Lo que Moreno Valle debe cambiar en su estilo y actitud

Tremenda rechifla se lleva el edil de Teziutlán en la Feria

Para que el gobernador Rafael Moreno Valle recupere buena parte de la confianza y credibilidad que los ciudadanos le otorgaron en 2010 necesita realizar algo más que una reestructuración profunda en su gabinete.

Ajustar el equipo de hombres y mujeres que lo acompañan en la conducción de la administración pública puede ayudar, pero siempre que a la par de estos cambios se modifiquen también algunas acciones y actitudes del grupo gobernante.

No se trata de cambiar para que todo siga igual, sino de corregir lo que no ha funcionado, de cumplir los compromisos que se hicieron y se olvidaron sobre la marcha en materia de transparencia, honestidad y eficiencia; de privilegiar el bien común o el interés general por encima de agendas o proyectos personales; de consensuar y no imponer; y de entender que en un sistema democrático hay división de poderes, prensa libre y disensos.

En su propuesta de gobierno, Moreno Valle ofreció «devolver al ciudadano la capacidad de exigir a su gobernante buenos resultados y, de no ser así, sacarlo del gobierno para poner en su lugar a alguien que sí pueda lograrlo».

Hasta donde entiendo sacar a alguien del gobierno, no significa reubicarlo en otra área o dependencia gubernamental como sucedió con Bernardo Huerta Couttolenc, quien a pesar de los nulos resultados que entregó como secretario de Transportes fue designado rector de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP).

Cómo puede haber buenos resultados en secretarías del gabinete por las cuales han desfilado cuatro o más titulares o encargados de despacho en menos de cinco años, como Desarrollo Social; Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; Educación Pública; Comunicación Social; Infraestructura y Contraloría.

Lo deseable en una reestructuración profunda como la que anticipó el mandatario estatal y que seguramente se concretará a su regreso de Panamá, el próximo 6 de agosto, no es el cambio de hombres y mujeres, sino de estilo en la forma de gobernar.

En las elecciones federales del pasado 7 de junio los poblanos ya manifestaron su desacuerdo con algunas acciones y medidas que los han agraviado como la privatización del Soapap y el aumento en las tarifas del agua potable, la centralización de los servicios de Registro Civil, la implementación de la línea 2 del Metrobús, la operación de los nuevos verificentros, y los excesivos y alevosos cobros derivados de las fotomultas.

Ahí tendría que reflejarse o materializarse la reestructuración profunda del gobierno, su disposición de mejorar y hacer las cosas de manera diferente, y de dialogar y escuchar a los ciudadanos, sin temor a represalias o venganzas políticas.

Si la prometida reestructuración profunda se limita a enroques de secretarios o la reintegración al gabinete de aquellos que fueron postulados a un cargo de elección popular y no llegaron al Congreso de la Unión, como José Cabalán Macari Álvaro y Roberto Juan Moya Clemente, entonces todo seguirá igual o peor.

EN CORTO

A pesar de haber acaparado la mayoría de los boletos de los asistentes a la coronación de la Reyna de Teziutlán, el alcalde Edgar Antonio Vázquez Hernández fue nuevamente objeto de rechiflas por parte del público asistente a la monumental plaza de toros El Pinal la noche del sábado.

El munícipe de extracción panista, junto con su pareja, la actual diputada local Corona Salazar Álvarez, hicieron todo lo posible por evitar que en esta ocasión se repitieran las rechiflas y manifestaciones de rechazo del año pasado, pero no lo consiguieron.

Al final los asistentes a la ceremonia, en honor de la Virgen de la Asunción, le propinaron una tremenda silbatina al presidente Antonio Vázquez cuando éste fue convocado para coronar a la Reina de la Feria teziuteca.

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La encuesta que este domingo se publica en el suplemento Forma y Fondo del periódico Reforma confirma los resultados de otro estudio demoscópico de Varela y Asociados que aquí le comenté el pasado 22 de julio .

En la encuesta de presidenciales, Andrés Manuel López Obrador aparece como el aspirante más conocido y más popular, seguido de Margarita Zavala, Miguel Ángel Mancera, Jaime Rodríguez “El Bronco” y Miguel Ángel Osorio Chong.

En intención de voto por partido, PRI y PAN encabezan las preferencias con 23 puntos, seguidos por Morena con 18% y el PRD con 9%.

En el estudio demoscópico nacional efectuado por Reforma del 23 al 26 de julio, a una muestra de mil 200 mexicanos y mil 33 líderes de opinión, también se incluyó el nombre del gobernador Rafael Moreno Valle. Sin embargo su conocimiento y popularidad resultaron pobres, en comparación con otros presidenciables, aun dentro de su propio partido.

Entre ciudadanos, Moreno Valle se ubica en la décima posición, y entre líderes en la novena, pero en ambas es superado por Margarita Zavala y Gustavo Madero.

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¿Cuál era la agenda política nacional antes de que se conociera la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” del penal dizque de máxima seguridad del Altiplano, mejor conocido como Almoloya?

¿La rebeldía de la CNTE para cumplir con la reforma educativa? ¿La corrupción y la opacidad en la rendición de cuentas? ¿La incredulidad ciudadana frente la Comisión Nacional Anticorrupción? ¿La inseguridad pública y los rezagos que registra la reforma del poder judicial? ¿La implementación de las reformas estructurales aprobadas en materia energética, laboral y de telecomunicaciones? ¿El bajo crecimiento y el creciente desempleo? ¿La caída en los precios internacionales del petróleo y los recortes presupuestales?

Como se verá buena parte de los problemas nacionales son de orden político.

En ese tenor vale la pena preguntar: ¿Cuál será la prioridad del presidente Enrique Peña Nieto ahora que regrese de su viaje por Francia? ¿A qué le dará más importancia: al relevo en la dirigencia nacional del PRI o la conducción política del país ante la embestida de la oposición que buscará sacar raja política de la fuga de El Chapo y el estancamiento económico del país?

Imaginemos el escenario al que Peña Nieto se enfrentará la semana entrante: marchas y plantones de la CNTE en la Ciudad de México y en algunos estados del país; legisladores y partidos opositores exigiendo la renuncia del secretario de Gobernación y los responsables de la “seguridad” pública del país; un PRI agazapado en espera de la línea presidencial; dirigentes empresariales reclamando por la inseguridad, la simulación en el combate a la corrupción y la concentración de la obra pública en unos cuantos contratistas; y aspirantes al 2018 desbocados ante un presidente débil, enfermo y sin expectativas después de los 43 desparecidos de Ayotzinapa y la peliculesca fuga de El Chapo.

La permanencia de Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación no modificará este escenario, de ahí que el presidente Enrique Peña Nieto haya decidido integrar a su gira por Francia al coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

En política no hay casualidades y si Beltrones fue llamado por el presidente Peña Nieto es porque seguramente a su regreso este experimentado legislador ya no irá a la dirigencia nacional del PRI, sino a ocupar la principal oficina de la Secretaría de Gobernación federal.

Ya después le cuento quién sería el poblano más feliz con esa decisión y también quién el que más se preocuparía.

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Vaya escándalo el que se avecina en la Universidad Mexicana para Personas Mayores y su rector Francisco Martínez Briones, quien es también rector y dueño de la Universidad Cuauhtémoc, por el trato rudo y hasta despótico de la coordinadora de esa institución, María del Pilar Ruiz Bernal, hacia las personas de la tercera edad que acuden a cursos, talleres y diplomados en distintas disciplinas.

Hoy por lo pronto publican un desplegado para denunciar que Ruiz Bernal, quien se ostenta como licenciada en Administración de Empresas egresada de la BUAP, carece de título y que la cédula profesional con la que se acredita es falsa, ya que en realidad corresponde a Yenedid Lucero Quintal Ávalos, técnica en Contabilidad Financiera y Fiscal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Los alumnos afectados, que proporcionaron a este reportero nombres y teléfonos, señalan que Ruiz Bernal y otros docentes de esta Universidad ubicada en la colonia La Paz, no sólo los maltratan con burlas y ofensas, sino que los intimidan y sacan a empujones de las instalaciones cuando protestan por los abusos de que son víctimas.

Al escándalo podrían sumarse estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc por el rezago que existe en la liberación de cartas de pasante o la entrega de sus títulos profesionales, no obstante haber cubierto todos los requisitos y pagos necesarios.

Aquí el desplegado.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Alto a los abusos en la Universidad Mexicana para Personas Mayores

Un fraude se realiza en la Universidad Mexicana para Personas Mayores ubicada en la colonia la Paz de esta Ciudad, ante el beneplácito del Dr. Francisco Martínez Briones, quien es dueño y Rector de la misma, que además también es Rector de la Universidad Cuauhtémoc y responsable directo del programa educativo ante el INAPAM , al designar como Coordinadora de esa casa de Estudios para Adultos Mayores a María del Pilar Ruiz Bernal, quien se ostenta como Licenciada en Administración de Empresas egresada de la BUAP.

Desde la llegada de María del Pilar Ruíz Bernal a la institución se ha generado gran malestar entre las personas de la tercera edad que acudimos a estudiar los 12 cursos y talleres que ahí se ofrecen, por el trato déspota, tirano y soberbio de que somos objeto por parte de ella, ya que dice ser protegida del Rector Dr. Francisco Martínez Briones, “debido a la relación tan unida que tienen con él y su hija” por lo que se siente apoyada por el Rector en todos sus actos.

Para acceder al cargo de Coordinadora, del que se ostenta, presentó la Cédula Profesional apócrifa número 3756653, otorgada el 5 de diciembre de 2006 de su supuesta licenciatura en Administración de Empresas cursada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del 2002 al 2006 ; sin embargo en el Registro Nacional de Profesionistas avalado por la SEP, no existe registro alguno a su nombre y quien aparece con la Cédula Profesional número 3756653 es YENEDID LUCERO QUINTAL AVALOS, como Profesional Técnico en Contabilidad Financiera y Fiscal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con el tipo C1 y expedida en el año 2002 , por lo que a todas luces se demuestra el fraude.

Sobre este asunto aún no ha manifestado nada el Rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, quien seguramente se pronunciará oportunamente respecto a tal falsificación, pues se involucra a la Máxima Casa de estudios directamente.

Ante estas circunstancias los alumnos de esta Universidad de Adultos Mayores, manifestamos nuestra inconformidad, ya que consideramos que esta nefasta persona, no cubre el perfil ni tiene la calidad moral para estar al frente de esta importante Institución, por lo que pedimos a las autoridades que procedan en lo que corresponda.

Tenemos el temor de que María del Pilar Ruíz Bernal invalide nuestro estudios y nos expulse de la Universidad, como lo ha estado haciendo en estos días con alumnos y maestros que no han aceptado sus abusos, groserías y humillaciones, corriéndolos agresivamente de la Escuela frente a sus nietos y demás familiares.

Los alumnos denunciamos todas estas anomalías esperando la intervención legal procedente de la Secretaria de Educación Pública (Federal y Estatal) ante la Procuraduría General de la República por los delitos federales flagrantes y tipificados por el Código Penal de falsificación de documentos y usurpación de profesión en los que incurre en primera instancia la coordinadora María del Pilar Ruíz Bernal, más los que resulten o se sumen inclusive por las amenazas; pidiendo la supervisión directa del INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) por el maltrato, intimidación y abusos cometidos en nuestro perjuicio, y también la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, ya que tales conductas atentan contra nuestra dignidad, seguridad e integridad.

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Cuentan los enterados que uno de los personajes que le aseguró al gobernador Rafael Moreno Valle que sí podría ser candidato suplente a una diputación federal por la vía plurinominal en estas elecciones fue —¡oh sorpresa!— el ex magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fernando Ojesto Martínez Porcayo.

El hoy académico y asesor jurídico en asuntos electorales fue de uno los abogados consultados por el mandatario estatal para sondear la posibilidad de llegar a la próxima Legislatura federal, una vez que concluyera su sexenio.

Según esta versión, el enlace entre el ex magistrado del TEPJF y el gobernador de Puebla habría sido el actual candidato del PAN a diputado federal por el distrito 3 con cabecera en Teziutlán, Juan Pablo Piña Kurczyn, quien al comienzo de la gestión morenovallista asumió la extinta Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, y luego regresó a la entidad como jefe de la Oficina del Ejecutivo del estado.

Sin embargo, cuentan que a pesar de los argumentos jurídicos del ex magistrado Fernando Ojesto, el gobernador Moreno Valle valoró el asunto con su equipo político, y que algunos de sus integrantes le recomendaron desechar el proyecto de convertirse en compañero de fórmula de Eukid Castañón Herrera, en la primera posición de la lista de candidatos de representación proporcional del PAN por la cuarta circunscripción nacional.

Unos argumentaron que tal circunstancia daría pie a un golpeteo mediático innecesario, en el marco de la actual coyuntura electoral, y otros que su postulación sería finalmente impugnada y echada abajo en el Tribunal Electoral si alguien la impugnaba arguyendo violaciones constitucionales, en concreto el penúltimo párrafo de la fracción V del artículo 55 de la Constitución mexicana que textualmente dice:

“Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos“.

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A pesar del veto del gobernador Rafael Moreno Valle, la poblana Blanca Lilia Ibarra Cadena fue nombrada este miércoles por los integrantes de la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión como nueva directora del canal de televisión del Poder Legislativo, luego de tres rondas de votaciones que desempató la presidenta de la Comisión, la diputada federal hidalguense Martha Gutiérrez Manrique.

En la puja final quedaron la comunicadora poblana, quien fue integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado, y Ana Elena Guadalupe Cruz Navarro, quien fue gerente de contenidos de Cepropie/Imevisión, directora de la Unidad de Promoción Cultural del Canal 13 Imevisión, directora ejecutiva del noticiero “Hoy en la Cultura” de Canal 11, y subdirectora general de Canal 22.

En la primera ronda, cada una obtuvo tres votos; en la segunda, los votos de los seis integrantes de la Comisión Bicamaral volvieron a dividirse, y lo mismo pasó en la tercera ronda, sólo que en esta se impuso el voto de calidad de la presidenta de la Comisión, que inclinó la balanza a favor de la comunicadora poblana.

La presidenta de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso es la diputada federal priísta Martha Gutiérrez, quien es percibida como una posición del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, debido a que fue su coordinadora general de Comunicación Social cuando aquél fue gobernador del estado de Hidalgo.

Blanca Lilia Ibarra venía desempeñándose como directora del Centro de Documentación, de la Coordinación de Información, Documentación y Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes de este cargo fue comisionada presidenta de la CAIP del estado de Puebla; coordinadora nacional de la Comisión de Comunicación Social (COMAIP); presidenta de la Comisión de Transparencia del municipio de Puebla; directora general de Comunicación Social del Congreso de Puebla y directora de Información a Medios de los Estados, de la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República de 1998 al año 2000, durante la administración de Ernesto Zedillo.

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Si barren al PRI, nada tendrá que hacer en el 2016

Carvajal Chartuni, cuentas pendientes en el OOSL

Al iniciar este domingo de Pascua o de Resurrección las campañas políticas de los distintos partidos políticos, varias son las conclusiones que pueden anticiparse sobre el proceso electoral en Puebla.

1. En la entidad sólo los candidatos de dos partidos políticos tienen posibilidades de ganar alguna de las 16 diputaciones de mayoría: el PAN, aun sin candidatos con arraigo en la militancia panista, y el PRI, a pesar de la notable ausencia de su lideresa estatal que en las últimas semanas ha desaparecido del escenario público.
2. Aunque se trata de un proceso federal, los resultados electorales serán un referéndum o un plebiscito sobre los dos primeros tercios de la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle, así como sobre el apoyo o rechazo que despierta entre los poblanos su aspiración presidencial con miras al 2018.
3. Estas elecciones permitirán evaluar, dependiendo de los resultados, hasta qué punto los morenovallistas pueden prescindir ya de los militantes y dirigentes históricos del PAN para ganar elecciones en distritos urbanos, y qué tan efectivos son sus nuevos operadores reclutados del PRI (Fernando Morales Martínez, Mario Alberto Cruz González, Juan Pablo Piña Kurczyn y Hugo Alejo Domínguez, entre otros) para dividir el voto duro del tricolor y llevarlo al PAN, PRD o Nueva Alianza.
4. De igual manera servirán para evaluar el desempeño y capacidad electoral del presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali, en los cuatro distritos de la capital poblana; del subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, en los distritos 2 y 15 con cabecera en Zacatlán y Tehuacán, respectivamente; el respaldo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y su oficial mayor, Jorge Francisco Márquez Montes, para los candidatos del PRI en el distrito 3 de Teziutlán y 7 de Tepeaca; y del secretario de Hacienda, Luis Videragay Caso, para el candidato del PRI en el distrito 14 de Izúcar de Matamoros.
5. En los sesenta de 60 días de campaña se verá también qué tanto el PRI puede recuperar terreno de cara a los comicios locales de 2016, en los que se elegirá al sucesor de Rafael Moreno Valle. Si el PRI fuera barrido por el PAN en la capital y en los principales distritos urbanos de la entidad, sus posibilidades de recuperar la gubernatura serían casi nulas.
6. Aun cuando los demás partidos políticos que participan en este proceso no están en condiciones de ganar una sola demarcación, será importante saber si el PRD puede mantenerse como la tercera fuerza política de la entidad y obtener más del 10% de los votos que hoy le otorgan las encuestas; si el PVEM o Morena se convertirán en la cuarta fuerza, y cuáles de los partidos restantes captarán más del 3% de los sufragios para conservar su registro nacional.
7. El resultado electoral del domingo 7 de junio confirmará o echará por tierra la versión de que el gobernador Moreno Valle ha pactado con Antorcha Campesina la victoria del dirigente estatal de esta organización, Juan Manuel Celis Aguirre, en el distrito 13 con cabecera en el municipio de Atlixco.
8. Cuatro son los distritos en los que no sólo habrá una cerrada contienda electoral, sino que definirán si al final del proceso hubo acuerdo cupular entre el gobernador Moreno Valle y el presidente Peña Nieto, o entre el PAN y el PRI: el distrito 3 de Teziutlán, el 7 de Tepeaca, el 12 de Puebla y el 15 de Tehuacán.

EN CORTO

Cuentan que al candidato del PAN por el distrito 6 con cabecera en la ciudad de Puebla, el regidor con licencia Xabier Albizuri Morett, le pusieron un reto difícil de cumplir, pues no sólo le pidieron ganar las elecciones de manera abrumadora a la candidata del PRI por esa demarcación, Xitlalic Ceja García, sino obtener la friolera de 105 mil sufragios.

La meta parece imposible, pues en las elecciones de hace tres años el PAN obtuvo ese distrito 51 mil 413 votos, y hace seis 25 mil 786.

La meta de más de 100 mil votos equivale a casi un 30% del listado nominal del distrito 6 de Puebla.

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No lo cuente en voz alta, el síndico suplente Jesús Carvajal Chartuni podría correr la misma suerte que Eric Ziehl Loera, ex secretario particular del alcalde capitalino, José Antonio Gali Fayad, por una serie de demandas y pendientes que dejó en la Coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia, al que pronto regresará para aclarar varios asuntos que en su momento le encontró la ex contralora y ahora secretaria particular del presidente municipal, Luz María Aguirre Barbosa.

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La reunión del viernes pasado entre la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el diputado federal Enrique Doger Guerrero no fue la primera entre esos personajes, sino ¡la quinta!

Y en ella no solo hablaron de los términos de un posible acuerdo político que les permita marchar juntos y sin divisiones rumbo a las elecciones de 2016 y 2018, sino de reformas constitucionales y de posibles escenarios electorales.

Alcalá y Doger coincidieron en la conveniencia de que la Constitución del estado se reforme antes de septiembre para que el próximo gobernador no sea de un año diez meses, sino de cuatro años ocho meses.

Sin embargo, uno y otro expresó que tal escenario es poco viable, ya que ese cambio no sólo modificaría los términos en que el gobernador ha planteado su sucesión, sino las condiciones en que se lanzaría a buscar la presidencia de la República en 2018.

En ese contexto coincidieron que la única carta de Moreno Valle para sucederlo en Casa Puebla es el alcalde capitalino, José Antonio Gali Fayad.

En cuanto a la puja interna del PRI por la nominación a la gubernatura, Blanca Alcalá y Enrique Doger manifestaron que el proceso no está siendo equitativo, ya que el subsecretario federal de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, usa «descaradamente» recursos públicos para promocionarse.

El activismo del diputado federal Javier López Zavala también fue tema de conversación, en la última reunión efectuada el pasado viernes en un hotel del Centro Histórico de Ciudad.

Alcalá y Doger han convenido mantener sus negociaciones, de las que están enterados el presidente y la secretaria general del CEN del PRI, César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, así como el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, y en la conveniencia de sumar a las mismas a otros aspirantes priístas a la gubernatura como Juan Carlos Lastiri.

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El viernes pasado Rodrigo Riestra Piña tuvo su primera reunión con las organizaciones campesinas de Puebla, en calidad de secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, y no le fue muy bien que digamos a pesar de las lisonjas de algunos dirigentes y productores afines al morenovallismo.

Si bien recibió apapachos, lo sobresaliente fueron los reclamos y reproches que le hicieron dirigentes de la UNTA y la CNC, no tanto por su desempeño sino por el abandono en que el gobierno del estado tiene al campo y la poca o nula atención que al sector brindó su antecesor, Mario Rincón González.

Mañana le doy detalles.

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El rector Alfonso Esparza Ortiz se reunió el jueves pasado con más de 3,500 trabajadores sindicalizados no académicos en el Salón Country de la colonia San Manuel, y la verdad es que nada mal le fue. Se aplicó y recorrió durante la comida la mayor parte de las mesas, acompañado de algunos de sus funcionarios y del secretario general del Sitbuap, Misael Mejía Pérez.

Ahí, Esparza reiteró a los sindicalizados el aumento salarial del 8 por ciento a los trabajadores que menos ganan y la incorporación de más de 900 de ellos de la Nómina de Recursos Propios a un esquema que les garantiza prestaciones como seguridad social a través del Hospital Universitario, aguinaldo, prima de fin de año y acceso al Círculo Infantil en beneficio de sus menores hijos.

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Los mensajes del PRI nacional al gobernador Moreno Valle

Fernando Morales prevé represalias contra los marinistas

Más allá de quienes finalmente sean los candidatos a diputados federales del PAN y el PRI en la entidad, las posibilidades de que las elecciones del primer domingo de junio terminen resolviéndose en un pacto cupular entre el gobernador Rafael Moreno Valle y la dirigencia nacional del tricolor son cada vez más remotas.

Al menos al mandatario estatal ya le han enviado algunas señales en las que claramente le han manifestado que los candidatos del PRI los va a decidir el PRI, a conveniencia del PRI, e incluso al margen de los priístas locales.

Entre estos mensajes habría que destacar la probable nominación de Ana Teresa Aranda como candidata externa de la coalición PRI-PVEM, a iniciativa del presidente del CEN priísta César Camacho Quiroz y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a pesar de la oposición de algunos cuadros locales, como José Chedraui Budib, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en la capital del estado, que han censurado su virtual postulación.

La inminente decisión de eliminar de la contienda por el distrito ocho con cabecera en Ciudad Serdán a Fernando Morales Martínez, dejando esa posición a una egresada distinguida de la escuela de cuadros del PRI, Arely Ávila Reyes.

Para ningún observador político escapa el hecho de que el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores es un personaje cercanísimo al actual ocupante de Casa Puebla.

La postulación de Xitlalic Ceja García por el distrito 6 de Puebla, quien no llega como una posición del ex gobernador Mario Marín Torres o del ex candidato a sucederlo en el cargo, el actual diputado federal Javier López Zavala, sino por una recomendación de la hermana del presidente de la República, Ana Cecilia Peña Nieto, a quien se vinculó en la campaña presidencial de 2012.

La cercanía de Xitlalic con la hermana consentida de Peña Nieto es tal que hace unos días la poblana fue una de las pocas invitadas al bautizo del hijo de aquella, en la Ciudad de México.

En esta demarcación es sintomático que el diputado federal Enrique Doger Guerrero se haya reservado sus críticas para Xitlalic Ceja no obstante que su grupo político ya tenía perfilado en ese distrito de nororiente de la capital del estado a por lo menos tres aspirantes: la ex regidora Sandra Montalvo Domínguez y el esposo de ésta, el ex diputado local Jorge Alfonso Ruiz Romero, y el actual jefe de asesores de la directora de la Lotería Nacional, María Esther Scherman Leaño, Javier Casique Zárate.

Otra señal del CEN del PRI al Ejecutivo estatal es la renuncia de Nancy de la Sierra Arámburo como delegada del Programa Prospera y su inscripción como precandidata a diputada federal del PRI por el distrito 3 con cabecera en Teziutlán, pese a las amenazas que tanto ella como su marido, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, recibieron para que se mantuvieran alejados del proceso electoral.

Nancy de la Sierra fue convocada a la Secretaría de Gobernación uno o dos días antes de su registro y ahí se le indicó que se despidiera de la Delegación de Prospera ya que sería la encargada de ganar para la causa peñista el distrito 3 de Teziutlán, por el cual el gobernador Moreno Valle mandó como abanderado del PAN a su jefe de oficina, Juan Pablo Piña Kurczyn.

El único mensaje que el mandatario estatal sí comprendió desde un principio —y acusó de recibido—, cediendo prácticamente la plaza al enviado del presidente Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, fue la nominación de Jorge Estefan Chidiac por el distrito 14 con cabecera en Izúcar de Matamoros. El ex director del Bansefi va como candidato único en esa demarcación de la Mixteca poblana con el propósito de obtener un triunfo contundente que lo ubique en la antesala de la Comisión de Presupuesto de la próxima Legislatura.

EN CORTO

Cuentan que el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores echó ajos y cebollas en contra de su partido y de quienes, según él, influyeron para dejarlo fuera de la puja por el distrito ocho.

Dicen que Fernando Morales estaba tan molesto que cuando alguien le preguntó si dejaría el PRI, en caso de confirmarse la designación de Arely Ávila Reyes, éste no lo descartó.

Dijo también que después de la decisión del PRI de empujar la candidatura de Ana Teresa Aranda por el Partido Verde Ecologista no habría que descartar un coletazo del gobernador Rafael Moreno Valle, y que éste se tradujera en reactivar algunos procesos penales en contra del ex gobernador Mario Marín Torres y varios de los que fueron sus colaboradores en la administración pasada.

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Quizá lo más interesante de las entrevistas que Javier López Díaz y Jorge Rodríguez Corona le hicieron al presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de su última visita a Puebla para inaugurar el Hospital del Niño Poblano, fue lo que no publicaron ambos periodistas pero que bien pudieron percibir en el Ejecutivo federal cuando le preguntaron sobre sus palabras de apoyo al gobernador Moreno Valle, las aspiraciones de éste para ser candidato presidencial en el 2018, y las versiones periodísticas que apuntan que el Ejecutivo estatal financia su precampaña a Los Pinos con algunas obras del gobierno federal.

Cuentan que al término de la segunda entrevista, cuando el presidente Peña Nieto se reencontró con el gobernador Moreno Valle, éste le dijo con cierta carga de ironía: “Dicen que me quieres sustituir”, palabras ante las cuales el mandatario no supo qué responder.

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Así como a nivel local el gobernador Rafael Moreno Valle es el principal operador y elector de los candidatos del PAN al Congreso de la Unión, a nivel federal el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está siendo el gran elector de los abanderados del PRI.

Osorio Chong, por ejemplo, ya decidió que la delegada del Programa Prospera, Nancy de la Sierra Arámburo, sea la candidata a diputada federal del PRI en el distrito 3 con cabecera en Teziutlán, es decir, la rival del Jefe de la Oficina del gobernador Rafael Moreno Valle, el ex priísta Juan Pablo Piña Kurczyn.

Y se sabe que el mismo secretario de Gobernación fue quien formalizó la invitación a la todavía panista Ana Teresa Aranda Orozco para que sea la candidata externa de la coalición PRI-PVEM en el distrito 11 con cabecera en la capital del estado, y el que le garantizó su inclusión en un buen lugar en la lista de candidatos plurinominales por la cuarta circunscripción nacional.

En estas circunstancias las elecciones federales en Puebla adquieren una mayor relevancia, más allá de una cerrada contienda entre el PRI y el PAN, porque el territorio poblano será una de las primeras arenas políticas entre dos aspirantes presidenciales: Osorio Chong y Moreno Valle.

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Cómo estarán viendo las cosas en Casa Puebla que el gobernador Rafael Moreno Valle ya le anticipó a ciertos precandidatos del PAN a diputados federales que hoy ocupan puestos de elección popular en el Cabildo de Puebla y el Congreso del estado, a que pidan licencia o se separen de sus cargos, aunque el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no los obligue.

El gobernador los instruyó a meterse a fondo en las campañas, a tratar de conseguir el mayor número de votos posibles y a evitar situaciones que se presten al golpeteo mediático, como lo podría ser el hecho de que sean candidatos y regidores o candidatos y diputados locales al mismo tiempo.

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Por lo anterior puedo anticiparle que antes de marzo, muy posiblemente después del primer informe de José Antonio Gali Fayad, habrán presentado su licencia los regidores Francisco Xabier Albizuri Morett y Ángel Francisco Javier Trauwitz Echeguren, al igual que el síndico Héctor Sánchez Sánchez.

A Xabier Alziburi lo sustituirá su suplente, Yuridia Magali García Huerta; a Ángel Trauwitz, José Manuel Pérez Vega, mejor conocido como Pepe Momoxpan; y al síndico Héctor Sánchez, el actual director del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Pioquinto de Jesús Carvajal Chartuni.

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Este miércoles el director de la Facultad de Derecho de la BUAP, Carlos Antonio Moreno Sánchez, rindió su primer informe de labores en presencia del rector Alfonso Esparza Ortiz. Los amagos de protesta, sólo quedaron en eso, en amagos que no fueron más allá de artículos y volantes en contra del director de esa unidad académica, por los constantes cambios de funcionarios.

En la corta gestión de Moreno Sánchez han pasado por la Secretaría de Investigación y Estudios de Postgrado los doctores León Magno Meléndez George, José Jesús Salvador Vázquez Vallejo, César Ricardo Cansino Ortiz, Francisco Martínez Alpízar y Rossana Schiaffini Aponte, quien hace unos días rindió protesta del cargo.

Por la Secretaría Académica han desfilado las maestras Silvia Lilia Vázquez Calderón, Patricia de los Ángeles Vargas, y Georgina Tenorio Martínez, quien fue Defensora de los Derechos Universitarios en la gestión del rector Enrique Agüera Ibáñez.

Y por la Secretaría Administrativa han pasado los maestros Víctor Castillo Caballero, Alejandro Rebollar Mier, y el doctor Arnulfo Eusebio Cordero Méndez, quien hasta hace unos días era titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Algunos de estos nombramientos han causado desconcierto y malestar en la Facultad de Derecho, pues entre los nuevos funcionarios de la Unidad Académica hay personajes que en el pasado reciente fueron contrarios al actual director Antonio Moreno, como Georgina Tenorio, quien además de ser pareja del doctor José Fragoso Cervón es parte del grupo político del doctor Arturo Rivera Pineda, ex candidato a la dirección de Facultad.

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Este miércoles comieron en el restaurante El Desafuero de Zavaleta el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y el actual diputado federal Ricardo Monreal Ávila, uno de los principales operadores políticos de Andrés Manuel López Obrador, quien en su primer día de gira por la entidad poblana acusó al gobernador Rafael Moreno Valle de hacer negocio con las obras del Segundo Piso de la autopista México-Puebla. ¿Pues qué sabrá que los poblanos ignoramos?

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El subsecretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Lastiri Quirós, ha comenzado a preocupar a otros aspirantes priístas a la gubernatura de Puebla, a pesar de su bajo nivel de posicionamiento, conocimiento y confianza entre los electores de la entidad.

Tres son los factores de esta preocupación:

1) Su posición en el gobierno federal y las muestras de simpatía hacia su persona de figuras como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y otros funcionarios de la dependencia como el Oficial Mayor, Jorge Márquez Montes; el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quirós, y, por supuesto, de su jefa Rosario Robles Berlanga.

A los priístas poblanos que el domingo se concentraron en el Complejo Cutural Universitario, para atestiguar la unción de Isabel Allende y José Chedraui en la dirigencia estatal y municipal del PRI, no pasó inadvertido que César Camacho sólo mencionara en su discurso al subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri.

2) Los personajes que ha logrado acomodar en diferentes delegaciones del gobierno federal en la entidad, comenzado por la Sedesol con Juan Manuel Vega Rayet, y el número de presidentes municipales priístas adscritos a su grupo político, entre los que figuran los de Tepeaca, David Huerta Ruiz; Huejotzingo, Carlos Morales Álvarez; y Chignahuapan, Juan Enrique Rivera Reyes.

3) Su abierta alianza con el ex gobernador Mario Marín Torres y la estructura de éste en diferentes puntos de la entidad, y en la operación del Comité Directivo Estatal del PRI a través de figuras como el secretario general, Víctor Gabriel Chedraui; el secretario de Prensa y Propaganda, Ismael Ríos Delgadillo, y próximamente del secretario de Organización, Joe Hernández Corona.

La alianza de Juan Carlos Lastiri con Mario Marín es tal que un hermano del ex gobernador, Roberto para más señas, es el responsable de la operación de la delegación de la Sedesol en la zona centro de la entidad.

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Al que se le está complicando acomodar a su delfín en el Comité Directivo Estatal del PRI es al diputado federal Enrique Doger Guerrero.

Éste había pactado, en principio, la Secretaría General para quien fuera su tesorero en el ayuntamiento de Puebla, Jorge Alfonso Ruiz Romero, pero algo pasó y Juan Carlos Lastiri acomodó ahí a Víctor Gabriel Chedraui.

Fue entonces que se dijo que Ruiz Romero sería nombrado secretario de Administración y Finanzas de la dirigencia estatal, posición que ahora no quiere soltar la nueva presidenta del tricolor, Isabel Allende Cano, quien quiere esa Secretaría para una gente suya.

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Como aquí se lo había adelantado, el secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal será el ex regidor de Puebla y ex diputado local Gerardo Mejía Ramírez, quien llega con el aval de varios personajes, entre ellos la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el diputado federal Javier López Zavala.

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Las propuestas y reformas que el presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado para combatir la corrupción, modificar el sistema electoral y de partidos, y hacer frente a los poderes fácticos se han quedado cortas o relegadas, pues una cosa es lo que se propone en el discurso y otra la que se aterriza en la praxis política, la Constitución y las leyes secundarias en proceso de aprobación.

Comencemos por la reforma en materia política electoral. Lo que Peña Nieto y las dirigencias del PAN y el PRD convinieron cuando se plantearon la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) para recuperar la confianza de la ciudadanía en la autoridad electoral fue impulsar la creación de un organismo de carácter nacional y una legislación única que fuera aplicable en todo el país.

Este propósito no sólo no se logró por presiones de los gobernadores priístas, sino que en el trayecto se torció dando lugar al Instituto Nacional Electoral (INE), que no es autoridad única en materia electoral, ya que en los estados comparte funciones y atribuciones con los denominados Organismos  Públicos Electorales Locales (OPLES), que son una especie de autoridad comicial paralela  en las entidades federativas.

La intención de que el país contara con una legislación única electoral que fuera aplicable para cualquier tipo de proceso federal, estatal, distrital y municipal (compromiso 90 del Pacto por México) tampoco se concretó. Hoy lo que existe es una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 32 códigos o leyes electorales estatales.

Pasamos, como lo he escrito aquí, de un IFE sin credibilidad y desgastado por el cuotismo en el reparto de consejerías, a un Frankenstein electoral.

Respecto al combate a la corrupción, los resultados son aún peores. El presidente Peña Nieto anunció en noviembre de 2012 la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública para luchar contra las malas prácticas de los servidores públicos y terminar con la impunidad prevaleciente, y es la hora que no hay fecha para que ésta se apruebe, ni voluntad política para emprender efectivo y eficaz combate contra este cáncer que ataca a todas las dependencias e instituciones públicas sin distingo de colores e ideologías.

Los partidos firmantes del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) ofrecieron reducir sus requerimientos en materia de financiamiento público, terminar con la secrecía de millonarias partidas presupuestales que de manera discrecional manejan sus coordinaciones parlamentarias en el Senado y la Cámara de Diputados, y ser más transparentes en el origen y destino de sus gastos, pero nada han hecho para conseguirlo.

Por el contrario, parecen empeñados en obtener mayores recursos, sin ningún compromiso de ampliar sus porcentajes de votación, ni de modificar la legislación vigente para que exista una verdadera rendición de cuentas de los dineros y prerrogativas que reciben.

Estos asuntos, para decirlo pronto, no están en su agenda de prioridades de corto ni mediano plazo. Hágase la transparencia, pero en los bueyes de mi compadre, es la consigna que mejor resume la actitud de la partidocracia mexicana frente al tema de la rendición de cuentas y la reducción del gasto asignado a partidos políticos y sus grupos parlamentarios.

Sobre los poderes fácticos que el gobierno de Peña Nieto, a través de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, prometió combatir al inicio de su gestión, a sabiendas que estos presionan para mantener a salvo sus privilegios e intereses o para acotar la acción del Estado, el discurso presidencial es ambivalente, a veces bipolar y hasta escurridizo.

Nada ilustra mejor este tema que la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones.

Si la intención del Estado es acotar y enfrentar a los poderes fácticos, hay que dejar el falso debate de cómo medir y evaluar la dominancia o preponderancia de los agentes económicos en el mercado de las telecomunicaciones, si por el sector al que pertenecen o por el servicio que prestan a los usuarios.

No hay que andarse por las ramas: el duopolio televisivo y sus empresas filiales son un poder fáctico, lo mismo que Carlos Slim, Telmex y Telcel, que amenazan al Estado, a sus instituciones y autoridades, por lo que el Congreso de la Unión y la presidencia de la República deben aprovechar la coyuntura y acotarlos de una buena vez, sin tanto tecnicismo sobre su preponderancia por sector o por servicio.

Ahora sí que como dice el dicho popular: no hay que buscarle chichis a las víboras.

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Operativo del alcoholimetro municipal / estatal

«Secuestro exprés, Robo a mano armado, Abuso de autoridad, prepotencia, Delincuencia organizada uniformada, etc., etc.»

Estimado Rodolfo:

El día de ayer (28 de junio) dos mujeres: madre e hija viajaban de la ciudad de México a Puebla, de regreso a sus casas después de haber realizado algunos trámites en la embajada de los EEUU, llegaron pasada la media noche a la terminal de la 4 poniente, recogieron su vehículo estacionado ahí mismo, se dirigían a su domicilio, pero en su camino se toparon con un operativo llamado «Alcoholímetro» en la 43 poniente en la zona de Huexotitla, para más exacto frente a IUSASEL.

Al llegar al lugar, entre luces, sirenas, lámparas que parecen de un estadio de futbol, y un chingo de elementos armados y uniformados policías, te hacen la parada «a fuerza» y te preguntan si tomaste alcohol, a lo que la conductora menciona que sí una cerveza a la hora de la comida. Error imperdonable, enseguida le ordenan bajar del vehículo y la llevan a realizar la prueba del alcoholímetro, forcejeando con la mamá quién indignada argumenta que su hija no venía en estado etílico, cosa que ignoraron.

Con amenazas y argumentos realmente estúpidos le quitan el vehículo, se llevan a su hija (por estar intoxicada) y dejan a la mamá en la calle, sin saber que hacer después del show que armaron, cámaras filmando, policías sujetando y subiendo a la fuerza a la patrulla a la hija, deteniendo a su mamá para que no pudiera hacer nada.

Minutos después ante la impotencia y ultraje, la mamá me llama para pedir ayuda, acudo al lugar de los hechos y encuentro que no hay vehículos circulando a esa hora en el lugar perfectamente custodiado, la única detenida fue esa muchacha, de inmediato me interrogan si había tomado, a lo que respondí, que venía a buscar a una joven que había detenido (palabras mágicas) pase usted es la del coche tal, adelante, sin saber si estoy bajo los influjos del alcohol, eso ya nos importa, ya tienen a su primera clienta.

Sin motivo alguno se la llevan al Boulevard  Valsequillo y posteriormente la trasladan a la Pepsi, dicen ellos, porque no hay sistema.

Al llegar a buscarla 3.00 a.m. ya la estaban queriendo quitarle su ropa interior, pertenecías y los manoseos de rutina por parte de una agente muy «femenina», para garantizar su integridad, mientras el mismo juez trataba de calmarnos ante tal atropello diciendo que tenía un estudio toxicológico de la joven con el primer grado de alcohol leve, por lo que la habían remitido y sería detenida durante 20 horas o pagábamos $ 3,500.00 de multa para dejarla salir.

Además de que el vehículo se lo llevaron a la fuerza, con el freno de mano ahora hay que pagar el arrastre, la multa de tránsito y el piso, pero hasta que inicien labores en san Felipe.

¿Qué se puede hacer ante tanta bestialidad policiaca, abuso de autoridad, aprovecharse de dos mujeres indefensas?, ¿qué nos espera cómo ciudadanos?, en manos de quién estamos, bestias irracionales que obedecen intereses oscuros.

Lo único que nos entregaron después de pagar la multa, fueron la hoja de la multa de tránsito, el inventario del vehículo y el pago de la multa para que saliera. Y pregunto ¿el estudio toxicológico?, ¿la orden de aprensión?, etc. en dónde están los derechos de los ciudadanos.

 ¿Qué pasa con estas pseudo autoridades?

Sólo se me ocurre comparar que si me asaltan a la salda de un centro comercial un par de delincuentes y estos que les pasó a estas dos mujeres es exactamente lo mismo, la diferencia es que unos están uniformados.

Pregunto se necesitan cerca de 100 personas para detener a una joven que no estaba intoxicada, inocente y armarle toda un número incriminatorio, esa es la policía que nos cuida, no gracias, no los queremos, unamos las voces ciudadanas, viva la resistencia civil y no permitamos que nos sigan atropellando estas bestias.

Rodrigo Rosales Escalona <rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

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Por: Rodolfo Ruiz R.

En el transcurso de los próximos días, el gobierno federal podría facilitar la liberación de dos de tres presos políticos detenidos en Puebla, a instancias del gobierno del estado por obstruir las obras del Gasoducto Morelos.

Se trata de la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez y del representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Juan Carlos Flores Solís, que fueron encarcelados en la primera semana de abril, acusados de diversos delitos vinculados con su rechazo a las obras de gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad.

La liberación de ambos activistas podría concretarse en los próximos días, y ser motivo de conflicto entre el gobierno federal y la administración estatal de Rafael Moreno Valle, a la que en los últimos días le han llovido críticas de diversas organizaciones y partidos que la acusan de cerrada e intolerante.

La excarcelación de Enedina Rosas y Juan Carlos Robles, que sería ordenada por un juez de distrito, tendría un doble propósito: por un lado resaltar que el gobierno federal, a diferencia del gobierno estado, no criminaliza la protesta social y, por otro, evidenciar que en la administración morenovallista el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil es prácticamente inexistente.

La Secretaría de Gobernación federal ha detectado que uno de los puntos débiles del mandatario estatal en su estilo autocrático y que éste le ha granjeado una serie de conflictos con grupos y organizaciones sociales que lo mismo se oponen a las obras del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos, que a proyectos mineros o hidroeléctricos en la Sierra Norte, que a la sobreexplotación de mantos freáticos o la expropiación de tierras en Cholula y en otros municipios ubicados a las faldas del volcán Popocatépetl.

En este contexto hay que inscribir la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, en la Segunda Cumbre Ciudadana  efectuada a principios de junio en la capital del estado, y las críticas de María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, en el sentido de que Puebla es uno de los estados más cerrados al diálogo con las organizaciones civiles.

Y también el desplegado que este martes diputados federales del PRD publicaron en el periódico La Jornada bajo el título Por un diálogo constructivo en el estado de Puebla, en el que convocan al gobernador Moreno Valle a una mesa de negociación para atender las demandas de diferentes organizaciones.

Otra cuestión que vale la pena mencionar de esta crisis de la administración morenovallista es que la misma está siendo utilizada por algunos grupos del propio gobierno para dirimir sus diferencias, y evidenciar la falta de operación de algunas dependencias como la Secretaría General de Gobierno.

A su titular Luis Maldonado Venegas no sólo se le critica por sus fallidos intentos de contener las marchas y manifestaciones de protesta, sino por cerrarse al diálogo con los dirigentes de estas organizaciones, con los que en lugar de construir acuerdos y consensos se ha enfrascado en un duelo de descalificaciones que poco contribuyen a la gobernabilidad y gobernanza de la entidad.

¿A quién le conviene este desgaste de Luis Maldonado en la Secretaría General de Gobierno? ¿Quién se beneficiaría con su partida? ¿De quién es la mano que mece la cuna?

Son preguntas, que conste.

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