De un momento a otro, Blas Villegas Lara podría dejar la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, ser inhabilitado del servicio público y sujeto a un proceso administrativo por desvío de recursos públicos federales.

Y no porque su jefa, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, vaya a ceder a las presiones de la regidora panista Marisa Ortiz Mantilla; ni por su distanciamiento con quien fuera su protector en el pasado reciente, el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez; tampoco porque haya sido incapaz de regular y controlar a las empresas propietarias de anuncios espectaculares, que en esta coyuntura electoral han hecho su agosto.

Para nada. Su renuncia en realidad está relacionada con una investigación que le sigue la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos federales, siendo director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), durante la gestión de Mario Marín Torres.

De acuerdo con fuentes confiables cercanas al caso, Blas Villegas —en complicidad con algunos funcionarios de la dependencia, como el actual director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, y el director Administrativo, Sergio Aguilar de Llano— habría simulado la ejecución de obra pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Este martes, personal de la Contraloría del estado, que coadyuva en la investigación de la Secretaría de la Función Pública, se apersonó en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para ultimar algunos detalles del reporte de auditoría.

Trascendió que el monto del desvío asciende a los ocho millones de pesos y que la mayor irregularidad estriba en la simulación de algunas obras en los municipios de San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Zacatlán, mismas que se pagaron como nuevas, aunque ya estaban realizadas.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, cargo que podría dejar en cualquier momento.

Alejandro Pérez Morales funge como director de Planeación de la Ceaspue, aunque al comienzo del gobierno marinista fue nombrado director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, de la que salió por malos manejos, situación que se repitió más adelante en el Instituto de Asistencia Pública del estado de Puebla (IAPEP), durante la gestión de José Garmilla Herrera, quien lo nombró subdirector de Administración de Negocios.

Sergio Aguilar, quien hasta hoy despacha como director Administrativo de la Ceaspue, fue funcionario de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Como se verá, puras finas personas.

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Otro funcionario estatal que también está siendo auditado por parte de la Secretaría de la Función Pública es el secretario de Salud, José Alfredo Arango García.

Hasta donde se sabe, los auditores han centrado su análisis en los recursos otorgados por la Federación al estado, a través del llamado Seguro Popular, y con los cuales se habrían adquirido mobiliario, equipo e instrumental médico, así como material de curación, ropa hospitalaria y medicamentos a sobreprecio.

La auditoría es sobre el ejercicio presupuestal del 2009, con énfasis en los últimos meses de ese año, que es cuando Arango fue nombrado secretario de Salud —en sustitución de Antonio Marín y López— y cuando la Federación liberó la mayor parte de los fondos del Seguro Popular.

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A quien todavía no le cae la Secretaría de la Función Pública, ni el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración (INM), es a la delegada estatal de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Rocío Sánchez de la Vega Escalante.

Y es que hace 15 días se le escapó de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración un colombiano, hecho que ha pretendido ocultarse a la opinión pública para no afectar la imagen de la joven funcionaria federal panista.

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Simón dice:

«Cuando llega la desgracia, nunca viene sola, sino a batallones.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

El jueves de hace ocho días, el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, se reunió a comer con los dirigentes estatales del PRD, Convergencia y el PT, en un jardín de Atlixco propiedad del llamado Niño Naranja, José Juan Espinosa Torres.

La reunión fue a petición del propio Doger por conducto del diputado Jorge Alfonso Ruiz Romero, quien también asistió a la comida que concluyó al filo de las 18 horas, minutos después de que el dirigente estatal perredista, Miguel Ángel de la Rosa Esparza, se despidió para ir a presentar su examen de maestría en la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Durante el encuentro, el exmunícipe exploró la posibilidad de que los tres dirigentes de la izquierda poblana se aliaran con el PAN en las elecciones locales de julio del próximo año, llevando al senador Rafael Moreno Valle Rosas como candidato a la gubernatura y a él como candidato a la alcaldía de Puebla.

Sin embargo, Doger Guerrero no encontró eco.

Por el contrario, el convergente José Juan Espinosa le dijo que esa posibilidad estaba cancelada, que no había condiciones para una coalición de esa naturaleza, amén de que los partidos del frente Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA) no se sumarían al proyecto de Moreno Valle a la gubernatura.

En el mismo tenor se pronunciaron el dirigente del PT, Zeferino Martínez Rodríguez, y el perredista Miguel Ángel de la Rosa, aunque éste último —en una reunión previa con el mismo Enrique Doger— sí abrió esa eventualidad siempre y cuando se establezcan algunos candados, los cuales allí no mencionó.

En cambio, los dirigentes estatales del DIA plantearon a Doger que sí lo apoyarían como candidato, pero a la gubernatura y en una coalición de los tres partidos de izquierda.

Palabras más, palabras menos, le dijeron al expresidente municipal que no querían que los usara para chantajear al PRI ni tampoco como instrumento para que Javier López Zavala perdiera la gubernatura frente al panista Moreno Valle.

Lo que nos interesa es ganar, no hacer perder a Zavala o beneficiar a Moreno Valle, le insistieron al tiempo de explicarle que esa misma posición era la de Manuel Camacho Solís y sus dirigencias nacionales.

Fue entonces que la conversación derivó hacia lo económico. Doger preguntó una y otra vez cuánto dinero le aportarían a la campaña, pues sin recursos económicos las posibilidades de una victoria electoral eran prácticamente nulas.

La respuesta de los dirigentes de Convergencia, PRD y PT no fue de su agrado, pues le dijeron que aunque los tres partidos canalizaran a su campaña la totalidad de los recursos que obtuvieran del Instituto Electoral del Estado y sus dirigencias nacionales, éstos tampoco serían suficientes, por lo que él también tendría que conseguir y aportar dinero si quería ganar.

De más está contar cómo terminó la reunión y cuál fue el ánimo del anfitrión y los convidados al rancho de José Juan Espinosa ubicado en el antiguo camino a Nexatengo, del municipio de Atlixco.

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Que hace unos días, después de una auditoría a la Coordinación de la Jurisdicción Sanitaria número 4 (San Salvador El Seco) de la Secretaría de Salud del estado, fue despedido el director de Administración, Arturo Mendoza.

El problema es que las anomalías arrojadas por la auditoría también alcanzaron al exjefe de esa jurisdicción, Oscar Antonio de la O, quien había sido reubicado en la número 5, de Huejotzingo.

La investigación comenzó debido a una serie de quejas y denuncias por la pérdida de medicamento y material de curación en las llamadas caravanas de salud, del Programa Oportunidades, y por el desvío de vales de gasolina destinados al parque vehicular de esta jurisdicción sanitaria.

Los detalles de todas las anomalías e irregularidades halladas en la jurisdicción de San Salvador El Seco, que involucran al exjefe de la misma y al exdirector administrativo, los tiene Rebeca Lavalle, del Departamento de Seguimiento Operacional de la Secretaría de Salud.

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Simón dice:

«Hay que ser infiel, pero nunca desleal».

Gabriel García Márquez (1927) Escritor colombiano.

Aunque no tengo bola de cristal, puedo anticiparle que después de la reunión que este viernes sostendrán entre las 9 y las 10 de la mañana el secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López, y el secretario general de la Sección 25 Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, Malcom Ramírez Martínez, se iniciará una cascada de protestas, marchas y paros, en los hospitales, clínicas y centros de salud de la entidad.

Las protestas podrían comenzar este viernes con la suspensión de labores en el Hospital General del Sur, de Agua Santa, y con un plantón permanente en las oficinas de la Secretaría de Salud, si el doctor Antonio Marín no recibe o deja plantados a los dirigentes del sindicato.

La inconformidad de los sindicalizados podría ser respaldada por algunos empleados de oficinas centrales y mandos medios de jurisdicciones sanitarias, después de que esta semana el secretario de Salud decidió relevar de sus funciones a la subdirectora de Epidemiología y Atención Preventiva, Diana Celia Carpio Díaz; al subdirector del Seguro Popular, Joaquín Bianchini Maldonado; al jefe del Departamento de Afiliación del Seguro Popular, Francisco Rafael Cajica Arenas; al jefe del Departamento de Trasplantes de Órganos, Miguel Ángel García Martínez; y a la jefa de la jurisdicción sanitaria número 6, Sonia Esther Aguirre Sandoval.

Unos y otros se quejan por la negativa de abrir nuevas plazas de médicos y enfermeras, por el despido injustificado de personal de base y de confianza, por el desabasto de medicamentos y material de curación, por la falta de mantenimiento a los equipos e instalaciones sanitarias, y por anomalías en el manejo de los recursos del Seguro Popular.

El movimiento sindical —que es alentado por algunas instancias gubernamentales— marcará el principio del fin de Antonio Marín como secretario de Salud del estado.

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Otro funcionario en problemas, pero éste del gobierno federal, es el delegado de la Procuraduría Federal de Proteción al Ambiente (Profepa), Rubén Pedro Rodríguez Torres, quien actualmente se encuentra suspendido.

Las razones se desconocen, pero se cree que esta amonestación tiene su origen en las protestas del gobierno del estado por el amago del delegado de clausurar las vías de acceso a la Célula, y sus declaraciones en el sentido de que tales obras de infraestructura habrían provocado un daño ecológico en la zona por la destrucción de cactáceas y otras especies vegetales protegidas.

Hasta donde se sabe, ésta es la segunda ocasión en que Rodríguez Torres es suspendido por faltas y errores administrativos.

La primera suspensión estuvo relacionada con la pérdida de cheques de nómina y otros documentos de la Profepa.

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Simón dice:

«El que sólo sabe medicina, ni medicina sabe»

José Letamendi De Manjarrés, médico y escritor español

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