Un tema que preocupa a las dirigencias estatales de los partidos políticos es cuándo se publicarán, en el Periódico Oficial del estado, las reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales aprobadas por el Congreso local en diciembre pasado.

Y su preocupación no se debe a que el plazo de 90 días establecido en la reforma constitucional para el nombramiento del secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado (IEE) esté por vencerse, y que el organismo vaya a incurrir en un desacato.

Ni tampoco porque estén muy interesados en poner en marcha la nueva estructura operativa del IEE, que fusiona la Secretaría y la Dirección General, eleva el status de la Unidad Jurídica a Dirección y crea la Unidad de Fiscalización del Financiamiento Público de los Partidos Políticos.

No. Para nada.

En realidad su preocupación radica en el monto que este año recibirán por concepto de financiamiento público.

Y es que si no se publican las reformas al Código Electoral, entonces el sustancial incremento que los diputados de la LVIII Legislatura del Congreso del estado aprobaron para los partidos políticos por concepto de prerrogativas no podrá hacerse efectivo.

Lo que significa, en términos llanos, que este mes de febrero no recibirían una bolsa de 46 millones de pesos, sino sólo los 17 millones que obtuvieron el año pasado por financiamiento público.

Y eso sí que duele en un año electoral federal. ¿O no?

 

Javier García, ¿detenido o amparado?

Este lunes corrieron versiones encontradas sobre el ex secretario de Administración Urbana y Obras Públicas de Mario Marín Torres.

Una fuente policiaca consultada por este reportero me advirtió que posiblemente la Interpol habría ya detenido a Javier García Ramírez, y que por esta razón su nombre y su ficha habrían sido eliminados del portal de esta organización policiaca internacional.

Según la misma fuente, García Ramírez habría sido detenido en España.

De su detención estarían ya enterados algunos funcionarios del gobierno del estado, quienes incluso ofrecerían una conferencia de prensa con todos los detalles de su captura una vez que el ex secretario marinista sea deportado a México, vía la embajada mexicana.

Esta versión fue puesta en entredicho por otra fuente policiaca, quien aclaró que cuando una persona con ficha roja es detenida por la Interpol, el procedimiento normal que se sigue es agregar la palabra “detenido” en su ficha y no eliminarla del portal de inmediato, salvo que la persona con orden de búsqueda internacional haya obtenido un amparo en su país de origen, en este caso México.

Este día, en su comparecencia ante los diputados del Congreso del estado, el procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget fue interrogado sobre la orden de aprehensión girada en contra García Ramírez y el motivo por el que su ficha habría sido retirada del portal de la Interpol.

El procurador respondió que el retiro de la ficha roja del secretario de Administración Urbana y Obra Pública de la pasada administración obedeció a que se le añadirá su foto y se harán algunas precisiones sobre los delitos por los cuales se le persigue, que van más allá del fraude.

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Simón dice:

“La riqueza es como el agua salada; cuanto más se bebe, más sed da.”

Arthur Schopenhauer (1788-1860) Filósofo alemán.

Aunque la versión no pude confirmarla, una fuente regularmente bien informada del PAN me contó que este lunes se habrían reunido los dirigentes nacionales del PAN, César Nava Vázquez, y del PRD, Jesús Ortega Martínez, para afinar detalles en torno a la coalición que ambos partidos suscribirían —antes del 20 de febrero— para las elecciones locales del próximo 4 de julio.

Lo interesante del caso, más allá de si la reunión se realizó, es la declaración que la noche de este lunes le hizo el perredista Luis Miguel Barbosa Huerta al reportero de e-consulta Álvaro Ramírez Velasco, en el sentido de que la coalición llevaría como candidato a la gubernatura al actual senador panista Rafael Moreno Valle Rosas.

Y es que de ser cierta esa versión, lo más probable es que la consulta a los 75 mil miembros activos y adherentes del PAN no sólo se suspendería, sino que Ana Teresa Aranda sería designada candidata a la alcaldía de Puebla, y que la coalición se fortalecería con la incorporación de algunas figuras ciudadanas cercanas al PRD como el empresario Antonio Kuri Alam y la ecologista Verónica Mastretta Guzmán, que serían postulados como candidatos al Congreso del estado por la vía plurinominal.

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A propósito de reuniones.

Este martes se reunirán los dirigentes estatales de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, y del Partido del Trabajo, Zeferino Martínez Rodríguez, para evaluar la posibilidad de ir en alianza en las próximas elecciones locales para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

El encuentro fue auspiciado por el convergente José Juan Espinosa, quien ve cada vez más lejana la posibilidad de que el PRD se incorpore a esta coalición electoral, por la decisión del dirigente nacional del sol azteca y líder moral de la corriente de Los Chuchos, Jesús Ortega Martínez, de aliarse con el PAN y Moreno Valle en los comicios para gobernador del próximo 4 de julio.

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Por omisión o negligencia, no se sabe si del Congreso o del Periódico Oficial del estado, es la hora que todavía no se publica la Ley de Ingresos de San Andrés Cholula, ni la zonificación catastral y la tabla de valores unitarios del suelo de la Angelópolis, por lo que el pago del impuesto predial en ambos municipios es un merequetengue.

La Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2010 se publicó el pasado 16 de diciembre, pero de manera incompleta, ya que se omitió la zonificación catastral y los valores unitarios del suelo que sirven de base para estimar el pago del impuesto predial.

Esta situación deja a los contribuyentes del municipio de Puebla en un estado de indefensión, pues no tienen manera de corroborar si la cantidad que se les fija en su boleta del predial fue bien calculada.

La situación en el municipio de San Andrés no es mejor, pues hasta este lunes no se había publicado en el Periódico Oficial del estado la Ley de Ingresos correspondiente al presente año, no obstante que ésta se aprobó desde el mes de diciembre.

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Simón dice:

«En los inicios de un amor los amantes hablan del futuro, en sus postrimerías, del pasado».

André Maurois (1885-1967). Novelista y ensayista francés

¿Será que la fama de transa del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, es tan grande que ya hasta la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado tomó el control sobre el manejo de los recursos con los que este organismo solventará el inicio del proceso electoral ordinario 2010?

No es broma.

Así consta en el oficio D.P104/6173/2009 enviado por el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, al presidente del IEE, que incluye varias desagradables noticias. Entre ellas, que no recibirá los 17 millones 486 mil pesos solicitados como ampliación presupuestal; que los consejeros tampoco podrán cobrar un bono extraordinario este año ni el siguiente; que no tendrá dinero para invitar a comer a periodistas o columnistas; y ni siquiera para su convivio de fin de año.

Lo más delicado del asunto —y que pone en entredicho la supuesta independencia y autonomía de gestión del máximo órgano electoral del estado— es que ahora Gerardo Pérez Salazar determina cómo y en qué deben gastarse los recursos adicionales del Instituto.

En el oficio de marras le indica a Jorge Sánchez Morales que de los 2 millones 523 mil pesos, que por lo pronto recibirá el IEE, 2 millones 43 mil debe canalizarlos a la contratación de 89 trabajadores eventuales dentro de la partida 4301 (servicios personales y plazas eventuales); 338 mil pesos a la partida 4302 (transferencia para materiales y suministros); y 140 mil pesos a la partida 4303 (transferencias servicios generales).

Pero eso no es todo.

El secretario de Finanzas le advierte que cualquier nueva solicitud de ampliación debe ir acompañada de una relación detallada de los consumibles y bienes muebles necesarios para el IEE; de los servicios y bienes inmuebles que se vayan a contratar o arrendar; del personal que vaya a requerir viáticos, así como justificar el motivo del viaje; y negociar con el Periódico Oficial del estado la publicación de aquellas convocatorias y acuerdos que deban difundirse en ese órgano informativo.

Y eso que apenas la Secretaría de Finanzas autorizó 2.5 de los 17.4 millones de pesos requeridos por el IEE. Imagínese cuando Sánchez Morales pida el resto.

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Una cuestión que, a decir de los conocedores del tema, subyace en esta posición del secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, es que su relación con el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, está muy deteriorada.

Y es que Jorge Sánchez habría alentado la denuncia presentada por la dirigencia estatal de Convergencia en contra de Pérez Salazar, por desvío de recursos públicos y violación del artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Según esta versión, el presidente del IEE pretendía utilizar esta inconformidad para negociar con el secretario de Finanzas mayores recursos para el Instituto Electoral del Estado, a cambio de parar o congelar cualquier investigación en su contra.

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Simón dice:

«Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico; cuando se necesita, se necesita urgentemente».

Upton Sinclair (1878-1968). Novelista y escritor estadounidense.

Cuatro son los candidatos que hasta el momento han manifestado su intención de suceder a Guadalupe Martínez Castillo en la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados.

Ellos son:

Rodrigo Rodríguez Soledad, supervisor en el área de transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 23 años de burócrata. Su aspiración es apoyada por algunos exsecretarios sindicales como Miguel Ángel Espinoza y Víctor Arteaga.

Fidel Sánchez. Empleado adscrito al Periódico Oficial del estado, que participó como secretario de Organización en el comité encabezado por Cecilia Montiel. Otros ex secretarios sindicales que también lo apoyan son Miguel Ángel Acuña, Jorge Bonilla, Raúl Bonilla y Martha Rodríguez.

Laureano Galindo Flores. Es representante del actual comité sindical ante el Tribunal de Arbitraje del estado. Su base se encuentra radicada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, de acuerdo con versiones de sus propios compañeros, su candidatura es respaldada por el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano.

Héctor Posadas Manzano. En dos ocasiones anteriores ha buscado la secretaría general. En 2002, el gobernador Melquiades Morales Flores le pidió no registrarse y, en 2005, el entonces secretario de Gobernación de la gestión marinista lo persuadió de que no era su momento. Héctor Posadas laboró durante 22 años en la Secretaría Particular del Gobernador, y actualmente lo hace en el área de Unidades Móviles de la Secretaría de Desarrollo Social. Es considerado el favorito de esta contienda.

Se estima que en los siguientes días saldrá un quinto aspirante, que sería el candidato a vencer pues tendría el apoyo de la secretaria general del sindicato de burócratas. Dos son los alfiles de Guadalupe Martínez para sucederla en la dirigencia del gremio: su secretario particular, Juan Carlos Aguilar Pérez, y su secretario de Finanzas Óscar Leal.

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Anoche se comunicó a este espacio un integrante de la llamada chiquillada del Puebla de La Franja, para hacernos saber que antes de que Francisco Bernat Cid decida vender sus acciones a Ricardo Henaine Mezher o a otros inversionistas locales o nacionales, primero tiene arreglar con ellos la demanda que le presentaron en el Juzgado Segundo de lo Civil, en la cual le reclaman 32 millones de pesos por cumplimiento de contrato.

La chiquillada del club camotero de primera división la componen Eduardo “Edy” Abraham, Justo “Tito” Olvera y Antonio Fernández Brito.

Este grupo argumenta que Francisco Bernat les ofreció en diciembre de 2008 una suma de 3 millones de dólares por hacerse cargo de la administración del equipo de primera división, luego de que éste decidió separarse de La Franja, para evitar mayores pleitos con Ricardo Henaine.

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Anoche hubo reunión de evaluación electoral en Casa Puebla, residencia oficial en la que se dieron cita la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente; los directivos del CISO de la BUAP; y Raúl “El Chacal” Velázquez García, del equipo de estrategas en comunicación política, marketing y campañas negras del PRI estatal, entre otros.

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Simón dice:
“No hagas cosas buena que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas”
Refrán popular.

Ahora que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) están metidos en sesudas reflexiones y bizantinas discusiones sobre algunos aspectos operativos del Código de Instituciones y Procesos Electorales, bien valdría la pena que fijaran su atención en el artículo 90 de esa legislación.

Así de paso se podrían evitar los puyazos que les lanza el representante del PRI ante el Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández, cuando afirma a voz en cuello que sólo están para cobrar y votar.

Y en efecto, si uno revisa y compara las facultades y atribuciones que el Código Electoral otorga a los consejeros del Instituto, con las que dispone para el consejero presidente Jorge Sánchez Morales, irremediablemente se llega a la conclusión de que lo que priva en el IEE es el presidencialismo omnímodo.

Juzgue usted mismo si no:

Según el artículo 90 del referido Código, los consejeros electorales están facultados para:

“I.- Integrar el quórum de las sesiones del Consejo y participar en sus deliberaciones con derecho a voz y voto;

“II.- Someter a la consideración del Consejo proyectos de acuerdos y resoluciones, en los términos que señala el reglamento de sesiones del propio Consejo;

“III.- Solicitar la incorporación de asuntos en el orden del día del Consejo y de las Comisiones de las que formen parte, en los términos que señale el reglamento de sesiones del propio Consejo;

“IV.- Suplir al Consejero Presidente, previa designación de éste, en sus ausencias momentáneas de las sesiones del Consejo;

“V.- Presidir las Comisiones Especiales que constituya el Consejo General, en los términos que señale el reglamento de sesiones del propio Consejo;

“VI.- Formar parte de las Comisiones Permanentes y Especiales que constituya el Consejo General y participar con derecho a voz y voto en sus sesiones;

“VII.- Asistir, con derecho a voz, a las sesiones de las Comisiones Especiales de las que no formen parte; y

“VIII.- Las demás que les confieran este Código y otras disposiciones aplicables.

Los Consejeros Electorales del Consejo General, deberán desempeñar su función con autonomía y probidad”.

En suma: atribuciones nada relevantes que no sean más votar y cobrar.

En cambio, el artículo 91 otorga al consejero presidente las siguientes facultades:

“I.- Representar legalmente al Instituto;

“II.- Otorgar a nombre del Instituto poderes de representación, en su caso, al Secretario General, al Director General y al personal de las Direcciones del Instituto, para el cumplimiento de sus atribuciones, los que deberá hacer del conocimiento del Consejo General;

“III.- Procurar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto;

“IV.- Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo General;

“V.- Presidir y conducir las sesiones de la Junta Ejecutiva y convocarlas a solicitud del Director General;

“VI.- Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General, los asuntos de su competencia;

“VII.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del propio Consejo General;

“VIII.- Proponer al Consejo General, en terna, el nombramiento del Secretario General, del Director General y del titular de la Contraloría Interna;

“IX.- Presentar al Consejo General, de entre la lista que al efecto elabore, las propuestas para la designación de los Consejeros Electorales y Secretarios de los Consejos Distritales y Consejos Municipales;

“X.- Presentar al Consejo General, en términos de la legislación aplicable, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto;

“XI.- Remitir en términos de la legislación aplicable el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, una vez aprobado por el Consejo General;

“XII.- Recibir de los partidos políticos las solicitudes de registro de candidatos a Gobernador y someterlas a consideración del Consejo General para su registro;

“XIII.- Rendir anualmente al Consejo General, a más tardar en el mes de abril, informe sobre el ejercicio del presupuesto correspondiente al año anterior;

“XIV.- Elaborar el proyecto de convocatoria para las elecciones que establece este Código, para someterla a consideración y, en su caso, aprobación del Consejo General;

“XV.- Entregar el financiamiento público a los partidos políticos, en la forma y términos que determine este Código y el Consejo General;

“XVI.- Suscribir el convenio de apoyo y colaboración en materia electoral, que celebren el Gobierno del Estado y el Instituto Federal Electoral;

“XVII.- Enviar para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en los diarios de mayor circulación, la relación completa de los candidatos registrados, así como las cancelaciones de registro y sustitución de candidatos que se presenten, en los términos de este Código;

“XVIII.- Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de los fines del Consejo General;

“XIX.- Suscribir convenios con los Ayuntamientos que lo soliciten, para coadyuvar en la elección de Juntas Auxiliares;

“XX.- Suscribir convenios con instituciones académicas y de educación superior, para impartir cursos de formación, capacitación y actualización para aspirantes y miembros titulares del Servicio Electoral Profesional;

“XXI.- Establecer vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y municipales para lograr su apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto;

“XXII.- Solicitar a las autoridades correspondientes la fuerza pública necesaria para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral;

“XXIII.- Firmar junto con el Secretario General las boletas electorales;

“XXIV.- Velar por el buen uso del patrimonio del Instituto;

“XXV.- Plantear y ejecutar la política de comunicación social del Instituto;

“XXVI.- Elaborar el proyecto del diseño de la imagen institucional del Instituto y proponerlo al Consejo General para su aprobación;

“XXVII.- Instaurar los mecanismos para el contacto institucional del organismo con los medios de comunicación;

“XXVIII.- Exponer, implementar y ejecutar la campaña de difusión del voto y promoción de la participación ciudadana, durante la organización del proceso electoral; y

“XXIX.- Las demás que le confieran este Código, el Consejo General y las disposiciones relativas”.

Como se podrá leer, el consejero presidente no requiere para ninguna de estas atribuciones del aval o la aprobación del resto de los ocho consejeros o del visto bueno del Consejo General. Basta con el poder de su firma.

Ahora entiende por qué Jorge Sánchez se siente y actúa como Dios en el poder, y porque su protector dentro del Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández puede escupirles en la cara a los consejeros que sólo están para cobrar y votar.

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Simón dice:

“¡Pero qué asquerosidad es esto….!”

Kamel Nacif Borge, empresario y apostador.

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