En septiembre del año pasado entraron en vigor reformas a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable, y la Ley de Vialidad del estado por las cuales se buscaba reducir la contaminación visual provocada por la saturación de anuncios espectaculares en carreteras estatales y vialidades de Puebla.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el entonces diputado local Eukid Castañón Herrera —y que se aprobó fast track en el Congreso del estado— los permisos para anuncios espectaculares en vialidades estatales como el Anillo Periférico, la Vía Atlixcáyotl o la Recta Cholula, ya no los otorgarían los ayuntamientos, sino la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT).

Esta acción tenía como propósito, se dijo en ese momento, regular y meter orden en los 1,759 anuncios espectaculares que se tenían detectados, frenar la expedición de nuevos permisos y retirar aquellas estructuras que de manera irregular —y con la complacencia o complicidad de autoridades municipales— se instalaron en 359 vialidades de la entidad poblana, provocando contaminación visual y riesgos para la población por estar ubicadas en sitios o zonas de riesgo de alta concentración.

A las empresas y dueños de estos anuncios se les dio un mes de plazo para que se regularizaran y corrigieran las estructuras que tuvieran fuera de norma o representaran un peligro para automovilistas y peatones. En declaraciones a El Sol de Puebla, Mario Rincón González, entonces titular de la SDRSOT, refirió que tres de cada 10 espectaculares localizados en 11 vialidades estatales de la zona metropolitana presentaban irregularidades.

A catorce meses de distancia, la situación lejos de corregirse ha empeorado por la colocación de nuevos espectaculares, incluso en áreas verdes o espacios públicos, en torno a los nuevos distribuidores viales que se han construido sobre la Vía Atlixcáyotl, la Avenida Las Torres y el Periférico Ecológico.

Pero con un agravante: Las empresas favorecidas —o toleradas por la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial— con nuevas estructuras o permisos que violan flagrantemente el capítulo VI de la Ley para la Protección del Ambiente Natural, están ligadas a influyentes personajes del gobierno morenovallista.

Entre ellos Marcelo García Almaguer, Eduardo Torres Chedraui, Gerardo Islas Maldonado y Sergio Riquelme Novoa.

¿Por qué si ya existía una evidente contaminación visual en Periférico Ecológico, Vía Atlixcáyotl, Bulevar Atlixco, Recta a Cholula, Cúmulo de Virgo, Zavaleta, Bulevar del Niño Poblano, Bulevar Forjadores y carretera federal a Valsequillo, se autorizaron entre 25 y 30 nuevos espectaculares?

¿No que la SDRSOT iba a meter orden y a regularizar los espectaculares ya existentes?

¿Por qué si la Ley dice que no puede haber anuncios de gran tamaño en áreas verdes o en espacios de vía pública, la SDRSOT no clausura los que se acaban de instalar en el distribuidor de la Vía Atlixcáyotl y la Prolongación de la Avenida Las Torres, con la imagen del senador Javier Lozano Alarcón; o las nuevas estructuras de Sergio Riquelme sobre el Periférico Ecológico y el Bulevar del Niño Poblano frente al centro comercial Angelópolis.

¿Por qué si la Ley establece una restricción de al menos 100 metros entre espectacular y espectacular, esta disposición no se respeta?

¿Por qué los ayuntamientos de Puebla, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y San Pedro Cholula no hacen valer la Ley y clausuran los nuevos espectaculares que no sólo violan la Ley sino que carecen de permiso?

¿O a poco el alcalde José Antonio Gali Fayad autorizó el que se construye sobre la banqueta en la esquina del Bulevar 5 de mayo y la 43 Oriente?

¿Verdad que no?

¿No que nadie por encima de la Ley?

Sí, como no.

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En la ficha curricular que el hoy consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga, entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) hay una omisión inconfesable, que tiene la complicidad de importantes actores del PRI que la conocen con detalle.

Esta tiene que ver con la actividad que el hijo del director de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de la SEP estatal, Jacinto Herrera Rivera, desempeñó a su salida del Ayuntamiento de Puebla, en la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, y su incorporación al gobierno de Rafael Moreno Valle.

La omisión no es fortuita, pues en 2010 el hoy consejero presidente del OPLE de Puebla trabajó en el PRI, en concreto en la campaña de Javier López Zavala como subordinado de Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien fue designado coordinador de campaña del candidato priísta en la zona metropolitana.

¿Por qué este relevante dato fue ocultado por Herrera Serrallonga en el currículum que entregó al INE? ¿Qué hizo entre enero de 2010 y febrero de 2011? ¿Por qué el flamante diputado federal Víctor Giorgana ha mantenido un cómplice silencio sobre esta omisión de quien fuera su secretario particular en la Coordinación de Políticas Públicas y en la Secretaría de Desarrollo Social del ayuntamiento de Puebla?

La explicación es simple: Jacinto Herrera Serrallonga fue un infiltrado en la campaña de López Zavala, junto con otros compañeros suyos de la Sedeso municipal como Abraham Quezada Toscano, director general de giras, y Cristian Cervantes Garzón, secretaria técnica y secretaria particular de Giorgana.

No por nada los tres dejaron el ayuntamiento de Blanca Alcalá cuando su jefe fue nombrado por López Zavala coordinador de campaña de la zona metropolitana, y no por nada los tres se enrolaron en el gobierno de Moreno Valle en los primeros meses de 2011.

Herrera Serrallonga como particular del subsecretario de Vinculación Institucional de la Secretaría General de Gobierno, Mario Rincón González, y más tarde como director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas; Quezada Toscano como director de Promoción de la Secotrade; y Cervantes Garzón como secretaria técnica de Fernando Manzanilla Prieto en la Secretaría General de Gobierno.

¿Simple casualidad? Por supuesto que no.

Ahora que algunos partidos como el PRI ya anticiparon que impugnarán algunos nombramientos de consejeros del OPLE Puebla no estaría de más que indagaran sobre el pasado reciente del consejero presidente y qué rol desempeñó como particular de Víctor Giorgana en la coordinación de campaña de López Zavala en la zona metropolitana de Puebla.

Para su impugnación los abogados del PRI podrían recurrir a dos de sus distinguidos cuadros que conocen perfectamente a Jacinto Herrera Serrallonga. Me refiero a su flamante coordinador de diputados federales, Víctor Giorgana, y a su precandidata a la gubernatura de Puebla, la senadora Blanca Alcalá.

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Con los cambios anunciados este lunes por el gobernador Rafael Moreno Moreno Valle, la lista de funcionarios que han desfilado por su gabinete rebasa la media centena.

La cifra rebasa por mucho los ajustes hechos por sus antecesores en el cargo.

En el sexenio de Melquiades Morales se dieron 19 cambios en el equipo de primer nivel y en el de Mario Marín Torres 22. Con Moreno Valle van 56 y a su gobierno todavía le restan 16 meses.

En la Secretaría de Desarrollo Social se han dado nueve movimientos, con el regreso de Luis Banck Serrato, que involucran a ocho diferentes funcionarios entre titulares y encargados de despacho: Myriam Arabián Couttolenc, Néstor Gordillo, Germán Jiménez García, Sergio Penagos García, Salvador Escobedo Zoletto, Mario Rincón González, Luis Banck Serrato y José Luis Soberanes Reyes.

Le sigue la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial —de nueva creación en este gobierno y producto de la fusión de las secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, así como de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano— con seis funcionarios: Amy Camacho Wardle, Juan Carlos Morales Páez y Rodrigo Riestra Piña, éstos dos como encargados de despacho, Julio Lorenzini Rangel, Mario Rincón González y Rodrigo Riestra Piña, ya como titular.

En orden descendente siguen las secretarías de Educación Pública, Salud, la Contraloría y Secotrade, con cinco funcionarios cada una. Por la Sep han desfilado Luis Maldonado Venegas, Jorge Alberto Lozoya Legorreta, Jorge Benito Cruz Bermúdez, Antonio Argüelles Díaz González (como encargado de despacho) y Patricia Vázquez del Mercado, quien hoy fue ratificada como titular.

Por Salud Jorge Aguilar Chedraui, Roberto Rivero Trewartha, Mario Márquez Amezcua (encargado de despacho), Consuelo Anaya Arce y Salvador Escobedo Zoletto; por la Secretaría de la Contraloría Irma Patricia Leal Islas, Eukid Castañón Herrera, María del Carmen Daza Hernández (encargada de despacho), Malcom Alfredo Hemmer Muñoz y Alejandro Torres Palmer, quien este día fue nombrado titular de la dependencia.

Y por la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico —producto de la fusión de las Secretarías de Trabajo y Desarrollo Económico—transitaron sin pena ni gloria Pablo Rodríguez Regordosa, Michel Chaín Carrillo (encargado de despacho), José Antonio Gali López, Cristina González Medina y ahora José Cabalán Macari Álvaro.

Con cuatro funcionarios sigue la Secretaría de Infraestructura —a la que se le agregó la Secretaría de Transportes, que estuvo a cargo de Bernardo Huerta Couttolenc— por la que han desfilado José Antonio Gali Fayad, José Cabalán Macari Álvaro, Luis Banck Serrato, y ahora Diego Corona Cremean, tras su paso por el CAPCEE.

Por el área de Comunicación Social también han pasado cuatro diferentes funcionarios aunque no siempre con el cargo de director: Norberto Tapia Lastinere, Sergio Ramírez Robles, Fernando Alberto Crisanto Campos y Maximiliano Cortázar Lara; lo mismo que en la Secretaría de Seguridad Pública con Ardelio Vargas Fosado, Facundo Rosas Rosas y Jesús Rodríguez Almeida, y entre el segundo y el tercero Juan Sánchez Zarza como encargado de despacho.

Con tres distintos funcionarios siguen la Secretaría General de Gobierno (antes Secretaría de Gobernación), en la que han despachado Fernando Manzanilla Prieto, Luis Maldonado Venegas y Jorge Cruz Bermúdez, éste último en calidad de encargado de Despacho; y la Secretaría Particular en la que han estado José Lugo Guerrero, Mercedes Aguilar López y Heriberto Castillo Miranda.

Con solo dos cambios de titular completan la relación la Secretaría de Finanzas con Roberto Juan Moya Clemente y Roberto Rivero Trewartha; la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, antes de integrarse a la Secretaría General de Gobierno, con Juan Pablo Piña Kurczyn y José Montiel Rodríguez; la Secretaría de Turismo con Ángel Francisco Trauwitz Echeguren y su hermano Roberto de los mismos apellidos; Puebla Comunicaciones, con Marcelo García Almaguer y Héctor Antonio Alcudia Goya; y la Oficina del Gobernador con Juan Pablo Piña Kurczyn y Roberto Juan Moya Clemente.

Las únicas dependencias en las que no ha habido cambios son la Secretaría de Administración que desapareció, la Secretaría de Transportes que corrió la misma suerte y la Procuraduría General de Justicia.

En la primera su titular fue José Cabalán Macari, en la segunda Bernardo Huerta Couttolenc y en la última Víctor Antonio Carranca Bourget, quien en los próximos días será promovido como fiscal del estado.

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El nombramiento de José Cabalán Macari como secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico confirma que éste sigue en el ánimo del mandatario estatal, a pesar de que aquél había hecho encabritar a Rafael Moreno Valle cuando se rehusó a regresar a la Secretaría de Infraestructura y Transportes, en lugar de Luis Banck Serrato, quien tampoco quería regresar a la Secretaría de Desarrollo Social.

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Con el arribo de Diego Corona Cremean a la Secretaría de Infraestructura y Transportes, Luis Maldonado Venegas sigue ganando posiciones en el gabinete del gobernador Moreno Valle, al que pronto regresará como titular de la Secretaría General de Gobierno.

Maldonado tiene actualmente plena injerencia sobre cuatro secretarías, la General de Gobierno, la de Educación Pública, la de Desarrollo Rural y ahora la de Infraestructura.

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En la capital salieron a flote las fracturas del equipo gobernante

Fernando Morales, Eukid Castañón y Mario Rincón, los derrotados

Varias son las lecturas que arrojan las elecciones de este domingo en Puebla en lo que respecta a sus resultados e incidentes —entre ellos el audio que desnuda al hijo del ex gobernador Melquiades Morales como traidor del PRI y delincuente electoral— y a las consecuencias de éstos de cara a la sucesión gubernamental de Rafael Moreno Valle en el 2016.

Como ya lo habíamos anticipado, el eventual triunfo del PRI en siete u ocho de los 16 distritos de la entidad, es un fuerte descalabro al morenovallismo y a tres de sus principales operadores político-electorales: Eukid Castañón Herrera, Mario Rincón González y Fernando Morales Martínez.

Aunque los candidatos del PAN ganaron la mitad de las demarcaciones, lo cierto es que sus triunfos, incluyendo los de la capital, están muy lejos de ser contundentes. Es evidente que sin la intervención del gobierno del estado y el abierto apoyo de los presidentes municipales de la coalición morenovallista varios de ellos habrían perdido las votaciones en sus distritos.

La jornada electoral en Puebla terminó en saldo rojo por la muerte de un operador priísta de la región de Libres, Pablo García Orozco, asesinado de un tiro en la cabeza; lesionados de bala en las comunidades de San Cristóbal Tepatlaxco y San Rafael Tlanalapan, pertenecientes al distrito de San Martín Texmelucan, y enfrentamientos en la cabecera del distrito 5. En Pantepec se reportó, además, la retención de una docena policías municipales de Francisco Z. Mena que supuestamente presionaban a pobladores a no votar por el PRI.

Panistas ganan capital pero evidencian sus fracturas

En los cuatro distritos con cabecera en el municipio de Puebla los candidatos morenovallistas se perfilaban al cierre de esta columna como ganadores en dos, en uno del norponiente y en otro del sur-poniente por estrechísimo margen. En el distrito 11 la ventaja de la candidata panista era apenas de 400 votos, lo que seguramente hará que la disputa se prolongue al día del cómputo y se extienda hasta los tribunales.

Lo paradójico de la situación es que los distritos 11 y 12 en riesgo para el PAN fueron alguna vez los más panistas de la entidad.

La explicación de tal fenómeno se encuentra en la decepción de los gobiernos y dirigentes del PAN, en las divisiones al interior de su estructura (entre tradicionales y panistas express y entre morenovallistas puros y arribistas) y en la postulación de candidatos sin militancia partidaria o poco representativos de la doctrina y la identidad panista.

La disputa por la sucesión gubernamental entre los bandos del grupo morenovallista fue otro factor que afectó a sus candidatos. El grupo de Jorge Aguilar Chedraui y Patricia Leal Islas se focalizó en el distrito 9 en apoyo de Genoveva Huerta, desentendiéndose de los demás abanderados.

El grupo del alcalde José Antonio Gali Fayad hizo lo propio con su ahijado político, Xabier Albizuri; el del magistrado Roberto Grajales se concentró en su cuñada Angélica Ramírez Luna; y Ángel Trauwitz hizo lo que pudo por su candidatura, sin el respaldo de actores políticos importantes en su demarcación, como el líder de la fracción del PAN en el Congreso local.

En la capital poblana no hubo trabajo en equipo, ni de coordinación entre los comités de campaña de los cuatro candidatos. Cada cual jaló por su lado.

El ocaso de Fernando Morales

Uno de los grandes perdedores de este proceso electoral fue el ex dirigente estatal del PRI y actual subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana del estado, Fernando Morales Martínez.

Y es que el audio que ayer se filtró a los medios de comunicación, en el que hostiga y amenaza al ex dirigente estatal del PVEM, Juan Carlos Natale López, no sólo lo exhibe como un político mentiroso y traidor del PRI, sino como un funcionario deshonesto, abusivo y violador de la ley y la normatividad electoral.

La grabación no sólo pone en entredicho su supuesta militancia priísta, sino la lealtad de los Morales Flores hacia el partido tricolor cuando le dice al diputado Juan Carlos Natale: si te metes en mi distrito (el 8 de Ciudad Serdán) no sólo te metes en un pedo conmigo, sino con todos los Morales, lo que pareciera incluir a su papá, Melquiades, que fue gobernador por el PRI; a su tío, Jesús Morales Flores, que es diputado federal; y a su primo, Jesús Morales Rodríguez, que es director de Protección Civil en el estado.

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Eukid Castañón, espionaje y descalabro electoral

Otro operador morenovallista que sale derrotado en esta elección es Eukid Castañón Herrera, quien al comienzo de la contienda había prometido al menos 12 distritos y triunfos inobjetables en la mayoría de las demarcaciones.

Por esa razón, el CEN del PAN aceptó marginar al presidente del Comité Directivo Estatal, Rafael Micalco Méndez, de la campaña política y entregarle el control de las estructuras de organización y electoral, incluyendo la representación del partido ante el Consejo Local y los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral.

Eukid Castañón no sólo falló en su compromiso de ganar 12 de los 16 distritos de la entidad, sino que termina el proceso en medio de acusaciones que lo vinculan con actos de mapachería electoral y espionaje telefónico en perjuicio de figuras relevantes de la clase política poblana, por lo que el CEN del PRI ya incluso lo denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Mario Rincón pierde hasta su retorno al gabinete

El gran perdedor morenovallista en esta elección federal fue sin duda Mario Rincón González, pues además de salir derrotado en la contienda por el distrito 7 con cabecera en Tepeaca, tampoco podrá regresar al gabinete como titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

Con el 30 % de las casillas 409 casillas contabilizadas, Mario Rincón llevaba al cierre de esta columna 8,715 sufragios contra 12,298 de su contrincante del PRI, Alejandro Armenta Mier.

Mario Rincón no sólo perdió de manera clara el distrito, sino que se convirtió, como consecuencia de sus excesos propagandísticos y el descarado uso de recursos públicos, en el candidato a diputado federal con más denuncias y sanciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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De qué tamaño serán los agravios o la magnitud de los conflictos al seno del grupo morenovallista que uno de los bandos ha comenzado a circular una denuncia penal —que ya por cierto se encuentra archivada por el perdón otorgado por el ofendido— en contra del ex titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas.

Según los enterados, el expediente del caso es toda una bomba no sólo por los delitos que se denuncian, sino por los personajes que en la querella son mencionados, algunos de los cuales ocupan cargos muy relevantes en el gabinete estatal.

De acuerdo con las mismas fuentes, la escandalosa querella promovida por un ex secretario particular de Luis Maldonado en los años en que éste se desempeñó como subsecretario en la Sedesol, presidente de la Fundación Academia Metropolitana y diputado federal de Convergencia, no busca descarrilar su arribo a San Lázaro por la vía del PRD, sino inhabilitarlo de la sucesión gubernamental poblana.

Y no porque el ex titular de la SGG se perfile como posible sucesor del gobernador Moreno Valle, sino por las maniobras y alianzas que éste pudiera construir a favor de uno de los bandos del grupo gobernante en la sucesión del 2016 y en las elecciones del 2018.

Luis Maldonado ya tiene identificados a sus detractores, y sus aliados en la sucesión por Casa Puebla también.

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Los resultados arrojados por algunas encuestas han generado preocupación de más en algunos políticos y candidatos al grado que están echando mano de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial para reforzar algunas campañas en los distritos 1 de Huauchinango y 7 de Tepeaca.

En ambas demarcaciones la intención es apuntalar a los candidatos panistas José Esquitín Lastiri y Mario Rincón González.

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Cuentan que una de las mayores preocupaciones de los candidatos y operadores del PRI en algunos distritos de la entidad está en evitar el fraude electoral, a través de la falsificación de boletas, actas foliadas de escrutinio y paquetes electorales, por lo que han puesto especial atención en algunas empresas de impresión ubicadas en el parque industrial Puebla 2000 o por el rumbo del aeropuerto Hermanos Serdán, esta última, por cierto, de un primo de un influyente morenovallista.

Tal preocupación no es gratuita, pues se sabe que en las elecciones federales del 2012 esta estrategia se utilizó para darle la vuelta a ciertos resultados que favorecían a los candidatos de la coalición de la izquierda en la capital poblana.

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La candidata a diputada federal del PAN, Angélica Ramírez Luna, ha podido constatar en carne propia el desencanto que existe entre los electores de su distrito, el 11 que comprende el sur poniente de la capital del estado, que en algún tiempo llegó a ser el más panista del país.

Ante el rechazo que sus promotores han encontrado de automovilistas y ciudadanos para aceptar su propaganda, algunos de estos han optado por pegar calcomanías con su fotografía en las fachadas de varias casas de las colonias Huexotitla, El Carmen y Gabriel Pastor, lo que ha generado un creciente rechazo hacia su candidatura.

En primera instancia porque dichos stickers de 20 por 20 centímetros se pegaron sin su consentimiento y porque su retiro además de complicado levanta o daña la pintura de sus casas.

Lo que sí le ha funcionado a sus promotores son los lentes con graduación que han obsequiado en algunas colonias como La Paz, en la cual habitan cientos de adultos mayores o personas de la tercera edad.

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Cuentan los que saben que la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) de revocar la sentencia que exoneró al panista Mario Rincón González de actos anticipados de campaña es apenas el comienzo de una embestida mayor en contra el ex secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado.

Los enterados aseguran que el pecado de Mario Rincón y su principal operador electoral en el distrito de Tepeaca, Omar Álvarez Arronte, fue haber emprendido una campaña sucia contra el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acusándolo de mentiroso y de engañar a la población prometiendo bajar la luz, la gasolina y el gas.

Reportes llegados a la Secretaría de Gobernación federal, corroborados por agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), refieren que la guerra sucia operada por Mario Rincón y Omar Álvarez incluso se financió con recursos públicos del programa Empleo Temporal, por lo que el alcalde de Acajete, Antonio Aguilar Reyes, podría ser sujeto de una investigación.

Algo que llamó la atención de los agentes del Cisen es que buena parte de las bardas rotuladas con consignas contra Peña Nieto se ubican en terrenos o inmuebles propiedad de funcionarios, regidores y familiares de estos en los municipios de Amozoc de Mota y Acajete, ambos pertenecientes al distrito electoral federal 7 con cabecera en Tepeaca.

Por ejemplo en las casas de Mario Ramírez González, ubicada en la calle de Francisco I. Madero número 1123; Armando Castillo, director del Empleo Temporal en Amozoc, localizada sobre la carretera federal a Tehuacán a la altura del número 1205; Constancio Trejo, asesor del secretario general de Acajete, Mario Carbajal Ramos, ubicada en calle 20 de noviembre; y Lilia María Méndez, cuyos hijos laboran en el ayuntamiento de Acajete, y cuyo inmueble se asienta en la Calle Ayuntamiento número 103 Oriente.

La molestia del gobierno federal por esa campaña negra se tradujo en el despido hace unos días de dos hermanos de Álvarez Arronte que laboraban en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social.

Al candidato del PAN por el distrito 7 de Tepeaca aún no se le finca una sanción o multa por los actos anticipados de campaña en que incurrió desde antes de su nominación como precandidato panista a diputado federal, pero en algunos corrillos políticos se especula que si le juntan todos los procesos promovidos en su contra, como su promoción en espectaculares, bardas y autobuses, así como en la inauguración de obras y el reparto de tabletas, motocultores y otros beneficios, podría incluso quedar fuera de la contienda electoral.

El riesgo es tal que el gobernador Rafael Moreno Valle optó por retirar como suplente de Mario Rincón al ex secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, para enviarlo como compañero de fórmula de Ángel Trauwitz Echeguren por el distrito 12 de Puebla capital.

El nuevo suplente del ex titular de la SDRSOT es Enrique Alejandro Cerro Barrios, quien ya fue diputado local por la región de Tepeaca en la LIII Legislatura del Congreso del estado.

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El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Juan Manuel Celis Aguirre, es uno de esos personajes que comenzaron el sexenio morenovallista como enemigos y lo terminarán como aliados del mandatario estatal.

Al inicio de la actual administración, el mandatario estatal instruyó a su secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y éste a su grupo de control de riesgos, para que investigara el destino de 120 millones de pesos que el gobierno marinista entregó, en diversos cheques, a Juan Manuel Celis.

Ya con la información y un voluminoso expediente, la Secretaría General de Gobierno entró en contacto con el dirigente estatal antorchista, haciéndole saber la existencia un conjunto de anomalías en que éste y su organización habían incurrido con los recursos púbicos recibidos.

La encargada de contactar al ingeniero Celis fue la entonces directora general de Gobierno, Laura Escobar Juárez, quien, fiel a la costumbre de la casa, le mostró el expediente y le advirtió de una averiguación previa en su contra por la no comprobación, ni justificación de millones de pesos recibidos por el gobierno marinista.

Laura Escobar le dijo que ese asunto podría resolverse si Antorcha Campesina cooperaba con el gobierno del estado sacando las manos del tianguis de San Martín Texmelucan y desactivando las protestas de los integrantes del movimiento magisterial antorchista en algunos municipios de la Sierra Norte y la Mixteca poblana.

También le pidió que las protestas de la organización se enfocarán en la capital poblana, exigiendo al ayuntamiento capitalino encabezado por Eduardo Rivera Pérez la regularización y escrituración de las colonias del sur, y que las grúas Unión fueran las únicas en prestar el servicio de arrastre de vehículos a los corralones del gobierno estatal y municipal.

De más está decir que Celis Aguirre no sólo aceptó la negociación, sino que hasta firmó un convenio comprometiéndose a desactivar las protestas del movimiento magisterial antorchista y a resolver el conflicto entre tianguistas de San Martín Texmelucan.

Convenio que incluso fue motivo de posteriores diferendos entre el subsecretario Mario Rincón González y el entonces operador de Fernando Manzanilla en la SGG, Eukid Castañón Herrera.

Del expediente integrado en contra de Juan Manuel Celis poco o nada se sabe, sólo que este desapareció –casi con la misma rapidez que se armó– cuando Luis Maldonado Venegas sustituyó Fernando Manzanilla en la SGG.

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La decisión del presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, de hacer pública su declaración de bienes, junto con la de su esposa Nancy de la Sierra Arámburo, tiene varias motivaciones.

La primera — y más importante— es adelantarse a una investigación que, supuestamente, la presidenta del Colegio de Notarios, Verónica Morales Alfaro, había comenzado a realizar con la colaboración de otros colegas suyos para rastrear todos los bienes y propiedades del alcalde cholulteca y su esposa, la candidata del PRI a diputada federal por el distrito 3 de Teziutlán.

Y la segunda, vacunarse contra posibles críticas y descalificaciones de Juan Pablo Piña Kurczyn, candidato del PAN a diputado federal por el distrito 3, en contra de su contrincante, la priísta Nancy de la Sierra y su esposo, José Juan Espinosa, integrante del partido Movimiento Ciudadano.

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Este fin de semana hubo cambios en la Coordinación de Derecho y el Bufete Jurídico del campus Tehuacán de la BUAP. El viernes el secretario general de la institución, René Valdiviezo Sandoval, removió de sus cargos a José Lorenzo Dávalos Moreno y a Jesymar Castillo Arangute, al primero por diversas irregularidades que van desde la contratación de docentes sin autorización y la venta de tesis, y al segundo por usar el Bufete para llevarse asuntos a su despacho particular.

Dos días después, el domingo, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, acudió a Tehuacán a tomar la protesta de ley a los sustitutos de aquellos: Sagy Rosalba Díaz Pimentel y Raymundo Pérez Osorio, respectivamente.

Sin embargo, ambos nombramientos no fueron bien recibidos por la planta docente y no porque estuviera de acuerdo con el desempeño del coordinador de Derecho, José Lorenzo Dávalos y del coordinador del Bufete Jurídico, Jesymar Castillo, sino porque no fue consultada sobre quiénes debían reemplazarlos.

De Sagy Rosalba Díaz se dice que su designación como coordinadora de Derecho del campus Tehuacán no obedece a una cuestión de méritos académicos o profesionales, sino a su cercanía con el secretario seccional del Aspabuap en Tehuacán, y del segundo, Raymundo Pérez Osorio, a su poca o nula experiencia en el acompañamiento de estudiantes y en el litigio en tribunales, más allá de la Junta Local de Conciliación de Tehuacán, de la que fue presidente.

El malestar de los profesores y alumnos se hizo patente con algunas pancartas y mensajes de protesta dirigidos al rector Alfonso Esparza, en los que se exigía que los coordinadores de Derecho y del Bufete Jurídico de la BUAP fueran electos democráticamente por voto universal, libre y secreto.

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La reunión del viernes pasado entre la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el diputado federal Enrique Doger Guerrero no fue la primera entre esos personajes, sino ¡la quinta!

Y en ella no solo hablaron de los términos de un posible acuerdo político que les permita marchar juntos y sin divisiones rumbo a las elecciones de 2016 y 2018, sino de reformas constitucionales y de posibles escenarios electorales.

Alcalá y Doger coincidieron en la conveniencia de que la Constitución del estado se reforme antes de septiembre para que el próximo gobernador no sea de un año diez meses, sino de cuatro años ocho meses.

Sin embargo, uno y otro expresó que tal escenario es poco viable, ya que ese cambio no sólo modificaría los términos en que el gobernador ha planteado su sucesión, sino las condiciones en que se lanzaría a buscar la presidencia de la República en 2018.

En ese contexto coincidieron que la única carta de Moreno Valle para sucederlo en Casa Puebla es el alcalde capitalino, José Antonio Gali Fayad.

En cuanto a la puja interna del PRI por la nominación a la gubernatura, Blanca Alcalá y Enrique Doger manifestaron que el proceso no está siendo equitativo, ya que el subsecretario federal de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, usa «descaradamente» recursos públicos para promocionarse.

El activismo del diputado federal Javier López Zavala también fue tema de conversación, en la última reunión efectuada el pasado viernes en un hotel del Centro Histórico de Ciudad.

Alcalá y Doger han convenido mantener sus negociaciones, de las que están enterados el presidente y la secretaria general del CEN del PRI, César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, así como el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, y en la conveniencia de sumar a las mismas a otros aspirantes priístas a la gubernatura como Juan Carlos Lastiri.

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El viernes pasado Rodrigo Riestra Piña tuvo su primera reunión con las organizaciones campesinas de Puebla, en calidad de secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, y no le fue muy bien que digamos a pesar de las lisonjas de algunos dirigentes y productores afines al morenovallismo.

Si bien recibió apapachos, lo sobresaliente fueron los reclamos y reproches que le hicieron dirigentes de la UNTA y la CNC, no tanto por su desempeño sino por el abandono en que el gobierno del estado tiene al campo y la poca o nula atención que al sector brindó su antecesor, Mario Rincón González.

Mañana le doy detalles.

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El rector Alfonso Esparza Ortiz se reunió el jueves pasado con más de 3,500 trabajadores sindicalizados no académicos en el Salón Country de la colonia San Manuel, y la verdad es que nada mal le fue. Se aplicó y recorrió durante la comida la mayor parte de las mesas, acompañado de algunos de sus funcionarios y del secretario general del Sitbuap, Misael Mejía Pérez.

Ahí, Esparza reiteró a los sindicalizados el aumento salarial del 8 por ciento a los trabajadores que menos ganan y la incorporación de más de 900 de ellos de la Nómina de Recursos Propios a un esquema que les garantiza prestaciones como seguridad social a través del Hospital Universitario, aguinaldo, prima de fin de año y acceso al Círculo Infantil en beneficio de sus menores hijos.

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Los parches que el gobernador Rafael Moreno Valle tuvo necesidad de hacer en su gabinete por la nominación de cuatro de sus secretarios como candidatos a diputados federales no fueron en beneficio de la clase política o la tecnocracia poblana, ni tampoco del Partido Acción Nacional.

Si antes de los cambios y enroques sólo había cuatro poblanos en su gabinete, el número no subió con las nuevas designaciones. Hoy siguen siendo cuatro: el secretario de Seguridad, Facundo Rosas Rosas, quien es poblano a pesar de que su carrera profesional y policial la había desarrollado fuera de la entidad; el secretario de Transportes, Bernardo Huerta Couttolenc, quien pronto dejará de serlo para convertirse en subsecretario; Rodrigo Riestra Piña, quien fue nombrado secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT); y Heriberto Castillo Miranda, quien quedó como encargado de despacho de la Secretaría Particular.

Con los ajustes, el gabinete morenovallista perdió dos poblanos, Antonio Gali López, quien fungía como secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, y ahora pasó a ser jefe de la oficina del gobernador, y María Mercedes Aguilar López, quien se desempeñaba como secretaria particular, y ganó dos: los ya mencionados Rodrigo Riestra y Heriberto Castillo.

Por lo que hace a los militantes panistas, estos se quedaron sin cartera en el gabinete estatal. Antes por lo menos tenían dos: la SDRSOT, en la que despachaba el neopanista Mario Rincón González y la Secretaría Particular, con Mercedes Aguilar.

Ahora no tienen nada, pues ninguno de los nueve funcionarios recién llegados al gabinete como secretarios o encargados de Despacho figura en el padrón de miembros del PAN.

Alguien podría decir que sí hay un panista: Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, pero lo cierto es que este connotado militante del PAN no forma parte del gabinete, al menos en el que aparece en el sitio oficial web del gobierno del estado.

Lo que sí hay es un neo perredista, el ex titular de la SEP y ahora encargado de Despacho de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Benito Cruz Bermúdez.

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Buscará reelegirse aún sin el apoyo del gobernador

Lo ocurrido este fin de semana en la comida con motivo del cumpleaños número 45 de Rafael Micalco Méndez confirma lo que aquí le había anticipado: la intención de Casa Puebla de apresurar su salida, y de impedir su reelección, en diciembre de 2015, para un segundo periodo de tres años.

Desde hace más o menos seis meses, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN se ha convertido en una pieza incómoda para el gobernador Rafael Moreno Valle, quien este sábado no sólo fue el gran ausente en el festejo, sino el artífice de lo que el mismo Micalco calificó como un boicot.

El dirigente panista había convocado más o menos a diez mil panistas de diferentes regiones de la entidad para celebrar su cumpleaños, pero al evento que tuvo lugar en un campo deportivo del municipio de Cuautlancingo, sólo llegaron como cinco mil, la mayoría de municipios y comunidades de fuera de la capital poblana.

Los grandes ausentes en la fiesta de cumpleaños del diputado federal fueron, además del gobernador Rafael Moreno Valle y el alcalde capitalino José Antonio Gali, sus compañeros de partido y de curul en el Congreso de la Unión y el Congreso del estado, así como los regidores del ayuntamiento de Puebla.

Las figuras más notables que lo acompañaron a la mixiotiza fueron el diputado federal Julio César Lorenzini Rangel, el diputado local Pablo Montiel Solana, el regidor Miguel Méndez Gutiérrez y la candidata a diputada federal por el distrito 13 con cabecera en Atlixco, Leonor Popócatl Gutiérrez.

De aquí a las elecciones del domingo 7 de junio, las posibilidades de un cambio en la dirigencia estatal del PAN son prácticamente nulas. Lo más probable es que Micalco se mantenga al frente del Comité Directivo Estatal, pero sin mayor injerencia en la toma de decisiones, el proceso de selección y registro de candidatos, la conducción de la campaña y la designación de representantes partidistas ante los Consejos Distritales y las mesas directivas de casilla.

En otras palabras: Rafael Micalco estará en la campaña pero sin estar, ya que la verdadera estructura electoral panista del PAN será operada y coordinada por el diputado Eukid Castañón.

Sin cuadros para la dirigencia estatal

Para el gobernador Moreno Valle no será una tarea fácil sustituir al actual dirigente estatal panista, al menos con los miembros que integran su primer círculo de colaboradores.

Según las últimas reformas a los estatutos del PAN, entre los requisitos que deben reunir los aspirantes a la dirigencia estatal destaca el de cinco años de militancia.

De los principales cuadros morenovallistas que se han afiliado al PAN en fechas o años recientes –Eukid Castañón, Martha Erika Alonso, Mario Rincón González, Jorge Aguilar Chedraui y Patricia Leal Islas-, ninguno cumple con este requisito de antigüedad.

En esas circunstancias lo más probable es que el mandatario estatal eche mano para relevar a Rafael Micalco ya no de su primer círculo de colaboradores, sino del segundo o tercero, entre los que habría que anotar a Pablo Rodríguez Regordosa, Blanca Jiménez Castillo, Roberto Grajales Espina y Salvador Escobedo Zoletto.

La duda que ahora surge es quién de ellos podría derrotar en una elección interna a Rafael Micalco, quien este sábado no sólo mostró el músculo político al reunir a más de cinco mil militantes, a pesar del desaire y boicot de que fue objeto, sino su manifiesta intención de prolongar su gestión hasta diciembre de 2018.

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