LA CORTE DE LOS MILAGROS

Publicaciones etiquetadas ‘obra pública’

Cambio de planes

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La repentina noticia sobre la auditoría que la Secretaría de la Función Pública práctica a la gestión de Blas Villegas Lara como director general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (Ceaspue), y sobre las consecuencias que podrían derivarse de esta investigación, alteró algunos planes de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

Y es que la alcaldesa tenía previsto remover a Blas Villegas como director de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para nombrarlo como coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia, en sustitución de Héctor Sulaimán Safi, quien a su vez sería promovido como secretario de Desarrollo Social del municipio de Puebla.

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Después de muchos intentos está semana se constituyó la ACECOP de Puebla, que es la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, en cuyo Consejo Directivo participan los administradores de las principales plazas comerciales de la ciudad.

La ACECOP tiene la intención de representar a los comerciantes y locatarios de estas plazas ante las distintas instancias de gobierno —municipales, estatales y federales— con las cuales tienen que ver, ya sea por su giro, actividad o los productos y servicios que venden o prestan.

Entre quienes participan en la directiva de la ACECOP figuran: José Miranda Solana, administrador de Plaza Loreto; Pablo Andrés Torres Campos, representante de los comerciantes del Triángulo de Las Ánimas; María Gema Alvarado Lara, del Centro Comercial Cruz del Sur; Blanca María Peralta Llanera, de Plaza Dorada II; Rafael Cereceda Rodríguez, de Galería Las Ánimas; María Rosaura Pacheco López, de Plaza Bugambilias: y Fernando Rubén Lescieur Gamboa.

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El martes de esta semana, el expresidente de la Cámara de la Construcción de Puebla, José Antonio Escalera Espinosa, sorprendió al candidato a la gubernatura de la Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala, y a los socios y directivos del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, por las críticas que lanzó al gobierno del estado en materia de obra pública.

Un detalle que poco ha trascendido, y que quizás explicaría la actitud de José Antonio Escalera y su crítica a las obras públicas inconclusas, es que en la víspera de ese encuentro, el expresidente de la CMIC se reunió a tomar café con el panista Pablo Rodríguez Regordosa, vocero de la campaña del candidato de la coalición Compromiso por Puebla a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas.

La reunión tuvo lugar a las 21:30 horas en un discreto Italian Coffee de la 31 Poniente.

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El miércoles de esta semana el Parque del Arte volvió a convertirse en escenario de mítines políticos electorales. Ese día por la tarde fue llenado de jóvenes simpatizantes de la organización priísta de Mario Marín Junior que expresaron su apoyo al candidato a la gubernatura de la Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala.

El Parque, hoy en custodia del gobierno del estado, fue atiborrado de jóvenes y acarreados de distintas universidades públicas y privadas, así como de algunos bachilleratos incorporados a la BUAP y a la SEP, a los que se les permitió instalar música a todo volumen, invadir los jardines y hasta el lago artificial.

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Simón dice:

«La mayor parte de los problemas del mundo se deben a la gente que quiere ser importante.»

Thomas Stearns Eliot (1888-1965). Poeta, dramaturgo y crítico literario.

Blas Villegas, político en desgracia

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De un momento a otro, Blas Villegas Lara podría dejar la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, ser inhabilitado del servicio público y sujeto a un proceso administrativo por desvío de recursos públicos federales.

Y no porque su jefa, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, vaya a ceder a las presiones de la regidora panista Marisa Ortiz Mantilla; ni por su distanciamiento con quien fuera su protector en el pasado reciente, el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez; tampoco porque haya sido incapaz de regular y controlar a las empresas propietarias de anuncios espectaculares, que en esta coyuntura electoral han hecho su agosto.

Para nada. Su renuncia en realidad está relacionada con una investigación que le sigue la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos federales, siendo director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), durante la gestión de Mario Marín Torres.

De acuerdo con fuentes confiables cercanas al caso, Blas Villegas —en complicidad con algunos funcionarios de la dependencia, como el actual director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, y el director Administrativo, Sergio Aguilar de Llanohabría simulado la ejecución de obra pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Este martes, personal de la Contraloría del estado, que coadyuva en la investigación de la Secretaría de la Función Pública, se apersonó en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para ultimar algunos detalles del reporte de auditoría.

Trascendió que el monto del desvío asciende a los ocho millones de pesos y que la mayor irregularidad estriba en la simulación de algunas obras en los municipios de San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Zacatlán, mismas que se pagaron como nuevas, aunque ya estaban realizadas.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, cargo que podría dejar en cualquier momento.

Alejandro Pérez Morales funge como director de Planeación de la Ceaspue, aunque al comienzo del gobierno marinista fue nombrado director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, de la que salió por malos manejos, situación que se repitió más adelante en el Instituto de Asistencia Pública del estado de Puebla (IAPEP), durante la gestión de José Garmilla Herrera, quien lo nombró subdirector de Administración de Negocios.

Sergio Aguilar, quien hasta hoy despacha como director Administrativo de la Ceaspue, fue funcionario de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Como se verá, puras finas personas.

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Otro funcionario estatal que también está siendo auditado por parte de la Secretaría de la Función Pública es el secretario de Salud, José Alfredo Arango García.

Hasta donde se sabe, los auditores han centrado su análisis en los recursos otorgados por la Federación al estado, a través del llamado Seguro Popular, y con los cuales se habrían adquirido mobiliario, equipo e instrumental médico, así como material de curación, ropa hospitalaria y medicamentos a sobreprecio.

La auditoría es sobre el ejercicio presupuestal del 2009, con énfasis en los últimos meses de ese año, que es cuando Arango fue nombrado secretario de Salud —en sustitución de Antonio Marín y López— y cuando la Federación liberó la mayor parte de los fondos del Seguro Popular.

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A quien todavía no le cae la Secretaría de la Función Pública, ni el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración (INM), es a la delegada estatal de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Rocío Sánchez de la Vega Escalante.

Y es que hace 15 días se le escapó de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración un colombiano, hecho que ha pretendido ocultarse a la opinión pública para no afectar la imagen de la joven funcionaria federal panista.

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Simón dice:

«Cuando llega la desgracia, nunca viene sola, sino a batallones.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Presupuesto de egresos

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La discusión y aprobación de la Ley de Egresos se ha convertido en Puebla en un ejercicio inútil, pues de nada sirve que los diputados del Congreso aprueben una cosa, si al final el gobernador y las dependencias a su cargo gastan lo quieren y como les viene en gana, pasándose por el arco del triunfo la legislación en la materia y las disposiciones de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto.

En 2007, los diputados aprobaron un gasto de 35 mil 266 millones de pesos, y el gobierno finalmente ejerció 44 mil 686 millones de pesos, es decir, 27% más de lo autorizado.

Lo mismo ocurrió en 2008: La LVII Legislatura autorizó para ese año un gasto de 39 mil 446 millones de pesos, pero el gobierno ejerció 47 mil millones 484 millones pesos, es decir, 21% más de lo aprobado.

Sin embargo, eso no es lo peor.

Lo grave es que el gobierno gasta mal los recursos adicionales, pues en lugar de invertir las ampliaciones presupuestales en obra pública e infraestructura, y en programas y acciones de desarrollo regional sustentable, destina ese dinero a gasto corriente, lo que se traduce en una nómina más abultada de la burocracia estatal; a la adquisición de materiales y suministros, a la contratación de asesores, y a la compra de vehículos y camionetas nuevas.

Sus propios números así lo evidencian. Aquí algunos ejemplos.

En 2008, el Congreso le autorizó a la Secretaría de Educación Pública 16 mil 547 millones de pesos, sin embargó se gastó 19 mil 245 millones, de los cuales 910 millones de pesos fueron a parar a nómina, y 1 mil 293 millones a subsidios, transferencias y ayudas poco claras.

Para ese mismo ejercicio fiscal, a la Secretaría de Finanzas y Administración se le aprobaron 5 mil 159 millones, pero se gastó 25% más, es decir 6 mil 474 millones de pesos.

De la diferencia de 1 mil 314 millones, más de 200 millones fueron a servicios personales (nómina), más de 85 millones a la compra de materiales y suministros, más de 69 millones a la contratación de asesorías, viáticos, gastos de representación y de difusión e imagen, y más de 40 millones a la adquisición de vehículos y otros bienes muebles.

Lo paradójico, en el caso de la Secretaría de Finanzas, es que esta dependencia tenía un presupuesto autorizado en servicios personales de 251 millones, y ejerció 452.5 millones; un autorizado de 10.17 millones de pesos en materiales y suministros y se gastó 96.04 millones; un autorizado de 31 millones en bienes muebles e inmuebles y se gastó 71.2 millones de pesos.

De ahí la interrogante inicial: ¿de qué sirve que el Poder Legislativo apruebe un presupuesto, si al final las dependencias del Ejecutivo se gastan lo quieren, sin pedir permiso al Congreso para ejercer recursos adicionales?

De qué sirve que en la Ley de Egresos vigente y en la que este jueves seguramente se aprobará se diga que las dependencias y entidades públicas deben reducir al mínimo indispensable sus erogaciones por concepto de asesorías, servicios de telefonía, compra y arrendamiento de vehículos, y por gastos de representación, promoción, difusión e imagen institucional, si finalmente éstas se gastan lo que quieren y como quieren.

Para muestra un par de botones: la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación, de las que —por cierto— saldrán los candidatos del PRI a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

A la primera dependencia encabezada por Javier López Zavala se le autorizó en 2008, una nómina de 69.7 millones, pero la abultó hasta 86.8 millones de pesos; compras para materiales y suministros por 7.6 millones y se gastó 14.4 millones; una partida de 35.7 millones para viáticos, asesorías, celulares e imagen, y ejerció 57.4 millones; y una partida de 982 millones de pesos para inversión pública, pero de cual sólo ejerció 794 millones de pesos.

Con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Mario Montero, ocurrió algo similar. En 2008 se le autorizaron 154 millones en servicios personales, y ejerció 157 millones; 9.3 millones en materiales y suministros, y ejerció 12.6 millones; 77 millones en servicios generales, y ejerció 313 millones; 5.2 millones en subsidios, transferencias y ayudas, y ejerció 54.1 millones.

¿Tiene, pues, sentido aprobar una ley de egresos para 2010, a sabiendas que nadie la va a respetar y que nadie será sancionado por los excesos y abusos en que incurran las dependencias en su ejercicio presupuestal?

A mi parece que no, que es inútil.

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Simón dice:

«En lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie».

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.

Obra pública, talón de Aquiles de Blanca Alcalá

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Al cumplirse ayer un año de la elección de Blanca Alcalá Ruiz como presidenta municipal de Puebla, valdría la pena preguntarse si lo que está haciendo como gobernadora de la capital del estado le alcanzará para ser considerada por su partido, el PRI, como una eventual aspirante a Casa Puebla en los comicios locales del 2010.

En lo personal, creo que si Blanca Alcalá no aprieta el paso, se hace del control de todas las áreas del ayuntamiento y se pone a negociar con el gobierno del estado mayores recursos para obra pública, sus posibilidades se irán por la borda.

Si la presidenta municipal de Puebla no cumple con las promesas y obras que prometió a quienes viven en la Angelópolis, su carrera política terminará con el trienio. Eso sí: podrá presumir que fue la primera mujer en gobernar la capital poblana, aunque con magros resultados.

¿Qué puede hacer Blanca Alcalá con su presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública?

La verdad es que muy poco. Y menos si mantiene esa actitud pasiva y, hasta cierto punto, timorata de no exigir mayores recursos al gobierno del estado.
¿Por qué la administración de Mario Marín Torres le puede dar al rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, más de 300 millones de pesos para la construcción del Complejo Cultural Universitario y le regatea esa misma cantidad al gobierno de la ciudad?

¿Será acaso que Blanca Alcalá no es su candidata y Enrique Agüera sí?

La verdad es que para una ciudad como Puebla —la cuarta con mayor número de habitantes del país—, un presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública es ridículo.

Dicha cantidad equivale a lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se gastará en una sola obra en la capital poblana. Me refiero a la reconstruccion y remodelación de la Vía Atlixcáyotl.

El costo de dicha vialidad —una de las más caras del país, considerando que cada kilómetro se pagará a razón de 100 millones de pesos— representa la totalidad de los recursos que para este año ejercerá el ayuntamiento de Puebla por concepto de obra pública.

Otra dependencia del gobierno del estado que también cuenta con mucho más dinero para obra que Blanca Alcalá es la Secretaría de Finanzas y Adminitración.

Sólo en un proyecto, el Centro Expositor, el secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, se gastará el doble del presupuesto del ayuntamiento capitalino.

Pero lo más contradictorio, o paradójico, es que Enrique Doger Guerrero ejerció, en su último año de gobierno como presidente municipal de Puebla, un presupuesto de casi mil millones de pesos en obra pública. Y eso que supuestamente no tenía el apoyo del gobernador Mario Marín.

Por eso insisto: ¿No será que Blanca Alcalá está congelada por el actual inquilino de Casa Puebla para dejarle el camino libre a su delfín, Javier López Zavala?

Es pregunta, que conste.

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Ayer, en la radio de Xicotepec de Juárez, se dieron tremendo agarrón el diputado local del distrito, Carlos Barragán Amador, y el dirigente municipal del PAN, Antonio Carballo Ríos. Este último acusó al legislador priísta de utilizar los programas y apoyos del gobierno del estado y de la Secretaría de Desarrollo Social para promoverse y hacer proselitismo a favor de su partido, a lo que aquél le respondió que prefería ir a la cárcel, y que lo denunciaran penalmente con tal de seguir ayundando a la gente pobre de la región.

El debate se dio al mediodía por la Radio Xicotepec Expresión 570.

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Príncipe cholulteca

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Entre los vecinos de San Pedro Cholula existe un sentimiento de frustración e inconformidad hacia su presidente municipal, Francisco Covarrubias Pérez, quien a seis meses de haber tomado posesión no ha comenzado una sola obra pública, aunque eso sí, ya estrenó casa nueva en un fraccionamiento residencial de la junta auxiliar de Tepontla.

El malestar es tan evidente que hace unos diez días Francisco Covarrubias le pidió la renuncia a su director de Obras Públicas, Felipe Alfonso Vallejo Rivero, y nombró en su lugar a César Soto.

Pero lo que en realidad tiene irritados –por no decir… otra palabra– a los cholultecas es que una de las primeras obras que su presidente municipal tiene previsto realizar en el transcurso de los próximos días, no se sabe si en un acto de ingenuidad o cinismo político, es la pavimentación de la 29 Sur, es decir, la calle que va de la cabecera a Tepontla, donde se localiza su nueva residencia.

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A propósito de Cholula.

¿Para quién en realidad hace trabajo político el ex presidente municipal y ex diputado local Alejandro Oaxaca Carreón en la región de Cholula?

La pregunta no es ociosa, pues aunque Alejandro Oaxaca es formalmente miembro del Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), es decir, del organismo creado por Enrique Doger Guerrero para recorrer el estado y hacer proselitismo electoral, el senador Rafael Moreno Valle Rosas también lo utiliza como operador político con algunos alcaldes panistas del distrito, como Juan Tequipanecatl de Cuautlancingo.

El caso, pues, se presta a suspicacias, no sólo por la figura de Alejandro Oaxaca y el aparente conflicto de interés en que estaría metido como operador político de un aspirante del PRI y un aspirante del PAN a la gubernatura, sino porque tampoco es el único priísta en esa situación.

Como él existen otros priístas en Huauchinango, Xicotepec, Teziutlán y Tecamachalco que hacen lo propio, operar para Enrique Doger y también para Rafael Moreno Valle.

Una de dos: O se trata de una extraña coincidencia, que no lo creo, o ambos son algo más que buenos amigos de cara al 2010.

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Otro príncipe, perdón, funcionario que ayer al mediodía fue visto recorriendo el Puerto de Veracruz y el municipio de Boca del Río, es el secretario de Finanzas y Administración del estado, Gerardo María Pérez Salazar.

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