Ayer, durante la comida por el cumpleaños número 80 del periodista Enrique Montero Ponce, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se levantó para ir al tocador y estando en el baño sufrió un desvanecimiento. El incidente ocurrió alrededor de las 16 horas en el Club de Empresarios de Puebla, del hotel Presidente Intercontinental, donde tuvo lugar dicho festejo.

Pero qué necesidad

Este jueves el Congreso del estado aprobará las reformas a la Ley de Transparencia.

Si las reformas y adiciones serán de avanzada o si éstas se ajustarán estrictamente a lo establecido por el 6º constiticional, es algo todavía incierto.

Hasta ahora, y gracias a la presión de académicos, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, el grupo mayoritario dentro del Poder Legislativo, el PRI, ha flexibilizado su posición, pero no al grado de aceptar la autonomía de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) o de tipificar dentro de la propia Ley de Transparencia sanciones para los funcionarios que oculten, nieguen o escamoten la información pública que se les requiera.

El gobernador Mario Marín y la fracción parlamentaria del PRI tienen la gran oportunidad de darle a Puebla un jalón en materia de transparencia y rendición de cuentas o de mantener a la entidad en el sótano de la opacidad, con cambios de forma, pero no de fondo, o con reformas de apertura sujetas a tortuosos candados legales.

La estrategia de Casa Aguayo y de los diputados del PRI de querer sacar la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres, a cambio de una reforma de avanzada a la Ley de Transparencia, no sólo es equivocada, sino torpe, pues deja al imaginario colectivo la sensación de que algo turbio y podrido se enconde el estado de origen y aplicación de recursos del ejecutivo del estado en el ejercicio 2007.

Usar la reforma a la Ley de Transparencia como moneda de cambio, no sólo es un despropósito, sino una transacción inmoral, que dejará mal parados al gobernador y a los diputados del PRI y la oposición que se presten a esta negociación.

Ambos procesos, la aprobación de la Ley de Transparencia y la aprobación de la cuenta pública del gobernador, deben seguir sus propios derroteros.

En el primero, Mario Marín puede ganar legitimidad —que mucha falta le hace, después del escándalo en que se vio envuelto por el litigio con la periodista Lydia Cacho— con una reforma de avanzada, que dote de autonomía operativa, de gestión y de decisión a la CAIP; que facilite a los ciudadanos la obtención de información pública, a través de instrumentos ya probados como el Infomex; que convierta a partidos políticos, fideicomisos y demás instituciones que reciben financiamiento público en sujetos obligados de la Ley de Transparencia, y que fije plazos a las dependencias para publicar sus indicadores de gestión.

Por lo que hace a la cuenta pública, creo que el PRI debería redefinir su estrategia, partiendo de que tiene la mayoría, y de que aun con los votos de la oposición en contra, no existe ningún riesgo de que dicha cuenta se quede sin aprobar.

Si el PRI se abre al debate y reta a la oposición a que documente y pruebe las acusaciones e inconstencias que seguramente denunciará, pondrá a sus críticos contra la pared, pues estos no tendrán más remedio que probar sus dichos —cosa que hasta el momento no han hecho— o quedarse callados, a riesgos de ser exhibidos como diarréicos verbales.

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Este martes la periodista y ex diputada Nancy de la Sierra Arámburo regresará a la pantalla chica, a través de un programa semanal de análisis y entrevistas bajo el título Mirada Pública.

La revista, dedicada a las políticas públicas, se transmitirá a las 22 horas por el canal 26 del Sistema de Información y Comunicación del gobierno del estado (Sicom).

Los primeros invitados de Nancy de la Sierra en su nuevo programa —que por cierto será producido en vivo por El Chacal, Raúl Velázquez—  serán Lauro Sánchez López, coordinador de asesores del gobernador Marín, y el maestro Lino Meza León, de la Universidad Autónoma de Puebla.

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El ex dirigente estatal panista Juan Carlos Espina von Roehrich, quien actualmente se desempeña como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, regresará a Puebla, al frente de una de las delegaciones más disputadas por distintos grupos del PAN y del PRI pintado de azul.

Me refiero a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que fue removida el pasado 31 de mayo Anahí Romero Alonso, quien de inmediato fue rescatada y reubicada en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bajo el cobijo de su director Luis H. Álvarez.

Juan Carlos Espina, quien ya también fue diputado federal en la LVII Legislatura, llegará a la Sedesol en los primeros días de agosto.

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La poca sensibilidad que priva en los operadores políticos de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, para flexibilizar su posición en torno a las reformas a la Ley de Transparencia, podría tensar las cosas más de lo necesario y meter al gobernador Mario Marín Torres en un nuevo escándalo, ahora que las televisoras, en especial TV Azteca, andan buscándole los pies.

Con su negativa a impulsar una Ley de Transparencia de avanzada, los priístas no sólo darán pretexto a los panistas para cuestionar a fondo la cuenta pública del gobernador Mario Marín, que en este periodo ordinario de sesiones debe aprobarse, sino también las cuentas públicas de otros sujetos de fiscalización como el Soapap y el Instituto Electoral del Estado.

La falta de oficio del presidente de la Gran Comisión, Othón Bailleres Carriles, puede ser capitalizada por los críticos y opositores del marinismo, para evidenciar la cerrazón de la actual administración estatal en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.

Y en que lo que falta del segundo periodo ordinario de sesiones, los diputados priístas tendrán que aprobar las reformas a la Ley de Transparencia, decidir la remoción de Antonio Juárez Acevedo al frente de la CAIP, designar a un nuevo comisionado, elegir a un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y  aprobar la cuenta pública del gobernador.

Y todo eso, en el contexto de una guerra entre el gobernador y TV Azteca México, por la negativa de los directivos de la franja, estrechamente vinculados al Ejecutivo estatal, de renovar a la televisora del Ajusco los derechos de transmisión del equipo de futbol de Primera División.

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Encargados de despacho y plazas vacantes, la constante

Un signo más de opacidad en el Instituto Electoral del Estado (IEE) es el directorio de funcionarios del organismo, plagado de encargados de despacho y plazas vacantes, por la negativa del consejero presidente Jorge Sánchez Morales de someter los nombramientos que ha venido realizado a los procedimientos establecidos en el estatuto del Servicio Electoral Profesional.

De las cuatro direcciones de área del IEE, sólo dos cuentan con titulares surgidos del servicio electoral de carrera: Marcelina Sánchez Muñoz, directora de Organización Electoral y Amalia Varela Serrano, directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación.

La Dirección de Administración tiene a una encargada de despacho, en la persona de Verónica Paola Cruz Castillo, quien a pesar de que su nombramiento sólo se autorizó para el 2007 sigue desempeñándose en el cargo.

Y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica está vacante, después de que a principios de año Ana Silva Santillana García renunció al Instituto, para irse a laborar al gobierno del estado.

Quien también dejó el IEE para contratarse en la Secretaría de Finanzas y Administración del estado fue Dalhel Lara Gómez, dejando vacante la titularidad de la Contraloría Interna.

Dos jefaturas de Departamento en la misma situación son la de Planeación y Seguimiento de la Dirección General, y la de Recursos Materiales de la Dirección Administrativa, tras la renuncia de Gabriela Ajo Carrillo.

El caso más emblemático de esta negligencia se refleja en la propia Unidad del Servicio Electoral Profesional, en la que Sergio Ayala Jasso tiene dos años como encargado de despacho.

Su plaza, como la de otros funcionarios operativos y administrativos del IEE, no se concursa, no sólo por una cuestión de negligencia, por razones presupuestales. Y es que la diferencia de sueldos entre un titular y un encargado de despacho, a nivel de coordinación de área, es de más de 15 mil pesos o más.

Otros funcionarios de IEE cuyas puestos no han pasado por el Servicio Electoral Profesional, y que por lo mismo están como encargados de despacho son: Diana Balbuena Espinosa, responsable de la Coordinación de Comunicación Social, y Adriana Álvarez Hernández, de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información.

Esta situación irregular, y que algunos consejeros electorales como Juan Carlos de la Hera Bada y Joel Paredes Olguín han tratado de remediar, mediante oficios y acuerdos que a la fecha no han tenido ninguna respuesta por parte del consejero presidente del IEE, podría complicarse en los próximos días.

No sólo por la intención de Jorge Sánchez de nombrar a incondicionales en los cargos vacantes, al margen del estatuto del Servicio Electoral Profesional, sino por su intentona de manipular los procedimientos y los concursos para que allegados suyos y de otros aspirantes priístas a la gubernatura se adueñen de la Dirección de Capacitación Electoral, la Contraloría Interna, y la Jefatura de Planeación y Seguimiento de la Dirección General.

Pero ésa es otra historia, de la que pronto, muy pronto, nos ocuparemos.

EN CORTO

Si de veras los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta son tomados en cuenta en la investigación que el Congreso del estado le sigue al presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, Antonio Juárez Acevedo, para analizar la legalidad de su nombramiento, lo más probable es que éste tenga los días contados y que el grupo parlamentario del PRI utilice su salida como carta de negociación con la oposición para sacar adelante su iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia.

Por lo pronto las declaraciones del presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo, deben tomarse como una buena señal sobre la inminente remoción de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP.

Habrá que esperar ahora si esta disposición del PRI también se extiende a su iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Transparencia, que hasta ahora no ofrece ningún cambio o  mejora sustancial con respecto a la legislación vigente.

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