados y que está en vías de aplicarse en 21 entidades federativas más. Sobre este punto, Lujambio expresó que el gobernador Mario Marín ya expresó este día su interés por adoptar el Infomex.

Restituir la confianza y credibilidad de la CAIP como garante de la transparencia y árbitro entre ciudadanos y autoridades en caso de controversias. Y aunque el presidente del IFAI fue muy cuidadoso en no emitir comentarios sobre Juárez Acevedo, con su exposición dejó más que claro que lo mejor que le puede ocurrir a la CAIP es que éste se vaya y sea sustituido por un personaje que goce de amplio prestigio social.

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Pero en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal, organizada por el ayuntamiento de Puebla en colaboración con la UAP, la UPAEP, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey y el IFAI, también trascendieron malas noticias.

La primera es que el proceso que el Congreso del estado le sigue el ilegítimo e ilegal Antonio Juárez Acevedo como presidente de la CAIP no será fast track, sino largo, tortuoso y burocrático.

Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que encabeza el priísta Pablo Fernández del Campo, no quieren dar pie a que el mañoso Juárez Acevedo se ampare contra el proceso de remoción y prolongue su permanencia al frente de la CAIP por secula seculorum.

Y quienes marcan la línea y los tiempos de la agenda legislativa quieren empatar la salida de Juárez Acevedo con la de la comisionada incómoda de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán, que en diciembre concluye el periodo de cuatro años para el cual fue nombrada por el Congreso del estado.

Otra mala noticia es que la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, en contra de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría resolverse hasta dentro de cuatro o seis meses.

Y la última: la mayoría priísta que controla el Congreso del estado muestra poca, pero muy poca disposición de impulsar como sustitutos de Juárez Acevedo y Josefina Buxadé a personajes independientes, de prestigio social y académico y con autoridad moral, pues su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no es más que de dientes para fuera.

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Hoy finalmente se aprobarán las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia.

A juzgar por el dictamen que ayer aprobaron sólo los diputados priístas, en la sesión de las comisiones unidas de Gobernación y Transparencia, son pocos los avances que tendrá nueva legislación en comparación con la vigente.

Los legisladores priístas rechazaron dotar a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) de autonomía constitucional.  Lo único que aceptaron fue quitarle eso de órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del estado.

A diferencia de lo que ocurre en otras entidades federativas, con legislaciones más progresistas en la materia, en Puebla no habrá un sólo órgano encargado de hacer efectiva la transparencia y la rendición de cuentas, sino alrededor de 200.

La CAIP será el órgano del Ejecutivo, los poderes Legislativo y Judicial tendrán sus órganos análogos, y lo mismo ocurrirá con los ayuntamientos y con los demás sujetos obligados, entre los que por cierto no estarán los partidos políticos, las universidades públicas y los fideicomisos en los que participe el gobierno.

Cabe destacar que esto último contraviene el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, que al momento de aprobar las reformas al artículo 6° constitucional recomendaron la existencia de sólo 32 órganos estatales y uno federal, para evitar la perniciosa e impracticable proliferación de autoridades de transparencia.

En Puebla habrá más de 200 autoridades o comisiones de transparencia, una por cada poder, una por cada ayuntamiento con población superior a 70 mil habitantes, y una más por cada sujeto obligado.

La Ley de Transparencia no incluirá sanciones a los funcionarios que nieguen, oculten e escamoteen la información pública que se les requiera, y tampoco la obligación de que los funcionarios acrediten el supuesto daño que causaría la difusión de una información que ellos clasifiquen como restringida o reservada.

En suma: Puebla seguirá sumida en la opacidad gracias a los diputados del PRI.

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El próximo lunes e-consulta publicará, en una edición especial, el ranking de las mejores universidades de Puebla.

Se trata de una investigación efectuada por el equipo de Consultoría Contracorriente, en la que fueron consideradas las 219 instituciones de educación superior que existen en la entidad.

No está de más apuntar que ésta es la primera investigación estatal en la materia, para un medio de comunicación.

Hasta hoy, la calidad de las universidades poblanas se había medido por su inserción dentro de rankings nacionales o por criterios basados en cuestiones no académicas, como encuestas a población abierta (basadas en la percepción del entrevistado), cuestionarios a empresarios y directivos de bolsas de trabajo o en evaluaciones de carácter administrativo, como las certificaciones ISO-9000.

La evaluación de Consultoría Contracorriente se hizo a partir de nueve indicadores, entre ellos el número de programas de licenciatura y posgrado de calidad, certificados por CIEES, COPAES o Conacyt; el número y nivel de sus investigadores pertenecientes al SNI; su porcentaje de titulados y egresados; sus convenios internacionales, y su inserción y aceptación en el mercado laboral.

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Será hasta el 1 de septiembre cuando se publique la convocatoria para la elección de director en cuatro unidades académicas de la Universidad Autonóma de Puebla: Ciencias Físico-Matemáticas, la facultad de Lenguas, la facultad de Ingeniería Química y la preparatoria Simón Bolívar de Atlixco.

Hasta ahora hay más o menos consenso para que Cupatitzio Ramírez Romero repita como director en Físico Matemáticas, y que lo mismo suceda con Santiago Aguilar Márquez en la facultad de Lenguas.

En el caso de Ingeniería Química, lo más probable es que el candidato de unidad sea Óscar Arroyo Porras, aunque el puesto también lo quiere el ex director Elías Jiménez Salgado.

Donde aún no hay consenso para sacar un candidato de unidad es en la preparatoria Simón Bolívar, aunque Rubén Romero es el que se perfila con mayores posibilidades.

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