Ahora que ya sabemos que el Congreso de Puebla no sólo aprobó las reformas constitucionales que regulan la deuda de estados y municipios, sino que fue el primero en hacerlo, bien valdría que el Ejecutivo o el mismo Poder Legislativo explicarán cuándo por fin van a aparecer en la Cuenta Pública o en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla, los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) contratados por la administración morenovallista.

Y de paso que informaran a cuánto ascienden y en cuántos años se liquidarán estas obligaciones contratadas por el gobierno del estado con acreedores particulares, ante las versiones —cada vez más crecientes y documentadas— en el sentido de que su monto casi duplica la deuda directa y contingente heredada por el gobernador Mario Marín Torres.

De lo contrario estamos ante un doble discurso de la autoridad estatal frente a esta Reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios que obliga al gobierno de Puebla a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; a crear un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como a difundir las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan con tales obligaciones.

Pero que también le prohíbe, entre otros aspectos, la contratación de deuda o empréstitos con cargo a participaciones federales de futuros ejercicios o a solventar tales compromisos con recursos del gasto corriente, tal ocurre en la actualidad con algunos PPS contratados por la administración morenovallista.

¿O qué sentido tiene que el Congreso de Puebla apruebe esta Reforma Constitucional, y hasta sea el primero en hacerlo, si no adecua o incorpora esas nuevas disposiciones a la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla?

¿Por qué si la LVIII Legislatura del Congreso local autorizó a los ayuntamientos a contratar deuda y/o empréstitos hasta por 3 mil millones de pesos o hasta por el equivalente a un 25% de los ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), con el compromiso de cubrirlos antes del término de su gestión en 2018, los PPS contratados por varios ayuntamientos de la entidad rebasan ese porcentaje y se extienden a futuras administraciones municipales?

Según el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla, los PPS contratados por los municipios de Acatlán, Acatzingo, Amozoc, Atlixco, Libres, San Salvador El Seco y Tlacotepec de Benito Juárez, a la empresa Infraenergía SA de CV, para el suministro y cambio de luminarias del alumbrado público, no sólo afectan el 30% de sus participaciones federales, sino que se extienden a 10 años o 120 meses.

Para acabar con especulaciones, el gobierno del estado o la Secretaría de Finanzas deben de una vez aclarar cuántos Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) se han contratado en lo que va de la administración morenovallista, por qué monto, a qué empresas o acreedores privados, en qué tiempo se liquidarán, y cuáles son las partidas presupuestales que están siendo afectadas para cumplir con estas obligaciones.

¿Por qué estos contratos para la construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, el Parque Paseo Teleférico, las plataformas de Audi, la llamada Estrella de Puebla, el Museo Internacional Barroco y el Centro Integral de Servicios de Angelópolis, no aparecen inscritos o publicados en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del estado de Puebla?

¿Si es verdad que algunos de estos proyectos no se inscriben pero se vienen pagando con gasto corriente?

¿Si el monto total de los PPS arriba citados rebasa ya los 15 mil millones de pesos, es decir casi el doble de la deuda directa y contingente reconocida por el gobierno de Mario Marín al 31 de diciembre de 2010, por 8 mil 400 millones de pesos?

Para consultar el archivo haga clic aquí.

¿Si con la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, las obligaciones derivadas de los PPS terminarán sumándose a la deuda directa, avalada y sin aval que hoy tiene el gobierno del estado por más de 10 mil 700 millones de pesos?

¿Y si al concluir el sexenio la deuda directa, avalada y sin aval del gobierno del estado y sus organismos estatales, los ayuntamientos y los sistemas operadores de agua rondará los 25 mil millones de pesos?

Son preguntas, que conste.

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¿Qué se imagina que haría la administración de Rafael Moreno Valle si de momento descubriera a un concesionario de un bien público que opera de manera irregular en la entidad que gobierna?

Pero si además se enterara que el referido concesionario no tiene un permiso o concesión vencida, sino siete de las ocho que posee en diferentes regiones de la entidad.

Si de estas siete concesiones, seis tuvieran no unos días o meses de haberse vencido, sino casi cinco años y una más, la matriz, casi dos años.

Si le informaran que las concesiones autorizadas para las regiones de Acatlán, Tehuacán, Libres, Teziutlán, Zacatlán y Huauchinango se otorgaron con una vigencia de siete años, que concluyó el 28 de noviembre de 2009.

Y la concesión matriz, también vencida, dejó de tener vigencia desde el 13 de noviembre de 2012.

Si una autoridad, como la SCT o el Ifetel le dijera que sólo su concesión de Izúcar de Matamoros, que se renovó en marzo de 2014, es la única regular de las ocho que le han entregado al gobierno del estado.

Que no hay mucha diferencia entre las siete estaciones radiofónicas de Puebla FM (antes Sicom) y las siete clausuradas por el Ifetel en mayo pasado por operar sin título de concesión o permiso vigente.

Y que quizás la diferencia más notable entre las suyas y las otras que fueron clausuradas por la Policía Federal es que las de Puebla FM operan en edificios públicos y las otras, las pirata, funcionaban en domicilios particulares: dos en Atlixco, una en Nopalucan de la Granja y otras más en la comunidad de San Pedro Benito Juárez, a las faldas del volcán Popocatépetl.

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 El acuerdo suscrito por los partidos integrantes de la coalición Compromiso por Puebla —PAN, PRD, PANAL y Convergencia—, para repartirse las candidaturas de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, quedó reducido a una simple carta de buenas intenciones, pues la distribución de las candidaturas ha seguido una lógica diferente a la del convenio que se firmó y entregó al Instituto Electoral del Estado (IEE).

En la práctica, el candidato a gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, es quien ha llevado la voz cantante en el reparto de posiciones, sobre todo en los municipios de mayor población y en distritos del interior del estado.

Veamos algunos ejemplos.

Al PRD le correspondía, según el convenio de coalición total, el nombramiento de los candidatos a diputados de cinco distritos, entre los cuales estaban el 10 de Izúcar de Matamoros, el 19 de Ciudad Serdán, y el 25 de Huauchinango.

Sin embargo, los candidatos designados no son perredistas sino expriístas de nuevo cuño.

Lo mismo sucede con los candidatos de Convergencia. El partido naranja tenía derecho a designar tres candidatos a diputados por los distritos 11 de Chiautla, 20 de Tlatlauquitepec y 23 de Tetela de Ocampo, además de 10 candidatos a presidentes municipales, entre ellos los de San Pedro Cholula, Libres, Tlatlauquitepec y Huauchinango.

Pero la realidad será diferente, ya sea porque Moreno Valle nombró a expriístas y no a militantes de Convergencia o porque el dirigente estatal de este instituto político, José Juan Espinosa Torres, intercambió esas candidaturas por otras, o porque asignó esas posiciones a miembros de otros partidos.

El caso más elocuente es San Pedro Cholula, donde el candidato a la alcaldía no será un militante de Convergencia sino la panista Dolores Parra Jiménez; y el candidato a diputado local por el distrito 8, el expriísta Julio Lorenzini Rangel.

Nueva Alianza es el partido que menos resistencia ha ofrecido a los deseos de Moreno Valle. De las 29 candidaturas de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado que le correspondieron, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, casi todos han sido puestos por él, de común acuerdo con los dirigentes de las secciones 23 y 51 del SNTE.

Paradójicamente, el PAN ha sido el partido más resistente a sus recomendaciones, lo que tampoco ha sido un factor para impedir que Moreno Valle coloque a gente de su confianza en 50 de las 140 presidencias municipales y en la mitad de los 13 distritos que le correspondieron al blanquiazul.

Por lo anterior podemos concluir dos cosas: una, que las dirigencias locales de los partidos integrantes de la alianza Compromiso por Puebla fueron rebasadas en la práctica por Rafael Moreno Valle; y dos, que la mayoría de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales de mayoría relativa no estarán sujetos a la línea que les manden los partidos de los que provienen, sino a la que saldrá de la oficina del candidato a gobernador de la coalición opositora.

Y si no, al tiempo.

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Simón dice:

«No son los deberes lo que quitan a un hombre la independencia: son los compromisos».

Louis de Bonald (1754-1840) Filósofo y político francés.

A nadie le debe sorprender que en el transcurso de las próximas semanas, las relaciones —hasta ahora amistosas e institucionales— entre el gobierno del estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entren en un periodo de crisis y desgaste, en el marco de la sucesión de Casa Puebla.

De hecho, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, con el apoyo de sus comités seccionales, ha registrado cómo en los últimos días, maestros disidentes de Elba Esther Gordillo han sido cobijados en Puebla para crear un frente antielbista o alentados  para sumarse a marchas en contra del dirigente de la Sección 23, Erick Lara Martínez.

Desde la perspectiva del SNTE, estas acciones son alentadas por el llamado delfín del gobernador Mario Marín Torres, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y operadas por el secretario de Educación Pública, Darío Carmona García, y el secretario general del sector popular del PRI en Puebla, Gonzalo Amador Juárez Uribe.

¿Con qué propósito?

Básicamente con dos objetivos: uno, debilitar al SNTE y a los dirigentes de su estructura conformada por comités seccionales, comités regionales, comités delegacionales y representantes de escuela y, dos, evitar que la estructura del Sindicato se vuelque a favor del senador Rafael Moreno Valle Rosas, como potencial candidato del PAN y el PANAL, a la gubernatura del estado en los comicios del 2010.

Para el secretario general de la Sección 23, las acciones que López Zavala ha emprendido para dividir y confrontar al SNTE, mediante la creación del Frente de Organizaciones Magisteriales y Ciudadanas (Fromac), son consecuencia del apoyo que en días pasados expresó la maestra Gordillo a las aspiraciones de Moreno Valle para convertirse en el sucesor de Mario Marín en Casa Puebla.

López Zavala no desconoce la capacidad de operación de algunos dirigentes del SNTE que antes trabajaron para el PRI, como el actual secretario general de la Sección 23.

En las elecciones federales de 2006, cuando López Zavala aún era secretario de Gobernación del estado le auguró a Erick Lara —entonces secretario de Conflictos de Primaria de la Sección 23— que el PANAL no obtendría en Puebla más de 10 mil votos.

El hoy dirigente de la Sección 23 tomó las palabras de López Zavala como un reto, y en los comicios presidenciales del 2006 logró que el PANAL alcanzara 108 mil sufragios, cifra que superó un año después, en las elecciones locales de presidentes municipales, con 152 mil votos.

Lo anterior explica por qué en las manifestaciones y protestas realizadas aquí en Puebla por maestros inconformes de las regiones de Teziutlán y Libres tengan como blanco de su crítica, además de la maestra Gordillo, las reformas a la Ley del ISSSTE y la Alianza para la Calidad de la Educación, al dirigente seccional de la 23 Erick Lara.

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