Mario Montero Serrano no es, pero podría convertirse, en el rebelde del PRI, si el gobernador Mario Marín Torres, y la dirigencia estatal de su partido toman la decisión de negarle la candidatura a la alcaldía de Puebla, para dársela a otro priísta como Luis Alberto Arriaga Lila, Pablo Fernández del Campo Espinosa o Enrique Doger Guerrero.

El secretario de Gobernación del estado está decidido a romper incluso con el marinismo, si su jefe del gobernador trata de persuadirlo para que se retire de la contienda priísta por la alcaldía o si éste le promete el oro y el moro, a cambio de su declinación.

Mario Montero ha dicho, en no pocas reuniones con amigos y colaboradores, que en esta ocasión no aceptará hacerse de lado, como ocurrió en 2001 cuando el PRI postuló a Carlos Alberto Julián y Nacer, y en 2004 cuando también tuvo que declinar para que Enrique Doger fuera el abanderado del tricolor a la presidencia municipal de Puebla.

En esos encuentros, ha relatado que antes de embarcarse en la puja por la sucesión de Blanca Alcalá Ruiz —»que es una carrera sin retorno», según sus propias palabras— se entrevistó con el gobernador para pedirle su anuencia y apoyo, y para hacerle saber una vez en esa aventura no aceptaría nada que no fuera la candidatura, y menos si se colocaba a la cabeza de las encuestas.

El riesgo de que Montero cumpla sus amenazas es alto, pues su rebeldía no sólo lo llevaría a enfrentarse con el gobernador Marín, con el peligro de que otros grupos contrarios al marinismo se le sumen, sino a cuestionar la viabilidad electoral de una candidatura como la de Javier López Zavala al gobierno del estado.

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Simón dice:

«Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa».

Thomas Jefferson (1743-1826). Político Estadounidense.

Salvo sorpresa de última hora, pero de última hora, Blanca Lilia Ibarra Cadena será nombrada este jueves comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla.

Lo malo del asunto, que no de su persona, es que su designación no se acordó en la Gran Comisión del Congreso local, ni se negoció entre las fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura, sino en la Secretaría de Gobernación del estado.

Ahí, en esa dependencia del Poder Ejecutivo, Mario Montero Serrano cabildeó con los panistas el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y ahí, él y sus asesores jurídicos, minimizaron los riesgos de una eventual impugnación por parte de la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán, quien se registró para continuar como comisionada de la CAIP por otros seis años.

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A propósito de Montero y los panistas.

Cuentan que en el desayuno privado que el gobernador Mario Marín Torres sostuvo con los diputados locales y dirigentes estatales del PAN, Rafael Micalco Méndez sacó a relucir su antizavalismo.

Y es que al final del encuentro, el presidente del PAN le dijo al gobernador, a manera de despedida, que con Mario Montero en la Secretaría de Gobernación el diálogo y la interlocución entre su partido y el gobierno del estado habían mejorado.

El elogio hacia Montero fue tan desmedido que hasta el secretario de Gobernación se incomodó.

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Este jueves la bancada del PAN solicitará que la Comisión Inspectora y/o la Comisión de Hacienda y Patrimonio investiguen un probable daño patrimonial a las arcas del estado, derivado de los financiamientos contratados por Carreteras de Cuota de Puebla (CCP).

El diputado Manuel Janeiro Fernández cuestionará en tribuna un primer crédito contratado a Banobras en 2004 por 500 millones de pesos, con dos años de gracia. Por este préstamo, Carreteras de Cuota ha pagado a la fecha 154 millones de pesos, pero aún adeuda 445 millones de pesos.

El segundo crédito se trata de un financiamiento bursátil a 15 años por 520 millones de pesos, por el cual CCP ha pagado por concepto de refinanciamiento e intereses 240 millones de pesos, sin que su deuda original haya disminuido de manera significativa, pues ésta asciende a la fecha a 511 millones de pesos.

Pero el asunto no para ahí, pues de acuerdo con Manuel Janeiro, Carreteras de Cuota quiere se le autorice un nuevo crédito de hasta por 1,054 millones de pesos, para liquidar los otros dos y renegociar mejores condiciones de pago con el nuevo acreedor.

El problema es que Carreteras de Cuota no puede explicar por qué si las dos deudas que actualmente tiene suman 956 millones de pesos, pretende contratar un crédito de hasta 1,054 millones de pesos para cubrirlas.

La diferencia de casi 100 millones de pesos no es poca cosa, como tampoco las comisiones por prepagado que sus actuales acreedores le exigen y que rondan por los 65 millones de pesos.

Lo que Manuel Janeiro demandará este jueves es que el nuevo crédito sí se contrate, pero que éste se concurse de manera abierta para que el gobierno del estado y Carreteras de Cuota de Puebla obtengan las mejores condiciones y se eviten nuevos daños patrimoniales como los arriba descritos con los financiamientos contratados en las postrimerías del sexenio melquiadista.

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Manda a decir Roy Campos Ezquera, presidente y director de Consulta Mitofsky, que en Puebla no ha realizado ninguna encuesta electoral con miras a las elecciones de gobernador del estado, por lo que desconoce por anticipado los resultados o cifras que pudieran publicarse en estos días sobre el tema.

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Ocurrió el jueves 30 de octubre en el restaurante de moda de los políticos, El Burladero, por la temporada del mole de caderas y espinazos.

Al lugar llegaron los periodistas del Grupo 2 de Julio —Enrique Montero Ponce, Javier López Díaz, Carlos Martín Huerta Macías y Felipe Flores Nuñez— y el gobernador Mario Marín Torres acompañado de su director y su subdirector de Comunicación Social, Javier Sánchez Galicia e Ismael Ríos.

Después de una larga, pero larga sobremesa, Marín hizo ahí una confesión electoral a sus invitados de cara al 2011: que los gobernadores priístas estaban conformando un bloque y que este inclinaría la balanza de la sucesión presidencial.

Sí, así como lo lee, y que este bloque no apoyaría al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto y tampoco al presidente de la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones Rivera, sino a la actual presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel.

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Ayer fue despedido de la dirección editorial de El Universal, Raymundo Rivapalacio.

En su lugar fue nombrado el periodista Jorge Zepeda Patterson, quien se desempeñaba como director del semanario Día Siete, suplemento dominical de la misma casa editorial.

Jorge Zepeda fue subdirector de El Universal cuando la dirección editorial del rotativo, decano de la prensa nacional, estuvo en manos de Roberto Rock.

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Los dirigentes seccionales del SNTE siempre han criticado a los disidentes de tener en su movimiento a personas que no son profesores o que vienen de otros estados.

Pero ellos incurren en el mismo error que critican, al contar también con cachirules.

Una prueba es el oficio enviado el 27 de octubre por el secretario de Organización de la Sección 51, Gumercindo Herrera Rivera, al director de la Universidad Pedagógica Nacional campus Puebla, José Pedro Valdez.

En dicho oficio, el dirigente seccional informa que Isaí Bastían Martínez no fue a clases del 15 al 22 de octubre por encontrarse en resguardo de las instalaciones de la Sección 51 del SNTE.

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Que así como la «comandante Paloma«, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, es la encargada de cuidar y promover a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, como posible sucesora de Mario Marín Torres en la gubernatura de la entidad, don Maximiliano Silerio Esparza es el responsable de hacer lo propio pero con el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La primera se vale de su posición como delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y el segundo de su condición de secretario regional del mismo CEN del PRI.

Según el columnista Ricardo Morales, la «comandante Paloma» suele aprovechar sus encuentros con miembros del gabinete estatal para magnificar los logros de la gestión de Blanca Alcalá y vender la idea de que la primera alcaldesa en la historia de Puebla es la favorita de la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel.

Y según este reportero, o séase yo, don Max ha deslizado el comentario de que el gobernador Marín le ha dicho, en petit comité, que se sentiría más cómodo con López Zavala que con Mario Montero.

¿Quién influirá más en el ánimo de Beatriz Paredes: la comandante Paloma o don Max?

¿De veras López Zavala creera eso de que Blanca Alcalá no debe ser incluida en la lista de aspirantes priístas a la gubernatura, por aquello de que se comprometió ante notario público a ser presidenta municipal de tres años?

¿Y si el partido se lo demanda?

¿Y si las circunstancias se le acomodan como se le acomodaron en el proceso del 2007?

¿Y si el PAN postula a Rafael Moreno Valle para la gubernatura y a la señora Ana Teresa Aranda para la alcaldía?

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Que el presidente municipal de Chignahuapan, Luis Ángel Carrasco Gasca, ha cobrado notoriedad entre los miembros de la Comisión Política y el Consejo Político Estatal del PRI, no sólo por su cercanía y abierta identificación con el «Proyecto Z«, sino porque suele acudir a estas reuniones partidistas muy bien acompañado e incluso con alguna amiga adicional para lo que se ofrezca.

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Trivia electoral:

¿A qué aspirante priísta a la gubernatura podría estallarle un escándalo cuando se hagan públicas algunas fotografías en las que aparece acompañado de personajes identificados con el tráfico de drogas en un municipio limítrofe de Puebla con Veracruz?

Un par de tips.

1. El susodicho fue captado con esos indeseables personajes —de los que quizás ignoraba sus vínculos y actividades— en una cabalgata.

 2. Las imágenes en cuestión podrían estar en posesión, sino es que ya lo están, de un cercano colaborador del senador Rafael Moreno Valle, con presencia y contactos en esa parte de la Sierra Norte de Puebla.

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Si algo quedó claro ayer con la aprobación de la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado (IEE), por parte de los miembros de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, es que la corrupción en Puebla tiene carta de impunidad.

Gracias a la mayoría priísta del Congreso del estado, el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, podrá presumir —como ya lo está haciendo desde ayer a través de sus paleros en los medios de comunicación— que nada de lo cual fue acusado —compras fraccionadas, sobregiros presupuestales, daño patrimonial, pago de aviadores, desvío y malversación de recursos públicos— se le pudo comprobar.

Nada más falso que eso.

Su condición de mentiroso y corrupto ha quedado plenamente acreditada —y no por la prensa—, sino por sus propios homólogos, y las instancias encargadas de auditar su ejercicio durante el 2007. Me refiero a la Contraloría Interna del Instituto, al despacho Freyssinier Morin y al Órgano de Fiscalización Superior.

Los auditores del Orfise están al tanto de la corrupción del presidente del IEE, y del enorme esfuerzo que tuvieron que hacer para limpiar su cuenta pública, y cuadrar los números de un balance plagado de anomalías, excesos y abusos.

No en balde un ejército de auditores tomó, en la segunda quincena de mayo, las oficinas administrativas del Instituto, llevándose consigo 14 cajas que contenían todo el soporte documental de algunas partidas, que amparaban los gastos por combustible, alimentación y papelería. 

El objetivo de ese operativo fue borrar cualquier evidencia que inculpara al consejero presidente Jorge Sánchez, y a su directora administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, cuñada por cierto del director administrativo del Orfise, José Armando Sánchez Nava.

Los auditores de Freyssinier Morin, despacho que hace las veces de auditor externo del IEE, también saben de los excesos y corruptelas cometidos por Jorge Sánchez, y del desorden que priva en la Dirección Administrativa del Instituto, pero tuvieron que tragarse sus observaciones, no sólo por presiones del Orfise, sino para mantener su millonario contrato.

Pero quien también supo —y hasta pudo documentar— las anomalías en que incurrió Jorge Sánchez durante el 2007 fue la ex contralora interna del Instituto, Dalhel Lara Gómez.

Sus observaciones —que el presidente del IEE trató de acallar ofreciéndole una generosa liquidación— quedaron plasmadas en siete reportes de igual número de auditorías, que a la fecha se han mantenido bajo llave.

Estas observaciones se publicaron en este blog los días 7, 8 y 9 de mayo.

Hoy vale la pena reproducirlas, para que este jueves los diputados que seguramente aprobarán la cuenta pública del Instituto nos digan cómo se solventaron —si es que así ocurrió— y nos aclaren por qué el Orfise no observó lo que la contralora interna del Instituto catalogó como compras fraccionadas, sobregiros y hasta como daño patrimonial.

De la larga relación de anomalías documentadas por Dalhel Lara destacan las siguientes:

1. Erogaciones por más de 853 mil pesos que se cargaron a la partida «gastos de propaganda», pero que en realidad corresponden a otras partidas. Esta manipulación se hizo con el objeto ocultar sobregiros presupuestales en algunos rubros y dar suficiencia presupuestal a la partida 3601.

2. El desembolso de 96 mil 842 pesos a favor Katy Pacheco Pérez, quien supuestamente prestaba servicios de asesoría, pero con un contrato de arrendamiento. Sus servicios profesionales, los cuales cobró a tráves de los recibos de honorarios 0024 y 0025, no se cargaron a la partida 3301 de asesorías, sino a la 3901 que corresponde a penas, multas, accesorios y actualizaciones.

3. El pago no autorizado de 15 mil pesos mensuales a los representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto, con cargo a la partida 4311 que corresponde a otras transferencias.

4. El pago de compras fraccionadas y sin licitación a la empresa Target Eye, a la cual se le contrató y pagó el diseño creativo de la campaña del IEE en 287 mil pesos, otras compras por 320 mil pesos y 350 mil por la producción de spots publicitarios.

Adicionalmente a esta empresa de Jorge Espino Flores se le pagaron 450 mil pesos por la pinta de bardas, 1 millón 381 mil pesos por anuncios espectaculares, y 450 mil pesos por publicidad en autobuses, servicios que en realidad hacían proveedores particulares y otras como Publicidad Espectacular Móvil e Impactos Frecuencia.

5. El pago de compras fraccionadas de material de impresión, servicios de informática, consumibles, papalería y equipo de cómputo a empresas como Colorset y otros proveedores que ni siquiera figuraban en el padrón de proveedores del Instituto.

6. La compra de canastas navideñas a la empresa Prissa Vinos y Licores por más de 19 mil pesos y de 40 arcones navideños, un reproductor de video, un minicomponente y una pantalla plana por un total de 429 mil pesos que supuestamente se entregaron a los reporteros de cubren el Instituto como regalo de fin de año.

7. Erogaciones por 460 mil 995 pesos en gastos de representación, que en un 90% fueron ejercidos por el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, con cargo a la partida 3810.

El día de mañana le contaré otros sobregiros e incongruencias que aparecen en los informes admistrativos y financieros del Instituto, y los cuales fueron ignorados por el Orfise y los diputados priístas de la Comisión Inspectora —como Luis Alberto Arriaga Lila— que hoy actúan como cómplices del corrupto presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales.

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En la Secretaría de Salud del estado siguen rodando cabezas. Ayer, Antonio Marín López le pidió la renuncia a Ricardo Villa Issa y a Jorge George Sánchez, quienes venían desempeñándose como coordinador de Servicios de Salud y director de Atención a la Salud, respectivamente.

Ambos, parar variar, pidieron entrevistarse con el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para ver si conseguían mantenerse en el cargo en lo que resta del sexenio.

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La encuesta publicada ayer por Intolerencia e interpretada por el director general de ese diario, Enrique Nuñez Quiroz, merece otras lecturas, más allá de aquella de la que batalla rumbo a Casa Pueba se cierrra y de que la puja por la sucesión gubernamental está centrada en el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

Diez son las lecturas que haría de la encuesta difundida ayer por Intolerancia:

1. Que si bien en el PAN hay más o menos claridad de que Rafael Moreno Valle es el aspirante a la gubernatura mejor posicionado entre el electorado, en el PRI no existe la misma certeza, sobre todo considerando el rubro de confianza, donde Javier López Zavala cae hasta la cuarta posición, superado por el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez.

2. Que el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, está aún muy lejos de posicionarse entre los electores y los priístas, como el Plan «B», en caso de que Mario Marín descartara de último momento la nominación de López Zavala a la gubernatura.

3. Que a unque el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, jura y perjura que no tiene ningún interés por involucrarse en la sucesión de Casa Puebla, su incursión en la encuesta de Intolerancia —medio en que tiene algo más que influencia— confirma lo contrario.

4. Que a pesar de las campañas mediáticas en contra del ex alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, éste sigue manteniendo un respetable nivel de confianza y potencial de voto, pues en el primer rubro se ubica 1.2% debajo de López Zavala y en el segundo rubro apenas 4.8, y eso que el ex rector de la UAP ha optado por un perfil bajo en tanto el Congreso del estado le aprueba la cuenta pública de su útimo año de ejercicio legal como presidente muncipal.

5. Que si los panistas de veras quisieran ganar las elecciones del 2010 deberían decidirse por postular a Moreno Valle como candidato a la gubernartura, y a la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, Ana Teresa Aranda, como candidata a la presidencia municipal de Puebla.

6. Que la mejor dupla del PRI para la gubernatura y la alcaldía poblana estaría integrada por el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez.

7. Que en un escenario de alta competencia electoral y golpeteo político, Mario Marín podría sacrificar a su delfin, el titular de la SDS, Javier López Zavala, para inclinarse por la actual presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y/o el rector de la UAP, Enrique Agüera.

8. Que si Enrique Doger no obtiene la nominación del PRI a la gubernatura, lo más probable es que éste trate de vender caro su capital político —nada despreciable— tanto al PRI como a Moreno Valle, considerando que es el cuarto aspirante más conocido a nivel estatal, el quinto con más confianza y el cuarto con mayor potencial de voto.

9. Que si Enrique Agüera no aceptará la nominación priísta a la alcaldía, y a López Zavala se le complicará la postulación a la gubernatura, el PRI podría optar por lanzar a Blanca Alcalá a Casa Puebla y al actual secretario de Desarrollo Social a la presidencia municipal de la capital del estado.

10. Que hoy por hoy el PAN tiene en el senador Moreno Valle a su mejor activo para la gubernatura, y éste en el blanquiazul un lastre, considerando que el 53.4% de los electores cree que el PRI ganará en el 2010 las elecciones de gobernador del estado.

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