¿Por qué si en el informe rendido por Jorge Sánchez Morales el pasado 5 de marzo se dice que hubo un remanente de 1.6 millones de pesos en el ejercicio del 2007, en un oficio posterior enviado por el presidente del IEE al secretario de Finanzas del estado en el mes de abril, solicita que dicho saldo a favor, entre el presupuesto otorgado y el ejercido, se destine al pago de deudas y pasivos no cubiertos el año pasado?

¿Por fin hubo o no saldo a favor?

¿Por qué entre esos pasivos figura el pago por concepto de depósitos en garantía de inmuebles alquilados por el Instituto para el órgano y los consejos distritales y municipales?

¿No acaso esos depósitos por un monto de 327 mil pesos se cubrieron cuando los inmuebles se rentaron?

¿O es que el presidente del Instituto, y su ineficiente administradora, Verónica Paola Cruz Castillo son tan generosos con el dinero que no es suyo que pagan dobles depósitos en garantía?

¿Por qué la Administración del IEE y el Orfise aceptaron maquillar los onerosos gastos de alimentación del consejero presidente, Jorge Sánchez Morales, diluyéndolos en diversas partidas como 2201 Alimentación para el personal, la 3810 Gastos de representación y en el rubro de Gastos Institucionales, y cargando esos gastos al presupuesto de la Dirección de Administración, la Dirección de Organización, la Coordinación de Comunicación Social y los órganos transitorios?

¿Por qué la mayor parte de las reposiciones del fondo fijo de la oficina de la presidencia del IEE se cargaron a la partida 2201?

¿Por qué los gastos de alimentación de la oficina de la presidencia no fueron incluidos en el informe del 5 de marzo?

¿Bajo qué criterio se cargaron a la partida 2201 gastos por arrendamiento de vehículos, que se pagaron con los cheques 35457 y 35448 a Maribel Ramírez Saavedra y Teresa Martínez Cortés, respectivamente?

¿Qué no la partida de arrendamiento de vehículos es la 3205?

¿Por qué en los registros contables de la partida 2101 Materiales y útiles de oficina hay 2246 asientos contables menores de 10 mil pesos?

¿No será que esas compras de materiales y útiles de oficina se fraccionaron?

¿Por qué en los asientos contables de esa partida no aparece el nombre de la empresa o particular que proveyó esos materiales?

¿Por qué la camioneta Suburban 2007 asignada al presidente del Instituto no pasó por el Comité de Adquisiciones, pese a que por su costo de 434 mil 508 pesos debió someterse al menos a un concurso por invitación?

¿Por qué en unos documentos del Instituto se informa que los productos financieros que se obtuvieron en el 2007 ascienden a 2.05 millones de pesos, y en otros a sólo 1.08 millones, si ambos son emitidos y firmados por la misma persona: Verónica Paola Cruz Castillo?

¿Por qué estas inconsistencias no fueron observadas, ni sancionadas por el Órgano de Fiscalización Superior y la Comisión Inspectora del Congreso del estado?

¿Acaso tendrá algo que ver el hecho de que Verónica Paola Cruz es cuñada del director administrativo del Orfise, José Armando Sánchez Nava?

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Si algo quedó claro ayer con la aprobación de la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado (IEE), por parte de los miembros de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, es que la corrupción en Puebla tiene carta de impunidad.

Gracias a la mayoría priísta del Congreso del estado, el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, podrá presumir —como ya lo está haciendo desde ayer a través de sus paleros en los medios de comunicación— que nada de lo cual fue acusado —compras fraccionadas, sobregiros presupuestales, daño patrimonial, pago de aviadores, desvío y malversación de recursos públicos— se le pudo comprobar.

Nada más falso que eso.

Su condición de mentiroso y corrupto ha quedado plenamente acreditada —y no por la prensa—, sino por sus propios homólogos, y las instancias encargadas de auditar su ejercicio durante el 2007. Me refiero a la Contraloría Interna del Instituto, al despacho Freyssinier Morin y al Órgano de Fiscalización Superior.

Los auditores del Orfise están al tanto de la corrupción del presidente del IEE, y del enorme esfuerzo que tuvieron que hacer para limpiar su cuenta pública, y cuadrar los números de un balance plagado de anomalías, excesos y abusos.

No en balde un ejército de auditores tomó, en la segunda quincena de mayo, las oficinas administrativas del Instituto, llevándose consigo 14 cajas que contenían todo el soporte documental de algunas partidas, que amparaban los gastos por combustible, alimentación y papelería. 

El objetivo de ese operativo fue borrar cualquier evidencia que inculpara al consejero presidente Jorge Sánchez, y a su directora administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, cuñada por cierto del director administrativo del Orfise, José Armando Sánchez Nava.

Los auditores de Freyssinier Morin, despacho que hace las veces de auditor externo del IEE, también saben de los excesos y corruptelas cometidos por Jorge Sánchez, y del desorden que priva en la Dirección Administrativa del Instituto, pero tuvieron que tragarse sus observaciones, no sólo por presiones del Orfise, sino para mantener su millonario contrato.

Pero quien también supo —y hasta pudo documentar— las anomalías en que incurrió Jorge Sánchez durante el 2007 fue la ex contralora interna del Instituto, Dalhel Lara Gómez.

Sus observaciones —que el presidente del IEE trató de acallar ofreciéndole una generosa liquidación— quedaron plasmadas en siete reportes de igual número de auditorías, que a la fecha se han mantenido bajo llave.

Estas observaciones se publicaron en este blog los días 7, 8 y 9 de mayo.

Hoy vale la pena reproducirlas, para que este jueves los diputados que seguramente aprobarán la cuenta pública del Instituto nos digan cómo se solventaron —si es que así ocurrió— y nos aclaren por qué el Orfise no observó lo que la contralora interna del Instituto catalogó como compras fraccionadas, sobregiros y hasta como daño patrimonial.

De la larga relación de anomalías documentadas por Dalhel Lara destacan las siguientes:

1. Erogaciones por más de 853 mil pesos que se cargaron a la partida «gastos de propaganda», pero que en realidad corresponden a otras partidas. Esta manipulación se hizo con el objeto ocultar sobregiros presupuestales en algunos rubros y dar suficiencia presupuestal a la partida 3601.

2. El desembolso de 96 mil 842 pesos a favor Katy Pacheco Pérez, quien supuestamente prestaba servicios de asesoría, pero con un contrato de arrendamiento. Sus servicios profesionales, los cuales cobró a tráves de los recibos de honorarios 0024 y 0025, no se cargaron a la partida 3301 de asesorías, sino a la 3901 que corresponde a penas, multas, accesorios y actualizaciones.

3. El pago no autorizado de 15 mil pesos mensuales a los representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto, con cargo a la partida 4311 que corresponde a otras transferencias.

4. El pago de compras fraccionadas y sin licitación a la empresa Target Eye, a la cual se le contrató y pagó el diseño creativo de la campaña del IEE en 287 mil pesos, otras compras por 320 mil pesos y 350 mil por la producción de spots publicitarios.

Adicionalmente a esta empresa de Jorge Espino Flores se le pagaron 450 mil pesos por la pinta de bardas, 1 millón 381 mil pesos por anuncios espectaculares, y 450 mil pesos por publicidad en autobuses, servicios que en realidad hacían proveedores particulares y otras como Publicidad Espectacular Móvil e Impactos Frecuencia.

5. El pago de compras fraccionadas de material de impresión, servicios de informática, consumibles, papalería y equipo de cómputo a empresas como Colorset y otros proveedores que ni siquiera figuraban en el padrón de proveedores del Instituto.

6. La compra de canastas navideñas a la empresa Prissa Vinos y Licores por más de 19 mil pesos y de 40 arcones navideños, un reproductor de video, un minicomponente y una pantalla plana por un total de 429 mil pesos que supuestamente se entregaron a los reporteros de cubren el Instituto como regalo de fin de año.

7. Erogaciones por 460 mil 995 pesos en gastos de representación, que en un 90% fueron ejercidos por el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, con cargo a la partida 3810.

El día de mañana le contaré otros sobregiros e incongruencias que aparecen en los informes admistrativos y financieros del Instituto, y los cuales fueron ignorados por el Orfise y los diputados priístas de la Comisión Inspectora —como Luis Alberto Arriaga Lila— que hoy actúan como cómplices del corrupto presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales.

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En la Secretaría de Salud del estado siguen rodando cabezas. Ayer, Antonio Marín López le pidió la renuncia a Ricardo Villa Issa y a Jorge George Sánchez, quienes venían desempeñándose como coordinador de Servicios de Salud y director de Atención a la Salud, respectivamente.

Ambos, parar variar, pidieron entrevistarse con el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para ver si conseguían mantenerse en el cargo en lo que resta del sexenio.

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Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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Ahora que Roberto Morales Flores se muere de ganas por comparecer ante el Congreso del estado, para explicar que nada tiene ni tuvo que ver con los malos manejos en la Secretaría de Salud, y el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, anuncia que llevará a cabo una investigación exhaustiva en la dependencia para deslindar responsabilidades, sería bueno que uno u otro explicaran el destino de 29 millones 509 mil pesos de la compra GESFAC 158/2007.

Pero como estoy seguro ni Roberto Morales, ni el auditor del Orfise, ni el contralor del estado, ni los diputados locales del PRI o del PAN nos dirán algo acerca de esa adquisición, cubierta con recursos del Seguro Popular dentro de la partida 2701, le contaré parte de esta historia que, por cierto, conocen con detalle algunos funcionarios de la Secretaría de Salud.

La GESFAC 158/2007 es, en resumen, una compra directa de ropa desechable, que la Secretaría de Salud pagó a una persona física con actividad empresarial llamada José Arturo Cedeño Díaz, pero que en realidad es un testaferro de Dionisio Rodríguez Rodríguez, proveedor de la dependencia y amigo cercanísimo de Roberto Morales.

La adquisición de esas prendas desechables –que médicos y enfermeras suelen utilizar en clínicas y hospitales durante las cirugías que practican o en las visitas que hacen a enfermos con alguna infección altamente contagiosa– ascendió a 29 millones 509 mil pesos 34 centavos.

Por increíble que parezca, dicha compra no sólo no se concursó, ni pasó por el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, sino que se asignó en forma directa y se pagó a finales de 2007 con el visto bueno del secretario Roberto Morales, y de Carlos Martínez Valeriano y Eduardo Hernández Martínez, director y subdirector del Seguro Popular, respectivamente.

Pero lo peor no es eso.

Lo grave, lo escandaloso, de esa compra identificada como GESFAC 158/2007 es que la ropa desechable jamás fue surtida, ni en los almacenes centrales de la Secretaría, ni en ninguno de los que existen en las 10 jurisdicciones sanitarias de la dependencia.

¿O sí?

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¿Nepotismo en órganos fiscalizadores?
Contraloría y Orfise, conflicto de interés

Un personaje de bajo perfil, pero muy influyente entre los administradores públicos del gobierno marinista y las instancias encargadas del control y la fiscalización de los recursos, es José Armando Sánchez Nava.

Su nombre quizás no le diga mucho, pero se trata del director administrativo del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado (Orfise), que es la dependencia de mayor rango en la entidad en materia de auditoría y fiscalización de recursos públicos, detección y prevención de desviaciones, y la encargada de corregir y sancionar a funcionarios ineficientes o deshonestos.

La influencia de Sánchez Nava radica, como ya se indicó, en los estrechos vínculos que mantiene con directores de Administración de varias dependencias, cuyas cuentas públicas son revisadas por el Orfise, y en el poder que ejerce sobre el personal de auditoría interna y los auditores externos encargados de dictaminar las cuentas públicas de ayuntamientos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de paraestatales, paramunicipales y organismos operadores de agua potable.

Su error —y vaya que lo es— ha sido recomendar y colocar a parientes suyos en áreas y cargos no sólo muy visibles, sino que además conllevan un innegable conflicto de interés, por la posición que tiene en el Orfise y los puestos que desempeñan sus hermanos, cuñados y demás consanguíneos.

Juzgue usted si no:

Su cuñado Raúl Egremy Palomeque es jefe del Departamento Administrativo del Instituto de Artesanías e Industrias Populares.

Su cuñada Paola Verónica Cruz Castillo es la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto Electoral del Estado.

Su hermano José Alfredo Sánchez Nava es director administrativo del Tribunal Electoral del Estado.

Y su otro hermano, Luis Sánchez Nava, es director administrativo del Hospital General de Puebla.

Ahora si que como decía el fallecido cómico Pompín Iglesias: ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia!

INTRAMUROS
Otros personajes que también cojean del mismo pie que José Armando Sánchez Nava son el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana.

Entre los parientes del titular de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) destacan:

Su hermano Salvador Sánchez Ruiz, quien se desempeña como auditor externo autorizado del Orfise.

Su sobrino Salvador Sánchez Martínez, quien acaba de ingresar Orfise como auditor interno.

Su hermano Alfredo Willehado Sánchez Ruiz, quien funge como director del Servicio Estatal de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Competitividad.

Y su también hermano Roberto Sánchez y Ruiz, a su cargo la Subdirección de Planeación del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos.

Por lo que hace al auditor general del Orfise, su lista de parientes es más bien reducida, no así los conflictos de interés en que se encuentra inmerso en función de su cargo y sus subordinados.

Y es que su hijo Pául Hernández Argüelles es el contralor municipal de San Andrés Cholula; su secretario particular, Andrés Morales Hernández, es socio de un despacho de contadores — Grupo Caballero— dedicado a la asesoría de presidentes municipales; su pareja Araceli Ratoni Hernández en su asesora jurídica, y la hermana de su pareja, María del Rosario Olga Ratoni Hernández, su secretaria privada.

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¿Qué pasa con la cuenta pública de Enrique Doger Guerrero, correspondiente al ejercicio del 2007?

¿Por qué ni siquiera los diputados integrantes de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior saben el estado en que ésta se encuentra?

¿Por qué se guarda con tanto sigilo?

¿Será acaso que alguna mente perversa quiere usarla como cortina de humo, o como un distractor, ahora que el Congreso del estado entre a la discusión de la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar?

¿O es que cuenta pública del ex presidente municipal de Puebla no será sometida al pleno del Congreso en este periodo, que concluye el próximo jueves 31 de julio, sino hasta el tercer periodo ordinario de sesiones que se inicia el 15 de octubre?

¿Cuál es la intención?

¿Acaso usar esa cuenta pública como arma política para desactivar o descarrilar a Enrique Doger Guerrero como aspirante a la gubernatura en el 2010?

¿Por qué el Órgano de Fiscalización Superior decidió pasar de los pliegos de observaciones a los pliegos de cargos?

¿Por qué Enrique Doger ha guardado un prudente silencio sobre esta situación?

¿Por qué no ha salido a denunciar que desde el Orfise le están haciendo observaciones –o cargos– por diversas anomalías –reales o ficticias– que suman decenas de millones de pesos?

¿Será acaso que él también está negociando su cuenta pública e inmunidad, a cambio de abandonar, en definitiva, la puja por la sucesión gubernamental?

Que conste que son preguntas, meras preguntas.

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El secretario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, está por enfrentar un nuevo escándalo, de abuso y autoridad y prepotencia, a causa de la golpiza que su hijo, Guillermo Alberto Hidalgo Montes, propinó el viernes por la noche a un parroquiano de San Andrés Cholula, que responde al nombre de Fernando Alberto Tepeyahuil.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron el viernes 18 de julio, luego de que la camioneta en que viajaba el hijo del secretario de Seguridad Pública embistiera el vehículo en que viajaba el cholulteca. Ambos se hicieron de palabras y luego se enfrentaron a golpes.

La golpiza que se llevó Fernando Alberto Tepeyahuil fue tan salvaje, que los vecinos a punto estuvieron de linchar al hijo del secretario de Seguridad Pública, de no ser por la intervención de la Policía que se lo llevó en una patrulla.

No está de más apuntar que el joven Hidalgo Montes, además de ser un experto en artes marciales, trabaja para el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y que gracias a ello y a la influencia de su padre quisieron parar el asunto en el Ministerio Público, pero sin conseguirlo, pues hasta donde se sabe el afectado finalmente logró interponer una denuncia contra aquel por el delito de lesiones.

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El ex secretario general de la Asociación Sindical del Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Aspabuap), Héctor Mario Hernández Lobato, fue designado director de la Fundación BUAP, cargo que estaba vacante desde que Luis Alberto Arriaga Lila fue postulado por el PRI como candidato a diputado local, en las elecciones de noviembre de 2007.

Ojalá la gestión de Hernández Lobato al frente de la Fundación BUAP no sea tan gris como su desempeño sindical, que concluyó a mediados del 2006.

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Los gastos destinados al pago de alimentos, comidas y restaurantes, son hoy una de las mayores inconsistencias que presenta el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio 2007 del Instituto Electoral del Estado, al grado que ni los auditores del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local saben cómo cuadrar.

Y es que los gastos de comida están diseminados, por decir ocultos, en varias partidas presupuestales: Alimentación para el personal de las dependencias y entidades, Víáticos nacionales, Gastos Institucionales y Gastos de representación.

Esa intencionada dispersión tuvo el propósito, como ya se dijo, de esconder el escandaloso gasto en comidas del consejero presidente Jorge Sánchez Morales durante el año pasado, y que conservadoramente supera los 350 mil pesos, es decir, el equivalente a casi mil pesos diarios.

Ahora entiende por qué la inspección que en la segunda quincena de mayo realizaron auditores del Orfise en las oficinas de la Dirección Adminitrativa del IEE, y de las que se llevaron 14 cajas con todo el soporte documental de las partidas destinadas a combustible y alimentación.

La gran interrogante sigue siendo para qué, pues los auditores del Orfise se pudieron llevar la documentación lo mismo para coregirla o limpiarla, que para utilizarla como prueba contra Jorge Sánchez Morales para fincarle responsabilidades por desvío o malversación de recursos públicos.

Sobre este tema, mañana le ampliaré algunos detalles, a partir de la exposición que el viernes pasado hizo ante el Consejo General del IEE la consejera Olga Lazcano Ponce.

No se los pierda.

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A propósito.

Por instrucciones del consejero presidente del IEE, este blog y el portal digital donde se difunde fueron censurados, a través del servidor que da servicio a la red del máximo órgano electoral del estado.

El problema para Jorge Sánchez es que este bloqueo se le está revirtiendo, pues ahora son más consejeros y empleados del Instituto que están pendientes de lo que se publica en e-consulta, al que ingresan desde su casa o por la red inalámbrica que funciona dentro de las instalaciones del organismo.

¡Lástima Margarito!

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Este viernes el secretario particular del gobernador Mario Marín Torres, Guillermo Deloya Cobián, celebró su cumpleaños número 37 con una comida en el fraccionamiento Puerta de Hierro, a la que asistieron el ex dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado; Raúl Salinas de Gortari, los empresarios Ricardo Henaine Mezher y Emilio Maurer Espinosa; el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano y su señor padre, el periodista Enrique Montero Ponce; el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; el abogado Miguel Quirós Pérez; el director de Atención y Gestión Universitaria de la UAP, Damián Hernández Méndez, y el recién nombrado consejero del IFE, Francisco Javier Guerrero Aguirre.

Este último, por cierto, fue profesor de Guillermo Deloya y su asesor de tesis para el grado doctor en la Universidad Anáhuac.

El anfitrión de la comida fue el empresario Fernando Alonso González, compadre del festejado.

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Las maestras Lilia Vélez Iglesias y Eva Pérez Castrejón fueron seleccionadas, tras un largo proceso en el que tuvieron que competir con profesionistas de todo el país, como evaluadoras del Ceneval para las carreras de periodismo y comunicación organizacional en la República Mexicana.

Lilia Vélez es maestra responsable de la carrera de periodismo en la UPAEP, y Eva Pérez de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la misma institución.

Su nombramiento como evaluadoras del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) les llegó la semana pasada.

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Trivia electoral para iniciados.

¿Que aspirante a gobernador del PRI, que de manera recurrente ha dicho que no le interesa ese cargo de elección popular, anda construyendo en distintos municipios de la entidad sus redes de apoyo?

Pistas:

Ya es compadre del gobernador Mario Marín Torres.

Ya también cuenta con la ciudadanía poblana.

Y aunque en su corazón late fuerte y claro su sentimiento priísta, no quiere perder su perfil ciudadano y pluralista.

Ah. Su influencia también llega al PRD.

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* Gastó en telefonía celular tres veces más de lo autorizado
* Emmelhainz sustituirá a Toño Quintana en la UPAEP

La discusión y análisis de la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado, por parte de la LVII Legislatura local, podría marcar el Waterloo de Jorge Sánchez Morales como consejero presidente del organismo.

Si de por si su credibilidad y confianza se encuentran bastante maltrechas, lo más probable es que cuando se hagan públicas sus mentiras sobre el informe financiero que presentó en marzo, así como sus excesos y abusos sobre algunas partidas presupuestales, su posición como presidente del IEE se vuelva insostenible.

Y más ahora que algunos consejeros y representantes de partidos políticos están que trinan contra él por haberlos excluido del seminario internacional campañas electorales exitosas, que tuvo lugar los días 5 y 6 de junio en el Centro de Convenciones, y por haber presumido el patrocinio de un curso sobre Derecho Electoral en la Ibero, que el mismo personal del Instituto se pagó.

Resulta que el jueves pasado, algunos consejeros y representantes de partidos políticos, como Hugo Aguilar Díaz, se presentaron al Centro de Convenciones y no se les permitió el acceso, con el argumento que los únicos inscritos para el evento eran los consejeros Joel Paredes Olguín, Paul Monterrosas Román, Víctor Rodríguez Serrano y Rosalba Velázquez Peñarrieta, y los representantes del PRI, José Alarcón Hernández, y del PANAL, Ricardo Mosqueda Lagunes.

La descortesía los tiene furiosos.

Inconsistencias financieras

Ahora que el ejercicio presupuestal de 2007 del IEE ha empezado a ser revisado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise) del Congreso del estado, han comenzado a salir también algunas contradicciones e inconsistencias.

La primera novedad es que no hay uno, sino dos informes anuales por parte de Jorge Sánchez Morales; uno de 32 páginas, que se entregó a los miembros del Consejo General, en aquella sesión del 5 de  marzo; y otro más amplio de 74 páginas, que ofrece mayores detalles capítulo por capítulo sobre la forma en que aplicó el gasto del Instituto el año pasado.

El primer informe omite, por decir lo menos, algunos excesos y abusos en que incurrió el consejero presidente del IEE.

Para muestra un botón: la partida 3152 denominada Servicio de Telefonía Celular.

A la presidencia del IEE se le fijó un presupuesto anual por esta partida de 28,565 pesos, sin embargo hasta noviembre del 2007, según una solicitud de información, la oficina de Jorge Sánchez se había gastado 93,090.97 pesos.

Es decir, en sólo dos meses (julio y agosto), el consejero presidente rebasó el tope anual autorizado para toda su oficina, según acuerdo IEE/JE-045/2007.

Este pequeño detalle no aparece en ninguno de los dos informes, sino en la contestación a una petición de información registrada bajo la clave IEE/UT/022/08.

Otra inconsistencia en las cuentas reportadas por el IEE ante el Orfise es el supuesto remanente de 1´616,153.29 pesos registrado en el ejercicio del 2007.

Este, para empezar, nunca se reintegró a la Secretaría de Finanzas y Administración, sino que fue utilizado para cubrir adeudos del 2007 por 789,994.86 pesos y un déficit presupuestal por 817,158.43 pesos.

¿Dónde quedó entonces el supuesto remanente?

EN CORTO

Será en agosto próximo cuando Francisco Emmelhainz Naveda asuma la presidencia de la Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en sustitución de José Antonio Quintana Fernández, quien por 35 años ha encabezado el patronato de esta institución. 
Emmelhainz se desempeña actualmente como vicepresidente de la Junta de Gobierno.

Un velo de misterio envuelve la sorpresiva visita que hace un par de semanas realizaron auditores del Órgano Superior de Fiscalización al Instituto Electoral del Estado (IEE), pero sobre todo su decisión de llevarse de la Dirección de Administración 14 cajas con el soporte documental de las partidas destinadas a combustible y alimentación el año pasado.

De acuerdo con una fuente confiable, los auditores solicitaron a la encargada de la Dirección de Administración acceso a las pólizas, facturas, cheques y contratos de esas partidas presupuestales, como consecuencia de una serie de inconsistencias entre el informe financiero del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, el reporte del auditor externo —el despacho Freyssinier Morin— y el expediente entregado al Orfise con el estado de origen y aplicación de recursos del IEE durante el 2007.

La gran duda que existe sobre la decisión del Orfise de llevarse 14 cajas de documentos es si la intención en fincarle responsabilidades al presidente del Instituto, Jorge Sánchez, o a ayudarlo a cuadrar las cifras de la cuenta pública antes de que ésta sea revisada por los diputados integrantes de la Comisións Inspectora del Congreso del estado.

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Don José Yitani Maccise me hizo saber ayer que ni él, ni sus hermanos —Jorge, Antonio y Emilio— andan metidos en el proceso de sucesión gubernamental, por lo que no asistirán mañana sábado a la comida de apoyo a Jesús Morales Flores en el Centro Mexicano Libanés.

También me aclaró que su sobrino, Miguel Ángel Yitani, quien es el actual presidente del Centro Mexicano Libanés, tampoco se dejará ver en el evento.

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Una trivia: ¿Con quién de sus más cercanos colaboradores en el ayuntamiento de Puebla, Enrique Doger Guerrero, se molestó y discutió por el escándalo de corrupción en que se enuentra envuelto por la forma en que se operó la donación de autos, supuestamente chatarra, a la Fundación Cáritas?

Tres tips:

1.- Al susodicho le echó en cara el nombramiento del último tesorero de la gestión dogerista, José María Esquivel Silva, principal implicado en dicho fraude.

2.- El personaje en cuestión terminó peleado al final de la administración municipal con dos de sus principales operadores: Arnoldo Ruiz Arreola “El Ate”, y Miguel Quiroz Escalona.

3.- Gracias a él, Enrique Doger entró en contacto, primero en la UAP, y luego en el ayuntamiento de Puebla, con Gabino Carrandi, un personaje clave en sus negocios, propiedades e inversiones dentro y fuera del país.

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Desde hace un par de semanas, la columna política que tiene a la vista se transformó en blog, con el propósito de lograr una mayor interacción con sus lectores y cibernautas.

En la parte final de cada entrega, después de los tags –etiquetas que sirven para ubicar los asuntos y personajes de cada columna– aparece un apartado para comentarios que usted puede utilizar para manifestar sus puntos de vista o aportar mayor información sobre el tema o los temas abordados.

Lo único que tiene que hacer es escribir su nombre, correo electrónico y opinión, y ésta se publicará de inmediato.

No omito decirle que por política editorial, todo comentario redactado con lenguaje soez, difamatorio o irrespetuoso, que involucre cuestiones de vida privada, lesione la dignidad de las personas o se escude en el anonimato para  dañar honras o reputaciones, será editado.

Así es que adelante y bienvenidos sus comentarios.

La versión que ayer publicó Enrique Núñez en el periódico Intolerancia sobre compras ficticias en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero no es descabellada.

De hecho, en este espacio espacio se publicaron –a comienzos y mediados del 2007– al menos tres columnas sobre el tema, con nombres, números de cuentas y detalles de estas operaciones fraudulentas, que bien podrían tipificarse bajo el delito de lavado de dinero.

Dos fueron los mecanismos utilizados por los operadores financieros del ayuntamiento dogerista para llevar a cabo estas transas.

Uno fue a través de empresas fantasma y personas físicas con actividad empresarial, aparentemente legales en términos fiscales e inscritas en el padrón de proveedores del ayuntamiento, a las cuales se les hicieron compras fraccionadas por cantidades millonarias durante el 2005 y 2006, por concepto de obra pública, fumigación, limpieza y pintura, suministro y acarreo de tierra y materiales de construcción, venta de consumibles y equipo de cómputo, así como cursos de capacitación.

Dichas empresas estaban vinculadas a un despacho externo, una especie de broker fiscal en la persona de Marcela Herrera, que operaba en estrecha coordinación con el ex tesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, el ex coordinador ejecutivo de la presidencia, Alberto Ventosa Coghlan y Arnoldo Ruiz Arreola, mejor conocido como “El Ate”.

Un segundo mecanismo, diseñado por los cerebros financieros del dogerismo, Alberto Ventosa y Jorge Ruiz, tenía como ruta distintas cuentas bancarias en Santander Serfín y otras instituciones bancarias.

Unas cuentas eran utilizadas para recibir las comisiones que constructores y proveedores debían pagar a cambio de la asignación de contratos u otros favores, y otras para lavar ese dinero sucio, producto de la corrupción.

Ejemplos de estas maniobras es la empresa Prestadora de Servicios Independiente o Generales SA de CV, encargada de lavar el dinero de los autos “chatarra” donados por el ayuntamiento de Puebla a la Fundación Cáritas.

Si la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el contralor del ayuntamiento Mauro Uzcanga Villalobos y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana, quisieran hallar en serio pruebas de la corrupción no tendrían más que pedir los estados bancarios a nombre de Omar Vázquez Flores, Abel Aguilar Pérez y Lauro Monterrosas Rivera, y cruzarlos con los de Alberto Ventosa Coghlan y algunos de sus socios como Arnoldo Ruiz.

Entre esas cuentas irregulares de los años 2005 y 2006 figuran las siguientes: la 11000196571, de la Sucursal 0112 de Las Ánimas, del Banco Santander Serfín, a nombre de Omar Vázquez Flores; la 4033621343, de la Sucursal 0221 de Loreto, a nombre de Abel Aguilar Pérez, y la cuenta a nombre de Alberto Ventosa, en la Sucursal 113 de Santander Serfín de Plaza Dorada.

Pero como no lo van a hacer, ahí se las dejo como evidencia de que la corrupción en la administración pública seguirá, mientras haya funcionarios dispuestos a encubrirla. ¿O no?

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El viernes se despidió del personal de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, Anahí Romero Alonso, quien en los próximos días reaparecerá como funcionaria adscrita a la Comisión Nacional Indigenista.

Como encargado de despacho quedó el subdelegado de la Sedesol.

Anahí Romero deja la delegación por presiones políticas de sus mandos superiores y de funcionarios del gobierno del estado con quienes tuvo varios encontronazos, por el control de los programas sociales y el manejo de los fondos federales; el destino y los cambios de usos de suelo en la Reserva Territorial Atixcáyotl.

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Ayer recibí por correo electrónico y por escrito una carta aclaratoria del secretario de Salud, Roberto Morales Flores, de la que mañana me ocuparé.

Lo único que hoy le puedo adelantar es que el tema se pondrá bueno.

Aquí su réplica:

Estimado Rodolfo:
 
Me es particularmente grato saludarlo y solicitarle aclarar tres aspectos respecto a sus últimas columnas:
 
1.- El doctor Roberto Morales Flores, secretario de Salud no es compadre del señor Dionisio Rodríguez como insiste en publicar. Si opina lo contrario lo invito a comprobarlo.
 
2.- El doctor Morales Flores no compra, no licita ni adjudica de manera directa. En reiteradas ocasiones lo ha manifestado. Le recuerdo que en los Servicios de Salud existe la Dirección de Operación e Infraestructura  que junto con el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas se encargan de comprar y adjudicar las obras. El secretario de Salud no favorece ni beneficia a persona alguna, nunca lo ha hecho ni lo hará.
 
3.- Respecto a los cambios de funcionarios que se han realizado en la Secretaría de Salud no son responsabilidad del doctor Morales Flores, son por indicaciones del Ejecutivo del Estado, con el propósito de hacer más eficiente y eficaz el trabajo en esta dependencia.
 
Por consiguiente las preguntas que usted hace en su columna como el por qué el Gobernador mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, permítame decirle, con el debido respeto, insisto, que son suposiciones personales con el propósito de lastimar la imagen y trayectoria del doctor Roberto Morales Flores. No le han podido comprobar hasta este momento que esté involucrado en actos de corrupción, por eso sigue en su puesto hasta que el Ejecutivo del Estado lo determine.
 
Sin más por el momento y en espera de una respuesta aclaratoria, en el mismo espacio en que ha publicado sus columnas, le agradezco de antemano la atención.

Atentamente
 
El Jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social
Lic. Fortino Morales Pacheco.