Con lo anterior no quiero decir, que el PRI va a la campaña constitucional —que se inicia de manera oficial el próximo 2 de abril— como si fuera a un día campo.

No. Para nada.

Lo que sostengo es que los partidos integrados en la coalición Compromiso por Puebla —PAN, PRD, PANAL y Convergencia— tienen un reto mayúsculo en su intento por hacerse de la gubernatura, las principales presidencias municipales y la mayoría legislativa en el Congreso del estado.

De entrada, tienen que revertir las tendencias electorales que hoy, de acuerdo con varias firmas encuestadoras, le son negativas tanto en la capital como en el interior del estado.

La candidatura de Eduardo Rivera Pérez a la presidencia municipal de Puebla no ha levantado hasta el momento gran expectativa, quizás porque los electores de la capital —muchos de ellos hartos del PRI y de sus políticos— esperaban una figura más conocida y de más reconocimiento social que la del excoordinador de la bancada del PAN en la LVII Legislatura local.

Los miembros de su planilla de regidores y síndico tampoco concitan o despiertan gran interés ciudadano, pues salvo algunas excepciones, como la ecologista Verónica Mastretta Guzmán o el exrector de la UPAEP, Mario Iglesias García Teruel, la mayoría son individuos poco conocidos, con escasa trayectoria social, recomendados o producto de las cuotas partidistas de la coalición opositora.

Juzgue usted, sino:

1. PRESIDENTE: Eduardo Rivera Pérez

SUPLENTE: Mario Iglesias y García Teruel (Sociedad)

2. REGIDOR PROPIETARIO: Roberto Villareal Vaylón (Partido Nueva Alianza)

SUPLENTE: Dolores Ciria Martínez Espinoza

3. REGIDOR PROPIETARIO: Arturo Loyola González (Partido de la Revolución Democrática)

SUPLENTE: María Alejandra Kuri Morales

4. REGIDOR PROPIETARIO: Matías Rivero Marines (Partido Acción Nacional)

SUPLENTE: Francisco Mota Quiroz

5. REGIDOR PROPIETARIO: José Luis Carmona Ruiz (Partido Acción Nacional)

SUPLENTE: Mari Cruz Cue Muñoz

6. REGIDOR PROPIETARIO: David Méndez Márquez (Partido de la Revolución Democrática)

SUPLENTE: Patricia Zepeda Yáñez

7. REGIDOR PROPIETARIO: Ana María Verónica Mastretta Guzmán (Puebla de Acuerdo)

SUPLENTE: Víctor Manuel Mayoral Muñoz (Partido Acción Nacional)

8. REGIDOR PROPIETARIO: Alejandra Domínguez Narváez (Partido Nueva Alianza)

SUPLENTE: Amada Eloísa Bravo Tlacatelpa

9. REGIDOR PROPIETARIO: Alicia Romero Ordaz (Convergencia)

SUPLENTE: Gloria Rodríguez Sánchez

10. REGIDOR PROPIETARIO: Carlos Ibáñez Alcocer (Partido Acción Nacional)

SUPLENTE: Maribel Pérez Vargas

11. REGIDOR PROPIETARIO: Xóchitl Maura Barranco Cortés (Partido Acción Nacional)

SUPLENTE: Ocotlán Jiménez Castillo

12. REGIDOR PROPIETARIO: Jaime Alberto Zurita García (Partido Acción Nacional)

SUPLENTE: Yissel Juárez Reina

13. REGIDOR PROPIETARIO: Irma Adela Fuentes Guevara (Partido Acción Nacional)

SUPLENTE: Rodolfo Carrasco Rivera

14. REGIDOR PROPIETARIO: Martha Patricia Thomé Andrade (Partido Acción Nacional)

SUPLENTE: Jaime Alberto Aurioles Barroeta

15. REGIDOR PROPIETARIO: Marcelino León Ochoa (Partido Acción Nacional)

SUPLENTE: José Antonio de Ovando Mantilla

16. REGIDOR PROPIETARIO: Pedro Alberto Gutiérrez Varela (Partido Acción Nacional)

SUPLENTE: Félix Hernández Hernández

17. REGIDOR PROPIETARIO: Miriam Mozo Rodríguez (Partido Acción Nacional)

SÍNDICO MUNICIPAL: Ernesto Bojalil Andrade (Partido Acción Nacional)

SUPLENTE: Francisco Javier Romero Juárez

Lo mismo sucede con los candidatos de la coalición opositora al Congreso del estado. Con honrosas excepciones, las fórmulas de candidatos a diputados están lejos de representar el espíritu de quienes se propusieron sacar al PRI Casa Puebla y de la mayoría del Poder Legislativo, impulsar un gobierno de transición, la democratización de las instituciones, y empujar reformas y acciones a favor de la transparencia, el desarrollo sustentable y la ecología.

Fuera de la excomisionada de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán y Mario Riestra Piña, la verdad es que los candidatos a diputados de la coalición Compromiso por Puebla están lejos de representar lo mejor de la sociedad poblana o un cambio de fondo.

Regiduría por regiduría y distrito por distrito, los candidatos de la coalición opositora no se distinguen por ser mejores que los postulados por la Alianza Puebla Avanza, conformada por el PRI y el PVEM. Y deberían serlo — y sustancialmente—, si de veras aspiran a gobernar el estado, las principales alcaldías y ser mayoría en el Congreso del estado.

No sólo porque se supone que echarían mano de sus mejores cuadros y de destacadas figuras ciudadanas, para pulverizar el voto de rechazo, que hoy concentran el PRD y el PAN por encima del PRI, sino porque a través de la coalición opositora evitarían que el PRI capitalizara los yerros del gobierno federal en materia económica y de seguridad pública, asociándolos al PAN.

Pero sobre todo, porque están abajo en la intención de voto, y porque la simple suma de sus votos no es suficiente para sacar al PRI de Casa Puebla o para que la oposición se haga de la mayoría en la próxima legislatura local.

Hace seis años, el PRI y Mario Marín ganaron la gubernatura con 886 mil 535 sufragios, hoy la meta de la Alianza Puebla Avanza es llegar a casi un millón de votos, lo que es descabellado considerando que en 2004 la votación del PRI y el PVEM habría sumado 917 mil 704 sufragios.

Para que la coalición Compromiso por Puebla obtenga ese millón de votos, Rafael Moreno Valle Rosas requiere algo más que la votación acumulada del PAN, PRD, Convergencia y el PANAL, lo cual ya es decir mucho, sobre todo a raíz de las últimas elecciones, que muestran una tendencia a la baja de la oposición y un repunte del PRI.

¿Logará la coalición opositora revertir esa tendencia y llegar al millón de votos que necesita para ganar la gubernatura?

El reto me parece muy grande, sobre todo tomando en cuenta que los candidatos de la coalición Compromiso por Puebla no han levantado mayor expectativa, y que hace seis años la suma de votos de toda la oposición, con excepción del PVEM, llegó a 810 mil 962 sufragios, 75 mil menos que los obtenidos por el PRI solito.

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Simón dice:

«En esta vida algunos hombres nacen mediocres, otros logran mediocridad y a otros la mediocridad les cae encima».

Joseph Heller (1923-1999. Escritor norteamericano.

Podría la Corte apresurar reforma electoral
Va José Juan Espinosa a debate nacional

Esta semana Francisco Bernat Cid comenzará un largo y tortuoso proceso para recuperar sus acciones del Puebla de la Franja y para vender el equipo de fútbol de primera división a Ricardo Henaine Mezher u otros inversionistas locales o nacionales.

Salvo sorpresa de última hora, Bernat acudirá antes del viernes, con su nuevo abogado Fernando Castillo Pacheco, a solicitar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el levantamiento de la providencia precautoria sobre sus bienes y acciones, ordenada por el Juzgado Noveno de lo Civil.

Previo a eso, pondrá a disposición de la Oficialía de Partes del Poder Judicial la suma de 9 millones 700 mil pesos, que el administrador provisional del equipo, Ricardo Henaine, le reclama.

Antes de hacer ese pago en el Tribunal, Bernat firmará un contrato de promesa de venta de acciones en beneficio de un futuro inversionista del club Puebla, contrato al que anexará como garantía de cumplimiento la agencia automotriz Chrysler de Plaza Loreto.

Sobre ambas operaciones el gobernador Mario Marín Torres está ampliamente informado, así como sobre los inversionistas locales y nacionales que estarían interesados en adquirir al Puebla de La Franja, entre los que sobresalen Julián Ventosa Aguilera y Olegario Vázquez Raña.

El monto de la operación aún no se ha definido, en buena medida por las demandas y conflictos que aún persisten entre los miembros de la directiva del club camotero.

Francisco Bernat pretende resolver sus diferencias legales con Ricardo Henaine antes de que concluya julio, mes en el que debe celebrarse la asamblea anual ordinaria de accionistas, donde se aprueban los estados financieros de la empresa y el monto de utilidad a recibir por cada socio o si éstas (las utilidades) se reinvierten en el equipo.

La tirada de Bernat, una vez que resuelva estos escollos, es vender sus acciones de las empresas Futbol Soccer —propietaria de las cartas de los jugadores del Puebla y de los derechos ante la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (Femexfut)— y Futbol Total, en 11 millones de dólares.

Sin embargo, la transacción final —prevista hacia finales de octubre— podría andar por los 7 ó los 8 millones de dólares.

INTRAMUROS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría resolver en cualquier momento la controversia impulsada por las dirigencias del PAN, PRD y Convergencia sobre la reforma constitucional aprobada por el Congreso del estado, que mantuvo como fecha de las próximas elecciones locales para gobernador el segundo domingo de noviembre de 2010.

El pasado 8 de junio, el máximo tribunal del país cerró el periodo de instrucción, es decir el plazo que los actores involucrados tuvieron para presentar argumentos y pruebas a favor o en contra de la referida reforma.

Lo más probable es que la Suprema Corte declare inconstitucional la reforma aprobada por la LVII Legislatura local, lo que meterá al Congreso del estado en un apuro, pues ahora tendrá que cambiar la Constitución del estado y el Código Electoral, así como publicar en el Periódico Oficial del estado las nuevas modificaciones, en estricto apego a la reforma constitucional federal, antes de que concluya el mes de agosto de 2009.

EN CORTO
Este lunes vence el plazo para que los partidos políticos acrediten ante el Consejo Local del IFE y los Consejos Distritales a sus representantes de casillas.

Hasta ayer domingo, el PAN tenía problemas en algunos distritos de Puebla y en el 1 de Huauchinango, donde no cubría el 100% de las casillas con un representante. Por lo que hace al segundo representante y a los suplentes de éstos, la situación era aún peor, pues la cobertura fluctuaba en niveles que iban del 50 al 70%.

Uno de los problemas que el PAN enfrenta en este proceso electoral es que no pocos de sus representantes quieren que el día de la jornada comicial les paguen entre 200 y 300 pesos.

Éstos arguyen dos situaciones: una es que el PRI sí paga este servicio a sus representantes de casilla y, dos, que en las elecciones federales de 2006, el hoy senador Rafael Moreno Valle Rosas ya también lo hizo en algunos distritos de la entidad.

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El dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, protagonizará este lunes un debate por televisión con César Nava Vázquez del PAN, Guillermo Lerdo de Tejada del PRI, entre otros.

El debate tendrá lugar en las instalaciones del Ajusto de TV Azteca, y se transmitirá por cadena nacional de 15 a 16 horas por el canal 40.

La polémica girará en torno a la participación de los jóvenes en política.

La decisión de incluir a José Juan Espinosa en ese debate partió del dirigente nacional de Convergencia, Luis Maldonado Venegas.

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Este domingo se celebró en el estadio Azteca de la ciudad de México, que lució a reventar, el 35 aniversario de Antorcha Campesina. El acto fue encabezado por el dirigente nacional de esta organización, el poblano Aquiles Córdova Morán, quien tuvo como invitados especiales a los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, así como a la senadora María de los Ángeles Moreno.

Entre los políticos locales invitados a la celebración antorchista estuvieron el diputado federal Alberto Amador Leal; el secretario adjunto del CEN del PRI, Jaime Alcántara Silva, y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

Al arribar al presidium, Peña Nieto saludó a Doger Guerrero con un cálido: “¡Quiúbole tocayo, cómo estas!

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Este lunes el Consejo Local del Instituto Federal Electoral dejará sin efecto la sanción económica por 16 mil 440 pesos le que impuso al candidato del PRI a diputado federal por el distrito 1 de Huauchinango, Ardelio Vargas Fosado, por la colación anticipada e irregular de propaganda en muebles de equipamiento carretero.

Esta resolución podría sentar un precedente, y favorecer a otros candidatos del PAN y Convergencia que también han sido multados por colocar propaganda en lugares prohibidos o fuera de tiempo, como Eduardo Morales Garduño y José Juan Espinosa Torres.

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Simón dice:

“Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo”.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Si el Congreso del estado se pone abusado y actúa con prontitud, Antonio Juárez Acevedo podría ser echado de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) entre este miércoles y jueves.

Y es que al todavía comisionado de la CAIP se le olvidó solicitar en el juicio de garantías que promovió ante el Juzgado Séptimo de Distrito la suspensión del acto reclamado, es decir, la remoción que la LVII Legislatura local aprobó en su contra.

Pero si por el contrario, el Congreso se demora y deja correr los días, lo más seguro es que Juárez Acevedo se percate de su error y pida de inmediato que el juez ordene la suspensión de su destitución, en tanto se resuelve de fondo el amparo.

Los anteriores razonamientos, debo aclarar, no son míos sino de un despacho de abogados que brinda asesoría a la LVII Legislatura, y en particular al coordinador de Apoyo Parlamentario e Informática Legislativa, Gilberto Navarro Jiménez.

Dicho bufete se denomina Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C., y tiene entre sus integrantes al polémico Fernando Urbano Castillo Pacheco, quien antes, por petición del notario público José Bustos Jiménez, ofreció su asesoría al hoy defenestrado comisionado de la CAIP.

En un escrito de cuatro páginas, Fernando Castillo enfatiza que el Congreso debe actuar con prontitud, enviándole al presidente de la CAIP un oficio donde además de prohibirle a Juárez Acevedo el acceso a las instalaciones de la Comisión, se le retire el equipo físico, técnico, así como cualquier otro recurso material y humano que esté a su servicio dentro del organismo.

Para consultar con más detalle las recomendaciones de Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C. al coordinador de Apoyo Parlamentario del Congreso haga clic en los siguientes documentos.

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Este lunes y martes corrió como reguero de pólvora la versión de que Guillermo Nares Rodríguez había renunciado o solicitado licencia como director de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, con el propósito de participar en las próximas elecciones para rector en la institución.

En breve entrevista, Nares Rodríguez me dijo que la especie era falsa, pero que está en espera de una reunión de trabajo con el rector Enrique Agüera Ibáñez después de la cual definirá si busca su reelección como director de la facultad de Derecho u opta por pedir licencia para estar de condiciones de contender por la rectoría de la BUAP.

Nares explicó que la versión a él también le llegó y que ésta puede tener su origen en una serie de licencias que el jueves se conocieron en el Consejo de Unidad de la facultad de Derecho por parte de profesores que solicitaron licencia para hacer una estadía en el extranjero o por superación académica.

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Simón dice:

“La ingratitud es hija de la soberbia”.
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) Escritor español.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Uno de los graves problemas de Javier López Zavala en su proyecto por convertirse en candidato del PRI a la gubernatura de Puebla es el descuido de las formas.

Para muestra un botón:

El encuentro que este martes tuvo, en su calidad de secretario de Desarrollo Social, con los diputados de la LVII Legislatura local, en un concurrido restaurante de la avenida Juárez.

El hecho no tendría mayor trascendencia si no fuera por tres pequeños detalles:

La comida pareció un agradecimiento de Zavala a los diputados y funcionarios que lo cuidaron y acompañaron en su comparecencia ante el pleno del Congreso del estado.

Las carnes y viandas que Zavala y sus invitados disfrutaron en El Chimichurri se pagaron con recursos públicos.

No todos los legisladores fueron convocados, y entre los excluidos figuran miembros de su propio partido.

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Este martes Adolfo Acevedo García fue presentado como director general de Marconi Comunicaciones, empresa radiofónica concesionaria de la Tropical Caliente, de Rafael Cañedo Carrión.

Con Acevedo también llega a la estación de frecuencia modulada, Noel Quijas, quien se hará cargo de la Dirección Comercial.

Andreas Cañedo se mantiene en Marconi Comunicaciones, pero ahora como director de Proyectos Especiales.

Adolfo Acevedo se desempeñaba como director de Comunicación Social de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, y como socio de “El Yuca”, Gerardo Sánchez, en una empresa productora de audio y video a nombre de David Sánchez.

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Este jueves podrían conocerse los nombres de los precandidatos a diputados federales que el Comité Directivo Estatal del PAN tiene derecho a proponer por la vía plurinominal.

Sobre los nombres que finalmente serán propuestos existen muchas versiones.

Para abonar más a la especulación, aquí le adelantaré dos cosas que pueden dar por confirmadas: la primera, es que el dirigente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, no será propuesto y, la segunda, es que en la terna del Comité Directivo Estatal van Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, y Pablo Rodríguez Regordosa.

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Tómelo con reserva, pero ante los ajustes que ya prevé para este año la Secretaría de Finanzas y Administración, cuentan que una de las entidades que podrían sufrir un recorte de hasta el 10% de su presupuesto, es el Instituto Electoral del Estado.

Y eso que se supone que el IEE es un órgano autónomo.

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Simón dice:

“Hemos de proceder de tal manera que no nos sonrojemos ante nosotros mismos”
Baltasar Gracián, escritor español.

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Rivera Santamaría, burla con la obra pública
Gutierrez Jamarillo, observadora de la OEA
Pepe Tomé, secretario de Prensa del PRI

Si de algo ha servido el caso de Antonio Juárez Acevedo, destituido presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), es para evidenciar la incompetencia y falta de pericia política de los diputados del Congreso del estado, en especial de los priístas.

El largo y engorroso procedimiento que llevó a cabo la Comisión de Gobernación —a cargo del diputado priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa— para la remoción de Juárez Acevedo, se justificó en aras de impedir que éste se amparara en contra del Poder Legislativo.

Desde el pasado 26 de septiembre de 2007, en la que fracción panista planteó de manera formal la destitución de Juárez Acevedo por violar el artículo 27 de la Ley de Transparencia, la bancada priísta siempre se mostró reticente para agilizar su remoción.

Primero dijo que el asunto de la supuesta pertenencia del presidente de la CAIP a Plataforma Cuatro debía investigarse a fondo; luego, cuando la prensa publicó nuevas evidencias que acreditaban a Juárez Acevedo como secretario general de esa agrupación política nacional, arguyó que el Congreso debía esperar que el IFE certificara tales documentos y cuando así se hizo, se sacó de la chistera un burocrático procedimiento para impedir, supuestamente, que Juárez se amparara y echara abajo su remoción.

El caso es que después de que la LVII Legislatura local decidió por unanimidad de votos destituirlo, el pasado 15 de diciembre, y pedir a la Contraloría su inhabilitación del servicio público, Juárez Acevedo no sólo continuó en la CAIP, sino que participó en la elección de su nuevo presidente, Samuel Rangel Rodríguez.

Para hacerlo arguyó dos cuestiones: una, que la resolución del Congreso del estado aun no causa ejecutoria y, dos, que presentó un recurso de revisión contra su remoción.

Bajo esa lógica y el amparo que está por presentar ante un juez de distrito, lo más seguro que Juárez Acevedo se mantenga como comisionado de la CAIP al menos otros tres meses, burlándose de los diputados, pero sobre todo del presidente de la Comisión de Gobernación, al que por lo visto ya le tiene tomada la medida.

INTRAMUROS
De risa lo que sucede en Puebla con la obra pública y los constructores que la ejecutan.

Resulta que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública —a cargo de Javier García Ramírez— decidió rescindirle a la empresa Proyectos y Estudios Especializados de México una importante obra, de casi 20 millones de pesos, en la junta auxiliar de San Aparicio.
Se trata de la ampliación a cuatro carriles de la Calzada Alfredo Toxqui.

La Secretaría justificó su determinación en el retraso de más de un año de esa vialidad, que debió concluirse el 27 de junio del año pasado, según contrato O.P./L.P.E./SEDUOP-20071176.

La Calzada Alfredo Toxqui finalmente será inaugurada en febrero de 2009, después de que las obras fueron reasignadas a la empresa Concretos Especiales Mexicanos, que —a decir del presidente de la junta auxiliar Abraham Esteban Aguirre— trabaja a marchas forzadas para terminarla en el transcurso de las próximas dos semanas.

El único que detalle es que tanto Proyectos y Estudios Especializados de México como Concretos Especiales de México son del mismo dueño: Eduardo Rivera Santamaría, para servir a usted.

EN CORTO
La consejera local del IFE, Alejandra Gutiérrez Jaramillo, fue seleccionada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para participar como observadora internacional en las elecciones del próximo domingo 18 de enero en la República de El Salvador.

Alejandra y otro funcionario de las oficinas centrales del IFE, son los únicos mexicanos que participarán en la Misión de Observación Electoral de la OEA.

Para atestiguar el desarrollo de los comicios municipales y legislativos en El Salvador, la también profesora de la Universidad Iberoamericana de Puebla viajará a ese país centroamericano el próximo jueves 15 y retornará a México el martes 20 de enero.

Su experiencia y observaciones sobre las elecciones salvadoreñas se publicarán en e-consulta, a partir del 16 de los corrientes.

En el Consejo Local del IFE la consejera Alejandra Gutiérrez coordina la Comisión de Comunicación.

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Una larga e intensa reunión de evaluación y programación de más de 12 horas fue la que Blanca Alcalá Ruiz encabezó el viernes, en uno de los salones del Centro Vacacional de Metepec, con los secretarios y funcionarios de su gabinete legal y ampliado.

A la sesión de trabajo acudió también Rigoberto Benítez Trujillo, director de Opina Consultoría Estratégica, quien presentó una evaluación sobre la percepción que los capitalinos tienen del ayuntamiento de Puebla, así como de sus principales funcionarios y acciones de gobierno.

En general, dijo que la gestión de Blanca Alcalá es aprobada por la mayoría de los ciudadanos de Puebla, aun cuando se advierte que hay poca obra y rezago en algunos servicios públicos.

Durante la reunión, la presidenta municipal anunció que este año se ejecutarán 400 nuevas vialidades, entre ellas dos distribuidores viales, uno en el crucero que forman los boulevares Héroes del 5 de Mayo y Valsequillo, y otro sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 14 Oriente.

El fantasma de los cambios se hizo presente en la jornada. Blanca Alcalá no adelantó ninguno, pero sí dejo en claro que éstos se darán hasta después de su primer informe de labores.

Lo que sí hubo fue algunos reconocimientos de la presidenta municipal al director del Instituto de Arte y Cultura, Pedro Ocejo Tarno; al Sistema DIF municipal, a cargo de su hermana Gabriela Alcalá; al tesorero Javier Ramírez Carranza, y a la secretaria de Administración y Tecnologías de la Información, Gabriela García Maldonado.

La reunión terminó con una partida de rosca, y el exhorto de la alcaldesa a los cerca de 40 funcionarios que la acompañaron a redoblar esfuerzos, a mantener la unidad, la disciplina, y a cumplir con las metas programadas para el 2009, a pesar de la crisis económica y las limitaciones presupuestales.

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José Tomé Cabrera asumirá este lunes la Secretaría de Prensa y Propaganda del Comité Directivo Estatal del PRI, a invitación del dirigente priísta Alejandro Armenta Mier, con quien ayer domingo afinó los detalles de su nombramiento.

Con Pepe Tomé también llegarán al PRI Sandra Izcoa Reyes, como jefa de Prensa, en sustitución de Luz María (Lucero) Carrera Téllez; Abraham López Posa, como jefe de Relaciones Públicas; Juan Carlos Blanca García, como jefe de marketing y diseño gráfico, y Cindy Alejandro Ibarra, como asistente.

Sandra Izcoa es periodista, fue conductora de los noticiarios de Televisa Puebla; directora de Comunicación Social en el DIF estatal con Socorro Alfaro de Morales, esposa del ex gobernador Melquiades Morales Flores, y presidenta del DIF en el municipio de Cuyoaco, durante la gestión de su esposo Benjamín Lobato Fernández.

Abraham López es un colaborador cercano a Pepe Tomé, con quien ha trabajado primero en el DIF estatal hace más de tres años, y luego en la Secretaría de Desarrollo Social del estado.

Juan Carlos Blanca fue director de mercadotecnia cuatro años de la consultora Gedas México, firma especializada en la proveeduría del servicio de outsourcing para industrias manufactureras como Volkswagen, y en proyectos de Tecnología de Información.

Para ocupar la vacante que deja Pepe Tomé en la Dirección de Comunicación Social aún no hay sustituto. Lo único que se sabe es que Erika Jaramillo González quedará como encargada de despacho, y que Óscar de la Vega Torres no puede asumir el cargo por alguna inhabilitación política o legal.

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Carlos Raúl Alvarado Rodríguez ya dejó de laborar en la Secretaría de Salud como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social, para incorporarse a la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del gobierno del estado, dependencia en la que tendrá un mayor juego.

Por lo pronto, su jefe Javier Sánchez Galicia le encargó la coordinación de la cobertura, difusión y promoción del cuarto informe del gobernador Mario Marín Torres.

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La evidencia más contundente de que Gerardo María Pérez Salazar no será promovido a una curul en la próxima legislatura federal, es que el secretario de Finanzas y Administración del estado se irá de gira con el gobernador Mario Marín a Italia, Francia y España del 17 al 28 de enero, es decir, justo en los días en que el PRI definirá sus fórmulas de candidatos por los 16 distritos en que se divide la entidad.

Pérez Salazar, quien primero buscó la diputación por Atlixco y luego por el distrito 11 de la capital poblana, acompañará al gobernador a Milán, donde se reunirá con el administrador de la feria de esa ciudad italiana, Sandro Bicocchi, con la alcaldesa Leticia Morat, y con el presidente de la región de Lombardía, Roberto Formigoni.

El secretario de Finanzas aprovechará su estancia en Milán para reunirse con su hija, a la que no hace mucho también visitó.

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La directora jurídica de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Administración del ayuntamiento de Puebla, Eva María Cabrera Zurita, departió el viernes por la noche con algunos proveedores de la comuna en el cantabar Il Canto, de la Avenida Juárez 2113, en la colonia La Paz.

El asunto no tiene nada de malo, pero puede generar controversia por las funciones de Eva Cabrera, y de la Secretaría de Administración, que es la que se encarga de la contratación y pago de proveedores, así como de las adquisiciones y licitaciones que lleva a cabo la comuna.

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Y hasta la próxima.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com

Raúl Arandia Jiménez, va por la plurinominal
Busca la oposición responder el cuarto informe

Aun cuando dentro del Partido Acción Nacional existe la certeza de que el senador Rafael Moreno Valle Rosas es ––hoy por hoy–– el precandidato a Casa Puebla mejor posicionado y el que más posibilidades tendría de ganarle al PRI la gubernatura, en el transcurso de las próximas semanas destacadas figuras del panismo ––tanto de la capital del estado como de la región de Tehuacán–– se pronunciarán a favor de Felipe de Jesús Mojarro Arroyo.

La intención de estos panistas es construir desde ahora una opción diferente a la de Moreno Valle, con un cuadro conocido y reconocido por la membresía, y de más confianza al interior del PAN, como lo es el actual delegado del Infonavit.

A diferencia del ahijado político de Elba Esther Gordillo, de reciente incorporación a las filas panistas, Felipe Mojarro es desde hace 11 años miembro activo del PAN, lapso en el cual se ha desempeñado como presidente municipal de Tehuacán, secretario de la Asociación de Municipios de México (AMMAC), consejero estatal y secretario del Comité Directivo Estatal del PAN.

La precandidatura del tehuacanero ––cuyo nivel de posicionamiento electoral entre los panistas y ciudadanos de la entidad es bajísimo, pues hasta ahora poco o nada se sabía acerca de sus aspiraciones–– podría encontrar un buen caldo de cultivo entre la militancia panista, que no termina de aceptar a Moreno Valle, pero que además está harta de aquellas figuras partidistas que elección tras elección se reciclan.

Felipe Mojarro es percibido por los panistas como una gente de casa, y por lo mismo los grupos que controlan el partido ­––entiéndase los yunquistas, en sus distintas ramificaciones–– no lo ven como una amenaza o peligro, como ocurre con el senador Moreno Valle.

Tiene a su favor, además, que no está enemistado con la dirigencia estatal, ni con las figuras históricas del partido como Francisco Fraile García, Ana Teresa Aranda Orozco o Jorge Ocejo Moreno, sino que por el contrario mantiene una buena relación con ellos, así como con empresarios y constructores tanto de la capital como de Tehuacán que bien podrían ayudarlo con recursos y financiamiento privado en su campaña.

Y algo no menos importante: es percibido como una figura nueva o fresca, a pesar de sus años y sus canas, pero con experiencia en la administración pública, pues fue presidente municipal de 1999 a 2002, y lleva más de seis años como delegado del Infonavit, siendo uno de los mejores ––por sus logros–– a nivel nacional.

EN CORTO
Otro tehuacanero que también quiere ser noticia en este naciente 2009 es Raúl “El Huracán” Arandia Jiménez, quien pretende ser diputado federal del PAN por la cuarta circunscripción política del país, que comprende al Distrito Federal y a los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Arandia Jiménez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en la gestión de Luis Paredes Moctezuma, y hasta hace poco como director de Reincorporación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal, buscará ser propuesto para esa posición por los comités municipales del PAN de Tehuacán ––donde  fue regidor y funcionario del ayuntamiento en el trienio de Felipe Mojarro Arroyo–– y de Puebla, donde actualmente reside.

Quien también quiere ser diputada federal, pero por la vía plurinominal, es la ex diputada local y actual dirigente del movimiento femenil del PAN en el estado, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández.

La convocatoria correspondiente será expedida por el Comité Directivo Estatal del PAN por ahí del 15 de enero.

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Ahora que se aproxima el cuarto informe de labores del gobernador Mario Marín Torres, los diputados del PAN en alianza con el perredista Melitón Lozano Pérez, el coordinador del PANAL Gustavo Espinosa Vázquez y el diputado “independiente” José Manuel Benigno Pérez Vega ––mejor conocido como Pepe Momoxpan––, le exigirán al presidente de la Gran Comisión y coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del estado, José Othón Bailleres Carriles, cumpla con el acuerdo suscrito hace un año, por el cual se comprometió a que fuera rotatoria entre las diferentes fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura local la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Los legisladores de oposición insistirán en que uno de los suyos sea el que presida el Congreso durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura, y por tanto el que responda el cuarto informe de gobierno de Mario Marín.

A Othón Bailleres le recordarán el acuerdo que el pasado 10 de enero de 2008 firmó, junto con el resto de las fracciones parlamentarias, aceptando la rotación de la presidencia de la LVII Legislatura entre los distintos grupos parlamentarios, lo que a la fecha no ha ocurrido, ya no solo en los periodos ordinarios, sino durante los recesos.

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A la lista de legisladores locales del PRI que andan tras una diputación federal agregue el nombre de Josefina García Hernández, quien jura y perjura que ella es la figura de más peso para derrotar al PAN en esa región de la entidad.

Josefina García es diputada por el distrito local 22 con cabecera en Zacapoaxtla.

Otras dos diputadas locales que también quieren llegar al Congreso de la Unión, vía las elecciones del primer domingo de julio de 2009, son Janeth González Tostado, del distrito de San Martín Texmelucan, Gudelia Tapia Vargas por Teziutlán.

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A pesar de la crisis económica y supuestas bajas ventas del comercio local, el Palacio de Hierro del Centro Comercial Angelópolis registró en diciembre pasado ventas millonarias.

En la Venta Palacio de diciembre de 2007, la tienda de Puebla vendió 12.5 millones de dólares en mercancía, y en las dos Noches de Gala de Palacio de diciembre de 2008 vendió 18 millones de dólares.

Como dato curioso, sólo en El Palacio de Hierro de Puebla y de Santa Fe, en el Distrito Federal, la Noche de Gala Palacio no fue de un día, como en el resto de las tiendas de esta firma en la República Mexicana, sino de dos.

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Quién sabe por qué, pero el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Gerardo María Pérez Salazar, anda buscando un acercamiento con el senador del PAN, Rafael Moreno Valle Rosas.

El conducto para ese acercamiento es Adolfo Acevedo García, director de Comunicación Social de la Secretaría de Finanzas, cargo al que llegó en sustitución de Marcelo García Almaguer, a instancias de Moreno Valle cuando éste era titular de la dependencia en el sexenio melquiadista.

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Me adelantan que si bien Sergio de la Luz Vergara Berdejo será separado de la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública para el Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, éste no dejará la administración pública municipal, pues será reubicado en una nueva área que tendrá bajo su responsabilidad las obras de restauración y rescate del Centro Histórico de la Ciudad.

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Feliz año nuevo.

Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

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Aun cuando la Gran Comisión aún no define la terna que será presentada al pleno de la Cámara de Diputados, lo más probable es que Blanca Lilia Ibarra Cadena sea quien la encabece y la que ocupe el cargo que dejará vacante en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán.

De los 15 aspirantes al cargo que ayer fueron entrevistados por los diputados de la Gran Comisión del Congreso del estado, hay coincidencia que las mejores exposiciones fueron las de Josefina Buxadé, Blanca Lilia Ibarra, Ana Belén Mendieta Lozada y Roberto Díaz Sáenz, en ese orden.

Para los legisladores priístas, que son los tienen en sus manos la decisión, las propuestas de Blanca Lilia Ibarra y Josefina Buxadé representan dos complicados dilemas.

En el caso de la presidenta de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, existe el temor de que su nombramiento pueda ser impugnado, bajo el argumento de que Ibarra no cumple con el punto seis de la convocatoria expedida por el Poder Legislativo, y que a la letra dice:

«6.- No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación o agrupación política durante los tres años previos al de su designación».

Ayer la propia Blanca Lilia Ibarra explicó a los diputados que la interrogaron sobre el particular que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Puebla, de la cual se separó para registrarse como aspirante a comisionada de la CAIP, no es una dependencia o entidad municipal, sino un organismo auxiliar transitorio.

Su argumentación no convenció del todo a un sector de los diputados del PAN, que anoche recibieron un informe de sus asesores jurídicos en el sentido de que la participación de Blanca Lilia en el proceso de renovación de la CAIP podría ser violatoria de la convocatoria emitida por el Congreso del estado para tal fin.

El segundo dilema de los priístas es no saber cómo o bajo qué argumentos impedir la continuidad de Josefina Buxadé al frente de la CAIP.

Y más cuando ayer se conoció que además de la UDLA-P, la Ibero, la UPAEP, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Fundación para la Libertad de Expresión, entre otras organizaciones que la nominaron, cuenta con el respaldo de intelectuales, escritores, periodistas, consejeros electorales y académicos de reconocida talla nacional e internacional que no debieran ser ignorados.

Por lo pronto hoy continuarán al seno de la Gran Comisión las negociaciones, por lo que la terna definitiva que este jueves será presentada al pleno de la LVII Legislatura local se conocerá hasta hoy por la noche o mañana antes del medio día.

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* Gastó en telefonía celular tres veces más de lo autorizado
* Emmelhainz sustituirá a Toño Quintana en la UPAEP

La discusión y análisis de la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado, por parte de la LVII Legislatura local, podría marcar el Waterloo de Jorge Sánchez Morales como consejero presidente del organismo.

Si de por si su credibilidad y confianza se encuentran bastante maltrechas, lo más probable es que cuando se hagan públicas sus mentiras sobre el informe financiero que presentó en marzo, así como sus excesos y abusos sobre algunas partidas presupuestales, su posición como presidente del IEE se vuelva insostenible.

Y más ahora que algunos consejeros y representantes de partidos políticos están que trinan contra él por haberlos excluido del seminario internacional campañas electorales exitosas, que tuvo lugar los días 5 y 6 de junio en el Centro de Convenciones, y por haber presumido el patrocinio de un curso sobre Derecho Electoral en la Ibero, que el mismo personal del Instituto se pagó.

Resulta que el jueves pasado, algunos consejeros y representantes de partidos políticos, como Hugo Aguilar Díaz, se presentaron al Centro de Convenciones y no se les permitió el acceso, con el argumento que los únicos inscritos para el evento eran los consejeros Joel Paredes Olguín, Paul Monterrosas Román, Víctor Rodríguez Serrano y Rosalba Velázquez Peñarrieta, y los representantes del PRI, José Alarcón Hernández, y del PANAL, Ricardo Mosqueda Lagunes.

La descortesía los tiene furiosos.

Inconsistencias financieras

Ahora que el ejercicio presupuestal de 2007 del IEE ha empezado a ser revisado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise) del Congreso del estado, han comenzado a salir también algunas contradicciones e inconsistencias.

La primera novedad es que no hay uno, sino dos informes anuales por parte de Jorge Sánchez Morales; uno de 32 páginas, que se entregó a los miembros del Consejo General, en aquella sesión del 5 de  marzo; y otro más amplio de 74 páginas, que ofrece mayores detalles capítulo por capítulo sobre la forma en que aplicó el gasto del Instituto el año pasado.

El primer informe omite, por decir lo menos, algunos excesos y abusos en que incurrió el consejero presidente del IEE.

Para muestra un botón: la partida 3152 denominada Servicio de Telefonía Celular.

A la presidencia del IEE se le fijó un presupuesto anual por esta partida de 28,565 pesos, sin embargo hasta noviembre del 2007, según una solicitud de información, la oficina de Jorge Sánchez se había gastado 93,090.97 pesos.

Es decir, en sólo dos meses (julio y agosto), el consejero presidente rebasó el tope anual autorizado para toda su oficina, según acuerdo IEE/JE-045/2007.

Este pequeño detalle no aparece en ninguno de los dos informes, sino en la contestación a una petición de información registrada bajo la clave IEE/UT/022/08.

Otra inconsistencia en las cuentas reportadas por el IEE ante el Orfise es el supuesto remanente de 1´616,153.29 pesos registrado en el ejercicio del 2007.

Este, para empezar, nunca se reintegró a la Secretaría de Finanzas y Administración, sino que fue utilizado para cubrir adeudos del 2007 por 789,994.86 pesos y un déficit presupuestal por 817,158.43 pesos.

¿Dónde quedó entonces el supuesto remanente?

EN CORTO

Será en agosto próximo cuando Francisco Emmelhainz Naveda asuma la presidencia de la Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en sustitución de José Antonio Quintana Fernández, quien por 35 años ha encabezado el patronato de esta institución. 
Emmelhainz se desempeña actualmente como vicepresidente de la Junta de Gobierno.

Juárez Acevedo debe salir por el bien de la CAIP.
La conveniencia de adoptar el sistema Infomex

A escasos dos meses de que venza el plazo fijado por el Congreso de la Unión para que los diputados locales de los 32 congresos estatales modifiquen sus leyes de transparencia y acceso a la información, con base en la última reforma al artículo sexto constitucional, en Puebla poco o nada se ha discutido, pese a los enormes rezagos que existen en la materia, por lo que lo más probable es que en los días por venir nos amanezcamos con una reforma hechiza, al vapor y sin consenso.

La situación en el ámbito local es aún más complicada por la incertidumbre jurídica que prevalece en torno a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) y su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo, sujeto hoy a una investigación sobre la legalidad y legitimidad de su nombramiento.

El Congreso de Puebla, actualmente en receso, tendrá siete semanas, a partir del jueves 5 de junio, para resolver el caso Juárez Acevedo, elegir a su eventual sustituto o renovar a la totalidad de los integrantes de la CAIP; para presentar, discutir y aprobar una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y para ajustar su legislación y demás normas y procedimientos administrativos al nuevo texto del artículo sexto constitucional, publicado el pasado 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Si bien el tiempo es corto como para que la LVII Legislatura local decida convocar a foros de consulta popular, me parece que si hay voluntad política y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, los diputados están ante una enorme oportunidad de sacar a Puebla del rezago en que se encuentra.

Pero si por el contrario, no hay voluntad ni compromiso con la rendición de cuentas, como no la ha habido en esta y las anteriores administraciones estatales, creo que los cambios en la legislación serán superficiales y meramente cosméticos.

Sin modificaciones de fondo en la Ley de Transparencia, en la estructura y funcionamiento de la CAIP, y en los portales de transparencia del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de aquellos organismos autónomos, dependencias y paraestatales que por ley están obligados a rendir cuentas de su desempeño y de cómo administran y se gastan los dineros públicos, Puebla seguirá en el sótano del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.

La entidad poblana, no hay que olvidarlo, se ubicó en el Índice 2007 de Transparencia Mexicana como la cuarta más corrupta del país, sólo por abajo del estado de México, el Distrito Federal y Tlaxcala. Un dato alarmante de este indicador nacional es que Puebla lejos de mejorar ha empeorado, pues al comenzar la gestión de Mario Marín Torres, en 2005, la entidad ocupó el lugar 25 y, en la evaluación del 2007, cayó a la posición 29.

Si los diputados no aprovechan esta oportunidad de modificar aspectos sustantivos de la Ley de Transparencia, la opacidad que hoy existe en áreas y sectores importantes de la administración pública, como sueldos y salarios, obras y licitaciones, compras y proveedores, nómina y costos operativos, seguirán siendo un auténtico hoyo negro.

Hoy día no es posible conocer por conducto del portal de transparencia del gobierno cuánto en realidad gana el gobernador, sus secretarios de despacho y principales colaboradores, ya que en lugar de existir un reporte desglosado con el sueldo base, compensaciones, bonos y otras prestaciones de cada servidor público, como sucede en otras entidades, hay un tabulador general de sueldos y salarios, que no explica si las percepciones que ahí se asientan corresponden sólo al sueldo base, o si éstas incluyen compensaciones o bonos por riesgo laboral o desempeño, u otras remuneraciones anuales como prima vacacional, aguinaldo y prestaciones al ISSSTEP.

Lo mismo sucede en los apartados destinados al ejercicio del presupuesto, los gastos operativos, las auditorías, las licitaciones y los costos de las obras y servicios contratados por el gobierno.

En el portal del gobierno de Puebla suele encontrarse información sobre algunos procesos de licitación y concursos de obra, pero ni un solo dato sobre cuánto costaron al final; también información sobre el presupuesto asignado a cada dependencia, pero nada acerca de cómo se distribuye o se ejerce; metas y objetivos de alcance anual o sexenal, pero ni una sola evaluación sobre su cumplimiento.

Para enmendar estas deficiencias de la Ley no basta con cambiarla, para ponerla a tono con la reforma constitucional; es necesario modificar la estructura y los alcances del órgano encargado de garantizar el acceso a la información pública, dotándolo en principio de autonomía operativa, de gestión y decisión, tal como se apunta en la reforma constitucional.

Hoy la CAIP es un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo, y debe dejar de serlo, para ampliar sus facultades y alcances en materia de acceso a la información sobre los tres poderes que conforman el Estado y los gobiernos municipales con más de 70 mil habitantes en su territorio.

Por una cuestión de legitimidad, el Congreso local debería también remover al actual presidente de la CAIP, Antonio Juárez, y nombrar en su lugar a un profesional de prestigio y con autoridad moral, y dispuesto a que la transparencia y la rendición de cuentas sean algo más que un simple discurso.

Adicionalmente valdría la pena que los legisladores estatales se comprometieran a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para que el gobierno del estado asuma el modelo Infomex como mecanismo de respuesta a las solicitudes de información pública.

Si el ayuntamiento de Puebla ya lo hizo, ¿por qué no el gobierno del estado?

El sistema Infomex le garantizaría al gobierno del estado varias ventajas: una, es que ya está desarrollado y funcionando sin contratiempos; otra, es que actualmente opera en ocho entidades, entre ellas el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Veracruz; otras más, es que uniformaría los criterios de transparencia y rendición de cuentas, hoy tan dispares aun entre las dependencias del Ejecutivo, y que a la gestión marinista le ahorraría millones de pesos, ya que su uso e implementación no tendrían ningún costo.

Así de fácil.

Por eso insisto en afirmar que la transparencia y la rendición de cuentas más que un asunto de leyes, es una cuestión de voluntad y compromiso.

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