Este jueves, en lo oscurito y por la vía del albazo legislativo, el Congreso del estado aprobó reformas y adiciones a la Ley de Expropiación del estado que, en no pocos casos, constituyen una legalización del despojo, dizque con fines de utilidad pública.

La iniciativa fue presentada por el diputado Eukid Castañón Herrera y avalada por amplia mayoría (34 votos a favor y 2 abstenciones de los diputados Juan Carlos Natale y Julián Peña Hidalgo), no obstante los graves retrocesos y abusos que encierra en el caso de expropiaciones.

Lo más absurdo de esta reforma —y que ninguno de nuestros legisladores cuestionó— es que ahora cualquier procedimiento de expropiación puede iniciarse sin que usted, que es el afectado, se entere, a no ser que revise todos los días el Periódico Oficial del estado, publicación, por cierto, totalmente irregular, carísima, y de la que no existen suscripciones.

Y todo en aras de una supuesta inmediatez para ejecutar la causa de utilidad pública en beneficio de la población, y que la autoridad tome posesión o se haga de manera provisional de los bienes que busca expropiar, sin que los afectados puedan ampararse o inconformarse.

Antes si la autoridad pretendía expropiarle una casa o terreno por causas de utilidad pública, primero tenía que hacerlo saber “de manera personal y por escrito …en términos del artículo 8 de la presente Ley, haciendo de su conocimiento el contenido del Expediente en cuestión, corriéndole traslado con el Acuerdo respectivo, otorgándole un término no mayor de cinco días hábiles para que se imponga de las constancias integrantes del mismo, y ocho días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, ante la Autoridad Expropiante, presentando las pruebas que establezca el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla”.

Ahora, con las reformas al vapor aprobadas por los diputados locales, la autoridad sólo tiene que mandar a publicar en el Periódico Oficial —que es el más católico entre los periódicos católicos, pues se sale cada que Dios quiere— la declaratoria de utilidad pública, sin que esté obligada a notificarle de manera personal y por escrito.

A diferencia del Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial del estado ni siquiera se publica en internet.

Pero con un agravante más: si la autoridad no lo encontrara o ignora quiénes son los propietarios del bien o los bienes que busca expropiar bastará con que haga una segunda publicación en el Periódico Oficial para que surta efectos la notificación.

Así es de absurdo y abusivo el procedimiento.

Los mecanismos de defensa contra la expropiación de la gandalla reforma de Eukid Castañón también se acotaron.

Antes usted podría recurrir a los mecanismos de defensa establecidos en el Código de Procedimientos Civiles, ahora sólo puede echar mano del recurso administrativo de revocación.

Antes si usted se inconformaba, la autoridad no podía ocupar o tomar el control de sus bienes, pero ahora —gracias a nuestros diputados agachones y levantadedos del PAN y el PRI— no sólo puede, sino está autorizada para ello.

Así se plasmó en el nuevo artículo 5 ter.

“Artículo 5 ter.- Una vez realizada la declaratoria de utilidad pública y en tanto se expida el decreto de expropiación, la Autoridad Expropiante podrá convenir con los titulares de los bienes o derechos afectados la ocupación previa”.

Pero si todo lo anterior no fuera suficiente, el Poder Legislativo resolvió que si el bien o los bienes expropiados no se hubiesen utilizado para los fines de utilidad pública con que fueron expropiados, la acción de reversión podrá interponerse después de dos años, a partir de la fecha de publicación del decreto correspondiente en el Periódico Oficial del estado y dentro de un término de 90 días hábiles, de lo contrario la inactividad procesal dará origen a la caducidad de la instancia.

Y aquí la cereza del pastel:

“En caso de que el inmueble que se pretenda revertir, haya sufrido mejoras que incrementen su valor, éstas deberán ser pagadas (por el afectado) previamente a la ejecución de la resolución que conceda la Reversión según la cuantificación que al respecto emita la autoridad estatal en materia de catastro”.

Ahora sí que como dijo el clásico: ¡Qué asquerosidad es todo esto!

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La reforma constitucional en materia electoral y las reformas que el viernes pasado aprobó el Congreso local al Código de Instituciones y Procesos Electorales podrían quedar sin efecto por un garrafal error en el Periódico Oficial del Estado.

Y es que según el artículo cuarto transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el viernes 28 de octubre, debe ser la entrante Legislatura —es decir, la LIX— la  que adecue y armonice el Código y demás leyes reglamentarias con estas modificaciones constitucionales.

Ello significa, en estricto sentido, que las reformas aprobadas el viernes pasado al Código Electoral, para ajustarlo a las reformas y adiciones que previamente la LVIII Legislatura hizo a la Constitución, serían inválidas.

El yerro ciertamente puede o pudo corregirse mediante la publicación de una fe de erratas.

El problema es que en su sesión del viernes pasado la LVIII Legislatura ya modificó el Código Electoral sin reparar en ese garrafal error del artículo cuarto transitorio que textualmente dice:

“CUARTO.- La LIX Legislatura al Honorable Congreso del Estado, deberá realizar las adecuaciones constitucionales, legales y reglamentarias necesarias, con el objeto de armonizar el orden jurídico estatal con las presentes reformas”.

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Un diputado federal priísta al que pocos conceden posibilidades de colarse al Senado de la República, pero que podría dar la sorpresa de última hora es Jorge Juraidini Rumilla.

El legislador teziuteco no sólo es una gente cercana y de las confianzas del influyente Emilio Gamboa Patrón —es su secretario de Finanzas en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP)— sino un político que cuenta con el respaldo de los más importantes corporativos empresariales del país.

Por cierto, Jorge Juraidini partió este miércoles a Canadá —a invitación del coordinador de su coordinador en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez— para participar en una reunión interparlamentaria con congresistas de aquel país.

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Simón dice:

“El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor.”

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.

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Rodolfo Ruiz

Director General

e- consulta

P R E S E N T E

Sr. Director,

En relación con su columna «Reforma electoral en entredicho«, publicada en el portal a su cargo, me permito aclarar lo siguiente:

1. El Periódico Oficial del Estado de Puebla carece de atribuciones para enmendar o anular los actos del Congreso del Estado o de cualquier autoridad.

2. Por disposición Constitucional Federal (116 fracción II) y Local (57 y demás relativos a la organización, funcionamiento y facultades del Poder Legislativo), el Poder Legislativo tiene como facultad primera el expedir, reformar y derogar leyes y decretos para el buen gobierno del Estado y el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

3. Efectivamente, el Constituyente Permanente Local, en la Reforma Constitucional en materia electoral publicada con fecha 28 de octubre de 2011, en su transitorio cuarto, ha dispuesto que: «La LIX Legislatura al Honorable Congreso del Estado, deberá realizar las adecuaciones constitucionales, legales y reglamentarias necesarias, con el objeto de armonizar el orden jurídico estatal con las presentes reformas».

Existen sendas disposiciones constitucionales y legales que deberán ser reformadas en atención a la natural imprevisibilidad de aspectos derivados, secundarios, accesorios o dependientes de facultades, funciones y organización que se establecen en disposiciones primarias y fundamentales.

4. El Constituyente Permanente no puede disponer que un órgano no constituido (la LIX Legislatura) legisle sobre una cuestión que es anterior a su existencia y que deberá regirla. En consecuencia, la pretensión del artículo cuarto transitorio es precisamente que realice las adecuaciones constitucionales y legales que le asistirán en atención a ser autoridad legislativa de transición de un periodo electoral a otro. Se considera entonces que la Reforma ordena que la LIX Legislatura atienda la actualización y homogeneización de las disposiciones legales que prevengan periodos, términos, plazos y demás modalidades temporales de órganos, funciones y competencias.

5. Cuando el artículo Cuarto Transitorio de referencia dispone «armonizar el orden jurídico estatal«, no se refiere a que reforme o deje de reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, simplemente establece una previsión derivada de las consecuencias que tendrá la implementación del nuevo calendario electoral. Y en este mismo sentido, no sería congruente que el Constituyente Permanente (del que la LVIII Legislatura es parte) anule o deje sin efecto sus facultades para legislar.

La LIX Legislatura tendrá que atender, en este régimen transitorio, diversos casos de reformas a leyes, como en los siguientes temas:

· Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, para definir los periodos ordinarios de sesiones del Congreso del Estado; la conformación de agendas legislativas específicas; la revisión y calificación de cuentas públicas, y el momento en que se informe el estado general que guarda la administración pública estatal.

· Ley Orgánica Municipal, para definir la elección y toma de protesta de Ayuntamientos; informes de actividades de Ayuntamientos y, en su caso, los procedimientos para elegir Juntas Auxiliares.

· En materia administrativa, para definir Informes de Gobierno; contratos multianuales; proyecciones de largo plazo en la planeación del desarrollo, y la ejecución de presupuestos.

Lo anterior tendría que comprender, incluso, según el caso y necesidad, regímenes transitorios con relación a la duración de la Legislatura LIX, de Ayuntamientos y del Ejecutivo del Estado y, a su vez, de estos con los Poderes y órganos que le sigan.

Todo ello implica, por tanto, que las reformas en materia electoral aprobadas el viernes pasado por el Honorable Congreso del Estado son perfectamente válidas.

Seguro del valor informativo de la presente, apelo a su amable gestión para la publicación de la misma.

Luis Salazar Gámez

Comunicación Social y Relaciones Públicas

Secretaría General de Gobierno

Por Fernando Pérez Corona

Pese a las buenas intenciones de tener una avanzada ley local de transparencia, la mayoría priísta tiene “la instrucción de Los Fuertes” de sólo cumplir con lo mínimo exigido por el Congreso de la Unión. Es la lectura que puede darse a las declaraciones del presidente de la Comisión de Transparencia Jorge Ruiz Romero, respecto a que la propuesta priísta es la “única” que cumple con los requerimientos constitucionales. Sería una sorpresa la inclusión de algunos rubros de la llamada “propuesta ciudadana” en el documento final.

¿Por qué la mayoría priísta estaría en contra de ampliar el escenario local en la materia? ¿Por qué sólo cumplir con lo mínimo, sin importar que a más opacidad, más especulaciones de la sociedad sobre posibles irregularidades en el servicio público?

En el año 2005, Libertad de Información (Limac), la Universidad del Centro de México, Innovación México, el Centro Universitario de la Ciénega y United States Agency International Depelopment (USAID) publicaron la primera edición del libro Derecho de Acceso a la Información Pública en México, el cual tuvo la intención de conformar un “décalogo para el marco normativo del derecho a la información pública”, aunque después también permitió que se detectaran 17 aspectos generales.

La investigación iniciada después que en 2002 se publicó la Ley Federal, comprendió 24 leyes estatales, entre ellas la de Puebla, publicada el 16 de agosto de 2004 en el Periódico Oficial. Además, evaluó a cada una de las normas. Nuestra ley ocupó el deshonroso antepenúltimo lugar, tan sólo después de Nuevo León y Veracruz. Sin embargo, a la fecha la opacidad ha mejorado y estamos a sólo un escalón de llegar al sótano. Y eso puede suceder el próximo 20 de este mes, fecha límite establecida por el Poder Legislativo para que las leyes locales realicen las modificaciones necesarias para ajustarse a la Carta Magna.
Las razones: nuestra ley sólo aplica en el gobierno estatal, pese a que deberían estar incluidos todos los sujetos que ejerzan un gasto público (los tres poderes, organismos autónomos, universidades, partidos y organizaciones políticas, organismos no gubernamentales, ayuntamientos…).

Nuestra ley tiene acotada la “información de oficio”, es decir, el gobierno estatal publica datos mínimos y escuetos en la materia. Un ejemplo: salarios, pues sólo ofrece un tabulador de remuneraciones. No hay posibilidades de conocer balances generales y estados financieros, costo de viajes, viáticos y otros  gastos realizados por servidores públicos.

Nuestra ley carece también del término “máxima publicidad”. Exige al solicitante de información una redacción precisa de sus requerimientos, en vez de poner a disposición todos los datos sobre el tema en cuestión.

Nuestra ley tampoco cuenta con un “órgano garante”, el cual –como su nombre lo advierte– garantice el libre ejercicio del derecho a la información, por lo que requiere autonomía constitucional, pues si su campo de acción se circunscribe al del Poder Ejecutivo (como en la actualidad) deja indefensas a las personas frente a los sujetos obligados; es decir, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), encabezada por Antonio Juárez Acevedo, es juez y parte.

Nuestra ley no prevé la “afirmativa ficta”, una de las principales sanciones concebidas ante el silencio de la autoridad y refiere a que cuando un funcionario deja de contestar una petición en tiempo y forma se entiende que contestó en forma positiva, por lo que estaría obligado a proporcionar todos los datos que tenga en la materia.

Todo esto y más le falta a nuestra ley. ¿Cuál sería el argumento priísta para rechazar estos conceptos? ¿Cuál es el argumento para mantener la opacidad en el gobierno estatal y en todas aquellos organismos y personas con uso de recursos públicos? ¿Pesará todavía la crítica social, no la periodística, entre los legisladores, sobre todo de extracción tricolor, para ofrecer una norma de avanzada? ¿Es posible mantener la ley no escrita de Carlos Salinas: “ni los veo ni los oigo”?

Y a todo esto, ¿la sociedad está enterada de que hay una ley de transparencia local? ¿Hay promoción de la CAIP? ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno estatal organizó una campaña mediática en este sentido? En lugar de hacer encuestas sobre la popularidad del Ejecutivo, ¿no sería mejor elaborar una sobre el conocimiento de la gente respecto a transparencia?

Si entre la sociedad persiste la ignorancia, ahí se encuentra la respuesta sobre por qué el contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, no ha recibido en tres años ni una sola protesta ciudadana, y de ahí partiría la explicación sobre por qué a la CAIP sólo han llegado este año 17 recursos de revisión, de los cuales una docena fueron promovidos por el reportero Ernesto Aroche.

A tres años de la entrada en vigor, la ley local está a años luz del perfil ideal, incluso a una distancia similar a la propuesta ciudadana hecha la semana pasada. ¿A qué le apostará la mayoría priísta? Porque no hay que darle muchas vueltas, la mayoría legislativa tiene la última palabra… y hasta el momento, no les han dicho si es posible cambiar de rumbo. Ojalá y sí.

En corto

Y ya que hablamos de transparencia, no está de más resaltar que el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, estuvo entre los invitados a la fiesta de cumpleaños “nice” del gobernador Mario Marín Torres en el rancho El Capricho. ¿Habrán hablado de sus posibilidades para seguir en el organismo? ***** Por cierto, el festejo dejó varias interrogantes. Para empezar. ¿quién llegó en helicóptero hasta la propiedad de José Hannan? Otra: ¿de qué hablaron el mandatario y Javier López Zavala en el recorrido que realizaron a solas a bordo de la unidad del Ejecutivo, entre las ciudades de Puebla y Atlixco? Y le seguimos: ¿Cuánto cobró Armando Manzanero por cantar en el convite?  Y habría más. *****  Hablando del cumpleaños 54 de Marín, ¿por qué en el salón Country usaron a la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla como si fuera grupo musical de bodas y quinceaños? ¿No había un plan B? ¿Nos van a salir que los integrantes de la OSEP querían ofrecerle este regalo al mandatario y que por eso no se usaron recursos públicos? Por cierto que en el inmueble de la colonia San Manuel destacó que el líder municipal Carlos Meza prácticamente pasó desapercibido entre los casi 5 mil invitados. La escena contrastó con el recibimiento que tuvo el dirigente estatal tricolor, Alejandro Armenta, quien tardó mucho tiempo en llegar a su mesa. Ambos se dieron un abrazo sobrio en la entrada al inmueble. ***** Este domingo “Desde la fe”, órgano informativo de la Arquidiócesis de México, sorprendió al hablar de la iglesia “Pare de sufrir”, la cual, hay que decirlo, está reconocida por la Secretaría de Gobernación. En su artículo principal rechaza que “Pare de sufrir” forme parte de la Iglesia Católica; incluso, resalta que fue fundada por el brasileño Edir Macedo Becerra, “religioso ex presidiario, acusado y encarcelado por fraude, charlatanería y malversación”. ¿La crítica causará alguna reacción en TV3, donde transmiten los programas de Macedo Becerra? ****** En breve el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que en Puebla está representado por José Luis Armenta Mier, pondrá en marcha el programa de Financiamiento a la Infraestructura Social Municipal, que concede créditos a municipios de alta y muy alta marginación. ***** Para terminar, tan sólo una anotación. Hace un año, justo el 6 de julio, murió la columna “Un día en la vida”; próximamente retomaré este género. Esta vez, válgase el palomazo. Mañana regresa Rodolfo Ruiz a este espacio.

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Hace unos días la presidenta de Puebla Verde, Verónica Mastretta Guzmán, cuestionaba en un artículo aparecido en la sección Punto de Vista de e-consulta qué sentido tenía que un gobierno emitiera decretos de protección sobre ciertas reservas ecológicas, si el siguiente llegaba y modificaba todo, sin hacer pública esa información.

La crítica de Verónica Mastretta tiene mucho de fondo y de actualidad, pues varias de las áreas que en el sexenio de Manuel Bartlett fueron declaradas como de preservación ecológica, hoy están a punto de perderse por culpa de gobiernos y funcionarios abusivos, que han encontrado en los cambios de uso de suelo y en los desarrollos inmobiliarios un filón para enriquecerse a costa del medio ambiente.

En el Periódico Oficial del estado, fechado el 8 de abril de 1994, se publicó un decreto firmado por el entonces gobernador que declaraba como áreas protegidas algunas zonas boscosas de la periferia de la ciudad de Puebla, entre ellas el Parque Ixta-Popo, la zona arbolada del cerro de Amalucan y el Parque Flor del Bosque.

En ese mismo decreto también aparecían como áreas de preservación ecológica el Cerro Zapotecas, donde actualmente se construyen conjuntos residenciales de la familia Blanca García, el encinar del ex rancho La Calera, donde la empresa Alteq pretende levantar 7,720 viviendas de 3.70 metros de frente por 13 metros de fondo, y el ex vivero de Santa Cruz Buenavista, sobre el que ya se talan ahuehuetes para dar paso a un fraccionamiento en el que estarían involucrados los empresarios Alfredo Miguel y Pedro Maccise.

La historia negra de cómo esos pulmones verdes de la zona metropolitana de Puebla están por perderse, es de lo más interesante.

En el caso de las 380 hectáreas del ex rancho La Calera, resulta que una parte de esas tierras de la familia Bautista O’Farril pasaron al Fobaproa, como dación en pago de un crédito bancario. Por tratarse de 165 hectáreas en breña y sin uso de suelo, que el banco en cuestión no pudo vender, el encinar llegó a manos del IPAB.

Y fue ahí donde se consumó un gran negocio, pues las tierras fueron adquiridas a precio de remate por Kamel Nacif Borge, y revendidas por éste –diez veces más caras– a la constructora Sare, para la edificación del complejo Galaxia La Calera.

Intermediario en esa fraudulenta operación fue el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores, quien, con malas artes, obtuvo del alcalde Luis Paredes Moctezuma y su Cabildo, el 24 de diciembre de 2005, el cambio de uso y la autorización para construir vivienda intensiva.

Paredes Moctezuma había autorizado la construcción de 6 mil casas, sin embargo su sucesor, el priísta Enrique Doger Guerrero, sólo dio permiso para 3 mil.

Lo mismo sucedió con el predio de 5 hectáreas, conocido como el ex vivero de Santa Cruz Buenavista, ubicado en la esquina que forman la avenida Zavaleta y el boulevard Forjadores de Puebla.

Dicho terreno también se entregó como dación en pago a un banco, que al no poder venderlo por tratarse de una reserva ecológica, lo entregó al Fobaproa (hoy IPAB).

En 1997 el ex vivero de Santa Cruz fue rematado a razón de 40 pesos el metro cuadrado, y hace un par de semanas sus propietarios, ya con permiso de uso de suelo, obtenido en la gestión de Enrique Doger Guerrero, y con autorización del delegado de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Beristáin Gómez, comenzaron a talar ahuehuetes y a trazar lo que sería un nuevo fraccionamiento.

En el pasado reciente hubo un intento del ayuntamiento capitalino por hacerse de ese predio, pero no pudo concretarse debido a que poseedor exige por él 80 millones de pesos o, si se prefiere, 1,600 pesos por metro cuadrado, no obstante que el mismo fue comprado, como ya se mencionó, en sólo 2 millones de pesos.

¿Hasta cuando las autoridades van a permitir estos abusos?

¿A poco el gobierno de Mario Marín y el ayuntamiento de Blanca Alcalá no pueden hacer algo para impedir la pérdida de estas reservas ecológicas?

¿No que la ciudad y la zona metropolitana de Puebla tienen un déficit terrible de áreas verdes?

¿O es que el discurso oficial sobre el cuidado y preservación del medio ambiente sólo es de dientes para fuera?

¡Ojalá y no!

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Ahora que si quiere mayor información sobre este tema, lo mejor es que revise las siguientes notas:

– Violaron Doger y Paredes decreto de preservación en La Calera

– Exigen vecinos expropiación del ex vivero de Santa Cruz por tala ilegal

– El encinar que se nos fue en el ex rancho La Calera: Verónica Mastretta

– Motosierras en el ex vivero de Santa Cruz