* Consejeros priístas votarán contra la consulta a la base

* Amador, Estefan e Islas declinarán a favor de Zavala

… a Kathya Salinas Ponce por su examen profesional y a Nydia Solís Ruiz por su feliz matrimonio

En el escritorio del diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local, se encuentra lista una iniciativa de reformas a la Constitución Política del estado, que permitiría la reelección de presidentes municipales en Puebla.

En consonancia con la iniciativa que en estos días presentará el presidente Felipe Calderón Hinojosa al Congreso de la Unión, el legislador local priísta pretende adicionar la fracción IV del artículo 102 de la Constitución del estado para que los presidentes municipales puedan reelegirse por una sola ocasión.

La iniciativa, que sin duda levantará gran polémica, a raíz de que el presidente de la República decidió retomarla a nivel federal como parte de sus iniciativas de reforma política para la segunda mitad de su sexenio, sólo incluye a presidentes municipales, no a diputados locales.

Con la adición que Pablo Fernández propondrá al pleno de la LVII Legislatura, la fracción IV del artículo 102 de la Constitución Política del estado quedaría así: «Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años, pudiendo ser reelectos sólo por un periodo igual, debiendo tomar posesión sus integrantes, el día quince de febrero del año siguiente al de la elección».

Hasta donde se sabe, el proyecto del presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado cuenta con el respaldo de algunas figuras políticas de la entidad, como la presidenta municipal de Puebla Blanca Alcalá Ruiz, y el gobernador Mario Marín Torres, quien en su gestión como edil capitalino, también se pronunció por la reelección de alcaldes o por la ampliación del periodo constitucional de tres años.

Cabe destacar que en algunas entidades como Coahuila ya se han dado algunas reformas constitucionales, ampliando a cuatro años la gestión de los presidentes municipales, cambios que no han sido bien recibidos por todos los sectores, pues chocan con la tendencia nacional de homologar o hacer concurrentes las elecciones locales con las federales.

Esta semana será definitiva en la consolidación del «Proyecto Z», tendiente a la nominación de Javier López Zavala, como candidato del PRI a la gubernatura de Puebla.

De entrada, el miércoles, los 670 miembros del Consejo Político Estatal del PRI tendrán que decidir el método y el procedimiento por los cuales serán seleccionados sus candidatos a gobernador, diputados locales y presidentes municipales.

A la asamblea han sido convocados los seis aspirantes del PRI a la gubernatura: Alberto Amador Leal, Enrique Doger Guerrero, Jorge Estefan Chidiac, Víctor Hugo Islas Hernández, Javier López Zavala y Jesús Morales Flores.

Ellos junto con el resto de los consejeros tendrán que optar por uno de los dos métodos previstos en el artículo 181 de los estatutos del PRI para nominar al que será su candidato a la gubernatura: elección directa (también llamada consulta abierta o consulta a la base) o convención de delegados.

Por el segundo método se pronunciarán la mayoría de los consejeros políticos estatales, entre ellos cuatro de los seis aspirantes a la gubernatura: Alberto Amador, Jorge Estefan, Víctor Hugo Islas y el beneficiado con este procedimiento Javier López Zavala.

«El procedimiento para cada elección deberá quedar establecido cuando menos treinta días antes del inicio formal del proceso interno de selección de candidatos que corresponda en los términos que establecen las disposiciones legales aplicables. En caso contrario, se utilizará el procedimiento de la misma elección anterior».

Este domingo el PRI envió un boletín de prensa, anticipándose a lo que vendrá, y que se repetirá en otros nueve estados donde en 2010 habrá elecciones para gobernador.

En la parte medular del comunicado se establece que «las encuestas no serán determinantes para definir a los candidatos, aunque son herramientas que ha utilizado el CEN del PRI para conocer la percepción ciudadana y el perfil de los cuadros partidistas, hombres y mujeres, para obtener el triunfo electoral».

En otras palabras: que a los consejeros políticos del PRI estatal poca o nada les importa que María de las Heras y su empresa Demotecnia hayan diagnosticado en octubre un empate técnico entre López Zavala y Enrique Doger, y que aún esté pendiente otra encuesta, si este miércoles se les instruye a votar por la convención de delegados para ungir al secretario de Desarrollo Social como su candidato a la gubernatura en el 2010.

La contienda por la presidencia del Colegio de Arquitectos de Puebla (Capac) entró en un impasse, como consecuencia de un conflicto electoral, provocado por la exigencia de uno de los candidatos, Cástulo Ramírez Gómez Haro, de pedir la descalificación de su rival, Rodolfo Rondero Pacheco.

Por lo pronto, la elección del sucesor de la arquitecta Elodia Márquez Cabrera no se efectuará en diciembre, sino hasta enero o febrero de 2010, por disposición del presidente del Comité Electoral de la Junta de Honor del propio Colegio, José Luis Ramírez Mantilla.Éste también dispuso la suspensión de toda actividad proselitista o de promoción por parte del presidente y los miembros de las dos planillas inscritas, hasta que los miembros de la Junta de Honor se reúnan y deliberen sobre la impugnación presentada por Cástulo Ramírez Gómez Haro.

Según ésta, el candidato de la planilla «Superación gremial» no demostró cumplir con el requisito del 75% de asistencias durante el periodo correspondiente a su participación en un Consejo Directivo.

Esta impugnación está siendo cuestionada por otros miembros de la Junta de Honor, como el expresidente del Colegio, Pablo Durán Guzmán, quien argumenta que en estricto sentido Ramírez Gómez Haro tampoco cumplió con ese requisito, ya que en la gestión de Armando Reyes Olivier tuvo 47.03% de asistencias y en la de Elodia Márquez Cabrera 62.42%.

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Este sábado estuvo en Xicotepec de Juárez el senador Rafael Moreno Valle Rosas. Por la mañana desayunó con René Meza Cabrera, al mediodía participó en un Teletón local, y por la tarde se fue a una comida para festejar el cumpleaños del presidente municipal panista Juan Carlos Valderrábano Vázquez en el racho El Reloj, propiedad de un cuñado de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, Gabriel Alvarado.

En todos esos actos, Moreno Valle tuvo contacto con más o menos dos mil personas.

Este lunes, por cierto, también visitará Xicotepec el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, para entregar recursos a productores y vecinos de la región, un acto que tendría lugar en los bajos del palacio municipal, pero que finalmente cambiará de sede por la negativa del edil panista de prestar ese lugar.

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Simón dice:

«El motivo no existe siempre para ser alcanzado, sino para servir de punto de mira».

Joseph Joubert (1754-1824) Ensayista y moralista francés.

* Explora el PRI otras «alternativas» a la alcaldía

* El CISO apuntala a Estefan y a Fernández del Campo

El jueves pasado, varios medios informativos de la entidad —impresos y electrónicos—llevaron como nota destacada una entrevista del secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, donde refería que su aspiración a la presidencia municipal de Puebla no era moneda de cambio, ni estaba sujeta a negociación.

En la misma entrevista, Mario Montero decía que los priístas y la ciudadanía merecían candidaturas ganadoras —como la suya—, y un presidente municipal cercano a la gente, para garantizar que Puebla siguiera siendo una de las mejores ciudades del país.

Las declaraciones de Montero hay que analizarlas desde la perspectiva de que en Casa Puebla y en la dirigencia estatal del PRI se ha comenzado a valorar la conveniencia de sacarlo de la contienda interna por la alcaldía, para reemplazarlo por otra figura priísta con un perfil más ciudadano.

En este contexto, hay que ubicar la más reciente encuesta realizada por el CISO de la BUAP, terminada hace poco menos de dos semanas, que redujo la lista de aspirantes del PRI a la presidencia municipal y centró su atención en cuatro figuras: Mario Montero, Jorge Estefan Chidiac, Pablo Fernández del Campo y Gerardo Pérez Salazar.

Dicho estudio de opinión confirmó, lo que ya se sabe, que Montero encabeza las preferencias, pero sin que su ventaja sea definitiva o definitoria, por el número de indecisos y personas que se abstuvieron de opinar a favor o en contra de alguno de los aspirantes.

La semana pasada Consultoría Contracorriente levantó una encuesta de preferencias electorales en la capital del estado y, el resultado que ésta arrojó va más o menos en la línea de aquella.

El secretario de Gobernación obtuvo el 21% de las preferencias, de una relación de 10 aspirantes priístas a la presidencia municipal de Puebla, sin embargo el 30.6% de los encuestados no se pronunció por ninguno, y el 9.6% optó por dejar en blanco ese reactivo.

Mario Montero es, pues, el aspirante priísta más conocido y con mayor intención de voto, pero con un porcentaje marginal en comparación con los que dijeron no simpatizar con ninguno y con aquellos que prefirieron no responder la pregunta: ¿quién le parece el mejor?

Esta situación, por supuesto, no es desconocida por el gobernador Mario Marín y tampoco por la dirigencia del PRI. De ahí su interés por explorar otras posibilidades, que hagan más competitiva de candidatura de Javier López Zavala en la capital del estado.

Y de ahí también la reacción del jueves 5 de noviembre del secretario de Gobernación, de que no se prestará a ninguna negociación o componenda tendiente a marginarlo de la puja por la presidencia municipal de Puebla, y menos ahora que, desde su óptica, las encuestas electorales lo ponen como el puntero en la carrera priísta por la sucesión de Blanca Alcalá Ruiz.

En la encuesta realizada por el CISO de la BUAP llama la atención que varios priístas a la alcaldía fueron excluidos, entre ellos: Valentín Meneses Rojas, Pericles Olivares Flores, Javier García Ramírez, Lucero Saldaña Pérez, Víctor Manuel Giorgana Jiménez y Víctor Gabriel Chedraui.

Otro detalle sobresaliente de ese mismo estudio, son los nombres y el perfil de los tres priístas que fueron incluidos además de Mario Montero —Jorge Estefan, Pablo Fernández del Campo y Gerardo Pérez Salazar—, pues pareciera haber la intención, por parte de quien mandó a efectuar la encuesta, de conocer quién de los cuatro aspirantes le garantiza al PRI más sufragios de votantes volátiles o switcher en la capital del estado.

En los cruces de la encuesta del CISO, los electores volátiles se inclinan por aspirantes jóvenes y con un perfil más ciudadano, por lo que cuatro de cada diez potenciales votantes optarían por Pablo Fernández del Campo, y tres de cada diez a Jorge Estefan, en vez de Mario Montero.

Cuando en los entrevistados se planteó una segunda opción, en caso de que el secretario de Gobernación no fuera el candidato del PRI, el 13.4% se inclinó por Fernández del Campo, el 9.8% por Jorge Estefan y el 7.7% por Gerardo Pérez.

En otras palabras, la impresión que deja el estudio de la BUAP es que el PRI ha comenzado a explorar otras opciones, con un perfil más ciudadano, que sean aceptadas por la militancia priísta —donde Mario Montero es el número 1—, pero sobre todo por aquellos ciudadanos de la capital del estado que no tienen una preferencia partidista definida, y que basan la razón de su voto en la persona más que en el partido político que los postula.

Lo anterior resume por qué Mario Montero salió a decir el jueves que no aceptará una negociación que lo deje fuera de la candidatura a la presidencia municipal; por qué Pablo Fernández del Campo sigue en el Congreso, pero sin asumir nuevas responsabilidades; y por qué Jorge Estefan dejó de ser aspirante a la gubernatura, para incorporarse a la carrera por la alcaldía poblana.

EN CORTO

Lo que mal empieza, mal termina, y este domingo Miguel Méndez Gutiérrez obtuvo la mayoría de los votos de los delegados que participaron en la asamblea indicativa, para renovar la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN, y en la que por cierto no faltaron los gritos, ni los golpes.

Miguel Méndez obtuvo 509 votos, Jorge Saldaña Romero 78 y Jesús Duque Noriega 65.

Con esta votación, lo más probable es que el Comité Directivo Estatal del PAN opte por decretar la desaparición del Comité Municipal, para crear en su lugar una Delegación Municipal y, por nombrar a quien fuera su secretario de Elecciones en los últimos procesos electorales de la entidad —Miguel Méndez— como delegado interino en la capital del estado.

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El jueves 12 de noviembre estará en la Sala Sor Juana Inés de la Cruz de la UPAEP el dos veces ganador del premio nacional de periodismo Marco Lara Klahr, para presentar su más reciente libro Nota Roja, la vibrante historia de un género y una nueva manera de informar, escrito en coautoría con Frances Barata.

El texto analiza la historia del periodismo policíaco en nuestro país y reflexiona sobre la cobertura actual en temas de Seguridad y Justicia, e incorpora una especie de manual, dirigido a reporteros y medios periodísticos, sobre cómo cubrir este tipo de información.

La presentación tendrá lugar al medio día y el libro será comentado por el autor, Marco Lara, quien además es coordinador del proyecto sobre Violencia y Medios del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y, por la coordinadora de la escuela de Periodismo de la UPAEP, Lilia Vélez Iglesias.

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Este domingo salió de Xicotepec una peregrinación religiosa de más o menos 600 personas con destino a la Villa de Guadalupe en la ciudad de México. Al contingente se sumaron este año el presidente municipal panista Juan Carlos Valderrábano y el diputado local priísta Carlos Barragán Amador, con el propósito de capitalizar el fervor de los católicos con miras a las elecciones locales del próximo año y, es que el primero quiere ser diputado local, y el segundo presidente municipal de la cabecera distrital.

El año pasado sucedió lo mismo, sólo que en aquella ocasión ambos arrancaron la peregrinación, pero se cortaron cuando ésta llegó a Huauchinango. Ahora la intención de ambos es seguirse hasta la ciudad de México, en los seis días que durará la marcha religiosa.

A ver si no en el camino se encuentran y la peregrinación termina como el rosario de Amozoc, por la consabida rivalidad que ambos mantienen desde hace tres años.

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Simón dice:

«En política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire; jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela».

Antonio Machado (1875-1939). Poeta y prosista español.

Chucho Morales, encuestadora fantasma lo apoya
Este jueves se aprobará la mini-reforma electoral

La semana pasada le contaba que Mario Montero Serrano es el favorito del gobernador Mario Marín Torres para obtener la nominación del PRI a la presidencia municipal de Puebla.

Dicha afirmación no me la saque de la manga, ni está motivada por alguna cuestión afectiva de mi parte con el secretario de Gobernación. En realidad, mi aserto obedece a una confidencia de un eficiente operador político del gobernador Marín.

No creo, como lo escribió el viernes Ricardo Morales en su columna Serpientes y Escaleras, que el Ejecutivo estatal no tenga preferencia por algunos de los ocho aspirantes a la alcaldía —cuyos nombres él mismo confió a un grupo de columnistas el 15 de julio—, y menos aquello de que el elegido será el que digan las encuestas.

¿Cómo puede el gobernador sí tener favorito para la gubernatura y no tenerlo para la presidencia municipal?, o ¿Cómo puede Mario Marín, en un caso, ignorar la opinión de las encuestas y los encuestadoras sobre Javier López Zavala y, en otro, decir que el candidato a la alcaldía lo determinarán las encuestas?

En lo personal, creo que Marín sí tiene preferido para la presidencia municipal y que si Mario Montero lo es, su decisión resulta poca afortunada, sobre todo si el elegido para la gubernatura es el secretario de Desarrollo Social.

Hete aquí cuatro razones.

La primera –y quizás más importante— es que esa dupla (Zavala y Montero) es excluyente, pues marginaría aún más a los grupos y corrientes priístas contrarios o ajenos al marinismo.

Una segunda razón es que tanto Zavala como Montero son figuras plenamente identificadas con el PRI, y con trayectorias y perfiles que difícilmente pueden ser atractivos para la sociedad civil apartidista, esa que también vota y que por años lo hizo en contra de los priístas.

Una cuestión adicional para sostener que esa dupla es poco afortunada y atractiva en términos políticos y electorales, es la enconada rivalidad que desde hace años mantienen no sólo el secretario de Gobernación y el secretario de Desarrollo Social, sino sus respectivos subordinados y operadores políticos.

La cuarta y última razón está estrechamente relacionada con la importancia electoral de la capital. El PRI no puede darse el lujo de perder el municipio de Puebla, que representa un tercio de la votación del estado, ni arriesgarse a que otros partidos y candidatos de oposición le ganen el voto switcher, so pena de poner en peligro la elección de gobernador, a pesar del 16-0 propinado al PAN en los recientes comicios federales.

EN CORTO
Este fin de semana aparecieron en el buzón de este reportero y otros columnistas de Puebla un par de correos electrónicos cuyo propósito no es otro más que vender la idea de que Jesús Morales Flores es uno de los priístas con más posibilidades de hacerse de la candidatura del tricolor a la gubernatura en los comicios locales de julio del 2010.

El primer correo viene acompañado de un supuesto estudio sobre intención de voto por partido y aspirantes a la gubernatura, elaborado por un desconocido despacho denominado Consultores del Golfo SA de CV, que ubica al hermano del exgobernador Melquiades Morales como el aspirante priísta con más experiencia para gobernar, con 25%; seguido por Enrique Doger Guerrero con 23%, y Javier López Zavala con 19%.

El segundo correo es un artículo firmado por un supuesto investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Julián Santos Torroella, en el cual se asienta que Jesús Morales es el aspirante preferido entre los priístas para contender por la gubernatura de la entidad.

El hipotético investigador y analista político, del que también se conoce muy poco, salvo algunos artículos que llevan su nombre en diferentes portales electrónicos, sostiene que de los seis precandidatos del PRI, el aún diputado federal cenecista es quien va a la cabeza de las preferencias por encima de Blanca Alcalá Ruiz, Enrique Doger Guerrero, Javier López Zavala, Alejandro Armenta Mier y Jorge Charbel Estefan Chidiac.

La verdad es tanto el supuesto estudio de intención de voto, como el análisis del hipotético investigador de la UNAM parecen más falsos que una moneda de tres pesos.

Y más cuando en una nota publicada por el portal de El Universal el 24 de junio de 2006, bajo la firma de Francisco Reséndiz, la empresa Consultores del Golfo apareció como una de las 10 encuestadoras fantasma que en la elección presidencial de ese año detectó la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI). 

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Los diputados que integran la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del estado se reunirán este lunes por tercera ocasión para discutir —y quizás— aprobar el dictamen de decreto que reforma y adiciona el Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla.

Salvo por algunas modificaciones cosméticas, el dictamen es prácticamente copia de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario PRI, que sólo ajustó el inicio, preparación y etapas del proceso al nuevo calendario electoral.

Dicho dictamen, que este lunes o el miércoles será votado por los miembros de la Comisión de Gobernación, presida por el diputado priísta Pablo Fernández del Campo, se pondrá a la consideración del pleno de la LVII Legislatura el jueves de esta semana.

En otras palabras, y como el secretario de Gobernación Mario Montero Serrano lo anticipó a los dirigentes de los partidos políticos con quienes se reunió la tarde del 21 de julio en Casa Aguayo, los cambios al código electoral serán mínimos, tanto que ni siquiera serán consideradas las propuestas hechas por los consejeros del Instituto Electoral del Estado.

Lo más relevante de la mini-reforma electoral es que el inicio del proceso se adelanta para la segunda semana de noviembre de 2009; que las precampañas podrán arrancar hasta la tercera semana de enero de 2010, es decir, después del 5° Informe de Gobierno de Mario Marín; que éstas no pondrán ser de más de 60 días; que el registro de los candidatos a la gubernatura se llevará a cabo en la primera semana de marzo de 2010; y que las campañas, para el caso de la gubernatura, pueden durar hasta 90 días.

Temas como la redistritación electoral de la entidad, la sobrerrepresentación legislativa, la concurrencia de plebiscitos en juntas auxiliares con la elección de presidentes municipales, el nombramiento escalonado de consejeros electorales, la salida de Jorge Sánchez Morales de la presidencia del IEE, y la obligatoriedad de los debates en las campañas, tendrán que esperar mejores tiempos.

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Simón dice:
“El exceso es el veneno de la razón”.
Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español.

Así como el gobernador Mario Marín Torres tiene a su delfín para sucederlo en el cargo, en el caso de la presidencia municipal de Puebla también tiene a su favorito.

Y éste fue incluido en la lista de aspirantes priístas a la alcaldía que él mismo confió a un grupo de columnistas el miércoles de hace ocho días en Casa Puebla.

En aquella reunión Marín pronunció los nombres de los diputados locales Luis Alberto Arriaga Lila y Pablo Fernández del Campo; del dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros, y de cinco secretarios de su gabinete: Mario Montero Serrano, de Gobernación; Valentín Meneses Rojas, de Comunicaciones y Transportes; Gerardo Pérez Salazar, de Finanzas y Administración; Javier García Ramírez, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Antonio López Malo Capellini, de Desarrollo Económico.

¿Quién de esos es el favorito del primer priísta de la entidad?

Fiel a su estilo, Mario Marín dejará correr a todos y hasta podría darse el lujo de ampliar en los próximos días la lista de aspirantes a la alcaldía, sumando a ésta a su secretario particular, Guillermo Deloya Cobián, y al director del Sistema Estatal DIF, Arturo Hernández Davy, en una estrategia de posicionamiento electoral.

Mario Marín ya sabe quién o quiénes de los arriba mencionados pueden descollar por sus relaciones, recursos y estructura, y quiénes aprovecharán el impulso que ya les dio para posicionarse, en realidad, como candidatos a diputados por uno de los seis distritos locales de la capital.

En otras palabras: la lista de Marín no sólo contiene el nombre de su favorito a la presidencia municipal, sino de aquellos que quiere apuntalar como integrantes de la próxima legislatura.

El elegido del gobernador para ocupar la silla que Blanca Alcalá Ruiz dejará vacante el 14 de febrero del 2011 es su actual secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano. Su Plan B es Gerardo Pérez Salazar.

Los demás, salvo Luis Alberto Arriaga y Pablo Fernández, que ya son diputados en la LVII Legislatura del Congreso del estado, serán perfilados para contender por una diputación local de mayoría relativa o de representación proporcional.

Y si no, al tiempo.

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La periodista Sandra Izcoa Reyes se despedirá este viernes de la conducción del noticiario Punto de Vista de la estación Punto 10, informativo nocturno al que retornará como titular José Tomé Cabrera.

El regreso del actual secretario de Prensa y Propaganda del Comité Directivo Estatal del PRI se dará a partir del lunes 3 de agosto.

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Simón dice:

“Esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo, ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quien derriba”.

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Escritor español.

Pérez Salazar, ¿el contrapeso para Moreno Valle en la capital?

Un asunto del que hasta ahora poco o nada se ha comentado, es la lista de aspirantes del PRI a la presidencia municipal de Puebla, que el propio gobernador Mario Marín Torres dio a conocer en aquel polémico desayuno del miércoles en Casa Puebla.

Lo primero que habría que decir es que en esa relación hay nombres que no resistirán el mínimo análisis, a la luz de sus fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas. Bastaría un simple análisis FODA para eliminar a personajes como Javier García Ramírez, titular de la SEDUOP estatal, por su estela de corrupción y magros resultados en materia de obra pública; y Carlos Meza Viveros, dirigente municipal del PRI, por su altanería y belicosidad.

En la lista hay nombres que automáticamente quedarían fuera, si el candidato del PRI a la gubernatura fuera Javier López Zavala o Alejandro Armenta Mier, marinistas químicamente puros.

Hace unos días, en su columna Serpientes y Escaleras el periodista Ricardo Morales puso en entredicho la conveniencia de que Valentín Meneses Rojas, secretario de Comunicaciones y Transportes del gabinete marinista, pudiera ser el candidato a la presidencia, recordándole aquella máxima que dice que en política no es posible tener perritos y gatitos al mismo tiempo.

Personalmente comparto esa opinión, y en ese sentido creo que si los marinistas se hicieran de la candidatura del PRI al gobierno del estado, lo más conveniente para ellos sería compartir el resto del pastel con otros grupos priístas.

En tal virtud, me parece que el “Proyecto Z” o el “Proyecto A” eliminarían por default a otros personajes de la burbuja marinista como el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, y el ya citado Valentín Meneses.

Otros aspirantes mencionados por el gobernador Mario Marín fueron los diputados locales Pablo Fernández del Campo y Luis Alberto Arriaga Lila, el primero integrante de la Gran Comisión y presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, y el segundo presidente del Comité de Comunicación Social y vocero del grupo parlamentario del PRI.

Con ninguno de los dos, el gobernador tiene compromiso o facturas pendientes, lo que no significa que no le interesen. A ambos Marín los necesita, pero en la LVII Legislatura, para mantener el control de la bancada del PRI ante los desvaríos del presidente de la Gran Comisión, José Othón Baillleres, los berrinches de la presidenta de la Comisión Inspectora, Rocío García Olmedo, y para sacar adelante la cuenta pública de su sexto año de gobierno.

Los últimos de la lista son José Antonio López Malo Capellini, secretario de Desarrollo Económico, y Gerardo Pérez Salazar, secretario de Finanzas y Administración.

Más allá de sus buenas relaciones con distintos grupos dentro y fuera del PRI, las expectativas que López Malo podría generar como compañero de fórmula de Javier López Zavala parecen pobres.

Y es que el secretario de Desarrollo Económico no es percibido como un factor de poder, ni como un interlocutor de peso, sino como un funcionario de medio pelo cuya mejor carta de presentación es su buen trato.

Con Pérez Salazar la situación podría ser diferente. El secretario de Finanzas no sólo podría ser un buen contrapeso en la capital del estado del eventual candidato del PAN a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, sino el complemento que cubriría los sectores de clase media y alta que no encajan con el “Proyecto Z”.

Si bien Pérez Salazar forma parte de la actual administración estatal, lo cierto es que no se le percibe como un marinista de hueso colorado, pese a que en los hechos el gobernador le ha delegado la interlocución del gobierno con algunos inversionistas y grupos de la iniciativa privada.

Su participación el sábado como orador en la ceremonia cívica luctuosa de Benito Juárez es apenas el comienzo de su iniciación como precandidato priísta a la alcaldía poblana.

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Simón dice:

“Ocurra lo que ocurra, aún en el día más borrascoso las horas y el tiempo pasan”.
William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Nada bien le cayó al gobernador Mario Marín Torres la actitud de la diputada local de su partido Rocío García Olmedo, quien este martes le entregó una carta de la dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priístas, Lourdes Quiñones Canales, en la cual se pronuncia en contra de las reformas a la Constitución Política del estado que bloquean la despenalización del aborto y el reconocimiento a los matrimonios gays en Puebla.

Marín acudió al edificio del Congreso del estado para encabezar una ceremonia por el Día Internacional de la Mujer. Ahí, García Olmedo aprovechó para entregarle la misiva de su dirigente nacional y cuestionar la iniciativa presentada por su coordinador de fracción, José Othón Bailleres, y por el presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo.

El mandatario recibió la carta de manos de la legisladora priísta y, sin detenerse a mirarla, se la pasó a un ayudante suyo colocado en la parte de atrás del presidium.

La misiva dirigida al gobernador Marín dice textualmente lo siguiente: “Las mujeres de su partido, el Revolucionario Institucional, alzamos la voz para impedir que se aprueben leyes que someten, denigran, limitan y excluyen a las mujeres en México, porque dentro de nuestros Documentos Básicos del PRI se asumen las acciones afirmativas logradas en diferentes escenarios nacionales e internacionales; que reconocen los derechos de las mujeres y que están por encima de cualquier disposición gubernamental, costumbre, tradición, o creencia, comprometiéndose a hacer cumplir el ejercicio pleno de sus derechos”.

El decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política del estado —presentado el jueves pasado— propone la modificación al artículo 18, en su fracción IV para dejar establecido que, en Puebla, el Estado debe proteger la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y que los matrimonios sólo pueden ser entre hombre y mujer, lo que implica cerrarle el paso a las llamadas sociedades de convivencia, es decir, a las uniones entre homosexuales, ya legalizadas en otras entidades, como el Distrito Federal.

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Enrique Doger Guerrero tiene ya en sus manos los resultados de una encuesta estatal encargada a la empresa Datamática de Pepe Zenteno, que lo coloca en tercer lugar, superado sólo por la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y por el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas.

En un estudio demoscópico anterior, efectuado por la misma firma, la alcaldesa capitalina también obtuvo el primer lugar, con el 14.4% de las preferencias, seguida por Doger (con el 11.2%), por Rafael Moreno Valle (10.5%) y por Javier López Zavala (6.4%).

En la nueva encuesta —cuyos porcentajes desconozco—, el senador panista sube al segundo lugar y Doger cae al tercero.

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El senador Melquiades Morales Flores, a quien el PRI nacional le encargó el proceso interno de Sonora, seguirá unas semanas más en aquella entidad del norte del país para preparar ahora la nominación de candidatos a presidentes municipales y diputados locales.

En los comicios internos del PRI sonorense para elegir candidato a gobernador, el senador con licencia Alfonso Elías Serrano se alzó con la victoria, al derrotar por un amplio margen al alcalde con licencia de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, en un proceso muy concurrido.

El trabajo del senador poblano fue reconocido tanto por el gobernador Eduardo Bours Castello como por el CEN del PRI, por lo que ambas instancias le pidieron ahora sacar adelante el proceso de selección de 72 candidatos a presidentes municipales y 21 candidatos a diputados de mayoría relativa.

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Simón dice:

“Cada vez que proveo una plaza vacante, creo cien descontentos y un ingrato”.
Luis XV, Rey de Francia.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Salvo sorpresa de última hora, el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Antonio Kuri Alam, será candidato a diputado federal del Partido de la Revolución Democrática por la cuarta circunscripción del país, que comprende a Puebla y al Distrito Federal, entre otras entidades.

Kuri Alam será propuesto por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD en uno de los primeros lugares de la lista, para asegurar su ingreso a la Cámara Baja del Congreso de la Unión por la vía plurinominal.

Uno de los compromisos del también presidente del Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual y el Comercio Legal con el grupo de “Los Chuchos”, que es el principal promotor de su candidatura, es impulsar dentro y fuera del PRD una corriente empresarial afín a la social democracia.

El vínculo de Kuri Alam con el dirigente nacional del sol azteca Jesús Ortega Martínez se dio a través del ex presidente interino de este partido, José Guadalupe Acosta Naranjo.

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Otro que también será candidato del PRD, con el apoyo de la dirigencia nacional perredista, es Miguel Ángel Javier Ojeda Sosa, dueño y director de la Escuela de Turismo “Roberto Cañedo Martínez”.

El profesor Ojeda será registrado como candidato externo por el distrito 11 con cabecera en el municipio de Puebla.

No está de más agregar que su inminente designación cuenta con el aval del dirigente estatal perredista Miguel Ángel de la Rosa Esparza.

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“Sí, pero no”, parece ser la esencia del proyecto de reforma electoral que el PRI presentó al Congreso del estado de última hora, por no decir al vapor, el viernes pasado.

Vea si no:

El PRI argumenta que los cambios al código electoral del estado pueden darse hasta el mes de agosto, pero insiste en sacar la reforma antes del 13 de febrero, para no incurrir en desacato constitucional.

Argumenta que sí quiere una reforma electoral de avanzada, pero la que propone sólo se queda en lo cosmético.

Sostiene a voz en cuello que sus diputados apoyan la reforma constitucional en materia electoral, pero en los hechos trata de vulnerarla con parches legaloides disfrazados de adendums o artículos transitorios al código electoral vigente.

Y sus legisladores dicen estar de acuerdo en que los comicios locales se celebren el primer domingo de julio, pero que esta disposición entre en vigor hasta el año 2013.

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Este viernes, por cierto, vence el plazo que tiene el Congreso del estado para responder el recurso de revisión presentado por el destituido presidente de la Comisión para el Acceso de la Información Pública, Antonio Juárez Acevedo, para impedir su remoción como comisionado de este organismo, dizque garante de la transparencia en Puebla.

El problema para el Congreso y en especial para el diputado priísta Pablo Fernández del Campo, a quien se le encargó este asunto en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación, es que el tema lo están descuidando por las prisas de adecuar el código electoral a la reforma constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión.

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Con la renuncia de Óscar Anguiano Martínez como secretario de Acción de Gobierno del Comité Directivo Estatal del PAN, se confirma que éste será el tercer nombre que proponga la dirigencia estatal de precandidatos a diputados por la vía plurinominal.

Los otros dos serán Augusta Valentina Díaz de Rivera, ex secretaria de Promoción Política de la Mujer y, Pablo Rodríguez Regordosa, ex presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en la capital del estado.

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Simón dice:

“Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra”
Francisco de Quevedo y Villegas, escritor español.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotamil.com

En lo que parece el colmo del cinismo, ante la pasividad, tortuguismo y complicidad de la mayoría priísta del Congreso del estado, el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ahora quiere argumentar, para impedir su destitución, que el artículo 28 de la Ley de Transparencia que impide ser comisionado a quienes han sido dirigentes de partidos o agrupaciones políticas, es anticonstitucional al restringir la libertad de asociación tutelada por el artículo 6º de la Carta Magna.

Con la complicidad de algunos abogados especialistas en amparo, el ilegítimo Juárez Acevedo quiere argüir también que el procedimiento iniciado por la Comisión de Gobernación del Congreso local –a cargo del blandito Pablo Fernández del Campo Espinosa–  para removerlo del cargo, es improcedente, pues no partió del titular del Poder Ejecutivo (entiéndase el gobernador), ni de las dos terceras partes de los diputados de la actual legislatura (ja, ja, ja, ja).

Ambas argucias, sugeridas por quien fuera su compañero en la Escuela Libre de Derecho, Fernando Castillo Pacheco, podrían plasmarse hoy en un juicio de amparo contra la decisión de remover a Juárez Acevedo, y en el que los medios de comunicación que hemos criticado su cinismo, seremos llevados al banquillo de los acusados.

En sus palabras, “los medios de comunicación, en especial la prensa escrita y los programas amarillistas y tendenciosos tanto de radio como de televisión han hecho de este caso –en su hambre de notas sensacionalistas– su pan de cada día, lo cual ha mal informado a la ciudadanía poblana respecto del procedimiento iniciado en contra del licenciado Antonio Juárez Acevedo”.

En su afán de demostrar que él es el personaje idóneo para sacar del embrollo al titular de la CAIP, Castillo Pacheco presume que “ha logrado que los medios de comunicación vean con seriedad las acciones jurídicas” y apoyen a sus clientes en asuntos en los que son víctimas de la autoridad, como le ocurrió a la empresa Jajomar, concesionaria del sistema de estacionómetros en el municipio de Puebla.

Según él, desde su intervención en el caso de los parquímetros “se acabó el linchamiento mediático” en contra de Jajomar y el descontento social recayó en el ayuntamiento de Puebla y no en la empresa que limpiamente ganó la licitación (ja, ja, ja, ja).

Al margen de estas fanfarronadas de su amigo y el escándalo en que se ha visto envuelto por haber ocultado su pertenencia como miembro de la directiva de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, lo cierto es que Juárez Acevedo intenta ahora por la vía legal que el Congreso suspenda el procedimiento que le inició para destituirlo.

Como ya se dijo líneas arriba, el presidente de la CAIP recurrirá al juicio de amparo, valiéndose de nuevas argucias:

1. Que el procedimiento que le inició la Comisión de Gobernación es improcedente, al haber sido promovido sólo por el grupo parlamentario del PAN, atendiendo a cuestiones político partidistas y no legales;

2. Que el artículo 28 de la Ley de Transparencia es anticonstitucional, por coartar el derecho a la libre asociación;

3. Que los diputados locales jamás podrán acreditarle su actuación como secretario de Plataforma Cuatro a partir de nombramiento como comisionado de la CAIP; y

4. Que su destitución no encaja en ninguna de las tres causales previstas por el artículo 29  de la Ley de Transparencia, como son trasgresiones graves a la Constitución federal y la particular del estado, haber incurrido en alguna responsabilidad administrativa o haber sido condenado por algún delito que merezca pena corporal.

¡Vaya cinismo!

El juicio de protección de garantías individuales que hoy seguramente promoverá Juárez Acevedo, de la mano de su compañero de Alma Mater, será una afrenta más del supuesto garante de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla, pero ahora contra los blandengues diputados del PRI que han alargado y entorpecido su destitución por más de un año.

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Sesiones en lo oscurito

Desde el escándalo en que se encuentra inmersa la CAIP y su ilegítimo presidente, Antonio Juárez Acevedo, las sesiones del pleno de esta comisión se hacen a escondidas de la prensa.

Por decisión de quién sabe quién, los medios dejaron de ser convocados a las sesiones ordinarias y extraordinarias donde se resuelven recursos de impugnación contra negativas de información de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia.

Ahora estas sesiones se realizan en petit comite, con la presencia de los tres comisionados, sus secretarios particulares y los asistentes de sus asistentes.

¡Viva la transparencia y la rendición de cuentas!

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Antonio Marín López, secretario de lujo en Salud
Letra muerta, las reformas al código electoral

¿En qué va a terminar el caso Juárez Acevedo?

A ciencia cierta no lo sé, aunque en estricto apego a derecho su caso debería terminar con su inmediata destitución como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), y el inicio de un procedimiento administrativo y penal por falsedad de declaraciones ante la autoridad.

Juárez Acevedo no sólo violentó la convocatoria y el artículo 27 de la Ley de Transparencia, al participar y ser nombrado comisionado de la CAIP, pese a no reunir los requisitos de elegibilidad, sino que ha mentido recurrentemente sobre ese pasaje de su vida.

Cuando en el 2006 el Congreso del estado emitió la convocatoria para el nombramiento de tres comisionados propietarios y tres comisionados suplentes, clara y explícitamente se estableció que nadie que se hubiese desempeñado como dirigente de algún partido o asociación política durante los últimos tres años, podía ser designado para tal cargo.

Adicionalmente, la fracción V del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública refiere de manera textual que “Para comisionado se requiere: No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación política durante los tres años previos al de su designación”.

Juárez Acevedo no puede argumentar demencia o ignorancia sobre este aspecto de la ley, y menos, como en su caso, tratándose de un abogado.

De ahí la conveniencia de que la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales de la LVII Legislatura, que esta semana revisará el expediente del presidente de la CAIP, no limite su acción al análisis de la procedencia o improcedencia de la remoción de Juárez Acevedo.

Que éste tiene que irse, es algo que se da por descontado.

Los diputados de la Comisión de Gobernación –que preside el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa– deben ir más allá de la destitución de aquel, una vez que el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han resuelto que Juárez Acevedo era miembro y directivo de Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP.

El gobernador Mario Marín Torres o –en su defecto– el contralor Víctor Manuel Sánchez Ruiz también deberían pronunciarse por el inicio de un proceso administrativo y penal en contra de Juárez Acevedo, considerando que la CAIP era y sigue siendo un órgano del Poder Ejecutivo del estado.

Antes de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia, la CAIP era un órgano auxiliar del Ejecutivo; hoy continúa como un órgano especializado de la administración pública estatal.

Dejar en la impunidad las falsedades, mentiras y violaciones legales cometidas por Juárez Acevedo, sería tanto como premiar a la opacidad y el cinismo de quien en la práctica ha sido el principal lastre de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla, así como del descrédito de la CAIP como órgano garante del derecho a la información.

EN CORTO
La versión de que Antonio Marín López será el nuevo secretario de Salud de Puebla, en sustitución de Roberto Morales Flores es una magnífica noticia, que ojalá se confirme, no sólo porque se trata de un prestigiado hematólogo reconocido local y nacionalmente, sino porque se trata de un especialista en salud pública con amplia experiencia.

Antonio Marín es médico egresado por la UAP, con posgrado en el Hospital Civil de Puebla y especialidad en Hematología por el Instituto Nacional de la Nutrición de la ciudad de México.

Ha sido catedrático en las facultades de Medicina y Ciencias Químicas de la UAP, coordinador de la División de Enseñanza del Hospital Universitario de Puebla y jefe del Departamento de Hematología y Banco de Sangre del mismo nosocomio; director del Hospital General de Puebla (1994-1995), jefe del Departamento de Investigación y Enseñanza de los Servicios Coordinados de Salud Pública de Puebla (1996-1998), director general de los Servicios Coordinados de Salud Pública de Puebla (1998-1999), y director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (1999 a la fecha).

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Este fin de semana llegaron a mi buzón sendos correos electrónicos que documentan cómo las últimas reformas al código electoral del estado, plasmadas en el artículo 200 bis, tendientes a evitar las precampañas y el uso de recursos públicos con fines de posicionamiento político o clientelar, no sirvieron de nada.

En un primer mail, un lector de este espacio me envía tres fotos de bardas rotuladas con el apellido del ex presidente municipal de Puebla, Doger, en el municipio de Zaragoza, en la Sierra Norte de Puebla.

Las coloridas bardas llevan además de la palabra Doger la firma y logotipo de la asociación que el ex presidente municipal de Puebla utiliza para promoverse como aspirante a la gubernatura: el Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema).

El segundo mail contiene seis fotografías de anuncios espectaculares, tomadas en Ciudad Universitaria y en el campus de Tehuacán, en las cuales el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez aparece en obras, saludando a estudiantes y profesores, o dando la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a la institución.

Este correo electrónico de un supuesto grupo de estudiantes rechazados de la UAP cuestiona: “¿Qué onda, no que no se puede usar la imagen de un funcionario público para promocionarse?

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El ex director y fundador de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla, Ismael Ledesma Mateos, rendirá protesta el próximo jueves 11 de septiembre como presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología.

La ceremonia, prevista para las 17 horas, tendrá lugar en el Paraninfo del Palacio de Medicina (Antigua Escuela de Medicina y también Palacio de la Inquisición) de la ciudad de México.

Durante el acto, el doctor Antonio Lazcano-Araujo, profesor de la facultad de Ciencias de la UNAM y experto internacional en el tema del origen del universo, dictará la conferencia magistral “El Origen de la vida, de Oparin al experimento de Millar: Atmósferas primitivas, atmósferas políticas”.

El doctor Ismael Ledesma, quien actualmente presta sus servicios como profesor investigador de la UNAM, ha publicado a la fecha dos obras: Historia de la Biología, y De Balderas a la Casa del Lago: La institucionalizacion de la Biología en México.

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El director de la Universidad Pedagógica Nacional de Puebla, Pedro Valdez Martínez, sigue empeñado en ganarse el repudio de los principales académicos de la institución, al insistir en su intentona de desaparecer la Maestría en Formación Docente para el ámbito regional.

La semana pasada, Pedro Valdez no sólo aumentó de 2000 a 4,500 pesos la cuota de inscripción para el propedéutico de este posgrado de calidad, sino que amenazó a los alumnos y profesores con cerrarlo, si no se inscribían al menos 15 estudiantes.

Su amago no deja de resultar absurdo, pues la verdad es que los 2,500 pesos adicionales que mensualmente tendrán que aportar los nuevos alumnos de la maestría, no garantizan nada, ni la calidad del posgrado, ni la permanencia de los profesores que actualmente integran su planta académica, y menos con el clima de hostilidad que desde la dirección de la UPN Puebla se impulsa contra varios de ellos.

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