Una estrategia que al Partido Acción Nacional le funcionó durante muchos años, pero que hoy le resulta cada vez menos efectiva (si no es que hasta contraproducente), es el escándalo mediático.

El problema de los dirigentes, diputados y regidores del PAN es que no son consecuentes ––y a veces ni congruentes–– con lo que denuncian, pues sus críticas y señalamientos se agotan cuando un medio de comunicación les da cabida en sus espacios informativos o en sus notas de ocho columnas.

Lo anterior viene a colación por la tardía denuncia que el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marcos Castro Martínez, presentó este miércoles en contra del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, por falsedad de declaraciones ante el Congreso del estado.

Por supuesto que no estoy en contra de que Juárez Acevedo haya sido acusado de mentiroso ante el Ministerio Público, al haber ocultado al Poder Legislativo su pertenencia como directivo de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Pero en el fondo, lo que la dirigencia estatal del PAN quiere con el caso Juárez Acevedo es atraer reflectores, sacar raja política, y hacer show mediático a costa de un personaje desprestigiado.

Si deveras la dirigencia y los diputados panistas quisieran fincarle responsabilidades e iniciarle un proceso administrativo por el delito de falsedad de declaraciones, ya lo habrían hecho desde septiembre de 2007, cuando descubrieron y tenían documentado que Juárez Acevedo aún fungía como secretario general de Plataforma Cuatro.

¿Por qué dejaron pasar más de un año para acudir al Ministerio Público a denunciarlo?

¿Por qué lo hacen ahora que Juárez Acevedo está por ser removido como presidente y comisionado de la CAIP?

¿Por qué, si deveras están agraviados por el cinismo y mentiras de Juárez Acevedo, han aceptado, cual mansos (¿o mensos?) corderitos, el largo y engorroso procedimiento seguido por la Comisión de Gobernación del Congreso del estado para destituirlo de la CAIP?

¿No será que en el fondo sólo le apuestan al escándalo mediático, como el que ayer protagonizó Marcos Castro en los pasillos de la Procuraduría General de Justicia?

Ojalá esté equivocado.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, está a un tris de convertirse en rehén del líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez, y no pocos de sus cómplices dentro y fuera de la administración municipal.

Blanca Alcalá ha mantenido una política errática en materia laboral y sindical, pues en su afán de echarse a la bolsa a Israel Pacheco, primero le abrió espacios en su planilla de regidores y luego le entregó la Dirección de Servicios Públicos.

Colmilludo, Israel Pacheco coló a Guillermina Hernández Castro como regidora, y luego a su hermano Conrado como subdirector de Servicios Públicos.

Hoy la alcaldesa paga caros sus desaciertos, tanto que ayer la regidora salió a criticar el supuesto terrorismo laboral de la presidenta municipal y Conrado encabezó una marcha de más de mil empleados del ayuntamiento, una buena parte de ellos adscritos a la Dirección de Servicios Públicos, para protestar por el despido de dos delegados sindicales.

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La conferencia del filósofo Fernando Savater en el San Pedro Museo de Arte, sobre la función de la ciudadanía en las democracias modernas, degeneró en un acto político de mal gusto.

De entrada metieron en el presidum a puros políticos, cuando la conferencia, se supone, habría sido organizada por la facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y la Secretaría de Cultura, con carácter académico.

En los carteles donde se publicitó la charla de Savater, así como en los pases de acceso, se anunciaba que el filósofo español sería presentado por su coterráneo, Vicente Carrera Álvarez, docente de la facultad de Filosofía.

El académico llegó con suficiente antelación al acto. Sin embargo, cuando Savater y la comitiva oficial que lo acompañó llegaron al Museo, Carrera Álvarez fue excluido, pues la presentación corrió a cargo de Ricardo Velázquez, director del Centro Mundial de Estudios sobre la Legalidad (Cemle) y ex asesor jurídico de Mario Marín Torres durante el “Lydiagate”.

Eso sí, en el presidum metieron al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, dizque con la representación del gobernador Mario Marín; al secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla; al secretario particular de Marín, Guillermo Deloya Cobián; y hasta al hijo de Raúl Salinas, Juan José Salinas Pasalagua, quien fue presentado como senador.

Al finalizar el acto, Víctor Baca, integrante del Cemle y del comité organizador, explicó al escaso público aún presente que la participación de Carrera Álvarez fue suspendida “porque el estrado es demasiado pequeño y frágil: corríamos el riesgo de que se viniera abajo si subía una persona más”. 

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La iniciativa de reformas electorales que el Partido Acción Nacional presentó al Congreso del estado el pasado 16 de octubre contempla empatar las elecciones federales con las locales, pero hasta julio de 2015.

Ello significa que el futuro gobernador, es decir, el sucesor de Mario Marín Torres, no tendría un periodo de seis años, sino sólo de cuatro años ocho meses, y que los futuros diputados y presidentes municipales no durarían en su encargo tres años, sino cuatro años ocho meses.

La intención de esta iniciativa panista, que fue turnada a la Comisión de Gobernación de la LVII Legislatura ––sin  que hasta el momento exista una fecha para su estudio y dictamen––, es homologar los comicios locales con las federales, siguiendo el espíritu de la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado.

El proyecto que, de entrada resulta polémico, parte de una realidad innegable: el hartazgo de los poblanos que año tras año estamos metidos en procesos electorales, caracterizados por grillas y enfrentamientos entre militantes y partidos, ausencia de propuestas viables y plausibles, y despilfarro económico y publicitario de los actores involucrados en cada elección.

El calendario político electoral de la última década ha sido el siguiente: En 1998 hubo comicios para gobernador, diputados locales y presidentes municipales; en 1999, plebiscitos para elegir autoridades en juntas auxiliares; en 2000 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2001 hubo otra vez comicios para diputados al Congreso del estado y autoridades municipales en los 217 ayuntamientos; en 2002 elecciones para presidente de Juntas Auxiliares; en 2003 elecciones para diputados federales; en 2004 elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos; en 2005 elecciones en 644 Juntas Auxiliares; en 2006 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2007 nuevamente elecciones para diputados locales y presidentes municipales, y en 2008 elecciones para renovar autoridades en las Juntas Auxiliares de la entidad.

Esta situación, en verdad absurda, ya no debe continuar, no sólo por el enorme derroche de recursos humanos y materiales que se destinan en cada proceso, sino por el irrecuperable tiempo que se invierte en estas elecciones.

La iniciativa del PAN contempla, además, que los comicios locales del 2010 se adelanten cuatro meses, del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, sin afectar el periodo de gobierno de Mario Marín, cuya gestión concluiría hasta el 31 de enero de 2011.

Los cambios de fondo serían para las autoridades locales entrantes. El más afectado sería el futuro gobernador, quien en lugar de durar seis años, sólo estaría en el puesto cuatro años ocho meses.

En cambio, resultarían beneficiados los próximos alcaldes y diputados al Congreso del estado cuya gestión, por única vez, se prolongaría de tres años a cuatro años ocho meses.

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MMT y la mayoría priísta ignoran la Reforma Constitucional
Promueven a hijo de Piña Olaya para una diputación federal

Un tema que hasta ahora no queda claro para nadie es si en Puebla se adelantarán o no las elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, del año 2010.

De acuerdo con la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión —y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007—, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro de meses, para llevarse a cabo en julio y no en noviembre.

En términos del artículo 116 constitucional fracción IV inciso a), las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda.

Sin embargo, localmente se ha dicho que por las elecciones extraordinarias celebradas en el municipio de Felipe Ángeles, Puebla quedará al margen de esa reforma, de suerte que la renovación de sus autoridades en la gubernatura, los 217 ayuntamientos y el Poder Legislativo, se efectuará en la fecha prevista por el artículo 19 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, es decir, el segundo domingo de noviembre.

Un detalle que confirma la hipótesis de que las autoridades estatales —entiéndase el gobernador Mario Marín Torres y la mayoría priísta en la LVII Legislatura— no quieren que los comicios locales del 2010 se adelanten de noviembre a julio, es la omisión del Congreso del estado para adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El Congreso del estado tenía un año, a partir del día siguiente que se publicó el decreto de la Reforma Constitucional, lo cual ocurrió el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, para adecuar su legislación electoral a las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión.

De más está decir que ello no sólo no ocurrió, sino que a estas alturas ni siquiera existe en la LVII Legislatura local una iniciativa de reforma encaminada a ese propósito.

La razón no es difícil de deducir. Es lógica: Mario Marín no quiere, ni está dispuesto a entregar el poder antes de tiempo.

En las reglas no escritas del sistema político mexicano el poder de un gobernante —llámese presidente de la República o gobernador— comienza a menguar con el inicio del último año del periodo sexenal o después del quinto informe de gobierno, y llega su nivel más bajo cuando se conoce el nombre de quien lo sustituirá.

En la cultura política priísta esta regla es inexorable.

Si en Puebla la Reforma Constitucional en materia electoral se aplicara, el nombre del candidato del PRI a suceder a Mario Marín en la gubernatura del estado se sabría no hasta mediados del 2010, sino a principios de ese año.

Y es que todas las fechas y plazos del proceso electoral tendrían que adelantarse si las elecciones locales se llevaran a cabo el primer domingo de julio.

Los partidos tendrían que registrar candidatos al cargo de gobernador ya no en la última semana de agosto de 2010, sino a finales de abril o principios de mayo.

Lo anterior significa, considerando los procesos internos y las precampañas de cada partido, que los precandidatos estarían en plena actividad por ahí de febrero, y que el nombre del elegido del PRI se conocería a más tardar en abril o mayo del 2010, cuando a Mario Marín aún le restan ocho meses de su periodo sexenal.

¿Usted creee que Mario Marín está dispuesto a que con la Reforma Constiucional su sexenio se acorte y se acote, con todo y que él concluiría su sexenio hasta el 31 de enero del 2011?

Ahora entiende por qué los priístas y en especial el Ejecutivo estatal no quieren adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El problema para el gobernador y los diputados locales del PRI, es que otros destacados priístas como el diputado federal Alberto Amador Leal, creen que detrás de esa negativa hay una intención de desacato y de violentar lo que en el Congreso de la Unión se aprobó.

Y si no me cree, lo invito a que escuche la entrevista que hace unas semanas concedió Alberto Amador a los directivos del periódico Puebla Sin Fronteras.

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

EN CORTO

Este sábado el hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya, Juan Pablo Piña Kurczyn, se reunió a desayunar con un grupo de jóvenes y simpatizantes del PRI, algunos de ellos egresados de la Escuela Libre de Derecho, para anunciar su intención de buscar la diputación federal por el noveno distrito con cabecera en el municipio de Puebla.

La reunión convocada por el menor de los vástagos de Mariano Piña y su esposa Patricia Kurczyn tuvo lugar en Las Acamayas del boulevard Hermanos Serdán, restaurante propiedad de Alejandro Pasos y de los favoritos del ex gobernador.

Juan Pablo Piña tiene como rival en ese distrito al empresario Julián Haddad Férez, ex director del Instituto Poblano del Deporte en el sexenio piñaolayista.

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Otro aspirante priísta a diputado federal que el sábado organizó una gran comilona en su rancho Ciénega Larga, allá entre Chignahuapan y Tlaxco, fue Saúl Rivera Sosa.

Al banquete para 3 mil personas acudieron presidentes y ex presidentes municipales, así como políticos de esa región de la Sierra Norte.

Entre los invitados destacó la presencia de Jesús Morales Flores, quien aprovechó el evento para promoverse como aspirante a Casa Puebla, mientras Saúl Rivera hacía lo propio para la diputación por el distrito 2 con cabecera en Zacatlán.

Saúl Rivera tiene como contricantes en ese distrito al líder de la Federación de Trabajadores de Puebla, Leonardo Soto Martínez, y al subsecretario de Desarrollo Social del estado, Juan Carlos Lastiri Quirós.

La familia de Sául Rivera ejerce un fuerte cacicazgo en la región, desde los tiempos de su papá don Lorenzo Rivera Castillo, quien fue presidente municipal de Chignahuapan al igual que él. Su hermano Lorenzo Rivera Sosa es diputado local en la LVII Legislatura, cargo que él también ostentó en la LV Legislatura.

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Y hasta la próxima.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, no sólo está obligada a exigir al gobierno de Mario Marín Torres mayores recursos para obra pública, sino a detener el protagonismo del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, en las giras que realiza para repartir cheques del Programa Manos a la Obra–Unidos para Progresar.

Lo que ocurre en esos eventos la deja mal parada ante la ciudadanía y sus subordinados, que no entienden por qué López Zavala puede llegar a un acto de la presidenta municipal, hacerse del control, montar lonas con su fotografía incluso encima de las colocadas por la gente de Alcalá, y agenciarse de los fondos aportados por el ayuntamiento.

Y es que el secretario de Desarrollo Social nunca especifica que la mitad de los recursos que entrega a vecinos de colonias populares, pobres o marginadas de la capital, corresponden al gobierno del estado y la mitad al ayuntamiento de Puebla.

Así sucedió el viernes pasado en Lomas de Chapultepec, donde se repartieron 126 cheques por un monto total de 3 millones de pesos.

Ese día, los operadores de López Zavala se agandallaron el evento organizado por la comuna, modificaron el programa y tapizaron con grandes lonas ––en las que reproducían fotografías con la regordeta figura del secretario de Desarrollo Social–– el lugar de la reunión.

El maestro de ceremonias ––puesto también por López Zavala–– arrancó el acto de entrega de cheques sin esperar el arribo de Blanca Alcalá. Cuando la presidenta hizo su arribo a la colonia, los fondos del programa municipal Manos a la Obra ya se habían repartido.

El problema para la alcaldesa es que esta situación se ha repetido en otras colonias como Tilostoc, San Bernabé Temoxtitla, San José de los Cerritos, Unidad Habitacional Bosques de San Sebastián, Joaquín Columbres, Unidad Habitacional SNTE, Unidad Habitacional VW 2, San Pablo Xochimehuacán, Constitución Mexicana y Bosques de La Cañada.

Y en todas, o casi todas, la escena ha sido la misma.

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El lunes por la tarde se reunieron a comer —muy en privado, con champagne y finos vinos de mesa— el arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz y su secretario de Desarrollo Social municipal, Víctor Manuel Giorgana Jiménez.

Los enterados aseguran que sólo se trató de una comida de despedida a don Rosendo Huesca, que en cualquier momento será relevado de la arquidiócesis de Puebla.

¿Será?

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Arturo Montiel, el popular “Jarocho”, fue designado ayer como director de Seguridad Pública de San Andrés Cholula.

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Al cumplirse ayer un año de la elección de Blanca Alcalá Ruiz como presidenta municipal de Puebla, valdría la pena preguntarse si lo que está haciendo como gobernadora de la capital del estado le alcanzará para ser considerada por su partido, el PRI, como una eventual aspirante a Casa Puebla en los comicios locales del 2010.

En lo personal, creo que si Blanca Alcalá no aprieta el paso, se hace del control de todas las áreas del ayuntamiento y se pone a negociar con el gobierno del estado mayores recursos para obra pública, sus posibilidades se irán por la borda.

Si la presidenta municipal de Puebla no cumple con las promesas y obras que prometió a quienes viven en la Angelópolis, su carrera política terminará con el trienio. Eso sí: podrá presumir que fue la primera mujer en gobernar la capital poblana, aunque con magros resultados.

¿Qué puede hacer Blanca Alcalá con su presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública?

La verdad es que muy poco. Y menos si mantiene esa actitud pasiva y, hasta cierto punto, timorata de no exigir mayores recursos al gobierno del estado.
¿Por qué la administración de Mario Marín Torres le puede dar al rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, más de 300 millones de pesos para la construcción del Complejo Cultural Universitario y le regatea esa misma cantidad al gobierno de la ciudad?

¿Será acaso que Blanca Alcalá no es su candidata y Enrique Agüera sí?

La verdad es que para una ciudad como Puebla —la cuarta con mayor número de habitantes del país—, un presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública es ridículo.

Dicha cantidad equivale a lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se gastará en una sola obra en la capital poblana. Me refiero a la reconstruccion y remodelación de la Vía Atlixcáyotl.

El costo de dicha vialidad —una de las más caras del país, considerando que cada kilómetro se pagará a razón de 100 millones de pesos— representa la totalidad de los recursos que para este año ejercerá el ayuntamiento de Puebla por concepto de obra pública.

Otra dependencia del gobierno del estado que también cuenta con mucho más dinero para obra que Blanca Alcalá es la Secretaría de Finanzas y Adminitración.

Sólo en un proyecto, el Centro Expositor, el secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, se gastará el doble del presupuesto del ayuntamiento capitalino.

Pero lo más contradictorio, o paradójico, es que Enrique Doger Guerrero ejerció, en su último año de gobierno como presidente municipal de Puebla, un presupuesto de casi mil millones de pesos en obra pública. Y eso que supuestamente no tenía el apoyo del gobernador Mario Marín.

Por eso insisto: ¿No será que Blanca Alcalá está congelada por el actual inquilino de Casa Puebla para dejarle el camino libre a su delfín, Javier López Zavala?

Es pregunta, que conste.

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Ayer, en la radio de Xicotepec de Juárez, se dieron tremendo agarrón el diputado local del distrito, Carlos Barragán Amador, y el dirigente municipal del PAN, Antonio Carballo Ríos. Este último acusó al legislador priísta de utilizar los programas y apoyos del gobierno del estado y de la Secretaría de Desarrollo Social para promoverse y hacer proselitismo a favor de su partido, a lo que aquél le respondió que prefería ir a la cárcel, y que lo denunciaran penalmente con tal de seguir ayundando a la gente pobre de la región.

El debate se dio al mediodía por la Radio Xicotepec Expresión 570.

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Sin duda, el aspecto más relevante del tercer informe del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, es la obra física que en su gestión se ha realizado y que equivale  ––incluyendo el Complejo Cultural Universitario––, al 40% de lo que había hasta el año 2005.

El magno Complejo Cultural de la BUAP que anoche fue inaugurado, y en donde Agüera rindió su penúltimo informe de su primer periodo de cuatro años, tuvo un costo de 886 millones de pesos, generó 3 mil empleos y se hizo en un tiempo récord de 13 meses, algo que ni el gobierno del estado ha podido efectuar en la gestión de Mario Marín Torres.

El rector de la BUAP aprovechó la lectura de su informe para reiterar que en su agenda personal no está el tema de la sucesión gubernamental, al afirmar en los meses por venir se concentrará aún más en las cuestiones fundamentales de la Universidad. Hay que decir, sin embargo, que dicho mensaje fue recibido con incredulidad por la clase política poblana que abarrotó el nuevo auditorio de la institución con capacidad para 3,500 personas.

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El ex jefe de Proyectos Especiales de la Secretaría de Cultura y ex secretario general de la Universidad de las Américas Puebla, Miguel Ángel Pérez Maldonado, partirá esta semana al continente africano para ocupar el cargo de secretario de Cooperación para África del Este, que le extendió la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Como diplomático mexicano, Maldonado será responsable de la cooperación económica, científica y cultural de México con siete países africanos: Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Eritrea, Tanzania y las Islas Seychelles.

El nombramiento del también escritor será por dos años. El embajador de México para África del Este es Juan Carlos Cué Vega, cuya sede diplomática se ubica en Nairobi, capital de Kenia.

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Hace unos días le informé que el periodista Raymundo Rivapalacio había sido relevado de la dirección editorial de El Universal, y que Jorge Zepeda Patterson había sido nombrado en su lugar.

Ahora estoy en condición de confirmarle esa noticia y de adelantarle que su nombramiento se hará oficial el próximo 20 de noviembre.

Con Jorge Zepeda también regresarán a El Universal Salvador Camarena, como director de Información; Rossana Fuentes Berain, como directora de Opinión, y Marco Lara Klahr, quien tendrá a su cargo una coordinación de investigación y proyectos especiales.

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Ayer preguntaba quién de los panistas poblanos se lleva o mantiene alguna relación cercana con el nuevo secretario de Gobernación federal, Fernando Francisco Gómez Mont, y el único nombre que me fue proporcionado fue el del senador Humberto Aguilar Coronado.

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Ante la negativa de Ana Teresa Aranda Orozco de ir en dupla con Rafael Moreno Valle Rosas en las elecciones locales del 2010, el senador panista ha comenzado a explorar otras alternativas que no terminan de convencerle, por su bajo punch electoral.

Una de éstas es la convocatoria del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del estado, Eduardo Rivera Pérez. Tiene a su favor el respaldo de El Yunque institucional y de algunos actores políticos importantes dentro del PAN, pero en contra su bajo, bajísimo nivel de conocimiento y posicionamiento entre los votantes de la Angelópolis.

Otra alternativa que también está siendo analizada es Myriam Arabian Couttolenc, ex diputada federal y actual coordinadora de delegados de la Secretaría de Desarrollo Social. Su problema, al igual que el de Eduardo Rivera, es que para la gran mayoría de los electores de la capital del estado es una soberana desconocida.

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Al director de la Policía Metropolitana, Óscar López Sánchez, es a quien hay que atribuirle el paro que efectivos de esta nueva corporación policíaca efectuaron ayer en protesta por el despido de Alejandro Fernández Soto como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Óscar López siempre se ha valido de esta estrategia, los paros, para escalar posiciones o sacar provecho personal.

Así lo hizo cuando Raúl Arandia Jiménez, en el ayuntamiento de Luis Paredes Moctezuma, asumió la Secretaria de Seguridad Pública y él fue desplazado de esa posición que ocupó en la gestión de Mario Marín Torres, y después a mediados de 2007 en la Policía Estatal cuando promovía la destitución de José Luis Sobreira Hernández como director de Seguridad Pública.

Otro que también quiso solidarizarse con el destituido Alejandro Fernández, sumando a los agentes de Seguridad Vial al paro de la Policía Metropolitana, fue Héctor Guerra Montiel, secretario particular del director de Seguridad Vial del estado, Carlos Arroyo Salamanca.

Carlos Arroyo y Héctor Guerra son gente de Alejandro Fernández, tanto que el primero sigue cobrando como jefe del C4, que funciona en el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a pesar de haber sido designado desde hace algunos meses como director de Seguridad Vial del estado.

Ambos, junto con Óscar López, temen ahora correr la misma suerte que Alejandro Fernández. Por eso el paro, que más que una protesta por la remoción de su padrino político, va encaminado a impedir que el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón Rodríguez, se haga del control del CESP y de la Policía Metropolitana.

¿O no?

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¿Por qué fue removido Alejandro Fernández del Consejo Estatal de Seguridad Pública?

A ciencia cierta no lo sé, pero me atrevo a suponer que su relevo no fue por una causa en particular, sino multifactorial.

Una de ellas, y quizás la más importante, fue su pleito con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón.

Otra, estrechamente vinculada con la anterior, fue su decisión de asignar y comprar armas cuyo uso nunca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ni por el general Ayón, poseedor de la licencia 38.

Fernández Soto incurrió no sólo esta irregularidad, observada por la SEDENA y el Consejo Nacional de Seguridad, sino en acciones que violaban la reglamentación interna del CESP, que es un órgano administrativo y normativo; no operativo.

Por tanto, las atribuciones de Alejandro Fernández y del CESP estaban excedidas con la creación de órganos de inteligencia, metidos a la operación policíaca, o la coordinación ––en la práctica–– de la Policía Metropolitana.

Un factor adicional que, sin duda, también influyó en su remoción, fue la detención y posterior liberación del empresario Juan Alfredo Aduna, asunto que provocó un enfrentamiento entre Alejandro Fernández y el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia.

Por alguna razón que aún se desconoce, Juan Alfredo Aduna es un personaje de Amozoc que goza de influencia política y de la protección de policías judiciales, que la tarde del lunes tuvieron un altercado con agentes de inteligencia y de la Policía Metropolitana a cargo de Alejandro Fernández.

¿Qué fue lo que más pesó?

Pronto, pronto se sabrá.

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Ocurrió el jueves 30 de octubre en el restaurante de moda de los políticos, El Burladero, por la temporada del mole de caderas y espinazos.

Al lugar llegaron los periodistas del Grupo 2 de Julio —Enrique Montero Ponce, Javier López Díaz, Carlos Martín Huerta Macías y Felipe Flores Nuñez— y el gobernador Mario Marín Torres acompañado de su director y su subdirector de Comunicación Social, Javier Sánchez Galicia e Ismael Ríos.

Después de una larga, pero larga sobremesa, Marín hizo ahí una confesión electoral a sus invitados de cara al 2011: que los gobernadores priístas estaban conformando un bloque y que este inclinaría la balanza de la sucesión presidencial.

Sí, así como lo lee, y que este bloque no apoyaría al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto y tampoco al presidente de la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones Rivera, sino a la actual presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel.

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Ayer fue despedido de la dirección editorial de El Universal, Raymundo Rivapalacio.

En su lugar fue nombrado el periodista Jorge Zepeda Patterson, quien se desempeñaba como director del semanario Día Siete, suplemento dominical de la misma casa editorial.

Jorge Zepeda fue subdirector de El Universal cuando la dirección editorial del rotativo, decano de la prensa nacional, estuvo en manos de Roberto Rock.

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Los dirigentes seccionales del SNTE siempre han criticado a los disidentes de tener en su movimiento a personas que no son profesores o que vienen de otros estados.

Pero ellos incurren en el mismo error que critican, al contar también con cachirules.

Una prueba es el oficio enviado el 27 de octubre por el secretario de Organización de la Sección 51, Gumercindo Herrera Rivera, al director de la Universidad Pedagógica Nacional campus Puebla, José Pedro Valdez.

En dicho oficio, el dirigente seccional informa que Isaí Bastían Martínez no fue a clases del 15 al 22 de octubre por encontrarse en resguardo de las instalaciones de la Sección 51 del SNTE.

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¿Quién es el secretario del gabinete marinista, actualmente de paseo en Europa, que a su regreso estrenará una nueva residencia de más de 2 millones de pesos en el exclusivo fraccionamiento Bosques de Angelópolis?

Un tip y una aclaración.

El tip: Actualmente tiene como vecino al diputado federal Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

La aclaración: el secretario en cuestión no vive en el fraccionamiento Cipreses de Zavaleta, ni está ampliando ––por segunda ocasión en menos de tres años–– su ya amplia casa.

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¿Quién es la directora responsable de recopilar e integrar la información de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado (Sedeco) para la elaboración del cuarto informe del gobernador Mario Marín Torres, que en la primera reunión de enlaces coordinada por la Secretaría de Finanzas y Administración únicamente llegó con un oficio, en el que hacía saber que los datos relevantes de su dependencia los haría llegar posteriormente?

Pista 1:
Generalmente llega después de las 8:30 horas a la Sedeco, donde un analista de su dirección la espera para estacionar su lujoso BMW y subirle a su oficina un espumoso café de máquina.

Pista 2:
Los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, que tienen la responsabilidad de documentar el informe del gobernador no pueden quejarse, al menos en voz alta, pues la directora en cuestión tiene como papá al poderoso subsecretario de Administración, Jorge Luis Mendoza Velarde.

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La secretaria de Educación Pública del gobierno federal, Josefina Vázquez Mota, ya no vendrá al tercer informe del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Enrique Agüera Ibáñez, previsto para el próximo lunes 10 de noviembre.

En su representación asistirá el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Alfredo Tuirán Gutiérrez, quien será invitado por el rector a la colocación de la primera piedra de lo que será la Biblioteca Central de la BUAP, obra en la que se invertirán 250 millones de pesos durante el 2009.

Al término del informe del rector Agüera, en el auditorio del Complejo Cultural Universitario, el canta autor Pablo Milanés ofrecerá un concierto en el explanada del magno recinto que ese día será inaugurado oficialmente.

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A propósito de artistas.

El comediante Eugenio Derbez, sobrino del rector de la Universidad de las Américas, Luis Ernesto Derbez Bautista, ofrecerá el martes 4 de noviembre, a las 12:30 horas en el Auditorio de la institución, una charla motivacional bajo el título “Yo creo en lo que creo…” que será abierta a todo el público, en el marco del ciclo de conferencias Celebridades UDLAP Otoño 2008.

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El escándalo policíaco por la captura y detención del ex procurador de Justicia de Tlaxcala, Edgar Enrique Bayardo del Villar, está por alcanzar a no pocos políticos, empresarios y ex jefes policiacos de la entidad, con los que aquél mantenía una estrecha relación.

Por lo pronto el ex director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, ya reconoció que el hoy detenido, como presunto cómplice y protector de la estructura criminal del narcotraficante Ismael «El Mayo» Zambada, fue una gente muy cercana a él, al grado que incluso trató de incorporarlo a la Procuraduría General de Justicia, cuestión a la que se opuso la entonces procuradora Blanca Laura Villeda Martínez.

Edgar Bayardo también mantuvo relaciones muy estrechas con el ex secretario de Seguridad Pública Municipal en la gestión de Enrique Doger Guerrero, Humberto Vázquez Arroyo, y con el empresario Edgar Nava, constructor y proveedor consentido de la administración estatal, al que incluso recomendaba guardaespaldas o escoltas.

Pero la lista de amigos de Bayardo es mucho más amplia.

Ahora a ver cuántos lo niegan, tras su captura como probable miembro de la célula de Jesús Zambada García, (a) «El Rey Zambada«, detenido el pasado 22 de octubre, como resultado de las investigaciones en contra del crimen organizado dentro la averiguación previa PGR/SIEDO/UEDICS/350/2008.

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Ocurrió el viernes 24 de octubre, en la residencia de Rodrigo López Sainz de Juambelz, allá por el Camino Real a Cholula.

Los convocados para festejar el cumpleaños del anfitrión ––Jorge Estefan Chidiac, Fernando Morales Martínez, Ismael Ríos Delgadillo, Enrique Núñez Quiroz y Mario del Olmo–– habían disfrutado de un delicioso mole de caderas, traído especialmente de Tehuacán por encargo del secretario de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses Rojas.

A la comida estaba invitado el gobernador Mario Marín Torres, quien llegó después, cuando la charla de sobremesa, al calor de los digestivos, estaba en su mejor momento.

Con su natural desparpajo, Estefan le preguntó a bocajarro al gobernador si ya tenía candidato, y éste le dijo que no, que aún no.

Juguetón, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja del Congreso de la Unión le reviró: gobernador si yo no voy a ser, por lo menos dame chance de promoverme para la próxima en alguna posición estratégica.

Marín asintió: ¿cómo ves la coordinación estatal de promoción al voto?

Estefan se dio por satisfecho.

El hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores no se quedó atrás y también quiso amarrar lo suyo: la diputación federal por el distrito 8 de Ciudad Serdán.

Fernando Morales soltó su inquietud sobre el activismo en la región del líder de los maiceros, Efraín García Bello.

Por respuesta, el gobernador sólo le dijo cuatro palabras, al más puro estilo del extinto cronista futbolero Fernando Marcos: “Tú haz lo tuyo”.

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Entre los políticos que este fin de semana partirán a Estados Unidos para observar las elecciones presidenciales de ese país, apunte usted los nombres del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier; de la delegada del CEN del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente; del director de Comunicación Social del gobierno del estado, Javier Sánchez Galicia; y del director de la encuestadora Indicadores, Elías Aguilar García.

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El lunes por la tarde en el Hotel Condado Plaza, el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, se reunió con uno de los constructores y proveedores favoritos del gobierno del estado, Edgar Nava.

¿Charla de amigos? ¿Plática de negocios? ¿Contratos de obra pública?

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