Un factor que tendrá un peso muy importante sobre el resultado de las elecciones para gobernador de Puebla en 2016, es el nacional.

Trataré de explicarme a partir de esta hipótesis:

Si el gobernador Rafael Moreno Valle es percibido por el presidente Enrique Peña Nieto y la cúpula nacional del PRI como un posible aliado estratégico en las elecciones presidenciales de 2018, el PAN ganará la mini gubernatura de Puebla.

Pero si no, entonces el PRI se apostará por un candidato o candidata triunfadora en los comicios locales del 2016. En este escenario la mejor carta priísta sería la senadora y ex presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

Para el presidente Peña Nieto y sus estrategas electorales es claro que si no surge una figura ciudadana con intenciones de participar en las elecciones presidenciales de 2018, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el enemigo a vencer.

El dirigente nacional de Morena y ex jefe de gobierno del Distrito Federal es hoy por hoy, a pesar de sus negativos, el aspirante presidencial mejor posicionado y con mayor potencial de voto.

Si López Obrador fuera el candidato de Morena, como seguramente lo será, Peña Nieto necesitaría no solo nominar al mejor cuadro del PRI, aunque no sea parte de su grupo político, sino contar con aliados estratégicos que se confronten con el tabasqueño y traten de arrebatarle el mayor número de votos.

Algo así como lo que ocurrió en 1998 en Puebla con Emilio Maurer Espinosa, que evitó que el voto anti PRI lo monopolizara el PAN, lo que permitió la victoria de Mario Marín Torres en los comicios para la alcaldía capitalina; o lo que sucedió en las elecciones presidenciales de 2006 y de 2012 cuando el PAN y el PRI tuvieron que aliarse para impedir el triunfo de López Obrador.

Si en los análisis prospectivos del PRI, este partido valora que el Peje podría derrotarlos dé por seguro que Peña Nieto y sus operadores no dudarán en echar mano de figuras como Moreno Valle para confrontar al ex jefe del Distrito Federal; dividir el voto que hoy lo favorece o, en caso de una elección cerrada, usarlo para que le levante la mano a Osorio Chong, José Antonio Mead, Luis Videgaray o Aurelio Nuño.

En ese contexto es que sostengo que el factor nacional tendrá un peso muy relevante en los comicios locales de 2016.

Si Peña Nieto vislumbra que Moreno Valle puede quitarle votos al Peje, sin poner en riesgo al candidato presidencial del PRI, entonces lo más probable es que este partido no postule a su mejor carta para la gubernatura de Puebla sino que se incline por un candidato competitivo pero no triunfador.

Y de esos el PRI tiene muchos. ¿O no?

***
Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Ahora que el jefe de gobierno del Distrito Federal abrió la polémica sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo de 67 a 80 pesos diarios, y sus detractores han salido a dar lecciones de economía bajo el argumento de que los mínimos no pueden elevarse por decreto, sino en función de la productividad, so pena de desencadenar inflación y desempleo, bien valdría la pena insistir en la conveniencia de transparentar y fijar topes a los sueldos, dietas y emolumentos de la alta burocracia mexicana.

Es absurdo que la tecnocracia nacional se desgarre las vestiduras ante la propuesta de elevar el salario mínimo, que dependiendo del área geográfica varía de 63.77 a 67.29 pesos diarios, y en cambio guarde un cómplice y ominoso silencio sobre los bonos y compensaciones de despedida —hasta por un millón de pesos—que los diputados federales quieren pagarse en 2015.

Así como es importante subir el piso de los minisalarios, es urgente bajar y transparentar los millonarios recursos asignados a los grupos o fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión por concepto de bonos y asignaciones especiales o extraordinarias.

Por qué el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens; el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; los dirigentes empresariales y diferentes intelectuales y académicos ponen el grito en el cielo ante la iniciativa de elevar de 67 a 80 pesos el salario mínimo, y se hacen como el Tío Lolo ante los excesos y abusos de la burocracia dorada en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Los ingresos mensuales de un diputado federal, sin incluir bonos, vales de gasolina y alimentos, tarjetas IAVE, vuelos de avión, viajes y viáticos en el extranjero, ascienden a 148 mil 558 pesos, es decir, a 73.9 salarios mínimos mensuales.

El gobernador del Banco de México gana el equivalente a 175 salarios mínimos al mes, y el secretario de Hacienda alrededor de 72 minisalarios.

En contraste, poco más de 21 millones de mexicanos, de los 59 millones que integran la población económicamente activa, perciben entre 1 y 2 salarios mínimos, y 7 millones 375 mil apenas un minisalario.

Para resolver de fondo el problema de la desigualdad no hay duda que México debe incrementar su productividad y generar más y mejores empleos, pero también que el Estado debe intervenir y convertirse en un agente protector de los menos favorecidos económicamente.

El mercado por sí mismo no va a resolver el problema de la desigualdad, ni a contribuir a que los mínimos recuperen su poder adquisitivo. El Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá ya cumplió 20 años y el salario mínimo alcanza cada vez para menos.

Según el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla el deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo es tan severo que hoy sólo representa el 25.2% del valor real que tenía en 1976.

En otras palabras: si el salario mínimo no hubiera perdido su capacidad de compra éste tendría que ser hoy de 10 mil 800 pesos mensuales, y no 2,400 como propone el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

De ahí la importancia de que el Estado se involucre en el tema de manera decisiva en dos vertientes: subiendo el piso de los minisalarios, y bajando el techo de los sueldos y compensaciones de la alta burocracia gubernamental.

Si ya se había dicho que nadie en el sector público podía ganar más que el presidente de la República, es momento de hacer realidad ese compromiso, y de garantizar que ningún servidor público del Estado mexicano perciba más de 208 mil pesos de sueldo mensual neto.

Dicha suma equivale a más o menos 103 salarios mínimos vigentes. Ese tendría que ser el techo, en un Estado republicano.

Ahora pongámonos de acuerdo en el piso.

***

Este miércoles se presentará en la Sala Luis Cabrera de la Casa de la Cultura el libro El olvido de la memoria del periodista y corresponsal de guerra, Alberto Peláez.

La presentación comenzará en punto de las 13 horas, y los primeros cien asistentes podrán llevarse el libro de cortesía.

Antes de esta obra, Alberto Peláez escribió otros cuatro libros: Corresponsal en Yugoslavia: Crónica desde el Infierno; Bitácora de guerra; La nueva guerra: Objetivo Sadam; y su primera novela El olvido de la memoria.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ